Elva Irma Mena Mena
Expediente 741/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elva Irma Mena Mena
Actuaciones
- Principal
Autoridad atiende requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por la encargada de la Dirección del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través de los cuales cumple con el requerimiento efectuado en auto de veinte de julio pasado y, para tal efecto remite copia certificada de la interpretación de la resonancia magnética realizada a la quejosa el once de julio de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de tres de julio pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que reclamó la falta de atención médica derivada de la omisión de practicarle los estudios ordenados por el médico tratante, consistentes en resonancia magnética y electromiografía de miembros pélvicos, por parte del director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Por su parte, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su oficio recibido el diecinueve de julio pasado, así como de la documental anexa al oficio de cuenta, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado se hizo consistir en la falta de atención médica derivada de la omisión de practicar a la quejosa los estudios ordenados por el médico tratante, consistentes en resonancia magnética y electromiografía de miembros pélvicos; empero, de las constancias que anexó el director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al oficio recibido el diecinueve de julio pasado, así como de la documental anexa al oficio de cuenta, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, esto es, el once y cuatro de julio pasado, se llevaron a cabo los estudios consistentes en resonancia magnética y electromiografía de miembros pélvicos, respectivamente. En ese contexto, es incuestionable que al haberse llevado a cabo los estudios consistentes en resonancia magnética y electromiografía de miembros pélvicos, han cesado los efectos de los actos reclamados, si se tiene en cuenta que la impetrante acudió a reclamar la omisión de practicar dichos estudios. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haberse llevado a cabo los estudios indicados, quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos impugnados ya no agravian a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del tres de agosto de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Autoridad cumple parcialmente requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por el director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, en atención al requerimiento formulado en auto de seis de julio pasado, informa la atención medica proporcionada a la parte quejosa y manifiesta que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que indica, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Se requieren constancias. Ahora bien, toda vez que en su oficio de cuenta la autoridad responsable refiere que ya se llevó a cabo la resonancia magnética a la parte quejosa; en consecuencia, requiérase al director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio con el cual se le notifica este auto, remita a este Juzgado de Distrito copia debidamente certificada, legible y completa de las constancias con las que acredite lo anterior; apercibido que de no cumplir con dicho requerimiento, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a mil unidades de medida y actualización.
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