Elsa Tapia Valle

Expediente 978/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
978/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Elsa Tapia Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y provéase el destino de los cuadernos incidentales derivado del presente juicio de amparo. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin necesidad de requerir para que se presenten para devolución de documentos, dado que en este asunto no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 978/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda de amparo y su ampliación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por la responsable. El juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación para los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la quejosa y la autoridad responsable, así como la presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano que también ofertó esta última, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar únicamente los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: téngase por formulados dichos alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 978/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno el mismo día a este órgano jurisdiccional, Elsa Tapia Valle, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del encargado de Pensiones y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal, en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Mediante proveído de uno de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número 978/2021; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito recibido en este juzgado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, Elsa Tapia Valle, amplió la demanda de amparo contra diverso acto y conceptos de violación remitiendo para tal efecto al escrito recibido el dos de diciembre de dos mil veintiuno. Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, se admitió dicha ampliación de demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda inicial y su ampliación, consisten: La omisión de respuesta al escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en donde solicita la entrega de la cantidad de $737,233.70 (setecientos treinta y siete mil doscientos treinta y tres pesos 70/100 moneda nacional) que fue retenida por la autoridad responsable respecto de la pensión correspondiente a su ex concubino José Luis Pérez González. La respuesta negativa a la anterior solicitud, que la responsable formuló mediante oficio SP/886/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido de los informes con justificación rendidos por la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo que se confirma con las constancias que obran en autos que adjuntó la parte quejosa con su demanda, así como las constancias que la responsable remitió con su informe justificado; documentos a los que se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Causas de improcedencia actualizadas Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese tenor, quien resuelve advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición que le formuló la parte quejosa mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación de la referida norma se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir, que ha quedado insubsistente, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiese otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso específico, es que la autoridad responsable respete el derecho fundamental violado. De esta forma, se destaca que la parte quejosa reclamó violación al artículo 8° Constitucional, en virtud de la omisión del encargado de Prestaciones Económicas y Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), residente en esta ciudad, de contestarle la petición contenida en el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante dicha dependencia. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho humano consagrado en el artículo 8° constitucional, en función del cual, cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los siguientes elementos: La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. Además, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto; tampoco existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. También es jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo, pues así se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8 constitucional, que toda autoridad a quien le fue formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional, la autoridad mencionada adquirió la obligación de emitir un acuerdo en el que diera respuesta, en breve término, congruente con la petición contenida en el escrito citado y, además, notificarla personalmente a la parte quejosa en el domicilio que hubiese señalado para tal efecto. Así, en el caso a estudio, la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del citado instituto, al rendir informe justificado, remitió el oficio número SP/886/2021, de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el cual revela que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, dio respuesta por escrito a dicha petición; del cual se dio por enterada la quejosa mediante escrito recibido en este juzgado el dos de diciembre de dos mil veintiuno. Bajo estas condiciones, se concluye que la autoridad responsable dio respuesta al escrito de petición aludido, como se advierte de la constancia remitida en apoyo a su informe, circunstancia que se hizo del conocimiento de la parte quejosa; por lo que se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8° constitucional. Así, tomando en consideración que la parte quejosa conoció el contenido de la respuesta recaída a su escrito en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, resulta inconcuso que el acto reclamado aunque resultó cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la citada autoridad quedó insubsistente, ya que realizó la acción que se le reclamaba, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la desatención delatada. Es aplicable la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." También, conviene citar la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De igual manera, esta resolución tampoco se ocupará de analizar los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en relación con el diverso acto reclamado consistente en la respuesta negativa a la solicitud de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que la responsable formuló mediante oficio SP/886/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, los últimos dos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, cuyo análisis se impone de oficio y es preferente al fondo del asunto por tratarse de una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la materia. En efecto, la causal de improcedencia que el suscrito juzgador advierte de oficio consiste en el hecho de que, en el presente asunto, al encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Sonora, con residencia en esta ciudad, no le asiste el carácter de autoridad respecto del acto que se le reclama, y por ende, se estima actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, los dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De lo anteriormente trascrito se advierte que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P. XXVII/97, con registro digital 199459, consultable a página 118 del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los términos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Bajo ese orden de ideas, se estima necesario determinar si el encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Sonora, con residencia en esta ciudad, puede ser considerado como autoridad para efectos del amparo. Para ello, resulta pertinente efectuar el estudio de qué se considera autoridad responsable al tenor del imperativo legal contenido en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, el cual indica que autoridad responsable es la que ".dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 161133, consultable a página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe traer a colación la existencia de la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas que son las siguientes: Las relaciones jurídicas de coordinación; Las de supra a subordinación; y, Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. En esa guisa, la autoridad responsable, pertenece a un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia que forma parte de la administración pública federal paraestatal y cumple con una función consistente en la prestación del servicio público de seguridad social. En efecto, el referido instituto actúa como ente asegurador en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, puesto que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 22/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 153 del Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO." Así, en el caso concreto, la quejosa se ostenta como pensionada por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tal como se ve corroborado con los anexos que se adjuntaron a la demanda de amparo, de los que se advierte una relación con diversas deducciones que se aplican a su pensión, así como el escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó a la responsable la entrega de la cantidad que dice se le retuvo y que mediante oficio SP/886/2021 la responsable dio contestación en sentido negativo, siendo esto último el acto que preponderantemente se reclama en el presente asunto al encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Sonora, con residencia en esta ciudad. Esto es, el acto reclamado consistente en que Elsa Tapia Valle con el carácter de pensionada por viudez, resiente la retención de la pensión bajo el concepto 54 (04); de ahí resulta inconcuso que nos encontramos en presencia de una relación de asegurador-asegurado (por viudez). Por lo que, en tal supuesto, el referido Instituto no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, debido a que la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación) y en su actuación en torno al trámite y cumplimiento de los requisitos para la modificación de una prestación. