Emiliano Abisai Bonilla Ríos

Expediente 2073/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 40 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2073/2015
Año
2015
Actuaciones
40
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Jorge Miguel Bonilla Rojas
  • Abraham Bonilla Ríos
  • Emiliano Abisai Bonilla Ríos
  • Abraham Bonilla Ríos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa y JORGE MIGUEL BONILLA ROJAS, por su propio derecho y representación de los menores Abraham Bonilla Ríos, Emiliano Abisai Bonilla Ríos, el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación del acuerdo de mérito a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, ASÍ COMO EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "...Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa ni el representante especial de los menores, hubiesen manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo, de la inconformidad respecto a la resolución que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; en esas condiciones se declaran firmes el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis y la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, los cuales declararon cumplida la sentencia de amparo e infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, respectivamente. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En mérito de lo anterior, agréguense los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. CUADERNOS INCIDENTALES, DEPURACIÓN DEL PRINCIPAL Y DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES A LA PARTE QUEJOSA Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, comparezca al local de este juzgado a efecto de que le sean devueltos las documentales públicas que exhibió en el presente juicio de amparo (fojas 54-56), previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido de que el horario para dicha devolución, es de nueve a diez treinta horas de lunes a viernes. REMISIÓN DEL ANEXO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, remítase el anexo I a la autoridad responsable, en virtud de las constancias remitidas en su informe justificado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe."

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa ni el representante especial de los menores, hubiesen manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo, de la inconformidad respecto a la resolución que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; en esas condiciones se declaran firmes el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis y la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, los cuales declararon cumplida la sentencia de amparo e infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, respectivamente. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En mérito de lo anterior, agréguense los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. CUADERNOS INCIDENTALES, DEPURACIÓN DEL PRINCIPAL Y DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES A LA PARTE QUEJOSA Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, comparezca al local de este juzgado a efecto de que le sean devueltos las documentales públicas que exhibió en el presente juicio de amparo (fojas 54-56), previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido de que el horario para dicha devolución, es de nueve a diez treinta horas de lunes a viernes. REMISIÓN DEL ANEXO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, remítase el anexo I a la autoridad responsable, en virtud de las constancias remitidas en su informe justificado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el incidente de repetición del acto reclamado promovido por Jorge Miguel Bonilla Rojas, por derecho propio y en representación de sus menores hijos Abraham y Emiliano Abisai, ambos de apellidos Bonilla Ríos y; RESULTANDO: PRIMERO. Denuncia. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, Jorge Miguel Bonilla Rojas, por derecho propio y en representación de sus menores hijos Abraham y Emiliano Abisai, ambos de apellidos Bonilla Ríos, denunció la repetición del acto reclamado (fojas 452 a 461). SEGUNDO. Trámite. Ante la oscuridad en el planteamiento del incidente, por auto de ocho de noviembre pasado se previno a la parte quejosa para indicar qué resolución consideraba repetitiva del acto reclamado. Por escrito presentado el diecisiete siguiente (fojas 500 a 520), la parte quejosa aclaró su pretensión y, en consecuencia, por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dio trámite al incidente de repetición del acto reclamado, siendo su materia, la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (foja 563). Así, se requirió a la autoridad responsable su informe y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado. Seguida la secuela procesal, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis se celebró la audiencia incidental (foja 622) y el asunto fue