Elvis Pérez Avelino

Expediente 1852/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1852/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Elvis Pérez Avelino

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ** en su carácter de apoderado legal de Elvis Pérez Avelino, contra actos del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1852/2023-III. Acto reclamado. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que el promovente reclama esencialmente: La determinación de once de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el procedimientos laboral *, por la cual se desechó la demanda interpuesta por el ahora quejoso contra la Comisión Federal de Electricidad, y se ordenó el archivo del expediente. Incompetencia. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, este juzgador establece que la misma sólo puede ser combatida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior se afirma, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, esto en razón de que a través de la determinación reclamada se puso fin al procedimiento iniciado por el quejoso; por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que se estime que la resolución reclamada encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2008791, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". De igual modo, apoya esta decisión de incompetencia, por analogía de razón, la jurisprudencia II.2o.T. J/2 L (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 2798, Undécima Época, con registro digital 2024356, que dice: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE INADMITE LA DEMANDA LABORAL Y ORDENA ARCHIVAR EL ASUNTO, DICTADO POR EL SECRETARIO INSTRUCTOR (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019). Hechos: Un trabajador demandó en la vía ordinaria laboral a diversas personas, pero sólo exhibió la constancia de no conciliación respecto de una. El secretario instructor, ante la falta de esa constancia de los demás demandados, inadmitió la demanda, ordenó el archivo del asunto por todos y remitir los autos al Centro de Conciliación respecto de los demandados con quienes no se agotó la etapa prejudicial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el recurso de reconsideración es improcedente contra el auto emitido por el secretario instructor, en el que inadmite a trámite la demanda laboral y ordena archivar el asunto, por no haber exhibido la constancia de no conciliación respecto de alguno de los demandados. Justificación: Así es, pues en el artículo 873-K de la ley citada se establece que en contra de los acuerdos dictados por el secretario instructor procede el recurso de reconsideración; asimismo, en el diverso 858 se prevé su procedencia contra las providencias cautelares dictadas por dicho funcionario; por lo que si se reclama el auto emitido por el secretario instructor, en el que inadmite a trámite la demanda laboral y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, la quejosa no se encuentra obligada a agotar dicho medio de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo directo; primero, porque al tratarse de un acuerdo y no de una providencia cautelar, sólo podría interponerse de forma oral en la audiencia preliminar, no obstante, al haberse terminado el proceso, es inobjetable que no se celebrará esa diligencia y, por tanto, se encuentra impedida para formularlo y, segundo, porque con el auto impugnado se dio por concluido el juicio; de ahí que no se ubica en las hipótesis de procedencia del recurso, dado que de acuerdo con la exposición de motivos que dio origen a la reforma de ese ordenamiento, la intención del legislador es que el juicio laboral continúe siendo uniinstancial; esto es, que no procede recurso ordinario contra las sentencias, autos o resoluciones que lo den por concluido, lo cual tiende a lograr un equilibrio entre la economía procesal y los derechos de las partes, pues las resoluciones que se dicten en ese juicio se pueden recurrir mediante la interposición del juicio de amparo, al ser un recurso efectivo y adecuado, con lo que se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y se cumple con los pactos internacionales ratificados por nuestro país." De cuya ejecutoria se advierte lo siguiente: "En consecuencia, se concluye que aun cuando el acto reclamado que nos ocupa lo emitió el secretario instructor y de acuerdo con los artículos 871 y 858 de esa legislación, en su contra podría interponerse el recurso de reconsideración, lo cierto es que, al tratarse de un auto que dio por concluido el juicio laboral, no se ubica en las hipótesis de procedencia, dado que de acuerdo con la intención del legislador, en su contra no procede recurso alguno; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra en aptitud legal de entrar al estudio del auto impugnado en esta vía de amparo, como se verá en los dos apartados siguientes." Puesto que de ahí infiere que contra las determinaciones emitidas en un procedimiento laboral, por las cuales se deseche la demanda, y se ordene el archivo del asunto, conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito en vía de amparo directo, tal y como acontece en el caso a estudio. En este contexto, remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Solicítese a la Superioridad el acuse de recibo correspondiente, y con copia de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. En diverso orden, en atención a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario proporcionado. Dado que la parte quejosa, cuenta con usuario electrónico, con sustento en el numeral 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones que de este procedimiento emanen, hágansele por dicha vía. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano