Elsa Marina Ollivier Palacios

Expediente 372/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
372/2018
Año
2018
Actuaciones
37
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Elsa Marina Ollivier Palacios
  • Director General Jurídico Consultivo Y de Asuntos Legislativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 308 a 311), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ISRAEL PEDROZA ALMAGUER LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes mediante proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 285), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual únicamente fue desahogada por el tercero interesado Israel Pedroza Almaguer mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 290 a 296). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 225 a 242), se concedió el amparo y protección a Elsa Marina Ollivier Palacios, para que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento: a) Deje insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad interpuesto en la averiguación previa 209/2016/DGSP, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el artículo 419, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Emita una nueva resolución fundada y motivada en la que se pronuncie sobre la inconformidad planteada por la aquí quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, en contra de la determinación de inejercicio de la acción penal, atendiendo desde luego a los agravios planteados y a las constancias de autos. Y, en ese aspecto, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, tendrá que atender y analizar de forma destacada el proceder del ministerio público integrador, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, con las consecuencias legales que de ello resulten y que, de ser el caso, incidan en el trámite, integración y determinación de la mencionada indagatoria. c) Notifique esa nueva resolución a la agraviada, aquí quejosa. Cabe indicar, que la presente concesión de amparo no prejuzga, sobre si los hechos narrados por la hoy inconforme en su denuncia, son o no ciertos, o bien, son o no constitutivos de delito, pues solo tiene por efecto subsanar las deficiencias de forma destacadas. También es preciso indicar, que para cumplimentar el fallo protector, el Director responsable queda constreñido a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." (Foja 241). Mediante oficio 3789/2018/DGJCYAL, (foja 251) la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, solicitó la devolución del original de la averiguación previa 209/2016/DGSP que remitió como apoyo a su informe justificado, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; sin embargo, en acuerdo de treinta de octubre de la presente anualidad (foja 252) se reservó proveer sobre tal solicitud hasta que la sentencia adquiriera firmeza. En acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 257 a 259), se declaró que la sentencia pronunciada en este sumario constitucional causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento; y, en atención a la solicitud mencionada en el párrafo que antecede, se ordenó devolver el original de la averiguación previa 209/2016/DGSP a la autoridad responsable citada, para que estuviera en aptitud de cumplir con el fallo protector. Mediante oficio 3913/2018/DGJCYAL de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (foja 268), el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia autorizada de la resolución emitida en esa data, dentro de la averiguación previa 209/2016/DGSP de la que emana el acto reclamado y su notificación a la parte quejosa (fojas 270 a 282). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad interpuesto en la averiguación previa 209/2016/DGSP, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el artículo 419, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 270). 2. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitió otra resolución en diverso sentido que la reclamada, ya que resolvió el recurso de inconformidad planteado por la aquí parte quejosa y no autorizó el no ejercicio de la acción penal que motivó ese medio de impugnación (fojas 278). En dicha resolución, la autoridad responsable estableció que corresponde al Ministerio Público la obligación de investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito, por lo que ordenó al representante social que conoce de la indagatoria de origen, dejar insubsistente la determinación de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (no ejercicio de la acción penal); y, le impuso la obligación de desahogar todas las pruebas posibles para esclarecer los hechos que motivaron la investigación; asimismo, señaló que no sirve de excusa para no seguir investigando que los sucesos denunciados den la impresión de ser atípicos (fojas 276 y 277). Por ello, la autoridad responsable no analizó el fondo del asunto y estableció que, previo a la determinación de ejercicio o no ejercicio de la acción penal, la agente del Ministerio Púbico que conoce de la averiguación previa de origen, debe desahogar las siguientes pruebas (foja 277): 1. Girar oficio al Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a fin de que informe sobre el trámite a seguir para cancelar una pensión otorgada en forma indebida. 2. Citar a la agraviada Elsa Marina Ollivier Palacios, para que manifieste si tiene otros elementos de prueba que aportar y, en caso de ser afirmativo, proceda de inmediato a su desahogo. 3. Practicar las diligencias que se desprendan de los anteriores actos de investigación, para el esclarecimiento de los hechos. Las cuales señaló en forma enunciativa, no limitativa. Por otra parte, destacó que el treinta de junio de dos mil dieciséis, la representante social requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a efecto de que por su conducto hiciera del conocimiento del indiciado Roberto Tomás Veraza Díaz, Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del instituto a su cargo, que debía comparecer a las diez horas del siete de julio de ese año; para el desahogo de una diligencia ministerial y hacerle saber los hechos que se le imputan. Que mediante oficio UA/616/2016/24968, el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, hizo de su conocimiento que Roberto Tomás Veraza Díaz, dejó de laborar en dicha institución y que Alberto Herrera Pérez, ocupaba en ese momento el cargo de Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, quien podía comparecer a fin de coadyuvar en la investigación de los hechos denunciados y no como indiciado, como lo citó la representación social investigadora(fojas 277 y 278). Por lo que conminó a la agente del Ministerio Público investigadora para que ponga mayor cuidado en el desempeño de sus funciones (foja 278). El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, notificó dicha determinación a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficio 3913/2018/DGJCYAL (foja 269). Así mismo, en la fecha citada (ocho de noviembre del año en curso), notificó esa resolución a la quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, mediante cédula de notificación que fijó en el buzón del inmueble ubicado en calle cincuenta (50) Poniente, número setecientos dieciséis (716), colonia Santa María de la ciudad de Puebla (fojas 280 a 282). En tal virtud, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, que mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el tercero interesado Israel Pedroza Almaguer haya manifestado, en suma, que existió exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues señala que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable analizara la forma de proceder del Ministerio Público, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, por lo que al ordenar el desahogo de diversas pruebas en la indagatoria de origen, excedió los lineamientos del fallo protector. Tal afirmación resulta infundada, en virtud de que en los efectos de la protección concedida en este expediente, ya transcritos, se estableció con claridad que para cumplir con la ejecutoria de mérito, además de dejar insubsistente la resolución reclamada, la autoridad responsable debía emitir una nueva resolución fundada y motivada en la que se pronunciara sobre la inconformidad planteada por la aquí quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, en contra de la determinación de inejercicio de la acción penal, atendiendo a los agravios planteados y a las constancias de autos. Y se destacó que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, debía atender y analizar de forma destacada el proceder del ministerio público integrador, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, con las consecuencias legales que de ello resultaran y que, de ser el caso, incidieran en el trámite, integración y determinación de la indagatoria. De lo anterior se aprecia que, en la sentencia de amparo, se concedió libertad de decisión al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que resolviera la inconformidad planteada, conforme a las constancias que obran en autos, y aun cuando se destacó lo relativo a la calidad que se le otorgó a Alberto Herrera Pérez, ello no implica que la responsable debía acotar su decisión solo a ese aspecto, pues se insiste, se le otorgó libertad plena para resolver la inconformidad de la que emana el acto reclamado. Además, debe indicarse que la finalidad de dicho medio de impugnación (inconformidad), es precisamente que el superior jerárquico del agente del Ministerio Público investigador, revise la actuación de su subordinado y determine si la decisión adoptada en torno al no ejercicio de la acción penal fue o no acertada. De ahí que la autoridad responsable se encontraba en aptitud de analizar si la investigación practicada por el representante social fue adecuada y determinar, como lo hizo, que no fue así; y, en consecuencia, devolverle la indagatoria para esclarecer los hechos denunciados. Máxime que la investigación de los delitos es una facultad y obligación conferida constitucionalmente al Ministerio Público, que de ninguna manera debe obstaculizarse. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, en el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veinte de noviembre del año que cursa (fojas 290 a 296), el tercero interesado solicitó copia certificada de todo lo actuado en este expediente, sin que se haya proveído sobre tal petición, en tal sentido, se acuerda. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al tercero interesado Israel Pedroza Almaguer copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Asimismo, dígasele que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  3. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANEHEREL PEREZ LAVIN LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes mediante proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 285), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual únicamente fue desahogada por el tercero interesado Israel Pedroza Almaguer mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 290 a 296). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 225 a 242), se concedió el amparo y protección a Elsa Marina Ollivier Palacios, para que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento: a) Deje insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad interpuesto en la averiguación previa 209/2016/DGSP, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el artículo 419, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Emita una nueva resolución fundada y motivada en la que se pronuncie sobre la inconformidad planteada por la aquí quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, en contra de la determinación de inejercicio de la acción penal, atendiendo desde luego a los agravios planteados y a las constancias de autos. Y, en ese aspecto, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, tendrá que atender y analizar de forma destacada el proceder del ministerio público integrador, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, con las consecuencias legales que de ello resulten y que, de ser el caso, incidan en el trámite, integración y determinación de la mencionada indagatoria. c) Notifique esa nueva resolución a la agraviada, aquí quejosa. Cabe indicar, que la presente concesión de amparo no prejuzga, sobre si los hechos narrados por la hoy inconforme en su denuncia, son o no ciertos, o bien, son o no constitutivos de delito, pues solo tiene por efecto subsanar las deficiencias de forma destacadas. También es preciso indicar, que para cumplimentar el fallo protector, el Director responsable queda constreñido a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." (Foja 241). Mediante oficio 3789/2018/DGJCYAL, (foja 251) la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, solicitó la devolución del original de la averiguación previa 209/2016/DGSP que remitió como apoyo a su informe justificado, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; sin embargo, en acuerdo de treinta de octubre de la presente anualidad (foja 252) se reservó proveer sobre tal solicitud hasta que la sentencia adquiriera firmeza. En acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 257 a 259), se declaró que la sentencia pronunciada en este sumario constitucional causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento; y, en atención a la solicitud mencionada en el párrafo que antecede, se ordenó devolver el original de la averiguación previa 209/2016/DGSP a la autoridad responsable citada, para que estuviera en aptitud de cumplir con el fallo protector. Mediante oficio 3913/2018/DGJCYAL de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (foja 268), el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia autorizada de la resolución emitida en esa data, dentro de la averiguación previa 209/2016/DGSP de la que emana el acto reclamado y su notificación a la parte quejosa (fojas 270 a 282). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad interpuesto en la averiguación previa 209/2016/DGSP, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el artículo 419, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 270). 2. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitió otra resolución en diverso sentido que la reclamada, ya que resolvió el recurso de inconformidad planteado por la aquí parte quejosa y no autorizó el no ejercicio de la acción penal que motivó ese medio de impugnación (fojas 278). En dicha resolución, la autoridad responsable estableció que corresponde al Ministerio Público la obligación de investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito, por lo que ordenó al representante social que conoce de la indagatoria de origen, dejar insubsistente la determinación de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (no ejercicio de la acción penal); y, le impuso la obligación de desahogar todas las pruebas posibles para esclarecer los hechos que motivaron la investigación; asimismo, señaló que no sirve de excusa para no seguir investigando que los sucesos denunciados den la impresión de ser atípicos (fojas 276 y 277). Por ello, la autoridad responsable no analizó el fondo del asunto y estableció que, previo a la determinación de ejercicio o no ejercicio de la acción penal, la agente del Ministerio Púbico que conoce de la averiguación previa de origen, debe desahogar las siguientes pruebas (foja 277): 1. Girar oficio al Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a fin de que informe sobre el trámite a seguir para cancelar una pensión otorgada en forma indebida. 2. Citar a la agraviada Elsa Marina Ollivier Palacios, para que manifieste si tiene otros elementos de prueba que aportar y, en caso de ser afirmativo, proceda de inmediato a su desahogo. 