Elvia Nohemi Puente Orozco

Expediente 1244/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1244/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Elvia Nohemi Puente Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el amparo directo 1176/2018, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de la cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso existan documentos que por sus características deban devolverse a las partes. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Elvia Nohemí Puente Orozco, contra actos de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Matehuala, San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1244/2018-I. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en relación con la demanda de amparo que nos ocupa, en principio es necesario precisar el acto que se controvierte mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que lo anterior debe realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya a los actos reclamados, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juzgador de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La resolución emitida por la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, en el juicio laboral 38/2018/III/JE-2, a través de la cual se declaró procedente el incidente de falta de personalidad y falsedad de firma hecho valer por la parte demandada ordenando dar por terminado el aludido juicio de origen; determinación que le fue notificada el siete de noviembre del año en curso. Ahora bien, precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En ese contexto, el suscrito considera que, por las razones que a continuación se exponen, se carece de competencia legal para resolver en la vía indirecta el juicio de amparo que promueve Elvia Nohemí Puente Orozco. Lo anterior se afirma así, ya que de conformidad con lo establecido en el numeral 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Luego, si en el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, en el juicio laboral 38/2018/III/JE-2, a través de la cual se declaró procedente el incidente de falta de personalidad y falsedad de firma hecho valer por la parte demandada ordenando dar por terminado el aludido juicio de origen; determinación que le fue notificada el siete de noviembre del año en curso, deviene inconcuso que dicha determinación en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Se afirma lo anterior, pues los efectos de dicha determinación necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre si le asiste al aquí quejoso la razón o no de las prestaciones solicitadas por el despido que alude fue objeto, pero culmina en definitiva la tramitación del juicio laboral y, por tanto, de conformidad con el numeral 34 de la legislación en comento, en su contra procede el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Elvia Nohemí Puente Orozco, contra el acto de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Matehuala, San Luis Potosí; por consiguiente, para los efectos precisados en el propio numeral, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al que se considera competente, para que, de considerarlo así, proceda a su conocimiento, solicitando el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, pues corresponderá hacerlo a la autoridad que se considera competente. Téngase a la parte quejosa por señalando los estrados para oír y recibir notificaciones, toda vez que el presente asunto es materia laboral y la quejosa es la parte trabajadora, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Ahora bien, respecto de tener por señalando para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico licmorales1909@gmail.com, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad ya que las notificaciones en materia de amparo se tienen que realizar conforme a las disposiciones establecidas por los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 1244/2018-I; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Elvia Nohemí Puente Orozco, contra el acto de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Matehuala, San Luis Potosí; agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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