Elver Felipe Peraza Sanchez
Expediente 1336/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 59 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elver Felipe Peraza Sanchez
- Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Incidental
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda este incidente, se acuerda: agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el quejoso ********************, con el que solicita la devolución de los billetes de depósito ******************** y ********************expedidos por la sucursal en esta ciudad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos, sin centavos, moneda nacional) y $1,000.00 (mil pesos, sin centavos, moneda nacional), respectivamente; como requisito para que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en este cuaderno incidental. En consecuencia, no existiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvase los citados documentos debidamente endosados a favor del quejoso ********************. Para lo cual deberá generar su cita correspondiente con relación a este expediente, a través del sistema "Agenda OJ", de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, lo cual está previsto en su artículo 3 -referente al "Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias"- y 6, fracción II, que establece el "Modelo de atención presencial basado en citas", reformado por los similares 21/2020 y 37/2020, en cuanto al periodo de vigencia; para que pueda tener acceso al órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
NOT. ELECTRONICA Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos incidentales para los efectos legales conducentes, el oficio 149/2022 signado por la Jueza Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, que remite en cumplimiento al requerimiento que se efectuó en proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de seis de los corrientes, se tuvo por recibida la diversa misiva 3388/2021 a la que hace referencia la autoridad oficiante, con la que devolvió debidamente diligenciada la comunicación oficial señalada, en el que se acordó lo legalmente conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos incidentales para los efectos legales conducentes, el oficio 221/2022 signado por la Jueza Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, que remite en cumplimiento al requerimiento que se efectuó en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de seis de los corrientes, se tuvo por recibida la diversa misiva 3388/2021 a la que hace referencia la autoridad oficiante, con la que devolvió debidamente diligenciada la comunicación oficial señalada, en el que se acordó lo legalmente conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
ELECTORNICA V I S T O S, para resolver el incidente de daños y perjuicios promovido por REINA ASUNCIÓN DURÁN NOVELO, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1336/2020-VI-A; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ELVER FELIPE PERAZA SÁNCHEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que hizo consistir en: La privación de la libertad fuera de procedimiento y el arresto, la orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra, con su correspondiente ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 1336/2020-VI-A, y se admitió a trámite la misma; asimismo, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento y el arresto, si no fuere el caso de que hubiere sido detenido el quejoso con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujeto a un procedimiento; pues de ser así, el efecto sería para que fuera puesto a disposición del Juez que corresponda. Asimismo, en caso de que existiera una orden de arresto administrativo con motivo de alguna falta administrativa impuesta como sanción, la suspensión de plano tendría el efecto de interrumpir su ejecución, mas no extinguirla, por lo que podría reanudarse la misma, de negarse el amparo solicitado. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Mediante auto de seis de enero de dos mil veintiuno, por los motivos ahí expuestos, se ordenó regularizar el procedimiento, y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental en el presente cuaderno de suspensión. Sin embargo, toda vez que el contenido de dicho acuerdo conllevaba la práctica de una notificación personal, de conformidad a lo establecido en la fracción III, del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020, y a lo previsto en la Circular CAP/3/2020, se suspendió la notificación del acuerdo de mérito, hasta en tanto concluyera el periodo determinado por el Consejo de la Judicatura Federal en la referida circular. QUINTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, en dicho acuerdo se ordenó al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, efectuara la notificación personal del diverso de seis de enero del año en curso, para los efectos y en los términos establecidos en el mismo; lo que se llevó a cabo el trece de enero siguiente. SEXTO. Mediante auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente se suspensión, se tuvo por recibido el escrito presentado por el quejoso Elver Felipe Peraza Sánchez, con el que dio cumplimiento a la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo. En consecuencia, se admitió la ampliación promovida por el impetrante del amparo respecto a la nueva a autoridad responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y se ordenó la apertura por separado y duplicado del incidente de suspensión; y se pronunció en dicho cuaderno incidental respecto a la medida provisional solicitada. SÉPTIMO. Llegada la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental y con vista en los informes rendidos por las autoridades responsables, mediante resolución interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió el incidente, en lo que interesa, en los siguientes términos: ".Ahora bien, en el caso, procede conceder la suspensión solicitada, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que son los siguientes: I) Que la solicite el agraviado. II) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público Lo anterior, toda vez que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva, y que de concederse la suspensión definitiva no se afectaría el interés social ni se infringirían disposiciones de orden público. Bajo esas premisas, tomando en consideración que del informe previo signado por el Secretario de Acuerdos Interino del Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, se advierte que con fecha dos de octubre de dos mil veinte, en autos de la causa penal 5/2020, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ELVER FELIPE PERAZA SÁNCHEZ, como probable responsable en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 220 del Código Penal del Estado, querellado por REINA ASUNCIÓN DURÁN NOVELO; ilícito que no es considerado de prisión preventiva oficiosa, de conformidad al artículo 19 de la Constitución Federal. Asimismo, que dada la naturaleza del ilícito, la suma de las pensiones alimenticias adeudadas hasta la fecha en que se rindió el informe en cita -veintisiete de enero de dos mil veintiuno- asciende aproximadamente a la cantidad de $126,497.34 (ciento veintiséis mil cuatrocientos noventa y siete pesos, treinta y cuatro centavos, moneda nacional). En este orden, con fundamento en los artículos 128, 129, 139, 163, 166, fracción II, 167 y 168 de la ley de la materia aplicable, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, así como al encontrarse cubiertos los requisitos de procedibilidad, SE CONCEDE al quejoso ELVER FELIPE PERAZA SÁNCHEZ, la suspensión definitiva instada para el efecto que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad con motivo de dicha orden de aprehensión emitida en su contra, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito, en todo lo que corresponda a la misma, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables, la sentencia ejecutoria que se dicte en el amparo, de donde derivan estos autos incidentales. FIJACIÓN DE LA GARANTÍA De conformidad con los artículos 136, 166, penúltimo párrafo y 168 de la Ley de Amparo aplicable, esta medida suspensional surte sus efectos de inmediato pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no cumple con las siguientes medidas de aseguramiento: a) Si dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este proveído, no constituye garantía por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. o en cualquier otra forma permitida por la Ley. Cantidad que se fija discrecionalmente, con apoyo en el artículo 168, fracción I, atendiendo a la suma de pensiones alimenticias presuntamente adeudadas en virtud del delito que se le atribuye al quejoso, en términos de lo manifestado por el Juez responsable, a que no se cuenta con algún dato que permita establecer a cuánto ascienden sus ingresos y que no existe una alta posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, considerando que el delito no es de prisión preventiva oficiosa. No obstante ello, toda vez que la pensión alimenticia es un derecho que nace de momento a momento, y el tiempo que puede durar la tramitación del presente juicio, es que se estima que el monto fijado resulta suficiente para asegurar la permanencia del quejoso en el lugar del juicio y que se someta al mismo, hasta en tanto se concluya de manera definitiva el presente. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J./15/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 419, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, marzo de 2006, con número de registro 175,421, con el epígrafe siguiente: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO." OCTAVO. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el término otorgado a la parte impetrante del amparo a fin de que exhibiera la garantía fijada para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida sin que lo hubiera hecho, este Juzgado Federal determinó que las autoridades responsables quedaban facultadas para ejecutar el acto reclamado. NOVENO. El treinta de abril de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional dictó en el cuaderno principal sentencia en la cual negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; resolución que causó ejecutoria mediante proveído de diecinueve de mayo siguiente. DÉCIMO. Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito el doce de julio de dos mil veintiuno, REINA ASUNCIÓN DURÁN NOVELO, tercera interesada en el presente asunto, promovió el incidente de reclamación de daños y perjuicios que se resuelve, en el que ofreció las probanzas de su parte; el cual se admitió a trámite mediante auto de trece del referido mes y año. Con motivo de ello, se le dio vista al demandado incidentista, aquí quejoso, Elver Felipe Peraza Sánchez, el que la desahogó por ocurso presentado el veintiuno siguiente. DÉCIMO PRIMERO. Mediante auto de seis de enero del año en curso, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente incidente de conformidad con los artículos 66 y 67, todos de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los numerales 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Ante todo, conviene establecer que el presente incidente, se encuentra interpuesto en tiempo y forma, ya que fue presentado el doce de julio de dos mil veintiuno, y el término de seis meses siguientes al día en que se notificó la ejecutoria de amparo a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, a la parte tercero interesada, promovente