Elvia Cordero Soberanes

Expediente 76/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
76/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Elvia Cordero Soberanes

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 495/2017-A remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 8/2017 de su índice, de la que se advierte que sí existe conflicto competencial, por lo que ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, la demanda de amparo promovida por Elvia Cordero Soberanes, para su resolución. Por lo tanto, se ordena hacer las anotaciones en el libro de gobierno y archivarse este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, apareciendo que en el presente cuaderno de antecedentes no existen documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido, el oficio 799 signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por medio del cual acusa recibo del original del juicio de amparo 76/2017-I del índice de este juzgado, e informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado, el cual quedó registrado bajo el número 8/2017. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual devuelve el expediente original del juicio de amparo número 76/2017-I, promovido por ELVIA CORDERO SOBERANES, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Lo anterior, en virtud de no haber aceptado la competencia declinada por este juzgado federal en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, para conocer del presente juicio de amparo número 76/2017-I. Al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante, y como este órgano de control constitucional no comparte el criterio que sostuvo el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para rechazar el conocimiento del asunto en que se actúa, y como se insiste en que ese Juzgado Federal es competente para ello, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, denúnciese el conflicto competencial suscitado. En efecto, en principio este Juzgado de Distrito reitera en este apartado todos y cada uno de los razonamientos expuestos en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, con base en el cual se estimó que este juzgador no debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, incluyendo desde luego los motivos y fundamentos expuestos en relación con el criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de revisión 125/2016, y que en este acto se reproducen como si a la letra se insertaran en obviedad de repeticiones innecesarias. Pero además, es menester precisar que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, mediante la cual se derogó la fracción I del precepto transitorio examinado, esto es, aquella que definía cómo fijar el precio de las gasolinas y el diésel en la etapa de transición, tópico que ahora se regula en el diverso décimo segundo transitorio de la ley de ingresos citada, el cual establece, esencialmente: a) Que durante el período comprendido entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho se comenzarán a determinar en forma progresiva los precios al público de los insumos referidos por las condiciones del mercado, para lo cual la Comisión Reguladora de Energía habrá de realizar un cronograma en que defina el momento en que tal situación habrá de suceder en las diversas regiones en que se divida el país. Dicho acuerdo podrá ser modificado por el propio órgano regulador dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado y/o el desarrollo de la infraestructura del suministro del país, pero sólo para adelantar el momento en que los precios habrán de fijarse conforme a las condiciones del mercado (fracción I). b) Que en aquellas regiones en que no se determine el precio de las gasolinas y diésel conforme a las condiciones del mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará los costos máximos respectivos, para lo cual habrá de considerarse su precio de referencia internacional, los costos de transporte y almacenamiento, así como las contribuciones respectivas. Se precisa que el establecimiento de tales precios máximos es solamente transitorio, esto es, hasta en tanto se liberan en cada región sus costos conforme al mercado (fracción II). Como consecuencia del precepto transitorio examinado, la Comisión Reguladora de Energía expidió el acuerdo A/059/2016, a través del cual se establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel, esto es, el momento en que cada región del país habrá de comenzar a determinar tales costos conforme a las condiciones del mercado, precisando que tal calendarización no constituye una declaratoria de competencia efectiva, así como que el órgano regulador está facultado para dar seguimiento a aquellas estaciones de servicio que, en razón de sus circunstancias, pudieran ejercer un poder de mercado en detrimento de los consumidores. Entre las consideraciones que dieron sustento al acuerdo referido, resulta oportuno destacar aquellas en que la Comisión Reguladora de Energía refirió que entre sus atribuciones se encuentra la de regular el desarrollo eficiente de la distribución y comercialización de las gasolinas y diésel, a efecto de promover la competencia en el sector (segunda); que se estimó necesario adelantar para dos mil diecisiete el que los precios de las gasolinas y diésel se fije por las condiciones del mercado (sexta), así como que el propósito de la flexibilización es desregular los precios de tales insumos de manera ordenada y gradual para progresivamente revelar su verdadero costo y con ello propiciar la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado (décimo sexta). Por otro lado, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se difundió a través del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y diésel, así como la metodología para su determinación, expedido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. En dicho acto se estableció la mecánica para cuantificar los precios referidos, así como que su vigencia está dividida en tres etapas, a saber: de las cero horas del uno de enero a las tres horas y cincuenta y nueve minutos del cuatro de febrero de dos mil diecisiete; de las cuatro horas del cuatro de febrero a las tres horas con cincuenta y nueve minutos del once siguiente; de las cuatro horas del once de febrero a las tres horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho del propio mes, así como que a partir de la última fecha mencionada su vigencia será cada veinticuatro horas, destacando que dicha información será consultable en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía. Estos constituyen básicamente los actos reclamados por el promovente, si se toma en cuenta que en su demanda de amparo señaló con tal carácter lo siguiente: "a).