Elsy Magali Pisté y Varguez

Expediente 787/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
787/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Elsy Magali Pisté y Varguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de los mismos que mediante proveído de cinco de octubre del presente año, se dio vista a la quejosa Elsy Magali Pisté y Várguez con lo informado por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El auto de mérito se notificó a la quejosa el seis de octubre de dos mil diecisiete, y mediante memorial de diez de octubre pasado, el cual fue registrado con el número de promoción 16823, desahogó esa vista, mismo que por acuerdo de once de los corrientes, se reservó hasta este momento de acordar en cuanto a su contenido; por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, al estimarse sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que los numerales artículo 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y el artículo 12 de su Reglamento, declarados inconstitucionales, no se aplicaran a la quejosa y, por tanto, para que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejara sin efectos el acto de aplicación consistente en el oficio ISS.100.31.300.1.1372.06.2016 de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis y todas sus consecuencias, por consiguiente quedaba obligado el referido subdelegado a devolver a la peticionaria del amparo las cantidades que indebidamente se le reintegraron o dejó de pagar. En contra de dicha sentencia, Daniel Camargo Cortés, Delegado en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en esta ciudad, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, confirmando la sentencia recurrida. Por auto de veintinueve de agosto del presente año, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Es importante señalar que para cumplir con la citada ejecutoria de amparo las autoridades responsables denominadas Cámaras de Diputados y de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, así como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad México, no tienen que ejecutar acto alguno pues se les reclamaron actos legislativos como son, respectivamente, la discusión, aprobación, expedición y promulgación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, la cual no puede quedar insubsistente, por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Norma el anterior criterio la jurisprudencia 2ª.CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERÓN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, pues como ya se dijo, los efectos de la concesión del amparo en este caso, fueron para que no se aplicara en perjuicio de la quejosa, la disposición declarada como inconstitucional. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficios sin número y ISS.100.31.300.1.4355.09.2017, de fechas cuatro de octubre y veintisiete de septiembre, todos del presente año, signados por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues de éstos se desprende que dejó insubsistente el oficio ISS.100.31.300.1.1372.06.2016 de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, así como determinó que no se aplicará a la quejosa en el presente y en lo futuro el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y el numeral 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió dicha Ley, y además, que se haría la devolución de las cantidades retenidas a la quejosa de su pensión de viudez 1151552, por la suma de $24,894.72 (veinticuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos, con setenta y dos centavos, moneda nacional), correspondiente al período comprendido del veintisiete de mayo al treinta de julio de dos mil dieciséis, a partir del veintisiete de octubre del presente año, por lo que tenía que apersonarse a la Tesorería Delegacional de dicho Instituto con su credencial de elector en original y dos copias fotostáticas, para recoger el cheque correspondiente. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado, esto es el ISS.100.31.300.1.1372.06.2016 de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, y todas sus consecuencias, así como que no se aplicarán a la quejosa los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el numeral 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió dicha Ley, y además quedaba obligada a devolver a la peticionaria del amparo las cantidades que indebidamente se le reintegraron o dejó de pagar, lo que efectivamente realizó en los oficios sin número y ISS.100.31.300.1.4355.09.2017, de fechas cuatro de octubre y veintisiete de septiembre, todos del presente año; por tanto, se estima que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, cumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, consagrados en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso a) Constitucional; lo anterior, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Ahora bien, en atención a la petición efectuada por la quejosa Elsy Magali Pisté y Várguez en su escrito de diez de octubre del presente año, cuya promoción fue registrada con el número 16823, mediante el cual entre otras manifestaciones, solicita se acuerde hacerle entrega de los documentos que adjuntó a su escrito de demanda, mismos que ofreció como pruebas en este asunto; al efecto, dígasele que se esté a lo acordado en auto admisorio de uno de julio de dos mil dieciséis, por el cual entre otras cosas, se ordenó su devolución, previo recibo que otorgue en estos autos. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la quejosa, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito de cuenta signado por la quejosa ************************************, cuya promoción fue registrada con el número 16823, que exhibe con relación a la vista que se le dio por acuerdo de cinco de octubre del presente año, dictado en este juicio, respecto del cumplimiento dado por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con residencia en esta ciudad, a la sentencia ejecutoriada emitida en el presente asunto, mismo que será tomado en consideración al pronunciarse sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Apercibida que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, signado por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad; que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio y del cual se advierte que el mismo se encuentra en vías de ejecución. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la ley de Amparo, se concede una prórroga de treinta días hábiles, a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. Notifíquese.

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