Ema Vargas Morales

Expediente 1197/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1197/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Ema Vargas Morales
  • Elvira Vargas Morales
  • EMA VARGAS MORALES y Otros.
  • LOURDES VARGAS MORALES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por las quejosas Celestina Vargas Morales, Lourdes Vargas Morales, Elvira Vargas Morales y Ema Vargas Morales; y, visto que fue su contenido, se provee: Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indican, previa identificación y firma que se otorgue en autos; haciéndoles saber que, con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para realizar dicho trámite es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes. Así mismo, como lo solicitan las promoventes, devuélvanseles los documentos que refieren en su ocurso de cuenta; en la inteligencia de que, para recogerlos deberán comparecer a este juzgado Federal con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), y dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles. Finalmente, en relación con el domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, así como la persona que autorizan en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por las quejosas Celestina Vargas Morales, Lourdes Vargas Morales, Elvira Vargas Morales y Ema Vargas Morales, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngaseles dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de prevención de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, pues al efecto manifiestan lo siguiente: "DE LO ANTERIORMENTE CITADO, 'PASAMOS A MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' QUE ESTA AUTORIDAD FEDERAL DECLARE LA NULIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL DENUNCIANTE RAÚL DE JESÚS AMADO, COMO MATERIAL PROBATORIO DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI-810/UAT/TEPEACA DEL ÍNDICE DE LA AUTORIDAD QUE SEÑALA COMO RESPONSABLE." De lo anterior, se deduce que las quejosas pretenden con el presente juicio de amparo que este juzgado de Distrito declare la nulidad de los documentos presentados por el denunciante Raúl de Jesús Amado, como material probatorio dentro de la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por los quejosos, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre el fondo del asunto, obstáculos a los que se les denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que los quejosos pretenden. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita jueza Federal considera que, en relación con el acto que pretenden combatir las quejosas en la presente instancia, se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, del propio ordenamiento, estos últimos interpretados a contrario sentido; los que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte (.)" "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De las anteriores transcripciones, así como de la naturaleza y fines del juicio de derechos fundamentales se puede concluir que éste solo es procedente contra actos de autoridad o actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, que resulten violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Debiéndose precisar que en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en tanto que, en el caso de los particulares establece que podrá considerárseles como autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados y, como característica primordial dispone que las funciones encomendadas a esos particulares deberán estar determinadas por una norma de carácter general. Para continuar con el estudio de la causa de improcedencia invocada, debe señalarse que para distinguir un acto de autoridad de uno que no lo es, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por otro lado, respecto de las relaciones de supraordinación habría que señalar que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, mismas que se dan en un plano de igualdad entre ellos, en un ámbito superior al de los particulares. En esta tesitura, las relaciones susceptibles de ser sometidas a la decisión de los órganos de amparo son las llamadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Bajo esa óptica, es dable concluir que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso de estudio, no se está ante una relación de supra a subordinación entre una autoridad y las quejosas, al grado de que lo que pretenden es que este órgano de amparo declare la nulidad de los medios probatorios ofertados por el denunciante Raúl de Jesús Amado, como material probatorio dentro de la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA, del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro. Esto es, las quejosas al promover la presente instancia constitucional, únicamente, pretenden que esta autoridad declare nulos los documentos exhibidos ante la citada autoridad con motivo de la denuncia presentada por Raúl de Jesús Amado, que derivó en la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro, en la cual las quejosas tienen el carácter de imputadas; sin embargo, como se apuntó anteriormente, el objeto del juicio de amparo, tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo cual no concuerda con la pretensión de las quejosas al instar el presente juicio, pues esta autoridad, dentro del cumulo de facultades que la ley le otorga, se encuentra impedida para declarar la nulidad de documentos, pues su función se acota a revisar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad que afecten derechos sustantivos de los quejosos. En ese sentido, referente a la pretensión de las quejosas, en el sentido de que esta autoridad declare la nulidad de los documentos presentados por el denunciante Raúl de Jesús Amado, como material probatorio dentro de la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA, tal acto no se pueda analizar en la vía constitucional, pues se advierte que no reclaman un acto que a su juicio es violatorio de algún derecho humano, sino la nulidad de unos documentos, por lo que, la acción que intentan tendría que conocerla el órgano competente para calificar la legalidad de los citados documentos y no un juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implica propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, actos derivados de la relación entre particulares, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional. Luego, si las quejosas no señalan acto reclamado alguno a la autoridad Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro, y que lo único que pretenden es que esta autoridad declare la nulidad de diversos documentos, es incuestionable que tal pretensión no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Por lo que, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

  4. Principal

    (AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por las quejosas Celestina Vargas Morales, Lourdes Vargas Morales, Elvira Vargas Morales y Ema Vargas Morales, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngaseles dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de prevención de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, pues al efecto manifiestan lo siguiente: "DE LO ANTERIORMENTE CITADO, 'PASAMOS A MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' QUE ESTA AUTORIDAD FEDERAL DECLARE LA NULIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL DENUNCIANTE RAÚL DE JESÚS AMADO, COMO MATERIAL PROBATORIO DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CDI-810/UAT/TEPEACA DEL ÍNDICE DE LA AUTORIDAD QUE SEÑALA COMO RESPONSABLE." De lo anterior, se deduce que las quejosas pretenden con el presente juicio de amparo que este juzgado de Distrito declare la nulidad de los documentos presentados por el denunciante Raúl de Jesús Amado, como material probatorio dentro de la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por los quejosos, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre el fondo del asunto, obstáculos a los que se les denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que los quejosos pretenden. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita jueza Federal considera que, en relación con el acto que pretenden combatir las quejosas en la presente instancia, se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, del propio ordenamiento, estos últimos interpretados a contrario sentido; los que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte (.)" "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De las anteriores transcripciones, así como de la naturaleza y fines del juicio de derechos fundamentales se puede concluir que éste solo es procedente contra actos de autoridad o actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, que resulten violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Debiéndose precisar que en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en tanto que, en el caso de los particulares establece que podrá considerárseles como autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados y, como característica primordial dispone que las funciones encomendadas a esos particulares deberán estar determinadas por una norma de carácter general. Para continuar con el estudio de la causa de improcedencia invocada, debe señalarse que para distinguir un acto de autoridad de uno que no lo es, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por otro lado, respecto de las relaciones de supraordinación habría que señalar que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, mismas que se dan en un plano de igualdad entre ellos, en un ámbito superior al de los particulares. En esta tesitura, las relaciones susceptibles de ser sometidas a la decisión de los órganos de amparo son las llamadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Bajo esa óptica, es dable concluir que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso de estudio, no se está ante una relación de supra a subordinación entre una autoridad y las quejosas, al grado de que lo que pretenden es que este órgano de amparo declare la nulidad de los medios probatorios ofertados por el denunciante Raúl de Jesús Amado, como material probatorio dentro de la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA, del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro. Esto es, las quejosas al promover la presente instancia constitucional, únicamente, pretenden que esta autoridad declare nulos los documentos exhibidos ante la citada autoridad con motivo de la denuncia presentada por Raúl de Jesús Amado, que derivó en la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro, en la cual las quejosas tienen el carácter de imputadas; sin embargo, como se apuntó anteriormente, el objeto del juicio de amparo, tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo cual no concuerda con la pretensión de las quejosas al instar el presente juicio, pues esta autoridad, dentro del cumulo de facultades que la ley le otorga, se encuentra impedida para declarar la nulidad de documentos, pues su función se acota a revisar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad que afecten derechos sustantivos de los quejosos. En ese sentido, referente a la pretensión de las quejosas, en el sentido de que esta autoridad declare la nulidad de los documentos presentados por el denunciante Raúl de Jesús Amado, como material probatorio dentro de la carpeta de investigación CDI-810/2017/UAT-TEPEACA, tal acto no se pueda analizar en la vía constitucional, pues se advierte que no reclaman un acto que a su juicio es violatorio de algún derecho humano, sino la nulidad de unos documentos, por lo que, la acción que intentan tendría que conocerla el órgano competente para calificar la legalidad de los citados documentos y no un juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implica propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, actos derivados de la relación entre particulares, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional. Luego, si las quejosas no señalan acto reclamado alguno a la autoridad Agente del Ministerio Público Investigador del Quinto Turno, Orientador Zona Centro, y que lo único que pretenden es que esta autoridad declare la nulidad de diversos documentos, es incuestionable que tal pretensión no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Por lo que, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata."

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