Elvis Tony Grimaldo Reyes
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elvis Tony Grimaldo Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que es susceptible de depuración. Ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 723/2017-V, promovido por XXXX Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este juzgado, se recibió la demanda promovida por XXXX. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil; del Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares; de los Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos y del Secretario de Seguridad Pública Municipal con residencia en esta ciudad. De los jueces civiles reclamó todo lo actuado en el procedimiento de desahucio o acción reivindicatoria promovido en su contra y sus consecuencias, respecto de bien inmueble ubicado en calle San Pedro número nueve mil treinta y tres guión veintiuno del fraccionamiento Paseos de Santa Mónica, con sede en esta ciudad. Del Jefe de la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares, de los propios Oficiales Notificadores y Ministros Oficiales y Ministros Ejecutores y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, reclamó todos los actos y órdenes tendientes a la ejecución de la desposesión del citado inmueble. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 723/2017-V, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral XXXX , se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud de que es un asunto en materia civil en el que se reclama todo lo actuado en un juicio especial hipotecario de desahucio que tiene ejecución en esta ciudad. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: La orden de lanzamiento del bien inmueble ubicado en XXXX, con sede en esta ciudad, emitida por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en autos del juicio especial hipotecario 165/2013, promovido por XXXXX , en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito denominada XXXXX , en contra de XXXXX y otra; inmueble que se adjudicó a favor del tercero interesado XXXXX; así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les endilgan; por tanto, se tienen por inexistentes los actos que les reclama la parte quejosa. De tal forma, lo que procede respecto a las autoridades precisadas con anterioridad y el acto que a ellas se les reclama, es sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por el disconforme en contra del Juez Primero de lo Civil y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, aun cuando éstos lo hayan negado al rendir su informe justificado. Lo anterior, es así toda vez que de las constancias que anexó el Juez Primero de lo Civil para sostener su dicho se desprende que existe un juicio especial hipotecario registrado bajo el número 165/2013, promovido por XXXXX , en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito XXXXX , en contra de XXXXX y otra, dentro del cual, por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó turnar los autos a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores a fin de que alguno de ellos pusiera en posesión del tercero interesado el inmueble materia de la litis. Por tanto, es ineludible que al quejoso sí se le pretende desposeer del bien inmueble ubicado en calle XXXX, con sede en esta ciudad, de ahí que se deba tener por cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Constancias a la que se les otorga pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Misma consideración debe hacerse por lo que hace al Secretario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, quien al rendir su informe justificado negó el acto reclamado (fojas 51); sin embargo, de las constancias que integran el expediente 165/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende el proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual, el titular del citado órgano ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal, a fin de que comisionara elementos a su mando para que se constituyeran en el inmueble ubicado en calle XXXXX con sede en esta ciudad y lo pusieran en posesión legal y material del tercero; circunstancia la anterior que lleva a concluir en la inminente ejecución del acto que se le endilga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo a examinar si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, es necesario destacar que el quejoso XXXXX , en su demanda de amparo señaló lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables, reclamó la privación de los derechos de posesión que tengo respecto del inmueble ubicado en Calle XXXX, dentro de un procedimiento en el que no soy parte y por ende, no he sido oído y vencido en el mismo, sin que previamente se me haya otorgado derecho de audiencia. (.) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestó que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son ciertos y son los siguientes: 1.- En fecha 06 de julio del año 2013, tal y como lo acredito con el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE ANEXO AL PRESENTE OCURSO, Celebré Contrato de arrendamiento con el señor URIEL BARRAGÁN BARAJAS respecto del bien inmueble ubicado en Calle XXXX. 2.