Elva Patricia Garfias Rosales

Expediente 213/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
213/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • Elva Patricia Garfias Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que del trece al veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de mayo del presente año, en el juicio de amparo 213/2016-3 y sus acumulados.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil dieciséis en la que se sobreseyó este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como los cuadernos originales de los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo acumulados, SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en los segundos se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósense al principal los originales de los incidentes. Asimismo, los CUADERNOS DUPLICADOS DE LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN correspondientes al presente juicio de amparo y sus acumulados SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdense por separado dichos cuadernos, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, como está ordenado en proveído de tres de junio del presente año, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  2. Principal

    En tres de junio de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 10726 y anexo que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 213/2016-3, y sus acumulados, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 247/2016-III; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el treinta de mayo de dos mil dieciséis; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en consecuencia, notifíquesele personalmente a las partes; y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En tres de junio de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 10726 y anexo que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 213/2016-3, y sus acumulados, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 247/2016-III; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el treinta de mayo de dos mil dieciséis; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en consecuencia, notifíquesele personalmente a las partes; y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE." SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 213/2016 y acumulados, promovidos por Elva Patricia Garfias Rosales, Rosa María Castañeda Esquivel, Yolanda Carmona Reyes, Adriana Díaz García, Martha Alicia Lozano Gutiérrez, Miguel Ángel López García y Cuauhtémoc Sandoval Figueroa contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escritos presentados el doce de febrero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, Elva Patricia Garfias Rosales, Rosa María Castañeda Esquivel, Yolanda Carmona Reyes, Adriana Díaz García, Martha Alicia Lozano Gutiérrez, Miguel Ángel López García y Cuauhtémoc Sandoval Figueroa solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite de los juicios de amparo. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer de los asuntos, mediante proveídos de quince de febrero de dos mil dieciséis radicó los asuntos promovidos por Elva Patricia Garfias Rosales, Rosa María Castañeda Esquivel, Yolanda Carmona Reyes, Adriana Díaz García, Martha Alicia Lozano Gutiérrez, Miguel Ángel López García y Cuauhtémoc Sandoval Figueroa bajo los expedientes 213/2016, 214/2016, 215/2016, 216/2015, 217/2016, 218/2016 y 219/2016 respectivamente, y previno a los quejosos para que exhibieran copias suficientes de las demandas de amparo. Una vez desahogadas las referidas prevenciones, a través de los autos de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis el Juzgado auxiliado admitió a trámite las demandas; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación (quien formuló los pedimentos 206/2016, 205/2016, 204/2016, 203/2016, 202/2016 y 201/2016) y señaló día y hora para la audiencia constitucional. Mediante resoluciones de dieciocho y diecisiete de marzo, todas de dos mil dieciséis (visibles de las fojas 261 a 269, de la foja 353 a la 360, de la foja 451 a la 458, de la foja 652 a la 660 y de la foja 753 a la 760 del expediente en que se actúa), se declaró procedente la acumulación de los juicios de amparo 214/2016, 215/2016, 216/2015, 217/2016, 218/2016 y 219/2016 al diverso 213/2016; finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 213/2016 y acumulados de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 247/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos reprochados a autoridades de la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda y de los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Congreso, del Gobernador, del Secretario General de Gobierno y del Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Zacatecas se reclaman, en su respectivo ámbito de competencia, el refrendo, la promulgación, la aprobación y la expedición de: La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en específico sus artículos 38, 64, 65 y 77. De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado y del Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública, todos del Gobierno del Estado de Zacatecas se impugna: La aplicación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en específico sus numerales 38, 64, 65 y 77. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos atribuidos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (informe justificado visible en las fojas 93 a 100 del expediente en que se actúa), al Director General de Prevención y Reinserción Social (informes justificados visibles en las fojas 24, 208, 305, 494, 596 y 696 ídem) y al Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública (informe justificado glosado en la foja 85 a 92 ídem), todos del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistentes en la aplicación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en específico sus artículos 38, 64, 65 y 77, toda vez que las mencionadas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que les fueron imputados, sin que la parte inconforme desvirtuara tales negativas porque no ofreció algún medio de convicción al presente que acreditara lo contrario. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este asunto respecto de los actos atribuidos a las mencionadas autoridades, en términos del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador, al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Zacatecas, relativos, en su respectivo ámbito de competencia, al refrendo, a la promulgación, a la aprobación y a la expedición de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en específico sus ordinales 38, 64, 65 y 77, en virtud que las leyes no son objeto de prueba, acorde con el principio reconocido por los dispositivos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el arábigo 2 de la Ley de Amparo, así como con apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas. De igual forma, cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, que informa: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijaron claramente los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En la especie, se advierte que en relación a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en específico sus artículos 38, 64, 65 y 77 se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de las normas controvertidas. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prescribe: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el dispositivo 5, fracción I, de la ley de la materia y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La norma constitucional invocada establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, dicho precepto señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otro punto, precisa destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el Órgano Reformador de la Constitución en el citado precepto constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamados violan los derechos previstos por el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el precepto transcrito en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Acorde con lo expuesto es factible sostener que los cardinales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo atribuyen consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, pues a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para instar la acción constitucional. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de protección de los derechos fundamentales. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, con el rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparado. Ahora, debe destacarse que los principios y reglas de carácter adjetivo que regulan al juicio de amparo, como son los previstos por los ordinales 107, fracción I, del Pacto Federal y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo tienen como finalidad esencial respetar la institucionalización del derecho, que en una de sus vertientes alude al carácter reglamentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del derecho funcione es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. Consecuentemente, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de protección de los derechos fundamentales no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga una obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Por tanto, para la procedencia de la acción de amparo de acuerdo con el ámbito conceptual de las normas invocadas es necesario que el acto o ley reclamados cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Expuesto lo anterior, debe indicarse que en atención a su naturaleza las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas; las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo en ellas contenido generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe destacar que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal; así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; y cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una norma heteroaplicativa. Al respecto resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 55/97, que expone: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por otro lado, para patentizar la causal de improcedencia aludida resulta indispensable precisar que al controvertirse la constitucionalidad de ciertas normas es indispensable que el Juzgador analice el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para así poder determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en los dispositivos impugnados, lo que en su caso le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 221, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del País, que señala: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Asimismo, cobra vigencia el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con el epígrafe y sinopsis siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. En la especie los justiciables acuden a esta instancia constitucional a impugnar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en específico sus artículos 38, 64, 65 y 77 que establecen lo siguiente: Del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza Artículo 38.- El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es el órgano de apoyo del Secretariado Ejecutivo, tiene por objeto aplicar los procesos de evaluación y control de confianza a los integrantes y aspirantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en apego a los lineamientos y protocolos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Para efectos del párrafo anterior se entiende como control de confianza, el proceso que tiene por objeto, evaluar la condición biológica, psicológica, de entorno social y de aptitudes y competencias de los aspirantes e integrantes de Instituciones de Seguridad Pública, con base en principios y fundamentos técnicos. La organización y funciones del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, se establecerán en su Reglamento. De las relaciones laborales de los servidores públicos de las Instituciones Policiales Artículo 64.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes, se regirán por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables. Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables y, en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza. De la permanencia y remoción de los servidores públicos. Artículo 65.- Los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las Instituciones Policiales, deberán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La terminación del servicio será inscrita en los Registros Nacional y Estatal de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. De la permanencia en la Carrera Policial Artículo 77.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la normatividad de la materia para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales." Los numerales citados medularmente establecen que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza tiene por objeto aplicar los procesos de evaluación y de control de confianza a los integrantes y aspirantes de las instituciones de seguridad pública; asimismo, prevén que las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se regirán por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y las demás disposiciones aplicables que los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales deberán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Ahora, los quejosos pretenden combatir la constitucionalidad de los aludidos preceptos legales con motivo de su primer acto de aplicación que refieren consistió en la aplicación de los exámenes de control y confianza para acreditar su permanencia en la institución en que laboran; sin embargo, como quedó plasmado en párrafos precedentes las autoridades responsables a quienes atribuyeron esa actuación negaron su participación. En efecto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Director General de Prevención y Reinserción Social y el Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Estatal de Seguridad Pública, todos del Gobierno del Estado de Zacatecas al rendir sus respectivos informes justificados negaron la aplicación de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, incluso la última de las indicadas autoridades señaló: ".NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS, toda vez que el que suscribe no ha dictado, ordenado, ejecutado, o tratado de ejecutar el acto de aplicación a NINGUNO DE LOS QUEJOSOS, consistente en la aplicación de exámenes de control de confianza en aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 38, 64, 65 y 77, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, como tampoco esta autoridad ha emitido ningún acto para que los mismos sean aplicados de forma unilateral y obligatoria, ya que tampoco se ha dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar la aplicación de ningún examen de control de confianza a los quejosos.". Aunado a lo anterior debe decirse que de las constancias que obran en autos no se advierte que la parte quejosa haya ofrecido medios de prueba para desvirtuar tales negativas, lo que revela que en la especie no se acreditó la aplicación de los preceptos legales impugnados a través de los exámenes de control de confianza, como lo pretendían los justiciables. De ahí que si en la especie los peticionarios del amparo acuden a la presente instancia judicial a impugnar la constitucionalidad de los ordinales 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, con motivo de su acto de aplicación que no fue demostrado en la secuela procesal es indudable que el juicio constitucional resulta improcedente. Además, si lo que pretenden evidenciar los inconformes es que las autoridades responsables aplicarán los exámenes de control y confianza -ya que así lo manifestaron en una parte de sus escritos de demanda-, entonces debe entenderse que no se impugnan propiamente las mencionadas legislaciones por su aplicación concreta al caso especial de los quejosos, sino por su pretendida aplicación futura, lo que de igual modo resulta improcedente en tanto que no hay una afectación actual, real y cierta a sus esferas jurídicas. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la jurisprudencia 2a./J. 76/97, que expone: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio. Por tanto, si los quejosos no demostraron que las hipótesis normativas contenidas por los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas les fueron aplicadas es evidente que no puede considerarse que se hayan afectado sus esferas jurídicas, ya que no se acreditó algún acto de aplicación de tales disposiciones legales. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 1a./J. 4/99, que informa: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es evidente que al no acreditar la existencia del acto de aplicación de las normas controvertidas éstas no causan perjuicio alguno a los peticionarios de la protección de los derechos fundamentales al no trascender a su esfera normativa en sentido negativo que pudiera generarles un perjuicio, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede decretar el sobreseimiento en términos del numeral 63, fracción V, de la propia legislación. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 213/2016 y acumulados, promovidos por Elva Patricia Garfias Rosales, Rosa María Castañeda Esquivel, Yolanda Carmona Reyes, Adriana Díaz García, Martha Alicia Lozano Gutiérrez, Miguel Ángel López García y Cuauhtémoc Sandoval Figueroa, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el tercer y quinto considerandos de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 247/2016 del índice de este Juzgado de Distrito.

  4. Principal

    El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con con la copia simple del oficio registrado con el folio 9977.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de mayo de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la copia simple del oficio de cuenta que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del juicio de amparo que le fue enviado y recibió el trece de mayo del año en curso, y en la misma fecha fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito de ese Centro Auxiliar, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, dicte la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

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