del presente incidente, fenecería el tres de noviembre de dos mil veintiuno. Se dice lo anterior, porque de autos se advierte que fue notificada de la ejecutoria de amparo, el día tres de mayo de dos mil veintiuno, por lo que dicho término comenzó a trascurrir a partir del cuatro de mayo del año próximo pasado. TERCERO. La presente litis versa sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios originados con motivo de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa Elver Felipe Peraza Sánchez. CUARTO. La parte quejosa desahogó la vista otorgada respecto a la incidencia que se resuelve, por escrito presentado el veinticinco de julio del año en curso, en el que manifestó esencialmente que no se le ocasionó daño o perjuicio alguno a la promovente incidentista con la promoción del juicio de amparo. QUINTO. Previo el estudio de los motivos que sustentan el incidente de daños y perjuicios de que se trata, es menester destacar que la procedencia de dicho incidente, se encuentra prevista en el artículo 156 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." La transcripción del artículo que antecede revela que para poder hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, deberá tramitarse ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por la Ley de Amparo, para ello es inexcusable que concurran los siguientes requisitos: 1) La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Lo anterior se extrajo de la tesis del Tercer Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página mil novecientos ochenta y tres, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 159870, de rubro y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Ahora bien, en la especie, no se encuentran actualizados los requisitos para la procedencia del incidente propuesto, en razón de lo siguiente: 1) En el presente asunto existe la presencia de un tercero interesado, que corresponde a la promovente incidentista Reina Asunción Durán Novelo, quien tiene ese carácter dentro de los autos del juicio de amparo 1336/2020-VI-A. 2) Sin embargo, el segundo de los requisitos de procedencia del presente incidente no se encuentra colmado, pues de actuaciones consta que mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se dejó sin efectos la suspensión definitiva, quedando las autoridades responsables facultadas para ejecutar el acto reclamado, ante el incumplimiento del quejoso Elver Felipe Peraza Sánchez, de exhibir la garantía fijada para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. Sin que pase desapercibido lo señalado por la actora incidentista en el sentido de que el impetrante del amparo exhibió dos billetes de depósito en los presentes autos incidentales; sin embargo, lo cierto es que ello, fue a fin de garantizar la suspensión provisional concedida en autos de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y veintidós de enero de dos mil veintiuno, los cuales, fueron sustituidos procesalmente por la suspensión definitiva pronunciada en interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintiuno. A mayor abundamiento, es menester señalar que la garantía establecida en la referida resolución interlocutoria, se fijó discrecionalmente, con apoyo en el artículo 68, fracción I de la Ley de Amparo, atendiendo a la suma de pensiones alimenticias presuntamente adeudadas en virtud del delito que se le atribuye al quejoso -incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar-; a que no se contaba con algún dato que permitiera establecer a cuánto ascendían sus ingresos; y, que no existía una alta posibilidad de que se sustrajera de la acción de la justicia, considerando que el delito, no es de prisión preventiva oficiosa. No obstante ello, toda vez que la pensión alimenticia es un derecho que nace de momento a momento, y tomando en consideración el tiempo que podría durar la tramitación del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, es que se determinó que el monto fijado resultaba suficiente para asegurar la permanencia del quejoso en el lugar del juicio y que se sometiera al mismo. Lo anterior, abona a la improcedencia de la incidencia en que se actúa, pues aun en el supuesto de que la parte impetrante del amparo hubiere exhibido la garantía fijada en la interlocutoria de mérito, atendiendo a que ésta únicamente se impuso como medida de aseguramiento para el caso de que el quejoso se sustrajera de la acción de la justicia, la misma no podía responder de los daños y perjuicios que pudieron haberse causado al tercero perjudicado con la concesión de la medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página cuatrocientos nueve, Tomo I, Mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 205269, de rubro y texto: "SUSPENSION. SI LA GARANTIA SOLO SE FIJO COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, RESULTA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE PREVISTO POR EL ARTICULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. Si la garantía que se fijó y posteriormente se exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, únicamente fue como medida de aseguramiento para el caso de que el quejoso se substrajera a la acción de la justicia, es indudable que dicha garantía no podía responder de los daños y perjuicios que pudieron haberse causado al tercero perjudicado con la concesión de la medida suspensional. En consecuencia, en tal hipótesis resulta improcedente el incidente establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de daños y perjuicios propuesto por REINA ASUNCIÓN DURÁN NOVELO, derivado del juicio de amparo 1336/2020-VI-A, promovido por ELVER FELIPE PERAZA SÁNCHEZ; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
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