Elvis López Centeno
Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elvis López Centeno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto, no fue recurrido en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción y con fundamento en el numeral 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ambos supuestos una vez que trascurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia -en el expediente principal- y se concedió la medida tanto provisional, como definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Incidental
Recepción de oficios. Por recibidos los oficios suscritos por el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, y la Directora del Hospital General de Zona número 4, en Celaya, Guanajuato, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante los cuales informan, la primera, las gestiones realizadas en favor de la parte quejosa, en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida y exhibe las constancias conducentes; la segunda, el impedimento para cumplir con la medida. Agréguense para que obren como corresponde.
- Principal
Visto el informe justificado que rinde la Directora del Hospital General de Zona número 4, en Celaya, Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que niega la existencia del acto reclamado, agréguese a los autos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ofrece como prueba la documental que adjunta, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, la que se admite y se desahoga en atención a su naturaleza jurídica. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que relaciona. Finalmente, se puntualiza para los efectos a que haya lugar que los correos electrónicos que proporciona, por medio de los cuales se puede establecer comunicación oficial con ésta. Ahora bien, acorde con la misiva de cuenta y con las documentales que adjuntó, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable una causal de improcedencia; se explica: El quejoso compareció a esta instancia el ocho de los corrientes, reclamando del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en León, Guanajuato, así como el Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 4, Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, la omisión de otorgarle servicios médicos necesarios para diagnosticar y, en su caso, tratar su padecimiento. Lo anterior, bajo el argumento de que fue recibido en urgencias ese dos de junio del presente año y que "se ha solicitado se me realicen diferentes estudios e interconsultas, sin que a la fecha se hayan llevado a cabo, uno de los estudios que se indicaron fue uno llamado urografía excretora, esto fue desde el viernes 4 y a la fecha no se me ha realizado nada y desde el día de ayer he presentado fiebres altas y sangre en la orina". Con motivo de la tramitación del presente asunto, se concedió la suspensión provisional y definitiva, y se ordenó que se garantizara el acceso a la salud del citado quejoso, esto es, brindarle el acceso al servicio médico que, en su caso, requiera y realizar todas aquellas gestiones y acciones encaminadas para tales efectos. Ahora bien, del informe de ley rendido por la oficiante, asentó: "1.- El 02 de junio de 2021, el peticionario de amparo ingresa al servicio de urgencias del Hospital a mi cargo, referenciado de su Unidad de Medicina Familiar, con diagnóstico de síndrome doloroso subsecuente, a su ingreso es valorado por médico urgenciólogo quien inicia protocolo de estudio por probable diagnóstico de dolor abdominal, probable cólico nefrítico y probable vejiga neurogénica, solicitándole laboratorios paraclínicos, rayos X simple de abdomen de pie y de cúbito, así como ultrasonido renal, ya que el quejoso contaba con ultrasonido realizado en medio privado el 28 de mayo de 2021, en el que se indicó apéndice cecal normal. 2.- Ese mismo día es revalorado por el servicio de urgencias con resultados de estudios de laboratorio, rayos x de abdomen y ultrasonido renal, todos realizados el 02 de junio de 2021, con rango de normalidad, indicándole su médico tratante tratamiento farmacológico y solicitó interconsulta en la especialidad de cirugía general. 3.- el 03 de junio de 2021, es nuevamente valorado por el servicio de urgencias, con resultados de electrocardiogramas dentro de parámetros normales, quien lo ingresa a piso de cirugía y solicita interconsulta a gastroenterología. 4.-El 05 de junio de 2021, es valorado por cirugía general, refiriendo que los últimos laboratorios con hiponatremia leve, resto sin alteraciones, ego no patológico, ultrasonido renal y TAC de abdomen normal, y pendiente urografía excretora. 5.-El 08 de junio es revalorado por cirugía general con nuevos estudios de laboratorio dentro de parámetros normales y señala que continua la indicación pendiente de urografía excretora, y lo pasa al servicio de urología, con indicación de urocultivo y hemocultivo. Ese mismo día es valorado por urología, quien señaló en espera de resultados de urocultivo. 6.- El 09 de junio de 2021, es valorado por traumatología, quien le diagnostica, gonartrosis, le otorga tratamiento ambulatorio con mejoría. 7. El 10 de junio de 2021, le vuelven a indicar laboratorios. 8.- El 11 de junio de 2021, es valorado por urología con resultados de laboratorio y reporte de urocultivo de fecha 10 de junio de 2021, el cual fue positivo para E. COLLI por lo que indica tratamiento específico a base de cefalosporia de tercera generación y ceftriaxona. 9.- El 14 de junio de 2021, el médico tratante de la especialidad de urología decide el alta médica del quejoso a su domicilio para mejoría clínica, con diagnóstico de egreso de "cistitis hemorrágico agudo en remisión/pb vejiga hipocontractil en control", e indicación de tratamiento médico a base de tamsulosina y nitrofurantoína 1 cada 6 horas, por 10 días, como plan de manejo para dicho padecimiento, sin que haya indicado el estudio denominado urografía excretora (.) al no considerarla ya necesaria." Para finalmente concluir: Al efecto, remitió copia de las constancias que acreditan su dicho. Atento a lo anterior, se desprende que la autoridad responsable, desde el dos de junio pasado, proporcionó al peticionario los servicios médicos necesarios para su padecimiento, inclusive le realizaron diversos estudios de laboratorio; asimismo, el catorce de junio pasado, su médico tratante determinó el alta médica del quejoso e indicación de tratamiento farmacológico en casa. Con los antecedentes narrados, emerge que se actualiza de forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cesado la omisión reclamada. Efectivamente, en la demanda de amparo el promovente señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de otorgarle servicios médicos necesarios para diagnosticar y, en su caso, tratar, su padecimiento. En ese sentido, del oficio recibido, así como de las documentales allegadas al cuaderno en que se actúa, se desprende que fue atendido para su diagnóstico, inclusive se determinó su alta médica el catorce de los corrientes. En tal virtud, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la negativa reclamada ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable a lo anterior la tesis: 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala, visible a fojas 38, tomo IX, junio de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la Celaya, Guanajuato, a las trece horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública, el maestro en Derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del maestro en Derecho, Antonio Guiza Cabrera, secretario que autoriza y da fe, la celebra en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 371/2021-III, sin la comparecencia de las partes, ni de su representante legítimo, en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, de las que destacan el escrito inicial de demanda de amparo presentada por *****; auto de nueve de junio de dos mil veintiuno con el que dio inicio el presente incidente; e informe previo rendido por el titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, con sede en León, y por la directora del Hospital General de Zona 4, de esta ciudad, ambos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social. A lo anterior, se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe previo de las autoridades responsables, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Período probatorio. A continuación, se abre la etapa de pruebas, en la que el secretario da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como las que anexó a su informe de ley la autoridad responsable. A lo que se provee: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexaron respectivamente, con lo que se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. En la que el secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito con alegatos. A lo que se acuerda: se tienen por omisas a las partes. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución interlocutoria que corresponde. Resolución interlocutoria. V I S T O S para resolver los autos incidentales del juicio de amparo número 371/2021-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito admitido el nueve de junio de dos mil veintiuno *****, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato o Instituto de Salud del estado de Guanajuato y otra autoridad, que hizo consistir en: "[.] La violación al derecho a la salud, consagrado en el artículo 4° Constitucional, toda vez que me encuentro internado en el Hospital General de Zona con medicina Familiar número 4 de la Delegación en el Estado de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que mi salud ha venido deteriorándose desde el 27 de mayo, fecha en que acudí al servicio de urgencias de la UMF 4 y seguí acudiendo a solicitar servicio médico hasta el día 2 de junio que me quedé internado y al momento no me han realizado los estudios necesarios para tratar, diagnosticar y tratar los síntomas que he presentado." SEGUNDO. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables su informe previo. Finalmente, la audiencia incidental inició en los términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Existencia de acto reclamado. Los apoderados legales de las autoridades responsables titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, con sede en León, y por la directora del Hospital General de Zona 4, de esta ciudad, ambos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, negaron el acto reclamado. Sin embargo de los informes previos, se desprenden las siguientes manifestaciones: (Por lo que respecta a la primera de las autoridades en mención) Por su parte, por la directora del Hospital General de Zona 4, de esta ciudad del Instituto Mexicano del Seguro Social, refirió: Manifestaciones, las transcritas, que entrañan un reconocimiento de la existencia de una patología y un tratamiento que, posiblemente, resulte en omisiones por parte de la autoridad; lo que implica presumir los actos reclamados; de ahí que la negativa expresa de las responsables quede desvirtuadas con su propia manifestación; por ende, que se tengan por ciertos para efectos del presente incidente de suspensión. Es aplicable, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expresa en su rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." SEGUNDO. Sentido de la suspensión. En términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, para el efecto de proveer acerca de la suspensión, se atiende a la naturaleza del acto reclamado, que en la especie consiste en la omisión de proporcionar el tratamiento médico aludido; además que en el caso se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 citado, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa (fracción I); con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (fracción II y artículo 129 de la Ley en cita) ; y además, de continuarse con la ejecución del acto cuestionado, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación (artículo 131). Por tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del peligro en la demora y de la no afectación al interés social, a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de actos como el aquí reclamado, se procede a estudiar dichos extremos. Como se desprende de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, existe un presupuesto que debe observar el juzgador para decidir respecto del otorgamiento de la medida suspensional, el cual consiste en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en tener un conocimiento somero para llegar a una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho a cargo de la parte quejosa. Así se debe atender al examen de la naturaleza de la violación alegada, considerando sus características y su trascendencia para determinar la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado. El peligro en la demora no es otra cosa, sino el adoptar las medidas cautelares necesarias, a efecto de evitar que, al solicitante del amparo, le sean causados daños irremediables en el bien jurídico que considera vulnerado. La correcta interpretación que debe darse al razonamiento señalado consiste en que el juzgador debe analizar en su integridad el acto reclamado, así como todos los medios de convicción que hayan sido aportados por la parte quejosa, con objeto de determinar la aparente inconstitucionalidad del acto que se reclama y ponderar conjuntamente sobre ese tema, el peligro en la demora y la no afectación al interés social. Por tanto, son dos los extremos que hay que acreditar para obtener la medida cautelar: primero, la apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, así como el segundo, la no afectación al interés social. Se insiste, la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión infundada, temeraria y cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora, conlleva adoptar las medidas necesarias a efecto de que no se causen daños irreparables en el bien jurídico que se considera vulnerado; mientras que, la no afectación al interés social consiste en el no agravio al beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia, trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la promovente le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se afecte al interés social y orden público, lo que puede establecerse, en la especie, con las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, publicada en la página 473, tomo XIII, marzo de 1994 en el Semanario Judicial de la Federación y la jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en la página 16, tomo III, abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación cuyos rubros son: "SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTEMENTE INCONSTITUCIONALES" y "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO". Asimismo, el numeral 147, segundo párrafo, estatuye que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Del análisis a lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, puede determinarse que, dada la naturaleza del acto reclamado, por el cual se solicita la suspensión, que en lo substancial consiste en: La omisión de las autoridades responsables de otorgarle servicios médicos necesarios para diagnosticar y, en su caso, tratar, su padecimiento. Lo anterior, puede causar, por sí misma, perjuicios de difícil o imposible reparación, ya que de no recibir dicho tratamiento, podría acarrear como consecuencia una perturbación o afectación grave en la salud de la promovente, con el consecuente perjuicio a ese derecho fundamental, tutelado en el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la protección a la salud; además que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. De lo anterior se obtiene que el acceso a los servicios de salud constituye un derecho público subjetivo garantizado por la Constitución Federal. Tal prerrogativa incluye la atención médica que comprende todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. En efecto, el derecho fundamental de acceso a la salud se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual, sin embargo, la tendencia a la socialización del derecho le han dado a esta facultad una proyección y contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no solo formal. Por ello, el derecho de acceso a la salud se ha convertido en un verdadero derecho humano entendida esta como un valor social que debe ser realizado, con las cualidades ya indicadas. Este derecho de acceso a la salud, también se encuentra tutelado en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y al que México se adhirió el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, por ende, es parte integral del sistema jurídico mexicano. Además, los alcances del derecho a la salud fueron interpretados en la jurisprudencia número P./J. 136/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 168549, que establece: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Al respecto, los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Federal; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; establecen: "Art. 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.". "Art. 25 "1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. "2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social." "Art. 12 "1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. "2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: "a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; "b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; "c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; "d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." El contenido de tales disposiciones reconocen el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, mediante el establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención, y asistencial de la salud física y mental, de las personas sujetas a su jurisdicción; lo que revela que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, sin importar la situación personal o jurídica. Así, al ser la salud un derecho fundamental de la máxima jerarquía, es evidente que la negativa del suministro de medicamentos, que se reclaman a las autoridades responsables, implica contravención al derecho fundamental a la salud que establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues se le priva del derecho a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a que tiene derecho. Además, del análisis preliminar del acto reclamado, atendiendo a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, que consiste en anticipar la existencia de un derecho a favor de la parte quejosa que deba ser protegido y la puesta en peligro del bien jurídico tutelado en caso de no conceder la medida suspensional solicitada, permite concluir provisionalmente la afectación a una prerrogativa constitucional de la parte quejosa, a saber, el derecho a salud, reconocido por el artículo 4° constitucional. Es así porque, los elementos de convicción obrantes en este sumario, y de lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad y las documentales que allegó con su escrito de demanda, se concluye que: El peticionario del amparo está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social con número de seguridad social 14977708172. Que desde el dos de los corrientes, acudió al servicio de urgencia del Instituto Mexicano de Seguro Social, fecha en la que fue también ingresado, y se le realizaron diversos estudios para establecer su diagnóstico y tratamiento correspondiente. De igual forma el cinco de junio pasado fue valorado por el servicio de cirugía general, y que el ocho de junio siguiente, también fue revisado por el área de urología. Y que de los análisis y valoraciones que le fueron realizados se obtuvo resultado positivo a E.COLLI, por lo que el médico tratante le indicó el tratamiento a seguir. Lo que precede pone de manifiesto la posible existencia, en un alto grado de probabilidad, de una transgresión a la prerrogativa del quejoso, reconocida por el artículo 4° constitucional; tal como se desprende del ocurso constitucional y de las documentales adjuntas a dicho libelo. Con lo que pueden generarse daños irreversibles a la salud del quejoso. Debe destacarse que es obligación de las instituciones de salud de garantizar la protección de los derechos humanos de los particulares, entre ellos, el reconocido en el numeral 4º de la misma carta magna, que no es otra cosa que el disfrute de los servicios correspondientes, debiendo entenderse como tales el conjunto de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona, por medio de acciones que resulten idóneas para ese fin y que primordialmente se basan en la atención médica del individuo y el suministro de los medicamentos requeridos, lo que conlleva actividades preventivas, curativas y de rehabilitación. Por tanto, y en virtud de que se consideran satisfechos los requisitos previstos por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los artículos 127, 128 y 147 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y que de negarse dicha medida se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión definitiva a Elvis López Centeno, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, atendiendo al deber de realizar acciones inmediatas para evitar afectaciones irreparables a la salud de las personas, de inmediato garanticen el acceso a la salud del citado quejoso, por lo que deberán brindarle los servicios médicos que requiere, para lo cual deberán realizar todas aquellas gestiones y acciones encaminadas para tales efectos; ello, hasta en tanto se dicte la ejecutoria en el juicio principal. En el entendido de que dicha medida surtirá efectos, siempre y cuando los tratamientos que aduce el quejoso sean necesarios para su salud, hayan sido prescritos por el profesionista correspondiente, o bien, por la institución médica respectiva. En el entendido de que este Juzgado toma nota de que, del informe previo rendido por la directora del Hospital General de Zona 4, de esta ciudad del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que el quejoso desde la fecha en ingresó al área de urgencias de dicho nosocomio, fue valorado por diversos especialistas, por lo que de los análisis y valoraciones que le fueron realizados se obtuvo resultado positivo a E.COLLI, por lo que el médico tratante le indicó el tratamiento a seguir. Sustenta la anterior determinación, en lo conducente, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. CVIII/2014 (10a.), visible en la página 1192, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007938, de epígrafe y contenido siguientes: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." Así como la tesis P.XIX/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 112, tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." De igual forma, la tesis IX.1o.1 CS (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 2014, libro 22, septiembre de 2015, tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD." Resulta necesario destacar, que con el otorgamiento de la suspensión no se advierte afectación al interés social, ni contravención a disposiciones de orden público; antes bien, es interés de la colectividad que el Estado satisfaga la obligación de atender a aquellas personas que sufren algún padecimiento físico para evitar afectaciones mayores a la salud. Cabe agregar, que la concesión de la suspensión definitiva no trae consigo efectos restitutorios definitivos, propios de la sentencia que se emita en el juicio principal, puesto que dicha suspensión constituye una providencia cautelar en el amparo, de carácter instrumental, cuyo objetivo primordial es mantener viva la materia del juicio constitucional e impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, haciendo inocua la eventual protección de la justicia federal, además busca evitar los perjuicios que la ejecución del acto reclamado pueda ocasionar. Sin que sea obstáculo a lo aquí señalado, que el acto reclamado sea de naturaleza omisiva, pues de no proporcionar al quejoso los tratamientos que necesita, se reitera, atentaría contra el derecho a la salud. Lo anterior, tiene sustento en el principio pro persona, toda vez que debe considerarse que el quejoso, debido al padecimiento médico que sufre podría estar en peligro de que se menoscabe su salud, ante la falta de atención y tratamientos que debe recibir y considerar lo contrario iría en contra la efectividad del derecho a la salud, lo que desde luego es adverso a lo establecido en la Constitución mexicana y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, antes reseñado. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis XVII.1o.P.A.25 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018982, que dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE PRACTICAR AL QUEJOSO UNA CIRUGÍA PROGRAMADA. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA QUE ÉSTA SE LLEVE A CABO, AUN CUANDO AL PROMOVER EL JUICIO AQUÉL HUBIERA SIDO DADO DE BAJA POR EL PATRÓN DEL ORGANISMO MENCIONADO, SI AL SUFRIR LA LESIÓN ESTABA INSCRITO. Conforme al artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; de ahí que cuando se cumplen los requisitos de procedencia de la suspensión, y de una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es posible que la medida cautelar tenga efectos restitutorios. En consecuencia, cuando el quejoso reclama de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de practicarle una cirugía para atender una lesión derivada de una enfermedad o accidente ocurrido cuando estaba inscrito en dicho organismo, la cual estaba programada, pero se postergó por causa imputable a éste, aun cuando al promover el juicio de amparo aquél hubiera sido dado de baja por el patrón, debe concederse la suspensión con efectos restitutorios para que aquélla se lleve a cabo, pues el hecho de que aún se le brinde el servicio médico requerido no vulnera el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, ya que si bien éste es una consecuencia directa de la permanencia o no del trabajador como asegurado, lo cierto es que en tanto no se resuelva en definitiva el juicio en lo principal, el quejoso debe seguir protegido, para salvaguardar su derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de lo contrario, se le causarían daños de difícil reparación, imposibles de restituir con la probable concesión del amparo." La suspensión definitiva surte efectos desde luego, sin necesidad de otorgar fianza por no advertirse la existencia de terceros interesados que pudiesen verse afectados con la concesión y rige, como se dijo, hasta en tanto se dicte la ejecutoria en el juicio principal del que deriva este incidente. En razón de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables para que, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, informen las medidas adoptadas a fin de que se garanticen el acceso a la salud; asimismo, las autoridades responsables, deberán acreditar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión definitiva, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 158 y 237, fracción I de la ley de la materia. Se pone en relieve que la parte quejosa queda constreñida a acudir ante las autoridades responsables a efecto de que reciba la atención médica conforme a las citas que le fueron programadas así como a la realización de estudios de laboratorio u otros que en su momento sean necesarios. De manera que, si la parte agraviada no acude ante las responsables para los efectos antes señalados, o para continuar con el servicio médico, se entenderá desinteresada en recibir el mencionado servicio, con las consecuencias que de ello deriven; así como de los efectos de la suspensión otorgada. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, tan pronto el aquí quejoso, sin causa justificada incumpla con sus citas programadas, lo informen a este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a *****, respecto de los actos y autoridades precisados en la presente resolución.
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