Elver Felipe Peraza Sanchez
Expediente 615/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elver Felipe Peraza Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el siete de junio de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el oficio de mérito fue recibido vía telegráfica en este juzgado y relacionado mediante proveído de veintidós de junio en curso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese a los autos el oficio remitido vía telegráfica por el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán, con el que acusa recibo del oficio que se giró en estos autos, notificándole la sentencia dictada en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 615/2021-I-A, promovido por Élver Felipe Peraza Sánchez, en contra de los actos del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente, a este órgano de control constitucional, compareció Élver Felipe Peraza Sánchez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: ORDENADORAS. Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Juez de Control del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Fiscal General del Estado de Yucatán. Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Director de Control y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Director de la Policía Estatal de Investigación. MÉRIDA, YUCATÁN. Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. KANASÍN, YUCATÁN. Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán. TEKAX, YUCATÁN. Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán, Yucatán. UMÁN, YUCATÁN. Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán. VALLADOLID, YUCATÁN. Juez Tercero Mixto del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán. MOTUL, YUCATÁN. EJECUTORAS Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinación Estatal Yucatán (Guardia Nacional Coordinación Estatal Yucatán) Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. MÉRIDA, YUCATÁN. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 615/2021-I-A; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa Élver Felipe Peraza Sánchez, fundamentalmente, en: Las órdenes de aprehensión y/o detención dictadas en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado; Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino; Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax; Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán; Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid; Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul; Fiscal General del Estado; Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía; Director de Control y Procesos de la Fiscalía; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Coordinación Estatal Yucatán de la Guardia Nacional, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión y detención dictadas contra la parte quejosa, así como su ejecución. Consecuentemente, al ser esto así, es innegable que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba; es decir, demostrar que efectivamente dichas autoridades emitieron las órdenes de aprehensión y detención dictadas contra la parte quejosa, así como su ejecución a que se refiere la quejosa en su demanda de amparo. Sin embargo, en autos no consta que éste haya cumplido con tal obligación, pues no se advierte prueba alguna que conlleve a determinar la existencia de los actos que niegan las autoridades; por tanto, si no se acreditó con alguna prueba ni documental o testimonial, que existen tales órdenes, deben prevalecer las negativas de las autoridades responsables. En esas condiciones, procede sobreseer dentro del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dichas autoridades. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia 310, publicada en la página 209, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado; Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán y Secretaría de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión y detención librada en contra del quejoso, y su ejecución, pues así lo manifestaron al rendir su respectivos informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 5/2020, que remitió la referida juez como justificación de su informe, entre las que se encuentra copia de la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil veinte, combatida. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Resulta de explorado derecho que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo son de orden público y su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Respecto de esta causal, conviene acotar lo siguiente: Un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, las que tienen valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Por resolución de dos de octubre de dos mil veinte, dictada por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en autos de la causa penal 5/2020, libró orden de aprehensión en contra de Élver Felipe Peraza Sánchez, como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar querellado por Reina Asunción Durán Novelo. 2. Declaración preparatoria de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el indiciado aquí quejoso Élver Felipe Peraza Sánchez, respecto del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por Reina Asunción Durán Novelo. 3. Resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 5/2020, en la cual decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Élver Felipe Peraza Sánchez, en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por Reina Asunción Durán Novelo. Sentado lo anterior, en la especie, el peticionario de amparo Élver Felipe Peraza Sánchez, se duele de la orden de aprehensión emitida en su contra en la causa penal 5/2020, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiares, cuya existencia aceptó la responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe justificado, y se corrobora con las copias certificadas que remitió. Ahora bien, mediante oficio 785, la juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la cual decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Élver Felipe Peraza Sánchez, en la citada causa penal 5/2020, por la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Bajo esa óptica, de las constancias anteriormente reseñadas, las que ya han sido valoradas, quedó plenamente demostrado que si en el presente juicio de amparo, el quejoso reclamó la orden de aprehensión y detención emitida en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, del índice del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Y con posterioridad a la orden reclamada, y dentro del mismo procedimiento penal, el doce de mayo de dos mil veintiuno, se decretó auto de formal prisión contra el aquí quejoso por el mismo delito, en la misma causa penal de origen. Es claro, que cambió la situación jurídica del peticionario de amparo, siendo que ante tal situación, la consecuencia legal de la orden en principio narrada quedó insubsistente y ahora ya no puede ser analizada, pues ésta en todo caso ha quedado insubsistente con la determinación que resolvió la situación jurídica del nombrado quejoso, que es un estado procesal diferente a la resolución en la cual se determinó su aprehensión. En mérito de lo anterior, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, resulta obvio concluir que el amparo solicitado por Élver Felipe Peraza Sánchez es improcedente por haberse resuelto su situación jurídica con el dictado del auto de formal prisión en contra del aludido quejoso, con posterioridad a la mencionada orden de captura y a la promoción del amparo, y por ende, se surte la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y contenido siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Asimismo, por lo que atañe al acto atribuido al Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la ejecución de la orden de captura, debe sobreseerse también, toda vez que dicho acto no puede ser examinado respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que no se combate por vicios propios; esto, de conformidad con la Tesis 516, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 339, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, se impone sobreseer en esta parte del juicio de amparo respecto a los actos reclamados y autoridades responsables antes precisadas, con base en lo que dispone la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Élver Felipe Peraza Sánchez, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Élver Felipe Peraza Sánchez, en contra de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y detención de las autoridades responsables Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.
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