- INEQUIDAD, DESPROPORCIONALlDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal2017,que entró en vigor el 1de enero de 2017. b).- DISCRIMINACION y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal2017,que entró en vigor el 1de enero de 2017. C).- FALTA DE MOTIVACION y FUNDAMENTACION que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017que entró en vigor al 1de enero de 2017. D).- VIOLACION CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28, Y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor al 1de enero de 2017." Como se ve, los actos que se pretenden controvertir con la promoción del juicio biinstancial son aquellas normas a través de las cuales se materializó la decisión de adelantar la liberalización de los precios de las gasolinas y diésel. Luego, considerando que dichos actos tienen como presupuesto dado que el precio de dichos combustibles se fijaba por el Estado y ahora se establece la posibilidad de que la gasolina se expenda en un escenario de libre concurrencia, resulta evidente que la principal consecuencia de los actos controvertidos constituye, precisamente, en que el precio se fije a partir de este año por las leyes de la oferta y la demanda. Por tanto, si bien la liberalización del precio de la gasolina no implica por sí mismo o se relaciona con la existencia de dos agentes rivalizando en el mercado a efecto de obtener la preferencia del consumidor, pues en ese sector aún no existe tal panorama en razón de la transición que implica el cambio de modelo, lo trascendente es que se vincula con uno de los más fundamentales principios de la competencia económica, esto es, que el costo de los bienes se fijen por su oferta y demanda, motivo por el cual se estima que la demanda debe ser conocida por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. En esas condiciones, como lo ordena el artículo 48 de la legislación en consulta, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Turno de este Décimo Octavo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar y dese aviso al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para que exponga lo que estime pertinente. Lo que anterior, sin que este juzgador desconozca el aviso de siete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director General de Estadística Judicial, en atención a lo ordenado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual solicita a los Órganos Jurisdiccional y Oficinas de Correspondencia Común en la República Mexicana, se reserven el envío de las demandas en las que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina y el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, hasta en tanto se publique el Acuerdo General relativo, toda vez que únicamente se está planteando un conflicto competencial, sin que por el momento, se remita el expediente a los Juzgados descritos. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del quince de febrero de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "...Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual devuelve el expediente original del juicio de amparo número 76/2017-I, promovido por ELVIA CORDERO SOBERANES, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Lo anterior, en virtud de no haber aceptado la competencia declinada por este juzgado federal en auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, para conocer del presente juicio de amparo número 76/2017-I. Al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante, y como este órgano de control constitucional no comparte el criterio que sostuvo el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para rechazar el conocimiento del asunto en que se actúa, y como se insiste en que ese Juzgado Federal es competente para ello, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, denúnciese el conflicto competencial suscitado. En efecto, en principio este Juzgado de Distrito reitera en este apartado todos y cada uno de los razonamientos expuestos en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, con base en el cual se estimó que este juzgador no debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, incluyendo desde luego los motivos y fundamentos expuestos en relación con el criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de revisión 125/2016, y que en este acto se reproducen como si a la letra se insertaran en obviedad de repeticiones innecesarias. Pero además, es menester precisar que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, mediante la cual se derogó la fracción I del precepto transitorio examinado, esto es, aquella que definía cómo fijar el precio de las gasolinas y el diésel en la etapa de transición, tópico que ahora se regula en el diverso décimo segundo transitorio de la ley de ingresos citada, el cual establece, esencialmente: a) Que durante el período comprendido entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho se comenzarán a determinar en forma progresiva los precios al público de los insumos referidos por las condiciones del mercado, para lo cual la Comisión Reguladora de Energía habrá de realizar un cronograma en que defina el momento en que tal situación habrá de suceder en las diversas regiones en que se divida el país. Dicho acuerdo podrá ser modificado por el propio órgano regulador dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado y/o el desarrollo de la infraestructura del suministro del país, pero sólo para adelantar el momento en que los precios habrán de fijarse