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora, los artículos 5, 6, fracción XII, 11, 44, 48, 54, 99 y 153 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado disponen: "Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley." "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (.) XII. Familiares derechohabientes a: a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley; b) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho años; c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y d) Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado. Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta Ley establece si reúnen los requisitos siguientes: 1) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los seguros, prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y 2) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social; (.)." "Artículo 11. Para que los Derechohabientes puedan utilizar los seguros, prestaciones y servicios que les corresponden en términos de esta Ley, deberán cumplir los requisitos aplicables." "Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello." "Artículo 48. Las Pensiones a que se refiere esta Ley son compatibles con el disfrute de otras Pensiones que se reciban con el carácter de Familiar Derechohabiente." "Artículo 54. El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes que adquieran el derecho a disfrutar de una Pensión proveniente de algún plan establecido por su Dependencia o Entidad, que haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que el PENSIONISSSTE o la Administradora que opere su Cuenta Individual, le entregue los recursos que la integran antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la entidad financiera que el Trabajador designe, a fin de adquirir una Renta vitalicia o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando la Pensión de que disfrute sea mayor al menos en un treinta por ciento a la Garantizada." "Artículo 99. Las Dependencias y Entidades serán responsables de los daños y perjuicios que se causaren al Trabajador o a sus Familiares Derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo al Instituto o de avisar su Sueldo Básico o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este Capítulo, o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía." "Artículo 153. El Pensionado que goce de una Pensión equivalente a la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo un régimen de seguridad social con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, no podrá obtener una Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley, en ambos casos el Trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su Pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 146 de esta ley." Por su parte, los artículos 12, 13, 34 y 35 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen: "Artículo 12. Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: I. La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada, con: a) El disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos del trabajador o pensionado, y b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo; II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con: a) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador; b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo derivado de derechos propios o de los derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado, y c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. La percepción de una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los derechos derivados del otro progenitor. En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo. Fuera de los supuestos antes enunciados no se puede ser beneficiario de más de una pensión. Si algún pensionado bajo la Ley abrogada reingresa al servicio para desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad, que impliquen la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá dar aviso inmediato al Instituto para efecto de que se suspenda la pensión en curso de pago. Asimismo, el pensionado deberá dar aviso al Instituto cuando se le otorgue otra pensión. En caso contrario, éste podrá suspender la pensión que se otorgó con anterioridad. Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas durante el tiempo que duró, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en una sola exhibición, y la devolución se realice al término de un plazo igual a aquél en que el trabajador o pensionado las estuvo recibiendo. En caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá el derecho a la pensión." "Artículo 13. Para que un trabajador o sus familiares derechohabientes, en su caso, puedan disfrutar de una pensión, deberán cubrir previamente al Instituto los adeudos existentes con el mismo por concepto de las cuotas a que se refieren los artículos 16, fracciones II a V de la Ley abrogada, y 102, fracción I; 140, fracción I, y 199, fracción I de la Ley. Al transmitirse una pensión por muerte del trabajador o pensionado, sus familiares tendrán la obligación de cubrir los adeudos por concepto de créditos a corto plazo que se hubieren concedido al mismo." "Artículo 34. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado al Instituto por más de quince años, así como la de un pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia, según el orden previsto en el artículo 36 del Reglamento." "Artículo 35. El derecho al pago de la pensión por causa de muerte se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte del trabajador o pensionado a que se refiere el artículo anterior." Esto es, con base a tales ordenamientos se prevé la posibilidad de que el instituto responsable en su calidad de ente asegurador lleve a cabo la administración respecto de las pensiones que otorga a los trabajadores pensionados y jubilados, así como a sus familiares en los casos que la propia ley lo permite. En la inteligencia que atendiendo a las documentales exhibidas por la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se demuestra que el acto impugnado por la quejosa deriva de una petición realizada por la quejosa mediante escrito de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a la cual la autoridad responsable le dio respuesta mediante oficio SP/886/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la cual realiza una serie de consideraciones para determinar negar tal petición. Por tanto, resulta inconcuso que el juicio de amparo no es el medio para reclamar las retenciones al salario de la parte quejosa relativos al presente asunto, dado que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria para hacer valer su reclamación ante las autoridad jurisdiccional administrativa competente de acuerdo al vínculo pensionada familiar-patrón que existe entre la agraviada y la autoridad que señala como responsable. En ese sentido, es claro que dicha dependencia no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, las retenciones reclamadas no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de un reclamo que tiene que ver con la relación pensionada-familiar-aseguradora que existe entre la parte quejosa como pensionada-familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, particularmente las retenciones que refirió en su escrito de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno la parte quejosa. Por lo que el ente que fue señalado como autoridad responsable sólo actúan en su función de patrón o pensionista, pues es una dependencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con ese carácter se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio; por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Lo que se constata del contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que expresamente dispone: "El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)". Es decir, como quedó precisado con antelación, la relación jurídica surgida entre la parte quejosa y la dependencia pública para la que prestó sus servicios su difunto concubino no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro digital 2011298, consultable a página 1639 del Tomo II del Libro 28, Marzo de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Del mismo modo, tiene aplicación, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro digital 2011298, consultable a página 1639 del Tomo II del Libro 28, Marzo de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Así como la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con registro digital 2009420, consultable a página 1943 del Tomo III del Libro 19, Junio de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN." En consecuencia, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; lo que origina, consecuentemente, el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia Ley Reglamentaria. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elsa Tapia Valle, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el capítulo III, precisado en el apartado II del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso IV. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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