3. Practicar las diligencias que se desprendan de los anteriores actos de investigación, para el esclarecimiento de los hechos. Las cuales señaló en forma enunciativa, no limitativa. Por otra parte, destacó que el treinta de junio de dos mil dieciséis, la representante social requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a efecto de que por su conducto hiciera del conocimiento del indiciado Roberto Tomás Veraza Díaz, Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del instituto a su cargo, que debía comparecer a las diez horas del siete de julio de ese año; para el desahogo de una diligencia ministerial y hacerle saber los hechos que se le imputan. Que mediante oficio UA/616/2016/24968, el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, hizo de su conocimiento que Roberto Tomás Veraza Díaz, dejó de laborar en dicha institución y que Alberto Herrera Pérez, ocupaba en ese momento el cargo de Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, quien podía comparecer a fin de coadyuvar en la investigación de los hechos denunciados y no como indiciado, como lo citó la representación social investigadora(fojas 277 y 278). Por lo que conminó a la agente del Ministerio Público investigadora para que ponga mayor cuidado en el desempeño de sus funciones (foja 278). El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, notificó dicha determinación a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficio 3913/2018/DGJCYAL (foja 269). Así mismo, en la fecha citada (ocho de noviembre del año en curso), notificó esa resolución a la quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, mediante cédula de notificación que fijó en el buzón del inmueble ubicado en calle cincuenta (50) Poniente, número setecientos dieciséis (716), colonia Santa María de la ciudad de Puebla (fojas 280 a 282). En tal virtud, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, que mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el tercero interesado Israel Pedroza Almaguer haya manifestado, en suma, que existió exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues señala que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable analizara la forma de proceder del Ministerio Público, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, por lo que al ordenar el desahogo de diversas pruebas en la indagatoria de origen, excedió los lineamientos del fallo protector. Tal afirmación resulta infundada, en virtud de que en los efectos de la protección concedida en este expediente, ya transcritos, se estableció con claridad que para cumplir con la ejecutoria de mérito, además de dejar insubsistente la resolución reclamada, la autoridad responsable debía emitir una nueva resolución fundada y motivada en la que se pronunciara sobre la inconformidad planteada por la aquí quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, en contra de la determinación de inejercicio de la acción penal, atendiendo a los agravios planteados y a las constancias de autos. Y se destacó que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, debía atender y analizar de forma destacada el proceder del ministerio público integrador, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, con las consecuencias legales que de ello resultaran y que, de ser el caso, incidieran en el trámite, integración y determinación de la indagatoria. De lo anterior se aprecia que, en la sentencia de amparo, se concedió libertad de decisión al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que resolviera la inconformidad planteada, conforme a las constancias que obran en autos, y aun cuando se destacó lo relativo a la calidad que se le otorgó a Alberto Herrera Pérez, ello no implica que la responsable debía acotar su decisión solo a ese aspecto, pues se insiste, se le otorgó libertad plena para resolver la inconformidad de la que emana el acto reclamado. Además, debe indicarse que la finalidad de dicho medio de impugnación (inconformidad), es precisamente que el superior jerárquico del agente del Ministerio Público investigador, revise la actuación de su subordinado y determine si la decisión adoptada en torno al no ejercicio de la acción penal fue o no acertada. De ahí que la autoridad responsable se encontraba en aptitud de analizar si la investigación practicada por el representante social fue adecuada y determinar, como lo hizo, que no fue así; y, en consecuencia, devolverle la indagatoria para esclarecer los hechos denunciados. Máxime que la investigación de los delitos es una facultad y obligación conferida constitucionalmente al Ministerio Público, que de ninguna manera debe obstaculizarse. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, en el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veinte de noviembre del año que cursa (fojas 290 a 296), el tercero interesado solicitó copia certificada de todo lo actuado en este expediente, sin que se haya proveído sobre tal petición, en tal sentido, se acuerda. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al tercero interesado Israel Pedroza Almaguer copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Asimismo, dígasele que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  4. Principal