conforme a las condiciones del mercado (fracción I). b) Que en aquellas regiones en que no se determine el precio de las gasolinas y diésel conforme a las condiciones del mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará los costos máximos respectivos, para lo cual habrá de considerarse su precio de referencia internacional, los costos de transporte y almacenamiento, así como las contribuciones respectivas. Se precisa que el establecimiento de tales precios máximos es solamente transitorio, esto es, hasta en tanto se liberan en cada región sus costos conforme al mercado (fracción II). Como consecuencia del precepto transitorio examinado, la Comisión Reguladora de Energía expidió el acuerdo A/059/2016, a través del cual se establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel, esto es, el momento en que cada región del país habrá de comenzar a determinar tales costos conforme a las condiciones del mercado, precisando que tal calendarización no constituye una declaratoria de competencia efectiva, así como que el órgano regulador está facultado para dar seguimiento a aquellas estaciones de servicio que, en razón de sus circunstancias, pudieran ejercer un poder de mercado en detrimento de los consumidores. Entre las consideraciones que dieron sustento al acuerdo referido, resulta oportuno destacar aquellas en que la Comisión Reguladora de Energía refirió que entre sus atribuciones se encuentra la de regular el desarrollo eficiente de la distribución y comercialización de las gasolinas y diésel, a efecto de promover la competencia en el sector (segunda); que se estimó necesario adelantar para dos mil diecisiete el que los precios de las gasolinas y diésel se fije por las condiciones del mercado (sexta), así como que el propósito de la flexibilización es desregular los precios de tales insumos de manera ordenada y gradual para progresivamente revelar su verdadero costo y con ello propiciar la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado (décimo sexta). Por otro lado, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se difundió a través del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y diésel, así como la metodología para su determinación, expedido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. En dicho acto se estableció la mecánica para cuantificar los precios referidos, así como que su vigencia está dividida en tres etapas, a saber: de las cero horas del uno de enero a las tres horas y cincuenta y nueve minutos del cuatro de febrero de dos mil diecisiete; de las cuatro horas del cuatro de febrero a las tres horas con cincuenta y nueve minutos del once siguiente; de las cuatro horas del once de febrero a las tres horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho del propio mes, así como que a partir de la última fecha mencionada su vigencia será cada veinticuatro horas, destacando que dicha información será consultable en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía. Estos constituyen básicamente los actos reclamados por el promovente, si se toma en cuenta que en su demanda de amparo señaló con tal carácter lo siguiente: "a).- INEQUIDAD, DESPROPORCIONALlDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal2017,que entró en vigor el 1de enero de 2017. b).- DISCRIMINACION y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal2017,que entró en vigor el 1de enero de 2017. C).- FALTA DE MOTIVACION y FUNDAMENTACION que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017que entró en vigor al 1de enero de 2017. D).- VIOLACION CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28, Y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor al 1de enero de 2017." Como se ve, los actos que se pretenden controvertir con la promoción del juicio biinstancial son aquellas normas a través de las cuales se materializó la decisión de adelantar la liberalización de los precios de las gasolinas y diésel. Luego, considerando que dichos actos tienen como presupuesto dado que el precio de dichos combustibles se fijaba por el Estado y ahora se establece la posibilidad de que la gasolina se expenda en un escenario de libre concurrencia, resulta evidente que la principal consecuencia de los actos controvertidos constituye, precisamente, en que el precio se fije a partir de este año por las leyes de la oferta y la demanda. Por tanto, si bien la liberalización del precio de la gasolina no implica por sí mismo o se relaciona con la existencia de dos agentes rivalizando en el mercado a efecto de obtener la preferencia del consumidor, pues en ese sector aún no existe tal panorama en razón de la transición que implica el cambio de modelo, lo trascendente es que se vincula con uno de los más fundamentales principios de la competencia económica, esto es, que el costo de los bienes se fijen por su oferta y demanda, motivo por el cual se estima que la demanda debe ser conocida por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. En esas condiciones, como lo ordena el artículo 48 de la legislación en consulta, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Turno de este Décimo Octavo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar y dese aviso al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para que exponga lo que estime pertinente. Lo que anterior, sin que este juzgador desconozca el aviso de siete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director General de Estadística Judicial, en atención a lo ordenado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual solicita a los Órganos Jurisdiccional y Oficinas de Correspondencia Común en la República Mexicana, se reserven el envío de las demandas en las que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina y el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, hasta en tanto se publique el Acuerdo General relativo, toda vez que únicamente se está planteando un conflicto competencial, sin que por el momento, se remita el expediente a los Juzgados descritos. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe."

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