Elsy Beatriz Padilla Koyoc
Expediente 1890/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1890/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elsy Beatriz Padilla Koyoc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1890/2022-II-A, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó a la Delegada del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de once de agosto de dos mil veintidós, por auto de veintitrés de agosto siguiente, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 1890/2022-II-A; en tal virtud, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación a la solicitud de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, a la que se le asignó el número de trámite ******************** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Delegada del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que anexó a su informe la autoridad responsable, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que a la solicitud de la quejosa relativa a la constancia de vigencia y sucesión de derechos de ********************, recayó el oficio ******************** de veintisiete de julio del año en curso. La cual le fue notificada el veinticinco de agosto siguiente. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo antes referido, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo a lo anterior, que no hubiese transcurrido el plazo de ocho días a que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación a la vista del informe que se le dio a la parte quejosa en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, ya que aunado a que no solicitó el diferimiento de la audiencia por esa circunstancia, se entiende que no existe interés del promovente en impugnar lo determinado por la responsable, por cuanto hace a la omisión en sí misma, pues esa era su pretensión en el sentido de que cesara; por lo que deberá tenérsele por enterado y conforme con el informe y su anexo en su totalidad. QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra del acto que reclamó a la Delegada del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el informe justificado rendido por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio de la citada autoridad responsable, el que señala en el informe de cuenta. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1767/2021-VII-A, promovido por Erick Armando Ugalde Camacho, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, remitido el uno de octubre siguiente a este juzgado por cuestión de turno, Erick Armando Ugalde Camacho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, sin embargo, en auto de cuatro de octubre siguiente se le previno a efecto de que precisara el acto que reclama de la autoridad responsable, la cual desahogó oportunamente, y en proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 1767/2021-VII-A, y se tuvo como acto reclamado el siguiente: La omisión de emitir la resolución correspondiente a la solicitud recepcionada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en las oficinas de la responsable, quedando registrada con el número trámite 213301EL352286. SEGUNDO. Asimismo, en el citado auto de quince de octubre de dos mil veintiuno se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, el cual rindió oportunamente; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y una vez sustanciado el procedimiento del juicio de amparo, previos diferimientos se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede a esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para resolver el asunto, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 37 y 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; 52, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, así como de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso, fundamentalmente en la violación al artículo 8º Constitucional, esto es, en: La omisión de la autoridad responsable de emitir la resolución correspondiente a la solicitud recepcionada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en las oficinas de la responsable, quedando registrada con el número trámite 213301EL352286. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó en su oficio de once de julio del año en curso, mediante el cual rectificó su informe justificado, por conducto de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la citada Comisión, registrado con el número 16828; por tanto, así debe tenerse para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable en su oficio de once de julio del año en curso, mediante el cual rectificó su informe justificado, por conducto de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que el aquí quejoso no cuenta con interés jurídico o legítimo, pues refiere que la solicitud realizada por el mismo aún se encontraba dentro del plazo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, el numeral 61 de la ley de la materia en su fracción XII dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Resulta oportuno precisar que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que éste tiene como finalidad proteger al individuo de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, como consecuencia de la ejecución del o de los actos que estima ilegales, entendiéndose por perjuicio la ofensa que se hace a los derechos e intereses de los que es titular. El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. Sirve de sustento, a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, de la Octava Época, con el número de tesis I. 1o. A. J/17, vista en la página 35, cuyo tenor literal es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO: El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". También, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1790, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, DEFINICIÓN DE. El interés jurídico del promovente, ya fuere en el incidente de suspensión o en el juicio de garantías, debe sustentarse en un derecho objetivo reconocido por la ley, es decir, tal interés a que se refiere la ley de amparo a de demostrarse en ciertos casos con el documento o medio de convicción idóneo con fuerza y valor probatorio pleno por el que una persona demuestra la titularidad de un derecho tutelado por la ley, mediante el cual pone en movimiento a la autoridad jurisdiccional federal para que ésta resuelva lo conducente en relación con la afectación alegada de ese derecho, lo cual para el juzgador en materia de amparo debe ser eficientemente probado; empero, tratándose de una controversia judicial del orden común, la autoridad judicial, de acuerdo con las normas aplicables al caso, decidirá si a alguna de las partes le asiste o no un derecho