    (aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes mediante proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 285), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual únicamente fue desahogada por el tercero interesado Israel Pedroza Almaguer mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 290 a 296). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 225 a 242), se concedió el amparo y protección a Elsa Marina Ollivier Palacios, para que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento: a) Deje insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad interpuesto en la averiguación previa 209/2016/DGSP, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el artículo 419, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Emita una nueva resolución fundada y motivada en la que se pronuncie sobre la inconformidad planteada por la aquí quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, en contra de la determinación de inejercicio de la acción penal, atendiendo desde luego a los agravios planteados y a las constancias de autos. Y, en ese aspecto, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, tendrá que atender y analizar de forma destacada el proceder del ministerio público integrador, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, con las consecuencias legales que de ello resulten y que, de ser el caso, incidan en el trámite, integración y determinación de la mencionada indagatoria. c) Notifique esa nueva resolución a la agraviada, aquí quejosa. Cabe indicar, que la presente concesión de amparo no prejuzga, sobre si los hechos narrados por la hoy inconforme en su denuncia, son o no ciertos, o bien, son o no constitutivos de delito, pues solo tiene por efecto subsanar las deficiencias de forma destacadas. También es preciso indicar, que para cumplimentar el fallo protector, el Director responsable queda constreñido a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." (Foja 241). Mediante oficio 3789/2018/DGJCYAL, (foja 251) la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, solicitó la devolución del original de la averiguación previa 209/2016/DGSP que remitió como apoyo a su informe justificado, para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; sin embargo, en acuerdo de treinta de octubre de la presente anualidad (foja 252) se reservó proveer sobre tal solicitud hasta que la sentencia adquiriera firmeza. En acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 257 a 259), se declaró que la sentencia pronunciada en este sumario constitucional causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento; y, en atención a la solicitud mencionada en el párrafo que antecede, se ordenó devolver el original de la averiguación previa 209/2016/DGSP a la autoridad responsable citada, para que estuviera en aptitud de cumplir con el fallo protector. Mediante oficio 3913/2018/DGJCYAL de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (foja 268), el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia autorizada de la resolución emitida en esa data, dentro de la averiguación previa 209/2016/DGSP de la que emana el acto reclamado y su notificación a la parte quejosa (fojas 270 a 282). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad interpuesto en la averiguación previa 209/2016/DGSP, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto en el artículo 419, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 270). 2. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitió otra resolución en diverso sentido que la reclamada, ya que resolvió el recurso de inconformidad planteado por la aquí parte quejosa y no autorizó el no ejercicio de la acción penal que motivó ese medio de impugnación (fojas 278). En dicha resolución, la autoridad responsable estableció que corresponde al Ministerio Público la obligación de investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito, por lo que ordenó al representante social que conoce de la indagatoria de origen, dejar insubsistente la determinación de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (no ejercicio de la acción penal); y, le impuso la obligación de desahogar todas las pruebas posibles para esclarecer los hechos que motivaron la investigación; asimismo, señaló que no sirve de excusa para no seguir investigando que los sucesos denunciados den la impresión de ser atípicos (fojas 276 y 277). Por ello, la autoridad responsable no analizó el fondo del asunto y estableció que, previo a la determinación de ejercicio o no ejercicio de la acción penal, la agente del Ministerio Púbico que conoce de la averiguación previa de origen, debe desahogar las siguientes pruebas (foja 277): 1. Girar oficio al Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a fin de que informe sobre el trámite a seguir para cancelar una pensión otorgada en forma indebida. 2. Citar a la agraviada Elsa Marina Ollivier Palacios, para que manifieste si tiene otros elementos de prueba que aportar y, en caso de ser afirmativo, proceda de inmediato a su desahogo. 