ELVIA CRISTINA AGUIRRE LACHICA y Otros.

Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
997/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • ELVIA CRISTINA AGUIRRE LACHICA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Causa Estado auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    León, Guanajuato; veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, en específico las constancias que remitieron al sumario constitucional el apoderado legal de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital y el Director Interino del Hospital Regional de Irapuato y Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, los actos reclamados consisten en la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a dieciocho años (grupo etario al que pertenece la menor de edad quejosa), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación, así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamada a efecto de ser vacunada contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; ahora, de las documentales remitidas por las autoridades responsables, secretario de Salud del Estado de Guanajuato y Director Interino del Hospital Regional de Irapuato y Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, se advierte que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, exhibieron los comprobantes de vacunación, relativos a la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor de edad quejosa; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido, es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a dieciocho años (grupo etario al que pertenece la menor de edad quejosa), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación, así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamada a efecto de ser vacunada contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; pues, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber acreditado el apoderado legal de la autoridad responsable, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato y el Director Interino del Hospital Regional de Irapuato y Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, que en fechas catorce diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, respectivamente, se le aplicaron a la menor quejosa las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requiere para su protección contra el virus SARS-Cov2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme con la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es que dejó de existir el siete de enero de dos mil veintidós, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos y, por ello el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Para la emisión de la presente determinación se tiene en cuenta que en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió al Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, para que el día siguiente hábil de la fecha señalada para la segunda dosis, sin previo requerimiento, informará lo conducente, remitiendo copias certificadas, completas y legibles de las constancias correspondientes, o bien, manifestará la imposibilidad para cumplir con ello, sin que haya dado acatado lo anterior; empero, dado que diversa potestad remitió copia certificada de la documental en mención; se determina innecesario insistir y esperar al recabo de la misma, pues en nada variaría lo aquí resuelto . Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales correspondientes; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México para que dentro del término de quince días rindiera su informe con justificación, mismo que les fue notificado el uno y dos de diciembre del presente año; plazo, para la última notificada, que transcurrió del tres al veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, y toda vez que las responsables residen en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional estima necesario diferir la celebración de la audiencia constitucional, para dar margen a que obren en autos los informes justificados, ya que es un hecho notorio para este tribunal que el tiempo que hasta hoy ha transcurrido es insuficiente para que llegue la correspondencia ordinaria, máxime el retardo que ha originado en la misma la contingencia derivada por el virus Covid-19; en tal virtud, a fin de que se encuentre debidamente integrada la litis, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con dos minutos del tres de marzo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, por conducto del apoderado legal y, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los que menciona en su libelo de mérito, así como proporcionando cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19.

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