subjetivamente tutelado por la ley de la materia aplicable". En consecuencia, es evidente que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad combatido le ha causado molestias en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan. Así, resulta indiscutible que el aquí quejoso sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la omisión de dar contestación a la solicitud realizada mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintiuno, pues de la documental que adjuntó a su demanda de amparo, se desprende que fue el propio quejoso quien solicitó la autorización sanitaria para consumo personal de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), por lo que es éste quien resiente directamente la afectación. De lo anterior se desprende que, contrario a lo aseverado por la responsable, no se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Pues, se insiste, es el promovente del amparo quien resiente directamente el acto que por esta vía constitucional se impugna, al haber sido él quien presentó la solicitud de que se trata, como quedó precisado en párrafos precedentes. Por otra parte, tampoco es dable sostener bajo el argumento que pretende la responsable, en el sentido que no se han violentado derechos de la parte quejosa, ya que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aún no había transcurrido el plazo de los tres meses a que se refiere. Es así, porque en el caso concreto no puede de manera alguna considerarse que por la circunstancia de que exista la figura de la negativa ficta y no haya transcurrido el plazo para que se actualizara, ello traiga como consecuencia la falta de interés jurídico; cuando lo que se reclama en el juicio constitucional es la violación al artículo 8º Constitucional. Ello es así, ya que una resolución negativa ficta no puede actualizar la causal de improcedencia a que alude la autoridad, cuando se reclama la omisión de la responsable de dar respuesta a una petición presentada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, dado que dicha figura jurídica no tiene por finalidad obligar a la autoridad responsable a contestar en breve término, como lo exige el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sino que ante la falta de contestación de la autoridad administrativa a una petición que se le formula, se considera por ficción de la ley, como una resolución negativa, empero, se insiste, no constituye ni se equipara a la contestación por escrito que exige el artículo 8º de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada IV.3o.A.20 K (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1760 y registro 2004685, del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA SU VIOLACIÓN, LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese entendido, dado que el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que también conlleva recibir una respuesta en breve término, congruente con lo pedido, y que la negativa ficta constituye la resolución que por ficción de la ley, se entiende que recayó a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito por los gobernados, ante la conducta omisa en que incurrió una autoridad, no puede válidamente considerarse que por la configuración de dicha negativa haya dejado de existir la materia u objeto del juicio de amparo en que se reclame la violación al señalado derecho, en tanto que esa figura legal no puede eximir a la autoridad de emitir una respuesta escrita que, por mandato constitucional, está obligada y, por tanto, la negativa ficta no actualiza la aludida causal de improcedencia, ya que no impide que jurídicamente los efectos del acto reclamado se concreten a la esfera jurídica del quejoso." De ahí que por tales consideraciones, resulta infundado el motivo de improcedencia aludido por la autoridad responsable. Finalmente, al no existir una diversa causa de improcedencia de este juicio, ni se observa alguna que deba ser analizada oficiosamente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la litis constitucional. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, respecto de la omisión de la autoridad responsable en dar respuesta a su escrito presentado el doce de julio de dos mil veintiuno, es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, por los motivos y fundamentos que se exponen a continuación. El artículo 8° Constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De igual forma, resulta necesario atender el contenido de las tesis con rubros y datos de identificación siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". (Tesis de jurisprudencia P./J. 42/2001; emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189914). "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO". (Tesis de jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 138, Volumen CXXXII, Tercera Parte, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 802744). "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO". (Tesis de jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 931, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 160206). "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD". (Tesis aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2004, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). Del contenido del precepto constitucional y de las tesis a que se ha hecho referencia, se advierte que los funcionarios públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que, a cada petición deberá recaer un acuerdo escrito y la autoridad tendrá obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Así tenemos que los elementos del derecho humano de petición consisten en: a) Que se realice una petición, la cual debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. b) La respuesta consiste en que la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste, el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; y la misma tendrá que ser congruente con la petición. En ese sentido, por "breve término" es necesario precisar que en el sistema jurídico mexicano respecto del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, no se establece un determinado plazo para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. Por lo tanto, se ha establecido que ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no es conveniente fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. De ahí que, en el caso concreto, se tiene que la autoridad responsable en el presente juicio de amparo contó con un plazo razonable para dar contestación a la parte quejosa, o por lo menos darle trámite e informarle las gestiones realizadas al promovente para efecto de dar contestación a su petición formulada, pues