Elvia Margarita Reyes Rodríguez

Expediente 497/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
497/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Elvia Margarita Reyes Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de amparo; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito presentado por Elvia Margarita Reyes Rodríguez; mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de cuatro de junio del presente año, a través del cual bajo protesta de decir verdad manifiesta que señala como acto reclamado en el presente juicio de derechos la omisión atribuida al director de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Doctor Víctor Guerrero García, en el sentido de no dar contestación a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público adscrito a Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dentro de la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017, para que remita todos aquellos informes, constancias o dictámenes periciales que estime necesarios y que fueron realizados a los fragmentos óseos hallados en las diligencias de búsqueda generalizada en Loreto, Zacatecas, diligencias de los días 11, 18 y 28 de enero, 3 y 6 de marzo y 19 de mayo, del año 2020. En tales condiciones, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa Elvia Magarita Reyes Rodríguez, por propio derecho, señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: DR. VICTOR MANUEL GUERRERO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. ACTO RECLAMADO: - Omisión de dar contestación a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público adscrito a Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dentro de la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017, para que remita todos aquellos informes, constancias o dictámenes periciales que estime necesarios y que fueron realizados a los fragmentos óseos hallados en las diligencias de búsqueda generalizada en Loreto, Zacatecas, diligencias de los días 11, 18 y 28 de enero, 3 y 6 de marzo y 19 de mayo, del año 2020. Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató: Que el día veintiuno de junio de dos mil diecisiete, desapareció su hijo Luis Antonio de Ávila Reyes, quien en el momento era empleado de Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V., en las inmediaciones del municipio de Loreto, Zacatecas, en su horario laboral, hechos que denunció, y para lo que se inició la indagatoria 28/UECS-EMM/2017, en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas. Asimismo, señaló que su asesor jurídico giró el oficio CEAV/ZAC/0262/2020, de diez de junio de dos mil veinte, solicitando a la autoridad señalada como responsable información respecto de los indicios recabados. Que de igual manera giró oficio CEAV/ZAC/0327/2020 de siete de julio de dos mil veinte al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien integra la investigación, en el que le solicitó auxilio ministerial mediante actos de investigación en los cuales solicitara de nuevo a la responsable informe, constancia o dictámenes periciales de los diversos indicios. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto relación al numeral 1 ambos de la ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del contenido integral de la demanda y del escrito aclaratorio se desprende que la peticionaria de amparo reclama en esencia la omisión de dar contestación a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público adscrito a Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dentro de la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017, para que remita todos aquellos informes, constancias o dictámenes periciales que estime necesarios y que fueron realizados a los fragmentos óseos hallados en las diligencias de búsqueda generalizada en Loreto, Zacatecas, diligencias de los días 11, 18 y 28 de enero, 3 y 6 de marzo y 19 de mayo, del año 2020. Asimismo, señala que su asesor jurídico giró oficio CEAV/ZAC/0262/2020 de diez de junio de dos mil veinte, solicitando al director de Servicios Periciales información respecto de los indicios recabados. De igual modo, los informes, constancias o dictámenes en comento fueron solicitados por el asesor jurídico de la aquí quejosa al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, encargada de la referida carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017. De lo anterior se desprende que con independencia de que exista una petición realizada por el asesor jurídico de la quejosa dirigida al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en el caso, la quejosa reitera e insiste que lo que reclama es la omisión de dar cumplimiento al requerimiento formulado por el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017. Ahora, en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, para determinar la presencia de una autoridad en el juicio de garantías, hay que atender al hecho de que ésta pueda ordenar, ejecutar o intentar ejecutar el acto combatido, precisamente por haber recibido una petición por parte del gobernado y colocarse en una relación de supra a subordinación, lo que en la especie no acontece, como se detallará a continuación: La parte quejosa refiere que, en la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017, el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, solicitó recordatorio al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, remitiera informe, constancias o dictámenes periciales hechos a los diversos indicios (entre ellos fragmentos óseos) hallados en las diligencias de búsquedas generalizadas realizadas en el municipio de Loreto, Zacatecas, los días once, dieciocho y veintiocho del mes de enero del dos mil veinte, así como tres y seis de marzo y diecinueve de mayo de ese mismo año. Circunstancia que coloca a dichas autoridades en un plano de coordinación, sin que pueda afirmarse, válidamente, que la parte quejosa se encuentre en un plano de supra a subordinación respecto del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas por no haberle efectuado solicitud alguna y que, en caso de no dar respuesta, en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, pueda estimarse trasgresión de garantías constitucionales en perjuicio de la parte quejosa. Sin que pase desapercibido que el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado no fue señalada como autoridad responsable. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Constitución y de las normas derivadas de ella. Así, las autoridades como tales están constreñidas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la Ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar la obligación de hacer lo que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley prohíbe. El incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que pueda repercutir en la esfera jurídica de los particulares, da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que permite acudir al juicio de amparo; de manera que, de no existir un supuesto de obligación para determinadas autoridades, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una trasgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos, el actuar por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo. Por lo que es de concluirse que la obligación del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, en dar contestación al requerimiento formulado por el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de remitir informe relativo a todos aquellos informes, constancias o dictámenes periciales que estime necesarios y que fueron realizados a los fragmentos óseos hallados en las diligencias de búsqueda generalizada en Loreto, Zacatecas, en las fechas indicadas, esto con el fin de integrar la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017, no tiene el carácter de vinculante con relación al reclamo formulado por la parte quejosa, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, precisamente el actuar de la autoridad requerida en plano de coordinación o coadyuvancia con el citado órgano investigador, quien es precisamente el rectora de la carpeta de investigación y quien se le podría atribuir en su caso una actitud contraria al principio de acceso a la justicia. Por tanto, es evidente que el comportamiento indiferente o de negativa respecto a la remisión del informe, constancias o dictámenes periciales en comento por parte del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, no representa el incumplimiento a un deber por parte de éste, como acto de autoridad para los efectos del amparo. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, en la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro se cita a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías". Máxime que en términos de la codificación procesal aplicable, en el caso de estimar actualizada la actitud omisa en la integración de una carpeta de investigación, la quejosa cuenta con un medio de defensa para tales efectos. Ello con base en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 XXIII en relación con el artículo 1 de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Elvia Margarita Reyes Rodríguez, por propio derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Elvia Margarita Reyes Rodríguez, por propio derecho, contra actos del director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 20 apartado C, constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 497/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El precepto 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.)". En correlación con lo anterior, el numeral 108, fracciones III y IV de la ley en consulta, estipula lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que en la demanda de amparo se expresarán, entre otros aspectos, la autoridad o autoridades responsables y los actos reclamados; por ende, el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa para que aclare la demanda cuando no se hubiere expresado con precisión alguno de los aspectos antes mencionados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el caso, del escrito de demanda se desprende que la parte inconforme, señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: DR. VICTOR MANUEL GUERRERO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. "Lo es, la omisión en remitir informe, o constancias o dictámenes periciales hechos a los diversos indicios (entre ellos fragmentos óseos) hallados en las diligencias de búsquedas generalizadas realizadas en el municipio de Loreto, Zacatecas, los días 11, 18 y 28 del mes de enero del 2020, así como los días 3 y 6 de marzo, y 19 de mayo de ese mismo año, ya que dichos informes resultarían relevantes para el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la desaparición de Luis Antonio de Ávila Reyes, en el mes de junio de 2017, precisamente en el municipio ya mencionado, hechos que se investigan en la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017." De la narrativa de los antecedentes del acto reclamado la quejosa manifiesta el hecho de que el día veintiuno de junio de dos mil diecisiete, desapareció su hijo Luis Antonio de Ávila Reyes, quien en el momento era empleado de Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V., en las inmediaciones del municipio de Loreto, Zacatecas, en su horario laboral, hechos que denunció, y para lo que se inició la indagatoria 28/UECS-EMM/2017, en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, por lo anterior, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Fuero Federal, le designó asesor jurídico en la citada carpeta así como en diversa iniciada en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República. Así también, señala que su asesor jurídico giró oficios CEAV/ZAC/0262/2020 de diez de junio de dos mil veinte, solicitando a la autoridad señalada como responsable información respecto de los indicios recabados y, el diverso CEAV/ZAC/0327/2020 de siete de julio de dos mil veinte, dirigido al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien integra la investigación, en el que le solicita auxilio ministerial mediante actos de investigación en los cuales solicitara de nuevo a la responsable informe, constancia o dictámenes periciales de los diversos indicios. De la anterior narrativa se desprende que la quejosa por propio derecho no fue quién solicitó al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, remitiera informe, constancias o dictámenes periciales hechos a los diversos indicios (entre ellos fragmentos óseos) hallados en las diligencias de búsquedas generalizadas realizadas en el municipio de Loreto, Zacatecas, los días once, dieciocho y veintiocho del mes de enero del dos mil veinte, así como tres y seis de marzo y diecinueve de mayo de ese mismo año, dentro de la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017. Aunado al hecho de que como manifiesta en el capítulo de antecedentes, el asesor jurídico de la quejosa giró oficio número CEAV/ZAC/0327/2020 de siete de julio de dos mil veinte, al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de que le solicitara al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, informe, constancia o dictámenes periciales de los indicios de que se habla. De lo cual se advierte incertidumbre del señalamiento de acto reclamado y autoridad responsable, ya que la omisión que refiere la quejosa deriva de la integración de la carpeta de investigación 28/UECS-EMM/2017, que se traduce en la omisión de la autoridad investigadora que se encuentra al frente de la misma, de realizar los actos tendentes para allegarse de los medios de prueba para lograr su integración, como lo es la falta de requerimiento al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, para que cumpla con la emisión del informe solicitado por la autoridad investigadora que es quien tiene la obligación y facultad de dar seguimiento a las investigaciones que le corresponden. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que, dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa si la omisión de la que se duele se la atribuye al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el sentido de requerir nuevamente el informe de los indicios al director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas. Exhiba dos copias legibles de su escrito aclaratorio, para cada una de las partes, a saber: una para la autoridad señalada como responsable; y una última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el entendido de que, si aumenta el número de autoridades señaladas como responsables, en esa medida deberá aumentar el número de copias del escrito de demanda y del escrito aclaratorio que deberán ser exhibidas. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que es la parte promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de las autoridades responsables, por ser la afectada con esto, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos estipulados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y, como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan Ricardo Arellano de Lira (7364227), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito de demanda. Así también, proporciona un correo electrónico y un número telefónico a fin de que se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano