Elvia Angelica Juarez Flores

Expediente 197/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
197/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Elvia Angelica Juarez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda presentado por ELVIA ANGÉLICA JUÁREZ FLORES por su propio derecho contra actos de la CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades; fórmese el expediente 197/2021-VI, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)". De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que la quejosa reclama la omisión del Congreso del Estado de Morelos de estudiar y dictaminar, dentro de los términos de ley, su solicitud de pensión por jubilación presentada el nueve de abril de dos mil diecinueve. Al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos la omisión de promulgar el decreto por el que se apruebe la pensión solicitada. Y al Tribunal Superior del Estado de Morelos la omisión de cumplir con tal decreto y garantizar sus recursos económicos. Por tanto, se estima necesario determinar la naturaleza del acto reclamado. De ahí que, si por tales omisiones la parte quejosa refiere estar en desacuerdo con dichas autoridades, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base en que se encuentran prestaciones derivadas de una relación laboral. Se arriba a la anterior consideración de la lectura sistemática que se efectúa a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que impone el procedimiento a través del cual se otorgarán o negarán las pensiones a los trabajadores del Estado, como en el caso acontece, toda vez que del escrito de demanda se advierte que la quejosa laboró en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ello es así, pues como se destacará, el Congreso del Estado sólo cumple con una de las funciones que se encuentran a su cargo sin que pueda estimarse que se trata de una manifestación derivada de su potestad soberana, como ocurre cuando expide leyes, supuesto en el que se constituye como un órgano del Estado que emite un acto unilateralmente a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin acudir a los órganos judiciales del Estado, ni precisa del consenso de la voluntad de los afectados; lo que no acontece en la omisión por esta vía combatida. De esta forma, los artículos 54, fracción VII, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado, disponen en lo que al caso interesa, que los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, en materia de seguridad social tienen derecho a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, las que se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establece la ley en comento y los demás ordenamientos que resulten aplicables. Para disfrutar de las pensiones señaladas, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos que se describen en el artículo 57 de la ley en mención; en tanto que el Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente. Además, en los artículos 2, 53 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y el diverso 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, establece que cuando el aludido Congreso conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que se emita el dictamen respectivo en el que determine lo conducente; en tanto que, en el diverso 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado, establece que la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, se otorgarán mediante el decreto respectivo. Ahora bien, conforme lo expuesto en materia de seguridad social el Estado de Morelos, legalmente se encuentra obligado con sus trabajadores en otorgarles ciertas prestaciones -entre ellas las descritas en el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil-, en el caso de la recurrente, una pensión por jubilación; con la particularidad de que el Congreso del Estado de Morelos, es el órgano del propio Estado que conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones quien debe emitir, por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el decreto respectivo en el que determine lo conducente, pues dicha encomienda se encuentra expresamente prevista en el diverso 56 de la ley en mención, esto es, la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad o por ascendencia, se otorgan mediante decreto. Esta particularidad que legalmente se ha impuesto al Congreso del Estado, consistente básicamente en determinar si procede otorgar o negar al trabajador la pensión que solicita, constituye una manifestación del propio Estado que ejerce a través de la referida legislatura, entonces, los actos u omisiones que en dicha tramitación se verifiquen, no constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre el recurrente y el ente del Gobierno del Estado de Morelos, en el caso el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo del desempeño de las labores que aquella prestó durante cierto tiempo para éste. En ese sentido, el justiciable se encuentra en posibilidad de alegar lo que es conveniente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 y 114 de la ley relativa, que dice: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." "Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Conforme lo anterior, toda vez que en la especie el acto reclamado, se trata, incluso de la omisión de las responsables de estudiar y dictaminar dentro del término de ley su solicitud de pensión por jubilación, presentada desde el nueve de abril de dos mil diecinueve; es evidente que, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, ya que, como puede verse, la actuación o como en el caso la no actuación del Congreso del Estado, es revisable mediante juicio contradictorio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se promueva en su contra, pues el citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo de lo solicitado en relación al otorgamiento de una pensión por jubilación de un trabajador del Estado, en virtud de que el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja, como podría ser alguna de las expresamente contempladas en los artículos 54 a 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que se refieren expresamente al otorgamiento de la prestación de seguridad social cuya no atención se reclama. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio del Estado de Morelos promueven juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado en los que controvierte su actuación u omisión en relación al otorgamiento de la pensión por jubilación derivada precisamente de la relación de trabajo que subsistió, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano especializado. Además porque, el apartado B, del artículo 123, Constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, en este caso actuando por conducto del Congreso, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. De esta forma, aún y cuando el Congreso del Estado tiene entre otras funciones, resolver sobre las solicitudes para determinar la pensión y la forma en que habrá de pagarse a los servidores públicos de la entidad federativa; no debe perderse de vista que ese pago se efectúa por quien fue el patrón de la operaria; además, no se desconoce que si bien con la jubilación la relación de trabajo termina, lo cierto es que se inicia otra en donde las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son por el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que ahora el Estado otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que sufrió el trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 17/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 308, cuyo rubro es "JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA.". En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la legislatura estatal responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1º fracción I y 5º fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, el acto que se reclama, atendiendo a las razones por las que está inconforme la impetrante de amparo, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Y, por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto de que se duele la peticionaria de derechos humanos no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se robustece lo antes considerado, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L, de la Décima Época, con registro 2014236, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Materia Laboral, página: 1426, de rubro: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Asimismo, se toma nota de los correos electrónicos que proporciona para entablar comunicación no procesal. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano