Elvia Guevara López
Expediente 1570/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1570/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/10/2017
Partes del expediente
- Elvia Guevara López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Elvia Guevara López, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito que presentó el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dentro del expediente D-6/240/2015. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que mediante proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral D-6/240/2015, acordó el escrito que la aquí quejosa le presentó el veintiuno de febrero del presente año. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente D-6/240/2015, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra el proveído que emitió el dos de agosto de dos mil diecisiete, en el que dio contestación al escrito que la aquí quejosa le presentó el veintiuno de febrero del año en curso, en el que le informó que esa presidencia ya se pronunció respecto de la ejecución del laudo en el auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, por lo que debía estarse a lo ahí acordado, el cual le fue notificado por estrados en esa misma fecha. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, acordara el escrito que presentó el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de dos de agosto del presente año, dentro del expediente laboral D-6/240/2015, la autoridad responsable se pronunció sobre dicho ocurso, en el que le hizo saber que mediante proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, ya se acordó lo referente a la ejecución del laudo, por lo que debía estarse a lo ahí acordado. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, íbidem. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, debe señalarse que no impide el dictado de esta determinación, el hecho de que no se haya emplazado al presente juicio de amparo a los terceros interesado Francisco Javier Guevara Lara, Ángeles Zambrano González y la moral denominada Deportika Home Fitness, pues al haberse decretado el sobreseimiento en este sumario, el fallo que se emite no les causa ningún perjuicio.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, remite los autos del juicio de amparo 10/2015 en dos tomos y siete anexos, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Asimismo, dicho órgano jurisdiccional informa que envió al correo institucional de este juzgado el archivo que contiene la sentencia del indicado asunto, con la identificación de la información reservada, confidencial o datos personales, en cumplimiento a lo establecido en el punto único, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares. Atento a lo anterior, acúsese el recibo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Notifíquese la resolución emitida dentro del presente juicio de amparo a las partes, así como continúese con los trámites respectivos hasta el archivo definitivo del presente asunto; asimismo, glósese a los autos el expedientillo formado con motivo de la remisión del juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno de este órgano jurisdiccional e ingrésese los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], para los efectos estadísticos correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del toca R.A.-27/2017 derivado de la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 296/2015 (antes 624/2015); téngase a la superioridad devolviendo el mismo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Subdirectora de Amparos en supuesta representación de la Cámara de Diputados. SEGUNDO. Queda intocado el sobreseimiento en el juicio decretado en la sentencia recurrida, respecto del acto reclamado al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en términos del considerando quinto de la presente ejecutoria. TERCERO. En la materia del recurso competencia delegada de este Tribunal Colegiado, se confirma la sentencia sujeta a revisión. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS, SOCIEDAD EN COMANDITA, respecto de los restantes actos reclamados a las demás autoridades responsables, precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria para los efectos y los términos señalados en la sentencia recurrida". Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes. No obstante lo anterior, no ha lugar a requerir el cumplimiento del fallo protector a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues carecen de fuerza vinculatoria para obligar a derogar o dejar sin efectos sus actos, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio de la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído ordene o realice los actos precisados en la sentencia de amparo consistentes en: "En tales condiciones, y en virtud de que la sociedad quejosa acreditó la violación de derechos alegada, lo que se impone es conceder el amparo solicitado para el efecto de que se permita a la parte quejosa el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se proeduzca o comercialice, limitando a aquellos casos en que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venga el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tenga lugar en ejercicios distintos". Asimismo, con fundamento en el citado numeral, requiérase al Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de superior jerárquico para que ordene a la referida responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, apercibido que no hacerlo así, incurrirá en las mismas responsabilidades que la responsable. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo y, en caso de incumplimiento, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.
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