Elvira Dulce Maria Marin Y de Leon

Expediente 708/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
708/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Elvira Dulce Maria Marin Y de Leon

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 68 a 70 vuelta), por el que se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio y, al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído, el escrito signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Sexto de Distrito, mediante el cual formula su pedimento y realiza diversas manifestaciones en forma de alegatos y solicita se le expida copia simple de la sentencia que en su momento se dicte en el presente asunto. Lo anterior es así, toda vez que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA I. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Lerma de Villada, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Y en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada como la prueba documental que anexa a su informe de ley, dada su especial naturaleza. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que en términos del 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el presente juicio, se hizo consistir en: la incomunicación, y la privación de la libertad de Elvira Dulce María Marín y de León. Ahora, de conformidad con el contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando exista una causa improcedencia manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Una vez analizadas las constancias que obran en autos, las cuales, tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en esta instancia; pues de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por tanto tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y esto es lo que acontece en el caso particular, pues el acto del que se duele la quejosa es la incomunicación, y la privación de la libertad. Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio, por cumplir con los requisitos que deben reunir los documentos públicos, se advierte que el trece de mayo del año que transcurre, fue puesta en libertad por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Lerma de Villada, Estado de México, tal como se advierte de la boleta de libertad dirigido al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por lo cual, es evidente la actualización de la causal de improcedencia en el juicio de amparo, pues la detención de la cual se duele la quejosa dejó de existir, con los mismos efectos que si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Y la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del doce de junio de dos mil dieciocho. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2/J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese.

  4. Principal

    MESA I. Vista la razón signada por el actuario judicial adscrito, de la cual se advierte que la quejosa *****************, desahoga la prevención formulada en proveído de doce de mayo del año en curso. Se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, al suscribirla un funcionario con fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y X, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 5, 33, 107, 108, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, promovida por Lucia María Ximena Marín y de León, en favor de la directa quejosa Elvira Dulce María Marín de León, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada, Estado de México y otra autoridad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a proveer respecto de la solicitud de la suspensión del acto reclamado en términos de los artículos 125 y 126, pues ello fue materia de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional en auto de doce de mayo del año en curso. INTERVENCIÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los efectos legales conducentes. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del doce de junio de dos mil dieciocho, para la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y se les requiere para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo, lo que deberán realizar con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Además, en atención a la última reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil dieciséis, y con apoyo en lo preceptuado en el citado artículo 117 de la ley de la materia, se precisa a la responsable, la obligación que tiene de remitir con su informe justificado el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización. De igual forma, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informen a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que en caso ser omisas a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que en el caso de ser ciertos los actos reclamados, dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito, el nombre y domicilio de la víctima o de quien tiene derecho a la reparación del daño, con el fin de emplazarlo en su carácter de tercero interesado, en la inteligencia de que si alguno tiene identidad resguardada deberán utilizar los medios necesarios para que conserve dicha identidad, esto es, remitir en sobre cerrado los datos solicitados. Con el apercibimiento que en caso de ser omisas, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 244, de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. DOMICILIO y AUTORIZADOS. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda, esto es, las listas de publicación que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. Se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Humberto Marín de León, limitación que se le establece hasta en tanto registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma de Villada, Estado de México, mediante el cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa con el informe de cuenta para los efectos legales conducentes. Finalmente, vista la razón signada por el actuario judicial adscrito, la cual evidencia la imposibilidad para entregar el oficio 11584/2018, dirigido a la autoridad responsable denominada por la promovente de amparo como "Policía de Proximidad de Lerma Estado de México.", por los motivos insertos en la diligencia de cuenta. Se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene pleno valor probatorio, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En consecuencia, se deja de tener como autoridad responsable a la señalada en párrafos que anteceden; por ende, suspéndase toda comunicación oficial con la misma; sin perjuicio de que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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