- Con fecha 15 de Agosto del año en curso fui informado por mis vecinos que se presentaron en mi domicilio aproximadamente a las 11:00 hrs. (once horas) tanto Agentes de Seguridad Pública como otras personas entre ellos un representante de un Juez Civil con el fin de desalojarme de mi vivienda la cual se ubica en Calle XXXXX . Pero como el suscrito no me encontraba nadie quiso participar en tal hecho, por lo que se retiraron y dijeron que volverían a llevar a cabo su cometido como el suscrito no he sido citado ni vencido en juicio alguno es por lo que me veo en la necesidad de promover este amparo, a fin de que se me respeten Mis garantías individuales. De lo que se tiene, que el quejoso ocurre al juicio de amparo como tercero extraño natural; sin embargo no le reviste tal carácter. Se arriba a la anterior conclusión, pues de las constancias que anexó a su informe justificado el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende que XXXXX , es parte del juicio especial hipotecario 165/2013, promovido el diecinueve de febrero de dos mil trece, por XXXX, en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito denominada XXXX, en el que solicitó se declarara el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, al actualizarse el incumplimiento en las obligaciones del pago contraído por el demandado, aquí quejoso, respecto del inmueble marcado con el número XXXX, en esta ciudad (fojas 56 a 137). Asimismo, mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil trece, XXXX, manifestó que se tenía por legalmente emplazado a dicho juicio, conformándose con todas y cada una de las partes del escrito de demanda, allanándose a las prestaciones del actor y celebrando convenio de reconocimiento de adeudo, pago judicial y ejecución (fojas 142 a 147). Documento que el juez responsable elevó a cosa juzgado en la misma fecha de su celebración, en razón de que fue ratificado ante su presencia por el propio quejoso y por la parte actora en el juicio natural (fojas 148). Consecuentemente, es evidente que XXXXX sí tuvo conocimiento del juicio de referencia, tan es así que dentro de ese juicio le reviste el carácter de demandado; incluso, el veintiuno de febrero de dos mil trece, compareció ante la autoridad judicial, y ratificó en todas y cada una de sus partes el convenio presentado en misma fecha, reconociendo su contenido, así como las firmas estampadas, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada; por tanto, debe sujetarse a la promoción de la demanda de amparo en términos de los numerales 5, fracción I, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 729, registro 2004274, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así como la diversa sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, bajo la tesis P./J. 39/2001, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 93, registro 189916, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Precisado lo anterior, lo conducente es realizar un estudio de las causales de improcedencia por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. El presente juicio de amparo es improcedente en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, dado el carácter que realmente le reviste al quejoso, la vía idónea para atacar el lanzamiento del bien inmueble descrito, no es la constitucional, sino la que rige el procedimiento de origen. Para advertirlo así, es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causal de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Al respecto, resulta importante ponderar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de 'definitividad' que se traduce en que antes de acudir a la vía constitucional es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como ha quedado demostrado con antelación. De tal suerte, la parte quejosa, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Para un mejor entendimiento de la determinación que aquí se toma, es menester precisar los actos que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales hace consistir en la orden de desposeerlo del inmueble ya señalado; determinación pronunciada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 165/2013, en el cual XXXXX es la parte demandada; y no tercero extraño a juicio como adujo en el presente asunto. En ese orden de ideas, se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión en párrafos que anteceden, en virtud de que tal actuación puede combatirse mediante la interposición del recurso de revocación que prevén los numerales 100, 102 Y 815 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, los cuales son del tenor siguiente: 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. 102. Las resoluciones judiciales no se tendrán por consentidas sino cuando notificada la parte conteste expresamente de conformidad, o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda. 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. Por tanto, tomando en consideración lo señalado en líneas anteriores, se concluye que contra el acuerdo en comento, procede el recurso de revocación que prevé el numeral 100 de la legislación civil en comento, a través del cual puede ser revocado; pues al no ser posible considerar como persona extraña a quien figura como parte en sentido material y además, tuvo conocimiento del juicio de origen, incluso compareció al mismo, le era ineludible agotar los recursos que establece la ley de la materia, previo a acudir a esta instancia. De igual manera, no se actualiza el resto de las excepciones que prevé la ley de la materia para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Hipótesis las anteriores en las cuales no encuadran la parte aquí quejosa. No es obstáculo que el medio de defensa previsto en la Legislación civil, no prevea la suspensión del acto, porque dicho caso de excepción no aplica al caso en concreto, pues de conformidad con la fracción XX del precitado artículo 61 de la Ley de Amparo, tal circunstancia debe observarse en asuntos que deriven de tribunales diversos al judicial, entre otros; hipótesis que no se actualiza, pues los actos aquí reclamados derivan de un procedimiento judicial del orden civil. Atento al sentido del presente fallo, resulta jurídicamente imposible estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, esta juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Ante lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por XXXX, por el acto y autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua XXXX, quien actuó ante la Secretaria que autoriza y da fe, XXXX hasta el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 723/2017-V, promovido por XXXX Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este juzgado, se recibió la demanda promovida por XXXX. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil; del Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares; de los Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos y del Secretario de Seguridad Pública Municipal con residencia en esta ciudad. De los jueces civiles reclamó todo lo actuado en el procedimiento de desahucio o acción reivindicatoria promovido en su contra y sus consecuencias, respecto de bien inmueble ubicado en calle San Pedro número nueve mil treinta y tres guión veintiuno del fraccionamiento Paseos de Santa Mónica, con sede en esta ciudad. Del Jefe de la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares, de los propios Oficiales Notificadores y Ministros Oficiales y Ministros Ejecutores y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, reclamó todos los actos y órdenes tendientes a la ejecución de la desposesión del citado inmueble. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 723/2017-V, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral XXXX , se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud de que es un asunto en materia civil en el que se reclama todo lo actuado en un juicio especial hipotecario de desahucio que tiene ejecución en esta ciudad. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: La orden de lanzamiento del bien inmueble ubicado en XXXX, con sede en esta ciudad, emitida por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en autos del juicio especial hipotecario 165/2013, promovido por XXXXX , en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito denominada XXXXX , en contra de XXXXX y otra; inmueble que se adjudicó a favor del tercero interesado XXXXX; así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les endilgan; por tanto, se tienen por inexistentes los actos que les reclama la parte quejosa. De tal forma, lo que procede respecto a las autoridades precisadas con anterioridad y el acto que a ellas se les reclama, es sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por el disconforme en contra del Juez Primero de lo Civil y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, aun cuando éstos lo hayan negado al rendir su informe justificado. Lo anterior, es así toda vez que de las constancias que anexó el Juez Primero de lo Civil para sostener su dicho se desprende que existe un juicio especial hipotecario registrado bajo el número 165/2013, promovido por XXXXX , en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito XXXXX , en contra de XXXXX y otra, dentro del cual, por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó turnar los autos a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores a fin de que alguno de ellos pusiera en posesión del tercero interesado el inmueble materia de la litis. Por tanto, es ineludible que al quejoso sí se le pretende desposeer del bien inmueble ubicado en calle XXXX, con sede en esta ciudad, de ahí que se deba tener por cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Constancias a la que se les otorga pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Misma consideración debe hacerse por lo que hace al Secretario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, quien al rendir su informe justificado negó el acto reclamado fojas 51; sin embargo, de las constancias que integran el expediente 165/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende el proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual, el titular del citado órgano ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal, a fin de que comisionara elementos a su mando para que se constituyeran en el inmueble ubicado en calle XXXXX con sede en esta ciudad y lo pusieran en posesión legal y material del tercero; circunstancia la anterior que lleva a concluir en la inminente ejecución del acto que se le endilga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo a examinar si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, es necesario destacar que el quejoso XXXXX , en su demanda de amparo señaló lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables, reclamó la privación de los derechos de posesión que tengo respecto del inmueble ubicado en Calle XXXX, dentro de un procedimiento en el que no soy parte y por ende, no he sido oído y vencido en el mismo, sin que previamente se me haya otorgado derecho de audiencia. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestó que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son ciertos y son los siguientes: 1.- En fecha 06 de julio del año 2013, tal y como lo acredito con el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE ANEXO AL PRESENTE OCURSO, Celebré Contrato de arrendamiento con el señor URIEL BARRAGÁN BARAJAS respecto del bien inmueble ubicado en Calle XXXX. 2.