Emiliano Acevedo Martineck

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Emiliano Acevedo Martineck
  • Presidente de la Comisión Nacional Bancaria Y de Valores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 343/2021-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la autoridad responsable, mediante el cual solicita se dicte el auto por el cual cause ejecutoria la sentencia de amparo, por los motivos que expone; en su atención, dígase que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 343/2021-III, promovido por EMILIANO ACEVEDO MARTINECK; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito y turnada en la misma fecha a este juzgado federal EMILIANO ACEVEDO MARTINECK solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 343/2021-III, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se reclama la emisión del acto combatido y su ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de las autoridades responsables Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y HSBC México, S.A. de Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC: La orden de bloqueo y sustracción de bienes de la cuenta número 6526260364, de la cual es contratante el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tampoco es cierto el acto reclamado a HSBC México, S.A. de Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, consistente en la sustracción de bienes de la cuenta número 6526260364, de la cual es contratante el quejoso, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior sin que el peticionario haya ofrecido medios de prueba para desvirtuar dicha negativa, por ende, ante la inexistencia de los actos reclamados, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a HSBC México, S.A. de Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, consistente en el congelamiento de cuenta bancaria, pues no obstante que lo negó, con sus propias manifestaciones sobre la restricción a la cuenta número 6526260364, de la cual es contratante el quejoso, con motivo de políticas internas y movimientos al parecer fraudulentos, y dado que dicha cuenta se encontraba en proceso de cancelación. Por ende, el acto reclamado que se tiene por cierto por cierto es la restricción a la cuenta bancaria 6526260364 por parte de la responsable, con motivo de su proceso de cancelación; sin soslayar la denominación empleada por el quejoso - congelamiento de cuentas bancarias-, pues tal extremo no tiene el efecto de declarar su inexistencia, pues no hay imperativo del quejoso para conocer la denominación jurídica del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 238215, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo En el caso se actualiza la causa de improcedencia resultante de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación sistemática de los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que vulneren derechos fundamentales de los gobernados. Al ese respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", con número de registro 161133. Es pertinente indicar que si bien dicha tesis se emitió antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la cual en su artículo 5º, segundo párrafo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; tal criterio judicial resulta aplicable, pues aun cuando el acto de reclamo emanara de un particular, éste debe derivar de una relación de supra a subordinación, lo que no se actualiza en el caso concreto como se verá a continuación. Los actos de particular para que se puedan considerar como de autoridad, deben ser: a) Equivalentes a los de autoridad en el sentido de que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y; b) Realizados a partir de funciones determinadas en la ley, por las cuales se les faculte para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y no meramente que la norma regule su existencia. Lo anterior guarda sustento en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 199459, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación repercute en los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y el funcionario a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En suma, para que el acto de un particular pueda llegar a equipararse al emitido por una autoridad es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso a estudio, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Institución financiera señalada como responsable consiste en la restricción de la cuenta bancaria 6526260364 con motivo de su proceso de cancelación. Del informe justificado de tal institución se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, se restringió dicha cuenta, dado que el quejoso presentó operaciones posiblemente fraudulentas, por lo que se dio inicio al proceso de terminación de manera anticipada la relación contractual derivada del contrato de depósito bancario 6526260364. Asimismo, del oficio que como complemento de su informe justificado remitió la institución bancaria señalada como responsable, se advierte que el doce de mayo de dos mil veintiuno determinó terminar de manera anticipada la relación contractual derivada del contrato de depósito bancario referido. Precisado lo anterior, como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta ser más flexible que la ley abrogada, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos fundamentales de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Teniendo como referencia lo indicado, para determinar si una institución bancaria, bajo el nuevo modelo de autoridad, reúne las características apuntadas, procede establecer que la Institución financiera denominada HSBC México, S.A. de Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, es una sociedad financiera económica que forman parte del sistema financiero mexicano, de acuerdo con una interpretación sistemática y armónica de los artículos 46 y 46 bis la Ley de Instituciones de Crédito, y sus operaciones son reguladas por dicha ley, y por las diversas disposiciones que en su momento dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El contenido de los referidos artículos es el siguiente: "ARTICULO 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso; II. Aceptar préstamos y créditos; III. Emitir bonos bancarios; IV. Emitir obligaciones subordinadas; V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior; VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito; IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley Mercado de Valores; X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley; XI. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia; XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportos sobre estas últimas; XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad; XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes; XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que se eviten conflictos de interés; XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles; XVII. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito; XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de las emisoras; XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas; XX. Desempeñar el cargo de albacea; XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias; XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito; XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda, y XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos. XXV. Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las características de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, garantías y formas de liquidación; XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero; XXVI bis. Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago; XXVII. Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la presente Ley." "ARTICULO 46 BIS. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizará a las instituciones de banca múltiple el inicio de operaciones o la realización de otras adicionales a las que le hayan sido autorizadas, de entre las señaladas en el artículo 46 de esta Ley, cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente: I. Que las operaciones de que se trate se encuentren expresamente señaladas en sus estatutos sociales; II. Que cuenten con el capital mínimo que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 19 de esta Ley, en función de las operaciones que pretendan realizar; III. Que cuenten con los órganos de gobierno y la estructura corporativa adecuados para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las disposiciones técnicas u operativas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendientes a procurar el buen funcionamiento de las instituciones; IV. Que cuenten con la infraestructura y los controles internos necesarios para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, tales como sistemas operativos, contables y de seguridad, oficinas, así como los manuales respectivos, conforme a las disposiciones aplicables, y V. Que se encuentren al corriente en el pago de las sanciones impuestas por incumplimiento a esta Ley que hayan quedado firmes, así como en el cumplimiento de las observaciones y acciones correctivas que, en ejercicio de sus funciones, hubieren dictado la citada Comisión y el Banco de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores practicará las visitas de inspección que considere necesarias a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo. La Comisión consultará con el Banco de México el cumplimiento de las medidas y sanciones que éste hubiere impuestos en el ámbito de su competencia. La institución de que se trate deberá inscribir en el Registro Público de Comercio, para efectos declarativos, la autorización que se le haya otorgado para el inicio de operaciones en términos del presente artículo, a más tardar a los treinta días posteriores a que le haya sido notificada." De lo anterior se colige que las instituciones bancarias tienen sus funciones determinadas por la Ley de Instituciones de Crédito, y por las diversas disposiciones que en su momento dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, en el caso, no por eso deba considerar autoridades responsables, dado que se debe atender la naturaleza del acto reclamado. En la especie, lo constituye la restricción por el proceso de cancelación de manera anticipada del contrato de depósito bancario 6526260364, y ese acto tiene su origen en disposiciones del orden privado. Ese tipo de relación de servicios bancarios difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, al darse entre dos gobernados -relaciones de coordinación- la fórmula para contravenir las desavenencias es acudiendo ante la potestad común y no mediante el amparo, en virtud de que la decisión de una de las partes contratantes, aunque sea unilateral no tiene el carácter de acto de autoridad y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Atento a lo anterior, se estima que la citada institución bancaria, en el caso a estudio, no es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, porque el bloqueo y cancelación de la cuenta -esta última como consecuencia de la terminación anticipada del contrato bancario- no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad en el que las partes decidieron contratar ciertos servicios financieros. En efecto, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación. Empero, en el caso a estudio con tal determinación la institución bancaria no realizó algún acto de autoridad; si bien el banco bloqueó y después canceló la cuenta, acto que puede considerarse como unilateral en tanto que para hacerlo no medió el consentimiento del cuentahabiente, lo cierto es que ello aconteció en una relación de coordinación y en ejercicio del margen discrecional con el que las instituciones de crédito cuentan para decidir a quiénes prestan sus servicios financieros, y a quién no, toda vez que la institución de crédito no está obligada a prestar sus servicios a todas las personas que así lo soliciten. En efecto, es un hecho notorio que en la práctica de las operaciones bancarias, cuando una persona acude a una institución, ya sea a aperturar una cuenta, pedir una tarjeta, o solicitar una terminal para cobrar bienes y servicios a otros clientes, la institución primero investiga al solicitante y verifica si cubre el perfil respecto de los requisitos necesarios para autorizar la operación; es decir, la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determina si presta o no los servicios financieros tal y como se advierte de la cláusula 10.3 que se lee del contrato remitido por la autoridad responsable, la cual es del texto siguiente: "10.3 Terminación por parte del Banco. Tratándose de los productos contenidos en el presente Contrato, con excepción de los productos de crédito, el Banco podrá darlo por terminado, sin expresión de causa mediante aviso previo por escrito o a través de Medios Electrónicos o Medios de Comunicación. Para tal efecto, y en caso de ser aplicable, el Banco pondrá a disposición del Cliente los recursos correspondientes que resultaran a su favor." Y aún de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. En esa tesitura, válidamente puede afirmarse que los actos reclamados por el quejoso no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, pues son acciones derivadas del contrato celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, sin afectar derechos fundamentales, así, es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente. Por analogía, resultan aplicables los criterios siguientes: Tesis: I.9o.C.18 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2863, registro digital 2017684, de rubro: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Tesis I.6o.C.59 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3389, registro digital 2016459, de rubro: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA Y CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Tesis: I.8o.C.74 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1807, registro digital 2020618, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 del mandamiento legal en cita, se sobresee en el juicio. SEXTO. Cambio de Titular. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SÉPTIMO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por EMILIANO ACEVEDO MARTINECK, respecto de los actos, autoridades precisados en el considerando segundo, y por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el apoderado legal de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable complementando su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que la autoridad responsable HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, al momento de rendir su informe justificado manifestó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no ordenó a dicha institución bancaria bloquear, congelar, inmovilizar, embargar o sustraer bienes de la cuenta 6526260364 cuyo titular es EMILIANO ACEVEDO MARTINECK, sino por políticas internas y por movimientos al parecer fraudulentos, los cuales le fueron notificados por el Banco UMB Bank, ésta le fue restringida y está en proceso de cancelación; sin embargo, no remitió ninguna constancia para acreditar su dicho. Por tanto, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a este juzgado copia certificada, completa y legible del contrato referente al número de cuenta 6526260364 cuyo titular es EMILIANO ACEVEDO MARTINECK, así como las constancias inherentes al acto reclamado que acrediten lo referido en su informe justificado Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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