turnado para resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver la repetición del acto reclamado, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo . SEGUNDO. MATERIA DE ESTUDIO. Determinar si el acto denunciado por la parte quejosa como reiterativo de la violación que motivó el otorgamiento del amparo, configura la repetición del acto reclamado. La denuncia de repetición del acto reclamado persigue salvaguardar la institución de la cosa juzgada, figura jurídica con sustento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que prevé la plena ejecución de las resoluciones dictadas por los tribunales. Luego, al no tratarse de una cuestión de estricto derecho, con independencia de los argumentos de las partes, este juzgador puede y debe, motu proprio, analizar si existió o no, la repetición denunciada. Tal consideración se funda en estas tesis: Tesis: 1a./J. 56/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192978 1 de 1 Primera Sala Tomo X, Noviembre de 1999 Pag. 229 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ INEXISTENTE O INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA SUPREMA CORTE DEBE EFECTUAR UN EXAMEN OFICIOSO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN DE ARGUMENTOS O AGRAVIOS POR PARTE DE QUIEN LA HACE VALER. La inconformidad prevista en el artículo 108 de la Ley de Amparo, como medio de impugnación en contra de las resoluciones que determinan inexistente o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, se rige por principios conforme a los cuales no priva el derecho estricto, sino que prevalece el examen oficioso, a saber: a) en términos del numeral 113 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, como en el caso de que mediante una inconformidad se cuestione si se ha emitido un nuevo acto de autoridad que lejos de someterse a la potestad federal tiende a burlarla con la repetición de aquel que motivó esa concesión; el principio de orden público también se manifiesta en la facultad que se otorga a este Máximo Tribunal para allegarse de los elementos que estime convenientes; b) de acuerdo con la segunda parte del primer párrafo del artículo 108 en comento, el envío del expediente a la Suprema Corte sólo se hará a petición de la parte que no estuviere conforme; es decir, la obligación hacia el disidente es singular: que pida la remisión de los autos al más Alto Tribunal de la nación; no requiere que solicite ese envío y, adicionalmente, que externe las causas o razones que la originaran; y, c) la figura de los agravios coexiste con la de los recursos; forman una dualidad inescindible, en donde el recurso es el medio para encausar el disentimiento y los agravios las razones en que se funda éste, de modo tal que, salvo en los casos en que existe suplencia de la queja, la expresión de los agravios es elemento sin el cual no se puede someter a examen la decisión recurrida; y en el juicio de amparo, por disposición expresa del artículo 82 de la ley que lo regula, los recursos son tres: revisión, queja y reclamación, lo cual obliga a deducir que la inconformidad en cita no es un recurso y, por consecuencia, tampoco es factible exigir la formulación de agravios. Tesis: 2a./J. 16/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181948 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIX, Marzo de 2004 Pag. 323 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EN AQUÉLLA SE INSISTE QUE EXISTIÓ REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 28/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 125, de rubro: "INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA.", que cuando se está en los casos de inconformidad relativa al acatamiento de un fallo constitucional, ese Alto Tribunal debe resolver, allegándose los elementos que estime convenientes, aunque el inconforme haya omitido expresar argumentos al respecto, suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia. Dicho criterio resulta aplicable por analogía cuando se trata de la determinación de la autoridad jurisdiccional en la que considera inexistente la repetición del acto reclamado, pues aun cuando ambos casos constituyen hipótesis diferentes, con base en el principio de que "donde existe la misma razón debe existir igual disposición", cabe tal aplicación, toda vez que en uno y otro supuestos lo que esencialmente se discute es el respeto a una ejecutoria de amparo, dado el carácter de orden público que tiene su cumplimiento, por no haberse acatado, o bien, por haberse emitido otro acto repetitivo del que fue declarado inconstitucional. TERCERO. Resolución del debate. La denuncia de repetición del acto reclamado es infundada. Se está ante la repetición del acto reclamado, cuando la autoridad responsable reitera la misma violación de derechos que fue declarada inconstitucional en la sentencia de amparo y, como consecuencia, produce la misma afectación en la esfera jurídica del quejoso. La repetición del acto reclamado tiene como finalidad primordial, evitar que una ejecutoria de amparo sea incumplida, en otras palabras, salvaguarda la cosa juzgada. Lo dicho en torno a la esencia de la repetición del acto reclamado, se apoya en estas tesis: Tesis: 3a./J. 23/93 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206654 45 de 48 Tercera Sala Núm. 72, Diciembre de 1993 Pag. 33 Jurisprudencia(Común) REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. Tesis: 2a./J. 185/2009 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165980 11 de 48 Segunda Sala Tomo XXX, Noviembre de 2009 Pag. 430 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDADES SIMULTÁNEAS PLANTEADAS CONTRA EL ACUERDO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Y CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU ESTUDIO ES INDISTINTO, PUES NO EXISTE ORDEN DE PRELACIÓN, NI LO RESUELTO EN UNA CONDICIONA EL SENTIDO DE LA OTRA. Acorde con los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, la primera de las inconformidades referidas se plantea contra la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que estima cumplida la sentencia protectora, de lo cual resulta que su materia de estudio se limita al cumplimiento del fallo que concede el amparo a la quejosa, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable fundamentó el acto con el que pretende acatarla, pues ello le resulta ajeno. En cambio, la inconformidad relacionada con la repetición del acto reclamado tiende al análisis de una probable conducta que reitera su contumacia en perjuicio del gobernado ya favorecido con el amparo y protección de la Justicia Federal, con posible infracción a la institución de la cosa juzgada y del carácter vinculante de la sentencia. De lo anterior se colige que ambas inconformidades son autónomas en carácter, materia y alcances, habida cuenta que resuelven temas distintos y sus efectos también son diferentes, por tanto, no existe regla alguna de estudio preferente o prelación en su resolución y lo fallado en una no repercute en la otra, esto es, no condiciona la materia ni la resolución de la segunda, de ahí que su estudio y resolución son indistintos. Sin perjuicio de lo que más adelante se diga, para determinar que el acto denunciado como repetitivo del acto reclamado, efectivamente lo es, no basta simplemente que produzca la misma afectación que el declarado inconstitucional y respecto del cual se concedió el amparo, antes, debe incurrir en los mismos vicios que el acto resuelto inconstitucional en sentencia. En otras palabras, tiene que basarse en los mismos motivos y supuestos del acto reclamado materia del fallo protector. En el caso concreto, la parte quejosa sostiene que el acto reiterativo de la violación, es la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 415 a 441), dictada por la Jueza Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el juicio de divorcio necesario 15/2015, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Del examen conjunto de los escritos de interposición de denuncia, aclaración y alegatos, se desprende que la parte quejosa funda la repetición del acto reclamado, en la reiteración del otorgamiento de la guarda y custodia provisional de los menores en favor de su progenitora, con la subsecuente entrega de aquéllos, derivada, a su juicio, de una incorrecta apreciación de pruebas y hechos. Es necesario remitirse al fallo protector. Por sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil dieciséis en el juicio de amparo 2073/2015-II (fojas 107 a 145), el juez auxiliar concedió la protección constitucional a la parte quejosa, entre otros efectos, para que la autoridad responsable desahogara de manera urgente, en caso de no haberlo hecho, pruebas periciales en psicología y trabajo social, además de las que estimara necesarias para resolver sobre la guarda y custodia de los menores Abraham y Emiliano Abisai, ambos de apellidos Bonilla Ríos y, hecho esto, dictar una nueva resolución, incluso en el mismo sentido que la inconstitucional, pero con la valoración exhaustiva de las pruebas y opiniones profesionales desahogadas y prescindiendo de aplicar Ley Federal para la Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abrogada por la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así, resulta que la concesión del amparo no prohibió a la jueza de origen resolver en el mismo sentido que lo hizo en la resolución de nueve de octubre de dos mil quince, que constituyó el acto reclamado y fue estimada inconstitucional, pero si la condicionó a valorar exhaustivamente las pruebas y opiniones profesionales desahogadas. En relación con lo anterior, este juzgador, en acatamiento del imperativo constitucional de fundamentación y motivación previsto por el artículo 16 Constitucional, al resolver mediante el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 595 a 598), sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, examinó la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis y se determinó que la responsable valoró exhaustivamente las pruebas y opiniones desahogadas en torno al interés superior de los menores y consideró el dictamen psicológico que evidenció la alienación parental inducida por el padre sobre los infantes. Luego, la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, aun cuando reiteró el otorgamiento de la guarda y custodia provisional de los menores en favor de su progenitora y, por ende, la subsecuente entrega de aquéllos, como lo hizo en la diversa de nueve de octubre de dos mil quince, que constituyó el acto reclamado, no configura la repetición del acto reclamado. Lo anterior obedece a que la sentencia de amparo, si bien sujetó a la jueza a valorar exhaustivamente las pruebas y opiniones profesionales desahogadas, no le impidió resolver en el mismo sentido que lo hizo en la resolución de nueve de octubre de dos mil quince. La valoración señalada en el párrafo que antecede, fue llevada a cabo por la autoridad responsable al emitir la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Así se resolvió en el acuerdo de veintiuno de diciembre pasado. Ahora, se invocan las jurisprudencias 1a./J.30/98 y 1a./J.4/2004, emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País. En la primera tesis, la Sala sustentante resolvió que la repetición del acto reclamado no existe cuando el amparo se otorga por indebida fundamentación y motivación, en virtud que una sentencia en tal sentido, no impide que la autoridad responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo. En la segunda tesis, sostuvo que se actualiza la repetición del acto reclamado en aquellos casos en que, concedido el amparo, en la nueva sentencia la autoridad responsable se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado; empero, en contraposición, si al emitir la nueva sentencia, la autoridad responsable valora medios de convicción que no tomó en consideración en la primera y respecto de la cual se otorgó el amparo, no se actualiza la repetición del acto reclamado porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto. Las invocadas jurisprudencias dicen a la letra: Tesis: 1a./J. 30/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196209 33 de 48 Primera Sala Tomo VII, Mayo de 1998 Pag. 337 Jurisprudencia(Común) REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio. Tesis: 1a./J. 4/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 182099 19 de 48 Primera Sala Tomo XIX, Febrero de 2004 Pag. 67 Jurisprudencia(Común) REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO. La figura de repetición del acto reclamado a que se refiere el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se actualiza en aquellos casos en que, concedido el amparo al quejoso, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en la nueva sentencia se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado; de ahí que, si la responsable en la sentencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, valora otros medios de convicción, que no tomó en consideración en la primigenia sentencia, es evidente que no se actualiza dicha figura, porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto. A mayor abundamiento, en la jurisprudencia 2a./J.70/97, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, delimita los alcances de la repetición del acto reclamado, al establecer que: 1) no tiene por objeto evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional; 2) tampoco es idónea para analizar si el nuevo es violatorio o no de derechos, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. La citada tesis jurisprudencial dice: Tesis: 2a./J. 70/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196950 37 de 48 Segunda Sala Tomo VII, Enero de 1998 Pag. 400 Jurisprudencia(Común) REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. Por lo expuesto, en virtud que la autoridad responsable, al emitir la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, valoró, en acatamiento de la sentencia de amparo, pruebas que no tomó en cuenta al emitir la diversa de nueve de octubre de dos mil quince, que constituyó el acto reclamado, se concluye que la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, no es repetitiva del acto reclamado, ya que es criterio jurisprudencial, que la repetición del acto reclamado se da, tratándose de sentencias o resoluciones, cuando al dictar la nueva sentencia en sustitución de la inconstitucional, la autoridad responsable se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron ésta última; empero, en oposición, si al emitir la nueva sentencia, la autoridad responsable valora medios de convicción que no tomó en consideración en la primera y respecto de la cual se otorgó el amparo, no se actualiza la repetición del acto reclamado porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto. A mayor abundamiento, es criterio jurisprudencial que la repetición del acto reclamado, no se configura si el acto señalado como repetitivo, versa sobre diversos e independientes hechos y actuaciones, aun cuando tenga la misma naturaleza de aquel respecto del cual se otorgó el amparo. Dicho criterio se encuentra en esta tesis: Tesis: 1a./J. 68/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192992 27 de 48 Primera Sala Tomo X, Noviembre de 1999 Pag. 378 Jurisprudencia(Común) REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE AUN CUANDO LOS NUEVOS ACTOS SEAN DE IGUAL NATURALEZA Y EN RELACIÓN AL MISMO QUEJOSO, SI VERSAN SOBRE DIVERSOS E INDEPENDIENTES HECHOS Y ACTUACIONES. Si los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio en que se haya concedido el amparo versan sobre hechos y actuaciones diversos e independientes a los que hayan constituido los segundos, aun cuando se refieran a procedimientos de igual naturaleza y en relación al mismo quejoso, no deben incluirse dentro de los efectos del fallo protector, sino que deben ser materia de un juicio de garantías diverso. Quedan a salvo los derechos de la parte quejosa. Así las cosas, se; RESUELVE: ÚNICO. Es infundada la denuncia de repetición del acto reclamado planteada por el quejoso Jorge Miguel Bonilla Rojas, por derecho propio y en representación de sus menores hijos Abraham y Emiliano Abisai, ambos de apellidos Bonilla Ríos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedidas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que este órgano jurisdiccional dio vista a las partes con el oficio signado por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificados, la parte actora desahogó dicha vista, denunciando la repetición del acto reclamado. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jorge Miguel Bonilla Rojas, por propio derecho y en representación de los menos hijos, Abraham y Emiliano Abisai, ambos de apellidos Bonilla Ríos contra los actos reclamados al Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para el efecto de que desahogara de manera urgente las pruebas periciales en psicología y trabajo social así como las que estimase pertinentes para resolver lo relativo a la guarda y custodia de los menores Abraham y Emiliano Abisai de apellidos Bonilla Ríos. El catorce de abril de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En el entendido que se concedió el amparo para el efecto siguiente: " (.)104. En tales condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez responsable deje insubsistente la resolución interlocutoria reclamada y, en su lugar: De no haberse desahogado, ordene de manera urgente el desahogo de las pruebas periciales en psicología y trabajo social, así como las que estime necesarias para resolver lo relativo a la guarda y custodia de los menores Abraham y Emiliano Abisai de apellidos Bonilla Ríos, para lo cual deberá hacer uso de las medidas de apremio previstas en la ley, para en su caso sancionar las conductas omisivas o de desacato en que incurran los padres con el fin de impedir o retardar el desahogo de dichas pruebas, aunado a que tales conductas omisivas también puedan incidir en la procedencia misma de la medida cautelar solicitada. Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido, pero siempre que valore exhaustivamente las pruebas y opiniones profesionales que se desahoguen, en torno a las condiciones y en la que además, prescinda de la Ley Federal para la Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que actualmente se encuentra abrogada, aplicando la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, vigente a partir del cinco de diciembre de dos mil catorce. En la inteligencia que de estimar procedente modificar la situación actual que impera sobre la guarda y custodia de los menores, también deberán pronunciarse respecto del suministro de alimentos provisionales por parte del padre no custodio, así como el régimen de visitas y convivencias de éste con los menores, sobre la base de que se trata de aspectos de estudio oficioso y preponderante. La Juez responsable necesariamente también deberá recabar medios de prueba objetivos e independientes de las partes, para en su caso descartar la existencia de la alienación parental inducida por los padres o sus parientes, como tipo de violencia familiar hacia el menores quejosos, en aras de salvaguardar su interés superior. 105. Finalmente, dada la condición de minoría de edad de Abraham y Emiliano Abisai de apellidos Bonilla Ríos, y de actualizarse la alienación parental -como un tipo de violencia familiar-, se estima necesario que con independencia de la sentencia que emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, la Juez del conocimiento también haga del conocimiento de los citados menores las medidas que adopte en relación con ellos, mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible para dichos menores. 106. Al respecto, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, al resolver el amparo en revisión 159/2013, sostuvo que tratándose de casos en que se involucren derechos de personas disminuidas en sus capacidades, debe elaborarse una sentencia bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para el justiciable, tal como se pone de manifestó en la transcripción siguiente: "Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de lectura fácil, si bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que goza de un importante desarrollo en otros países, especialmente en el conteniente europeo. Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices europeas para facilitar la lectura. En las mismas se indica que acorde a las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad. Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se encuentra basado en su mayoría precisamente en las directrices de la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH). Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de la mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta. En el presente caso, el quejoso tiene síndrome de asperger y se le ha diagnosticado un nivel de "madurez" de 6.6 a 6.11 años." 107. En el caso, si bien los menores quejosos no se ubica en una hipótesis de disfunción o disminución de capacidad, lo cierto es que dada su condición de minoría de edad, así como su probable orientación parental, se estima necesario que conozcan el alcance de esa resolución. 108. Por lo anterior, se impone la carga a la Juez responsable de elaborar una resolución bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para los menores justiciables, la cual deberá agregar como anexo a la interlocutoria que en su momento emita, y deberá notificárselas en esos términos (.)" La responsable emitió resolución el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, intentando dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; no obstante, el once de octubre de la presente anualidad se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo; consecuentemente, se requirió el cumplimiento. El Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante oficios 1884 y 2192 (fojas 414 y 578), informó nuevamente sobre el cumplimiento a la ejecutoria, en los que se destaca la resolución interlocutoria el veintiuno de octubre del año actual (fojas 415 a 439 vuelta), dejando insubsistente la resolución veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis; en la que valoró exhaustivamente las pruebas y opiniones profesionales desahogadas, en torno al interés superior de los menores; consideró el dictamen psicológico en el que se evidenció la alienación parental inducida por el padre sobre los infantes; se pronunció respecto del suministro de alimentos provisionales por parte del padre no custodio, es decir el padre, así como el régimen de visitas y convivencias de éste con los menores. Asimismo, la resolución citada estableció el APARTADO ESPECIAL DE LECTURA PARA ABRAHAM Y EMILIANO ABISAI DE APELLIDOS BONILLA RÍOS, el cual fue debidamente leído a los menores (fojas 580 a 582); en un formato de lectura fácil realizado bajo un lenguaje simple y directo por la secretaria de acuerdos, como se advierte de la misma interlocutoria. La mencionada resolución concluyó en los términos siguientes: Se decreta en favor de Isidra Ríos Victorino, la Guarda y Custodia Provisional de los menores Abraham y Emillano Abisal de apellidos Bonilla Ríos, así como, por lógica y congruencia jurídica el depósito de éstos; Se requiere a Jorge Miguel Bonilla Ríos por conducto de la Actuaria Adscrita a este Juzgado para que en el domicilio ubicado en calle Virgencitas sin número Campo Pesebres, colonia Ampliación Gabriel Tepepa, de Cuautla, Morelos, haga entrega de los menores Abraham y Emiliano Abisal de apellidos Bonilla Ríos a su progenitora demandada Isidra Ríos Victorino; apercibiéndole que en caso de no hacerlo se aplicará en su contra una medida de apremio, consiste en el pago del equivalente de ochenta unidades de medidas y actualización; Se establece como régimen de convivencia familiar de manera provisional entre Jorge Miguel Bonilla Ríos, con sus menores hijos; Se requiere a Isidra Ríos Victorino, a efecto de que el día y hora fijada permita las convivencias antes señaladas; Se conmina a las partes, para que antepongan a sus intereses y diferencias personales el bienestar de los menores; y Se decreta como pensión alimenticia provisional a cargo de Jorge Miguel Bonilla Rojas en favor de los menores Abraham y Emiliano Abisal de apellidos Bonilla Ríos, la cantidad que resulte del 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones (a excepción de los descuentos de Ley) que percibe el actor. Atento a lo anterior, es procedente declarar CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

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