- Con fecha 15 de Agosto del año en curso fui informado por mis vecinos que se presentaron en mi domicilio aproximadamente a las 11:00 hrs. once horas tanto Agentes de Seguridad Pública como otras personas entre ellos un representante de un Juez Civil con el fin de desalojarme de mi vivienda la cual se ubica en Calle XXXXX . Pero como el suscrito no me encontraba nadie quiso participar en tal hecho, por lo que se retiraron y dijeron que volverían a llevar a cabo su cometido como el suscrito no he sido citado ni vencido en juicio alguno es por lo que me veo en la necesidad de promover este amparo, a fin de que se me respeten Mis garantías individuales. De lo que se tiene, que el quejoso ocurre al juicio de amparo como tercero extraño natural; sin embargo no le reviste tal carácter. Se arriba a la anterior conclusión, pues de las constancias que anexó a su informe justificado el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende que XXXXX , es parte del juicio especial hipotecario 165/2013, promovido el diecinueve de febrero de dos mil trece, por XXXX, en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito denominada XXXX, en el que solicitó se declarara el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, al actualizarse el incumplimiento en las obligaciones del pago contraído por el demandado, aquí quejoso, respecto del inmueble marcado con el número XXXX, en esta ciudad fojas 56 a 137. Asimismo, mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil trece, XXXX, manifestó que se tenía por legalmente emplazado a dicho juicio, conformándose con todas y cada una de las partes del escrito de demanda, allanándose a las prestaciones del actor y celebrando convenio de reconocimiento de adeudo, pago judicial y ejecución (fojas 142 a 147). Documento que el juez responsable elevó a cosa juzgado en la misma fecha de su celebración, en razón de que fue ratificado ante su presencia por el propio quejoso y por la parte actora en el juicio natural (fojas 148). Consecuentemente, es evidente que XXXXX sí tuvo conocimiento del juicio de referencia, tan es así que dentro de ese juicio le reviste el carácter de demandado; incluso, el veintiuno de febrero de dos mil trece, compareció ante la autoridad judicial, y ratificó en todas y cada una de sus partes el convenio presentado en misma fecha, reconociendo su contenido, así como las firmas estampadas, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada; por tanto, debe sujetarse a la promoción de la demanda de amparo en términos de los numerales 5, fracción I, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 10a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 729, registro 2004274, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así como la diversa sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, bajo la tesis P./J. 39/2001, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 93, registro 189916, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Precisado lo anterior, lo conducente es realizar un estudio de las causales de improcedencia por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. El presente juicio de amparo es improcedente en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, dado el carácter que realmente le reviste al quejoso, la vía idónea para atacar el lanzamiento del bien inmueble descrito, no es la constitucional, sino la que rige el procedimiento de origen. Para advertirlo así, es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causal de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Al respecto, resulta importante ponderar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de 'definitividad' que se traduce en que antes de acudir a la vía constitucional es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como ha quedado demostrado con antelación. De tal suerte, la parte quejosa, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Para un mejor entendimiento de la determinación que aquí se toma, es menester precisar los actos que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales hace consistir en la orden de desposeerlo del inmueble ya señalado; determinación pronunciada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 165/2013, en el cual XXXXX es la parte demandada; y no tercero extraño a juicio como adujo en el presente asunto. En ese orden de ideas, se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión en párrafos que anteceden, en virtud de que tal actuación puede combatirse mediante la interposición del recurso de revocación que prevén los numerales 100, 102 Y 815 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, los cuales son del tenor siguiente: 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. 102. Las resoluciones judiciales no se tendrán por consentidas sino cuando notificada la parte conteste expresamente de conformidad, o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda. 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. Por tanto, tomando en consideración lo señalado en líneas anteriores, se concluye que contra el acuerdo en comento, procede el recurso de revocación que prevé el numeral 100 de la legislación civil en comento, a través del cual puede ser revocado; pues al no ser posible considerar como persona extraña a quien figura como parte en sentido material y además, tuvo conocimiento del juicio de origen, incluso compareció al mismo, le era ineludible agotar los recursos que establece la ley de la materia, previo a acudir a esta instancia. De igual manera, no se actualiza el resto de las excepciones que prevé la ley de la materia para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Hipótesis las anteriores en las cuales no encuadran la parte aquí quejosa. No es obstáculo que el medio de defensa previsto en la Legislación civil, no prevea la suspensión del acto, porque dicho caso de excepción no aplica al caso en concreto, pues de conformidad con la fracción XX del precitado artículo 61 de la Ley de Amparo, tal circunstancia debe observarse en asuntos que deriven de tribunales diversos al judicial, entre otros; hipótesis que no se actualiza, pues los actos aquí reclamados derivan de un procedimiento judicial del orden civil. Atento al sentido del presente fallo, resulta jurídicamente imposible estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, esta juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Ante lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por XXXX, por el acto y autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua XXXX, quien actuó ante la Secretaria que autoriza y da fe, XXXX hasta el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 723/2017-V, promovido por XXXX Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este juzgado, se recibió la demanda promovida por XXXX. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil; del Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares; de los Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos y del Secretario de Seguridad Pública Municipal con residencia en esta ciudad. De los jueces civiles reclamó todo lo actuado en el procedimiento de desahucio o acción reivindicatoria promovido en su contra y sus consecuencias, respecto de bien inmueble ubicado en calle San Pedro número nueve mil treinta y tres guión veintiuno del fraccionamiento Paseos de Santa Mónica, con sede en esta ciudad. Del Jefe de la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares, de los propios Oficiales Notificadores y Ministros Oficiales y Ministros Ejecutores y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, reclamó todos los actos y órdenes tendientes a la ejecución de la desposesión del citado inmueble. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 723/2017-V, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral XXXX , se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud de que es un asunto en materia civil en el que se reclama todo lo actuado en un juicio especial hipotecario de desahucio que tiene ejecución en esta ciudad. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: La orden de lanzamiento del bien inmueble ubicado en XXXX, con sede en esta ciudad, emitida por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en autos del juicio especial hipotecario 165/2013, promovido por XXXXX , en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito denominada XXXXX , en contra de XXXXX y otra; inmueble que se adjudicó a favor del tercero interesado XXXXX; así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les endilgan; por tanto, se tienen por inexistentes los actos que les reclama la parte quejosa. De tal forma, lo que procede respecto a las autoridades precisadas con anterioridad y el acto que a ellas se les reclama, es sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por el disconforme en contra del Juez Primero de lo Civil y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, aun cuando éstos lo hayan negado al rendir su informe justificado. Lo anterior, es así toda vez que de las constancias que anexó el Juez Primero de lo Civil para sostener su dicho se desprende que existe un juicio especial hipotecario registrado bajo el número 165/2013, promovido por XXXXX , en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito XXXXX , en contra de XXXXX y otra, dentro del cual, por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó turnar los autos a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores a fin de que alguno de ellos pusiera en posesión del tercero interesado el inmueble materia de la litis. Por tanto, es ineludible que al quejoso sí se le pretende desposeer del bien inmueble ubicado en calle XXXX, con sede en esta ciudad, de ahí que se deba tener por cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Constancias a la que se les otorga pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Misma consideración debe hacerse por lo que hace al Secretario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, quien al rendir su informe justificado negó el acto reclamado (fojas 51); sin embargo, de las constancias que integran el expediente 165/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende el proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual, el titular del citado órgano ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal, a fin de que comisionara elementos a su mando para que se constituyeran en el inmueble ubicado en calle XXXXX con sede en esta ciudad y lo pusieran en posesión legal y material del tercero; circunstancia la anterior que lleva a concluir en la inminente ejecución del acto que se le endilga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo a examinar si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, es necesario destacar que el quejoso XXXXX , en su demanda de amparo señaló lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables, reclamó la privación de los derechos de posesión que tengo respecto del inmueble ubicado en Calle XXXX, dentro de un procedimiento en el que no soy parte y por ende, no he sido oído y vencido en el mismo, sin que previamente se me haya otorgado derecho de audiencia. (.) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestó que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son ciertos y son los siguientes: 1.- En fecha 06 de julio del año 2013, tal y como lo acredito con el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE ANEXO AL PRESENTE OCURSO, Celebré Contrato de arrendamiento con el señor URIEL BARRAGÁN BARAJAS respecto del bien inmueble ubicado en Calle XXXX. 2.- Con fecha 15 de Agosto del año en curso fui informado por mis vecinos que se presentaron en mi domicilio aproximadamente a las 11:00 hrs. (once horas) tanto Agentes de Seguridad Pública como otras personas entre ellos un representante de un Juez Civil con el fin de desalojarme de mi vivienda la cual se ubica en Calle XXXXX . Pero como el suscrito no me encontraba nadie quiso participar en tal hecho, por lo que se retiraron y dijeron que volverían a llevar a cabo su cometido como el suscrito no he sido citado ni vencido en juicio alguno es por lo que me veo en la necesidad de promover este amparo, a fin de que se me respeten Mis garantías individuales. De lo que se tiene, que el quejoso ocurre al juicio de amparo como tercero extraño natural; sin embargo no le reviste tal carácter. Se arriba a la anterior conclusión, pues de las constancias que anexó a su informe justificado el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se desprende que XXXXX , es parte del juicio especial hipotecario 165/2013, promovido el diecinueve de febrero de dos mil trece, por XXXX, en su carácter de apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución de crédito denominada XXXX, en el que solicitó se declarara el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, al actualizarse el incumplimiento en las obligaciones del pago contraído por el demandado, aquí quejoso, respecto del inmueble marcado con el número XXXX, en esta ciudad (fojas 56 a 137). Asimismo, mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil trece, XXXX, manifestó que se tenía por legalmente emplazado a dicho juicio, conformándose con todas y cada una de las partes del escrito de demanda, allanándose a las prestaciones del actor y celebrando convenio de reconocimiento de adeudo, pago judicial y ejecución (fojas 142 a 147). Documento que el juez responsable elevó a cosa juzgado en la misma fecha de su celebración, en razón de que fue ratificado ante su presencia por el propio quejoso y por la parte actora en el juicio natural (fojas 148). Consecuentemente, es evidente que XXXXX sí tuvo conocimiento del juicio de referencia, tan es así que dentro de ese juicio le reviste el carácter de demandado; incluso, el veintiuno de febrero de dos mil trece, compareció ante la autoridad judicial, y ratificó en todas y cada una de sus partes el convenio presentado en misma fecha, reconociendo su contenido, así como las firmas estampadas, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada; por tanto, debe sujetarse a la promoción de la demanda de amparo en términos de los numerales 5, fracción I, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 729, registro 2004274, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así como la diversa sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, bajo la tesis P./J. 39/2001, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 93, registro 189916, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Precisado lo anterior, lo conducente es realizar un estudio de las causales de improcedencia por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. El presente juicio de amparo es improcedente en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, dado el carácter que realmente le reviste al quejoso, la vía idónea para atacar el lanzamiento del bien inmueble descrito, no es la constitucional, sino la que rige el procedimiento de origen. Para advertirlo así, es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causal de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Al respecto, resulta importante ponderar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de 'definitividad' que se traduce en que antes de acudir a la vía constitucional es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como ha quedado demostrado con antelación. De tal suerte, la parte quejosa, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Para un mejor entendimiento de la determinación que aquí se toma, es menester precisar los actos que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales hace consistir en la orden de desposeerlo del inmueble ya señalado; determinación pronunciada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 165/2013, en el cual XXXXX es la parte demandada; y no tercero extraño a juicio como adujo en el presente asunto. En ese orden de ideas, se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión en párrafos que anteceden, en virtud de que tal actuación puede combatirse mediante la interposición del recurso de revocación que prevén los numerales 100, 102 Y 815 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, los cuales son del tenor siguiente: 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. 102. Las resoluciones judiciales no se tendrán por consentidas sino cuando notificada la parte conteste expresamente de conformidad, o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda. 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. Por tanto, tomando en consideración lo señalado en líneas anteriores, se concluye que contra el acuerdo en comento, procede el recurso de revocación que prevé el numeral 100 de la legislación civil en comento, a través del cual puede ser revocado; pues al no ser posible considerar como persona extraña a quien figura como parte en sentido material y además, tuvo conocimiento del juicio de origen, incluso compareció al mismo, le era ineludible agotar los recursos que establece la ley de la materia, previo a acudir a esta instancia. De igual manera, no se actualiza el resto de las excepciones que prevé la ley de la materia para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Hipótesis las anteriores en las cuales no encuadran la parte aquí quejosa. No es obstáculo que el medio de defensa previsto en la Legislación civil, no prevea la suspensión del acto, porque dicho caso de excepción no aplica al caso en concreto, pues de conformidad con la fracción XX del precitado artículo 61 de la Ley de Amparo, tal circunstancia debe observarse en asuntos que deriven de tribunales diversos al judicial, entre otros; hipótesis que no se actualiza, pues los actos aquí reclamados derivan de un procedimiento judicial del orden civil. Atento al sentido del presente fallo, resulta jurídicamente imposible estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, esta juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Ante lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por XXXX, por el acto y autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua XXXX, quien actuó ante la Secretaria que autoriza y da fe, XXXX hasta el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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