Elvira León Santana

Expediente 500/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
500/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2015

Partes del expediente

  • Elvira León Santana
  • Fernando Camacho Landeros (Mandatario Judicial)

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto cinco de junio de dos mil quince, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por otra parte, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que exhibió en original, apercíbasele que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por la sucesión intestamentaria a bienes de ELVIRA LEÓN SANTANA, por conducto de su albacea Ofelia Juárez León, quien actúa a través de su mandatario Fernando Camacho Landeros, al que se le reconoce tal personalidad jurídica, en razón de que así le fue reconocida por la autoridad señalada como ordenadora responsable, lo que se acredita con instructivo de notificación, debidamente adminiculado con diversa documental consistente en copia con sello digital de la audiencia de remate reclamada; quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución. Fórmese expediente y regístrese con el número 500/2015. Con relación al libelo constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la sucesión intestamentaria a bienes de ELVIRA LEÓN SANTANA, por conducto de su albacea Ofelia Juárez León, quien actúa a través de su mandatario Fernando Camacho Landeros, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada la audiencia de remate en segunda almoneda de trece de marzo de dos mil quince, celebrada en el juicio ejecutivo mercantil M0218/1998, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya. Por otra parte, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la parte agraviada en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, así como de los anexos que exhibió, concretamente del instructivo de notificación y de la copia de la resolución reclamada con sello digital; medios de convicción con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierten los siguientes datos relevantes. La ahora quejosa figura como parte procesal demandada en el juicio ejecutivo mercantil subyacente M0218/1998, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; y, como parte actora "MOLDAVIA DOS", Sociedad Anónima de Capital Variable. Que tras la secuela procesal se dictó sentencia condenatoria firme contra la impetrante; que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, concretamente de remate de los bienes que con antelación habían quedado embargados. Asimismo, que el trece de marzo de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de remate en segunda almoneda, en la que se adjudicó el inmueble ahí descrito en favor de "MOLDAVIA DOS", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, en ese acto se requirió a la parte demandada hoy quejosa para que en el término de cinco días, después de que causara ejecutoria esa resolución, otorgara escritura de adjudicación, con apercibimiento para el caso de no hacerlo, entonces el juzgado la otorgaría en su rebeldía. Esta audiencia de remate ahora constituye el acto reclamado de forma destacada. En ese contexto, resulta patente que la quejosa es parte material y formal en la contienda judicial de donde derivan los actos reclamados. Así, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE." En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada (la audiencia de remate en segunda almoneda y además la orden de otorgar la escritura pública correspondiente) no constituyen la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en el procedimiento de remate aún no se ha ordenado la entrega de la posesión del inmueble adjudicado; como tampoco se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Además, no debe perderse de vista la que: a) La quejosa es parte formal y material, por ende, tiene oportunidad de defenderse en el juicio de origen contra cualquier acto. b) Los actos reclamados se generaron en el procedimiento de ejecución de sentencia (de remate), por lo que admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que la resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." También es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de los actos reclamados es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, o bien en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y además la entrega de los bienes rematados, lo que en el caso no ha sucedido pues solo se ordenó otorgar escritura pública correspondiente pero no se ha ordenado la entrega de los bienes adjudicados, según se advierte de la demanda y sus anexos. Es aplicable al particular, la tesis jurisprudencial III.5o.C. J/5 (10a.), legible en la página 1454, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de rubro y texto: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Asimismo, resulta orientador el criterio inmerso en la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 1738 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Igualmente es de citarse la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley anteriormente citada, dígase a los promoventes, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el primer precepto invocado se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la difusión de las sentencias emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no operan respecto de quién o quienes en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias. Finalmente, señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Galeana, Número 369, zona centro en esta ciudad.

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