Emigdio Orozco Fernández

Expediente 458/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
458/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Emigdio Orozco Fernández
  • Fiscal de Distrito, Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 458/2022-I, promovido por **, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **, que fue remitida a este juzgado por razón de turno, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó lo que se especificara en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados el contenido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 458/2022-I y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en penal judicial en el que se reclama un acto privativo de libertad que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción este Juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las siguientes autoridades responsables: Coordinador Regional Zona Norte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal y de los agentes de la policía municipal, Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por sí y en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Peligro, Contra la Paz la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Comandante del 31/o Batallón de Guardia Nacional, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro Contra la Paz y Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Juez del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, todas con sede en esta ciudad, así como el Subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaria Estatal de Seguridad, con sede en Chihuahua capital (todas estas en sus denominaciones correctas), la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o citación, solicitada por el Juez de Control, así como la emisión de una orden de localización y/o presentación y/o citación y/o comparecencia, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados la Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte en representación del Coordinador Regional Zona Norte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Zona Norte, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal y de los agentes de la policía municipal, la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Peligro, Contra la Paz la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Comandante del 31/o Batallón de Guardia Nacional, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro Contra la Paz y Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Juez del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, todas con sede en esta ciudad, así como el Coordinador de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial en representación del Subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaria Estatal de Seguridad, con sede en Chihuahua capital, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o detención y/o citación, solicitada por el Juez de Control, así como la emisión de una orden de localización y/o presentación y/o citación y/o comparecencia, así como su ejecución. Por su parte la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, negó los actos reclamados respecto a la orden de comparecencia y/o detención y/o citación, solicitada por el Juez de Control, así como la emisión de una orden de localización y/o presentación y/o citación y/o comparecencia, así como su ejecución. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiere exhibido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto consistente en la orden de aprehensión, así como su ejecución. Al respecto, la autoridad responsable comunicó que: [.] En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós a las doce horas con treinta y ocho minutos se puso a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte al quejoso **, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León el licenciado **, por ser probable responsable de la comisión del delito de Abuso de Confianza Equiparado, deducido dentro de la Carpeta Judicial 3754/2022 en pleno acato a oficio de colaboración con ese Estado, generándose el registro RND/CH/FC/036/27052022/0040. 2. ** fue examinado por el médico legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Zona Norte, fue enterado de sus derechos contemplados en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando en custodia en los separos de esta Fiscalía en tanto a los Agentes realizan tramite de traslado del Estado de Nuevo León; 3. El día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a las trece horas con cincuenta y cinco minutos ** se puso a disposición de los elementos de la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León a efecto de que lo trasladen y pongan a disposición del Juez que lo requiere atendiendo al oficio de colaboración número 2927/D.1/2022 signado por el licenciado **, Vice Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. [.] De igual forma, anexaron a su informe copia certificada que acreditan lo antes precisado, documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de su original por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tal documento, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.] Para que se actualice la citada causal la misma debe contener tres requisitos que son: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de aprehensión, como es el caso que aquí se estudia subsiste jurídicamente, por no haber sido declarado sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en esta jurisdicción, ya que el quejoso fue aprehendido y trasladado a la Ciudad de Monterrey, y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistía en la orden de aprehensión solicitada por el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, la cual dejó de existir al momento de ser ejecutada. En el caso, la orden de aprehensión del quejoso Emigdio Orozco Fernández ocurrió por su probable participación en los hechos constitutivos del delito de abuso de confianza equiparado. Sin embargo, los efectos del acto cesaron, con motivo de que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incidió en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse dicha hipótesis, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión en este caso del Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León. Lo anterior, en virtud de que al ejecutarse la orden de aprehensión, la cual como ya se dijo en párrafos precedentes fue en cumplimiento a la determinación del Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, y con fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos el quejoso fue puesto a disposición de elementos de la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León, a fin de que fuera trasladado y ponerlo a disposición del Juez que lo requirió. Lo que se corrobora con lo manifestado por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, al establecer que, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, pusieron a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, al quejoso Emigdio Orozco Fernández, ello en lo que esperaban que fuera trasladado al Estado de Nuevo León en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en su contra. En consecuencia, si el veintisiete de mayo del año en curso, se ejecutó la orden de aprehensión, y en la misma data se puso a disposición de los elementos de la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León, es evidente que su libertad personal y la situación jurídica que se constriñe ahora, imposibilita el estudio constitucional de ésta. Es así porque el sistema penal acusatorio se conforma por diversas etapas secuenciales; en donde al término de una fase se apertura otra, como es el caso de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, pusieron a disposición de diversa autoridad, como en este caso específico, del la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, al quejoso Emigdio Orozco Fernández, ello en lo que esperaban que fuera trasladado al Estado de Nuevo León en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en su contra. Aunado a lo anterior, se estima que tal determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que de ser el caso se pusiera a disposición del Juez de Control, ello traerá como consecuencia que este último analice la legalidad de la orden de aprehensión, en donde se analizará si se vincula o no a. Por lo que, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en el presente juicio, se impone decretar el sobreseimiento por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la citada Ley. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por **, en contra de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ** Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta minutos de hoy, en virtud de que el informe justificado rendido por parte del Coordinador de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial en representación del Subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaria Estatal de Seguridad, con sede en Chihuahua capital, se tuvo por recibido en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por notificado a las partes mediante lista publicada el veintisiete de junio del año en curso, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan el informe justificado signado por el el Coordinador de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial en representación del Subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaria Estatal de Seguridad, (en su denominación correcta de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad en Villa Aldama, Chihuahua), con sede en Chihuahua capital; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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