3. Practicar las diligencias que se desprendan de los anteriores actos de investigación, para el esclarecimiento de los hechos. Las cuales señaló en forma enunciativa, no limitativa. Por otra parte, destacó que el treinta de junio de dos mil dieciséis, la representante social requirió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a efecto de que por su conducto hiciera del conocimiento del indiciado Roberto Tomás Veraza Díaz, Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del instituto a su cargo, que debía comparecer a las diez horas del siete de julio de ese año; para el desahogo de una diligencia ministerial y hacerle saber los hechos que se le imputan. Que mediante oficio UA/616/2016/24968, el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, hizo de su conocimiento que Roberto Tomás Veraza Díaz, dejó de laborar en dicha institución y que Alberto Herrera Pérez, ocupaba en ese momento el cargo de Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, quien podía comparecer a fin de coadyuvar en la investigación de los hechos denunciados y no como indiciado, como lo citó la representación social investigadora(fojas 277 y 278). Por lo que conminó a la agente del Ministerio Público investigadora para que ponga mayor cuidado en el desempeño de sus funciones (foja 278). El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, notificó dicha determinación a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Segunda Mesa Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante oficio 3913/2018/DGJCYAL (foja 269). Así mismo, en la fecha citada (ocho de noviembre del año en curso), notificó esa resolución a la quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, mediante cédula de notificación que fijó en el buzón del inmueble ubicado en calle cincuenta (50) Poniente, número setecientos dieciséis (716), colonia Santa María de la ciudad de Puebla (fojas 280 a 282). En tal virtud, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, que mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el tercero interesado Israel Pedroza Almaguer haya manifestado, en suma, que existió exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues señala que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable analizara la forma de proceder del Ministerio Público, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, por lo que al ordenar el desahogo de diversas pruebas en la indagatoria de origen, excedió los lineamientos del fallo protector. Tal afirmación resulta infundada, en virtud de que en los efectos de la protección concedida en este expediente, ya transcritos, se estableció con claridad que para cumplir con la ejecutoria de mérito, además de dejar insubsistente la resolución reclamada, la autoridad responsable debía emitir una nueva resolución fundada y motivada en la que se pronunciara sobre la inconformidad planteada por la aquí quejosa Elsa Marina Ollivier Palacios, en contra de la determinación de inejercicio de la acción penal, atendiendo a los agravios planteados y a las constancias de autos. Y se destacó que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, debía atender y analizar de forma destacada el proceder del ministerio público integrador, en cuanto a otorgar la calidad de indiciado a Alberto Herrera Pérez, con las consecuencias legales que de ello resultaran y que, de ser el caso, incidieran en el trámite, integración y determinación de la indagatoria. De lo anterior se aprecia que, en la sentencia de amparo, se concedió libertad de decisión al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que resolviera la inconformidad planteada, conforme a las constancias que obran en autos, y aun cuando se destacó lo relativo a la calidad que se le otorgó a Alberto Herrera Pérez, ello no implica que la responsable debía acotar su decisión solo a ese aspecto, pues se insiste, se le otorgó libertad plena para resolver la inconformidad de la que emana el acto reclamado. Además, debe indicarse que la finalidad de dicho medio de impugnación (inconformidad), es precisamente que el superior jerárquico del agente del Ministerio Público investigador, revise la actuación de su subordinado y determine si la decisión adoptada en torno al no ejercicio de la acción penal fue o no acertada. De ahí que la autoridad responsable se encontraba en aptitud de analizar si la investigación practicada por el representante social fue adecuada y determinar, como lo hizo, que no fue así; y, en consecuencia, devolverle la indagatoria para esclarecer los hechos denunciados. Máxime que la investigación de los delitos es una facultad y obligación conferida constitucionalmente al Ministerio Público, que de ninguna manera debe obstaculizarse. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, en el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veinte de noviembre del año que cursa (fojas 290 a 296), el tercero interesado solicitó copia certificada de todo lo actuado en este expediente, sin que se haya proveído sobre tal petición, en tal sentido, se acuerda. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al tercero interesado Israel Pedroza Almaguer copia certificada de las constancias que indica, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Asimismo, dígasele que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

Quedan 33 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano