Elvin Daniel Martinez Almendarez

Expediente 364/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
364/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Elvin Daniel Martinez Almendarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno de antecedentes. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1007/2022-I promovido por ****, se forma el presente cuaderno con motivo de la solicitud de concentración de juicios presentados por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal, y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese por medio de lista.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Con fundamento en el artículo 219 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a los autos el oficio signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con el que exhibe la determinación de puesta a disposición del directo quejoso; mismo que remite la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado mediante el oficio de cuenta; en virtud de que el referido en comento ya fue acordado mediante el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega promoción. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintitrés de marzo del año en curso, y remite copia certificada del acuerdo de veintisiete de marzo del año que transcurre, dictado en el juicio laboral 363/2017/E-3, a través del cual se tuvo a las demandadas dando cumplimiento total al convenio celebrado el cuatro de febrero de dos mil veinte, y su modificación de veinte de febrero del mismo año. Pruebas. Se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que adjuntó a la comunicación de cuenta, el cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Vista con informe de cumplimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, corriéndole traslado con copia del oficio de mérito y anexo, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso; y por medio de lista a las demás partes.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta relativo a la puesta a disposición del directo quejoso ***, de fecha cinco de febrero de dos mil veintitrés signado por el Juez Calificador en turno, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, dirigido al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Guadalupe, Nuevo León; atento a su contenido se provee: Contenido. Del contenido de dicho oficio, se desprende que el cuatro de febrero de dos mil veintitrés, el directo quejoso *** fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Guadalupe Nuevo León, en los cruces de las calles de Licenciado Miguel Alemán y Jesús de la Garza, en la colonia Aragones, en Guadalupe, Nuevo León, con motivo de haber alterado el orden público; quien fue puesto a disposición en las instalaciones de la Estación Migratoria de Guadalupe Nuevo León, para que se analizara su situación migratoria. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. En relatadas condiciones, de conformidad con el contenido del oficio de cuenta, se advierte que el directo quejoso fue detenido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de dicho municipio, y puesto a disposición en la Estación Migratoria de Guadalupe, Nuevo León; en el entendido de que a la fecha se encuentra en libertad con motivo de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí y/o Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, y como consecuencia de ello, la deportación lo que se traduce en su retorno asistido o retorno voluntario, actos que se encuentran comprendidos en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En tal virtud y siendo que el directo quejoso se encontraba alojado en la Estación Migratoria de Guadalupe, Nuevo León; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos tienen ejecución material en dicha ciudad, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En efecto, se tiene conocimiento de que el directo quejoso *** fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Guadalupe Nuevo León, en los cruces de las calles de Licenciado Miguel Alemán y Jesús de la Garza, en la colonia Aragones, en Guadalupe, Nuevo León, con motivo de haber alterado el orden público; quien fue puesto a disposición en las instalaciones de la Estación Migratoria de Guadalupe Nuevo León, para que se analizara su situación migratoria, atendiendo a la información contenida en oficio de cuenta. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, EN TURNO, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tienen ejecución los actos reclamados y residen las autoridades responsables a quién se les atribuyen, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. En la inteligencia de que la suscrita no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, pues corresponderá hacerlo al juez que se considera competente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con copia certificada de las constancias que obran en este asunto. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno.

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