Elvia Hernández Bonfil

Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
588/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Elvia Hernández Bonfil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el diez de mayo de dos mil diecinueve, dentro del amparo en revisión A.R.18/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 364/2016, mismo que también devuelve, así como tres anexos. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, materia del presente recurso de revisión, emitida dentro del juicio de amparo número 364/2016 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO del juicio de amparo, para los efectos precisados en la última parte del considerando que antecede." En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal sentido, en cumplimiento a lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, se ordena notificar en forma personal a la parte quejosa los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director General de Administración, Delegado de la Secretaría de la Contraloría y Presidente del Consejo de Honor y Justicia, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como la existencia de todo lo actuado en el procedimiento administrativo incoado en su contra, el cual estará a su disposición para su consulta; asimismo, se le requiere para que con fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, y de ser así, indique si es su deseo señalar como acto reclamado la notificación de seis de diciembre de dos mil trece, tocante a la resolución administrativa de trece de noviembre de dos mil trece, dictada en el distinto procedimiento administrativo SEDECAP.CGDC/SSP/JUR/10S, 10.2/74.2011; en la inteligencia que, de ser así, deberá ajustarse a los requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, exponiendo claramente el acto o actos que reclame, la autoridad o autoridades a quienes los atribuye, así como los conceptos de violación que estime pertinentes; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término indicado, el presente juicio se resolverá tal como aparece planteada la demanda de amparo. Háganse del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos escrito signado por el perito oficial Adolfo Roberto Palacios Santillán, por el que manifiesta que para el estudio que le fue encomendado deberá analizar treinta y cuatro firmas señaladas como dubitables e indubitables, por lo que solicita se le autorice el acceso a las muestras caligráficas que obran en el expediente y las que esté en posibilidad de analizar, a fin de comenzar con el estudio requerido. En consecuencia, con el objetivo de optimizar los tiempos procesales y una pronta integración del expediente con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese al perito ocursante y a los propuestos por las partes, que se les autoriza la toma de fotografías a las muestras caligráficas así como de todos los elementos que hasta el momento están disponibles para que inicien el estudio que les fue encomendado; en la inteligencia de que el término para que presenten dicho estudio comenzará una vez que cuenten con la totalidad de los elementos que este juzgado determinó en el auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el cual se les hará del conocimiento mediante notificación personal. Por otra parte, concerniente a la petición del perito oficial para que se le proporcionen los recursos económicos necesarios para el traslado al Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), del Instituto Nacional Electoral, para la toma de muestras de las firmas que obran en el expediente de Ponstan Moreno Camacho o Postan Moreno Camacho; en atención a que se desconoce la respuesta sobre la autorización a la consulta de dicho expediente, resérvese el acuerdo correspondiente hasta en tanto se conozca el resultado favorable a la referida solicitud. Finalmente, se ponen a disposición de los peritos que intervienen en este juicio para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este auto, comparezcan a recibir copia certificada de las diligencias en las que consta que aceptaron el cargo encomendado y del auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, a fin de que las presenten ante las autoridades Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juez Noveno de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y no tengan obstáculo en la consulta de los expedientes en los que deben tomar evidencia de las firmas cuestionadas. Se apercibe a los peritos nombrados en autos que de incumplir con lo anterior o no manifestar el impedimento legal que tengan para no hacerlo, se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a las partes. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, para que surta los efectos legales a que haya lugar. En términos del numeral 119, de la Ley de la Materia, téngase a la citada responsable remitiendo como justificante de su informe, diversas copias certificadas del expediente 216/2018. Ahora, vistas las constancias que al rendir su informe remitió la juez responsable, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual, da lugar a sobreseer en el presente juicio de garantías. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por ELVIA y SANDRA, ambas de apellidos HERNÁNDEZ BONFIL, se desprende que acuden a esta instancia constitucional a inconformarse respecto de los siguientes actos reclamados "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama de la responsable los siguientes actos: a). La omisión de dictar la sentencia interlocutoria que por derecho corresponda al RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por las hoy quejosas en contra del auto de fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, dictado dentro del INCIDENTE DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, A PARTIR DEL ILEGAL CITATORIO E ILEGALES EMPLAZAMIENTOS, radicados dentro del expediente número 216/2018 del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. b). La omisión de dictar la sentencia interlocutoria que por derecho corresponda al INCIDENTE DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, A PARTIR DEL ILEGAL CITATORIO E ILEGALES EMPLAZAMIENTOS promovido por las hoy quejosas, dentro del expediente número 216/2018 del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla.". (foja 3). La autoridad responsable: Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, al rendir su informe justificado (foja 39), negó la existencia del acto reclamado. De las constancias que como justificante de su informe que remitió la autoridad responsable, se tiene que con fecha veintidós de abril del año en curso, dentro del expediente 216/2018, resolvió el incidente de nulidad, declarando la nulidad de todo lo actuado a parir de los emplazamientos realizados a las actoras incidentales aquí quejosas, con fecha trece de abril de dos mil diecisiete (fojas 41 a 45 vuelta), lo que fue notificado a la parte quejosa el veintiséis de abril de la presente anualidad (foja 46 y vuelta). Asimismo, la juez responsable, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintidós de abril del año en curso, dentro del expediente 216/2018, donde determinó declarar sin materia el recurso de revocación interpuesto por las quejosas ELVIA y SANDRA, ambas de apellidos HERNÁNDEZ BONFIL, contra el auto de catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 50 y vuelta), lo que fue notificado a la parte quejosa el veintiséis de abril de la presente anualidad (foja 51). Lo anterior, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación El precepto transcrito infiere entre otras cuestiones que para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado o, bien, cuando crea o, constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera, que por esa nueva situación se restituya a la parte que solicita el amparo en el goce de la garantía violada. Para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados; por consiguiente, se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL el presente juicio, respecto del acto reclamado; en consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con veintidós minutos del veintidós de mayo del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, resultando por ende innecesario esperar a que transcurra la vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable pues hacerlo, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. No pasa inadvertido para este juzgador el hecho que por auto de dos de mayo del año en curso (foja 35), se haya tenido al abogado de las quejosas manifestando que el juez responsable ya resolvió el recurso de revocación interpuesto, así como el incidente de declaración de nulidad de todo lo actuado dentro del juicio de origen (acto reclamado) y con esa fecha, se haya requerido a las impetrantes para que manifestaran si su intención era desistir del presente juicio de amparo, pues con lo anterior, como se dijo, han cesado los efectos de los actos reclamados; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado contra las quejosas por auto de dos del mes y año en curso. Finalmente, no es obstáculo a la anterior determinación la circunstancia de que a la fecha en que sea actúa no obren en autos las constancias de emplazamiento del tercero interesado Javier Aguilar Romero, en su carácter de endosatario en procuración de GADDIEL ROGELIO VÁZQUEZ FIERRO; ya que a nada practico conduciría seguir insistiendo en alcanzar su emplazamiento, pues no se considera que con ello no se dé oportunidad de defenderse debidamente en el presente juicio de garantías atento a las razones antes apuntadas que concluyeron con el sobreseimiento y que en nada le perjudica.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Incorpórese al expediente el oficio signado por los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores, todos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remiten copia certificada de la razón asentada por el Actuario de su adscripción, de la que se desprende que no fue notificado el auto de ocho de abril del año en curso, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar.

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