del análisis practicado al escrito respectivo se advierte que solicitó la autorización sanitaria para consumo personal de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"). En ese contexto, no se advierte que la contestación que debe emitir la responsable implique una complejidad técnica, jurídica y material para no dar respuesta a la parte quejosa hasta el momento en que presentó su demanda de amparo, ni menos aún a la fecha en que se resuelve la presente instancia constitucional, máxime cuando es un hecho público que sobre el tema el Máximo Tribunal del país ya se ha pronunciado sobre el tema y la autoridad tiene pleno conocimiento de ello. Al respecto resulta aplicable la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s): Constitucional, página: 2004 y registro: 2009511, que señala: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado". En conclusión, del contenido del derecho fundamental de petición se advierte que los funcionarios públicos habrán de respetarlo, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que, a cada petición deberá recaer un acuerdo escrito y la autoridad tendrá obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De ahí que, en el caso, en autos del presente juicio de amparo, obra el citado ocurso con acuse de recibo, del que fundamentalmente se aprecia que el ahora quejoso elevó una petición a la autoridad antes mencionada. Y por su parte, la autoridad responsable fue omisa en acreditar que antes de la presentación de la demanda de amparo e incluso durante el trámite del presente juicio de amparo, hubiera emitido una respuesta en relación a la misma y aún menos que le hubiera sido notificado en el domicilio que señaló para tal efecto; por tanto, es claro que vulnera en su perjuicio el derecho humano fundamental contenido en el artículo 8º de nuestra Carta Magna. Por ende, al quedar demostrado que la autoridad responsable no ha dictado la contestación correspondiente a la petición que formuló la parte quejosa mediante el escrito recibido por la responsable el doce de julio de dos mil veintiuno, menos aún, notificado la respuesta a ésta, se concluye que su actuar viola flagrantemente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues es obligación de las autoridades dar contestación a la petición del gobernado, independientemente del sentido que se le dé a la misma y si le es favorable o no a los intereses del peticionario, siempre y cuando la respuesta sea congruente con lo pedido. Sin que sea obstáculo, que la responsable manifieste que la omisión de dar contestación a dicha petición se encuentra justificada y deriva precisamente del término de tres meses que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, le concede para emitir sus resoluciones. Lo anterior, por cuanto la parte quejosa acude a la instancia constitucional en reclamo a la violación directa al derecho fundamental de petición tutelado por el artículo 8° Constitucional. Esto es, la omisión de dar respuesta a la solicitud ante ella presentada, no podría configurar la negativa ficta a la que alude al invocar el precepto legal que la define, por cuanto esta figura jurídica, es una institución que, surge debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se le planteó la solicitud, cuyo objeto primordial no es satisfacer el derecho humano que tutela el invocado ordinal 8° Constitucional, la cual no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas -como la negativa ficta-, que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias. En efecto, contrario a lo que expone, la falta de respuesta a una solicitud formulada por un gobernado en términos del artículo 8° Constitucional, no puede considerarse solventada mediante el silencio administrativo, debido a que el derecho fundamental de petición ejercido, no puede estimarse respetado y satisfecho mediante la falta de respuesta, pues su efectiva tutela se exige mediante una respuesta por escrito, congruente con lo pedido en breve plazo y con su notificación al peticionario. De ahí que, no puede garantizarse tal derecho mediante la negativa ficta, porque no lo autoriza la Constitución, ya que esa figura opera para otro tipo de trámites o instancias administrativas, no para el derecho fundamental de petición, como en el caso nos ocupa. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 51/2018, que la negativa ficta recaída legalmente prevista para operar ante una instancia o procedimiento o solicitud administrativa de un interesado no elimina la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional. Pues la figura jurídica de la negativa ficta no puede impedir, restringir ni condicionar el derecho fundamental de petición reconocido en el citado precepto de la Carta Magna, en virtud que dados los términos en que está concebido el derecho fundamental, la respuesta debe ser por escrito y no solo emerger de manera ficta una contestación negativa por la omisión de la autoridad y el transcurso de un lapso prolongado, porque ese silencio no satisface las obligaciones constitucionales que impone a las autoridades el derecho en cuestión. Consideraciones que fueron sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, página 245 y registro 192641, del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición." Así como la diversa jurisprudencia I.1o.A. J/2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Materia(s): Administrativa, Página: 663 y Registro: 197538, que señala. "NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra". Por tanto, el silencio administrativo no colma las obligaciones constitucionales que impone a las autoridades el derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8° de la Constitución Federal. Sobre esas bases, la omisión de dar respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, ante la autoridad responsable, resulta violatoria del derecho de petición tutelado en el citado ordinal, pues no demostró, ni aun a la fecha del dictado de la presente determinación, haberla dado por escrito y congruente a la petición, ni que la hubiere notificado. Lo anterior, conlleva a que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realice los siguientes actos: 1. Dé inmediata respuesta a la petición que le fue formulada por escrito de la parte quejosa, lo que deberá hacer de manera congruente con lo pedido, fundada y motivadamente. 2. Así como le notifique de manera personal dicha determinación, en el domicilio aportado para ello. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Erick Armando Ugalde Camacho, en contra del acto que reclama del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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