Elva Lorenia Hernández Espinoza
Expediente 1372/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Elva Lorenia Hernández Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de enero de dos mil veintitrés. Se provee escrito. Téngase por recibido el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, por virtud del cual manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo. Ahora, mediante oficio 386/2023, de nueve de enero de dos mil veintitrés, se ordenó remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales en turno, por conducto del jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en aquella ciudad, a fin de que conozca del presente asunto toda vez que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de territorio. En mérito de lo anterior, remítase en vía de alcance el ocurso que se tiende, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda; déjese copia en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como del estudio efectuado al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa acudió a este órgano de control constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en esencia, en contra de la omisión de aplicarle el incremento de pensión que establece el artículo 59, segundo párrafo y artículo Quinto Transitorio de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Ahora bien, el escrito de demanda fue admitido mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; asimismo, de las documentales que se anexaron a la misma, se aprecia que la parte quejosa tiene su domicilio fiscal en el m********************En ese sentido, este juzgador considera que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, es incompetente por razón de territorio para seguir conociendo y resolver en definitiva el presente juicio de derechos, por los motivos que enseguida se expondrán. La jurisdicción es la potestad de que se encuentran investidos los jueces para administrar justicia, que comprende el conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, sin embargo, dado que esa administración de justicia comprende actividades diversas, la misma se ha clasificado atendiendo a razones territoriales, cuantía de los asuntos, materia de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado órgano jurisdiccional para conocer de un asunto. En ese orden, la competencia es un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso y, el juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional se encuentra obligado a analizarlo, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Así, la competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en ese contexto, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en relación con lo anterior, es necesario conocer los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las normas transcritas, tratándose de la competencia por territorio, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. 3) Será competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En este sentido, las reglas que prevé la Ley de Amparo son aplicables fundamentalmente a actos de autoridad que implícitamente llevan un principio de ejecución. En el particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que la parte impetrante reclamó la omisión de aplicar el incremento del monto de la pensión otorgada a su favor por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que contemplan los artículos 59, segundo párrafo y Quinto Transitorio, ambos de la Ley de dicho Instituto. Ahora bien, resulta pertinente exponer, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, ha sustentado que el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Dicho criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, que textualmente dice: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como la jurisprudencia PC.V. J/9 K(10ª) que emitió el Pleno del Quinto Circuito, que dice: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." Asimismo, resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia TC054010. 10ª. AD5 (J/11), cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. LA CREDENCIAL QUE ACREDITA AL QUEJOSO COMO PENSIONADO RESULTA APTA PARA DETERMINARLA. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Asimismo, la credencial que acredita al quejoso como pensionado, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, resulta apta para determinar el domicilio de aquél para efectos del cobro de su pensión, y para establecer, con base en ella, salvo prueba en contrario, el juzgado competente para conocer del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios del Estado de Sonora, siempre que dicha credencial se encuentre vigente, tomando en cuenta que es apta, para legitimar al titular del derecho para efectuar el cobro de sus pensiones, por lo cual deben presumirse ciertos los datos en ella contenidos, vinculados precisamente con el derecho involucrado." En mérito de lo anterior, y aplicando al caso concreto los razonamientos sustentados en los criterios recién transcritos, debe concluirse que, cuando se trata de un juicio de amparo contra la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de la persona jubilada, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es evidente que resulta competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. En el caso, del examen efectuado a las documentales exhibidas por la quejosa, concretamente de las copias de los comprobantes de percepciones y descuentos efectuados por el ISSSTESON, relevan que se expidieron a nombre de Eva Lorenia Hernández Espinoza ?aquí quejosa?; asimismo, se advierte que tiene su domicilio en Andador N 108/De los Maestros y Fovissste I, del m********************Por tanto, tales medios de prueba son suficientes para considerar que la quejosa como persona beneficiaria de la pensión, en el municipio de Nogales, Sonora, es donde cobra y disfruta dicho beneficio, conforme a lo expuesto en la jurisprudencia antes invocada. En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción V, establece: "V. QUINTO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. [.]" En esas condiciones, dado que quien esto resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente por territorio para conocer de la demanda que se atiende y declina la competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, Sonora, en Turno, a quien deberá remitirse la misma, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veintidós minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Alegatos. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos; y, en atención a su contenido, con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones en los términos que indica en su escrito el promovente, las cuales deberán tomarse en consideración en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto de los informes justificados agregados en proveído de dieciséis de diciembre pasado. En ese contexto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración nueve horas con veintidós minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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