Elsa Vilchis Munguía
Expediente 1257/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2017
Partes del expediente
- Elsa Vilchis Munguía
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada. b) Enseguida dictara otra en la cual proveyera lo conducente a efecto de escuchar a la menor Mosoul Nazareth Rosas Tamez; observando si lo juzga oportuno, las disposiciones del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y es que recuérdese que la observación del Protocolo no es obligatorio; en el entendido de que por virtud del tiempo transcurrido desde la fecha en que escuchó a la menor, deberá dar oportunidad a las partes para que si lo estiman conveniente ofrezcan las pruebas que estimen viables y aduzcan personalmente lo que consideren viable, y en todo caso el juzgador cuidará la conducencia y pertinencia de sus planteamientos como requisito a cumplir previamente a ser aceptados. c) Hecho lo anterior, tomando en consideración los antecedentes y el material probatorio que obre en autos del juicio 782/2012, relativo a las controversias del orden familiar, resuelva lo que conforme a derecho proceda respecto a la guarda y custodia provisional de la menor Mosoul Nazareth Rosas Tamez; en la inteligencia de que el parecer de la menor, si bien es de suma relevancia, no debe constituir el factor determinante para resolver el tema en cuestión, pues tal decisión ante todo debe emitirse en función de lo que resulte más benéfico para la infante, y esto último ciertamente puede coincidir con el parecer de la menor. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Notificador en funciones de Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, al no reclamarse por vicios propios. Por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que, el Juez responsable, a través del oficio 5234 presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y el veinte ante este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada del acuerdo de catorce del citado mes y año, por el que, en cumplimiento a la sentencia de amparo, dejó sin efecto legal la resolución de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis y, derivado de ello, ordenó turnar los autos del expediente 772/2012 a la vista a efecto de que se emitiera una nueva determinación en el recurso de revocación interpuesto por Minerva Atenea Tamez Aceves, en contra del auto de cuatro de marzo del año pasado, en la que se observaran todas y cada una de las directrices señaladas en la sentencia amparadora. Asimismo, a dicho comunicado anexó copia certificada de la determinación de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, por la cual, el juez responsable resolvió el recurso de revocación, en la que al estimar fundados los agravios que se hicieron valer por la recurrente, revocó el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciséis y, consecuencia de ello, emitió otro acuerdo en el que, en esencia se precisó: - Que contrario a lo que argumentaba la aquí quejosa, actualmente la guarda y custodia provisional de la menor Mosoul Nazareth Rosas Tamez no se encontraba conferida a favor de su progenitor, ya que no era factible otorgarla a favor de alguno de los progenitores, por lo que sólo quedó su cuidado a cargo de su padre, hasta en tanto los abuelos paternos y maternos o familiares consanguíneos de la menor hasta el tercer grado que pudieran hacerse cargo de su guarda y custodia provisional; - Asimismo, se indicó que dado encontrarse reservada la determinación sobre la guarda y custodia, y al advertirse de autos que la menor contaba con la edad de quince años, siguiendo los lineamientos contenidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo peticionaba la progenitora, se ordenaba la escucha de la menor, en relación con su guarda y custodia, señalándose día y hora para ello; - Agregó, que dicha diligencia se llevaría a cabo en presencia del titular del órgano jurisdiccional, la agente del Ministerio Público de su adscripción y el especialista en materia de psicología, quien fungiría como persona de confianza, cuya función sería brindar apoyo afectivo emocional a la menor, a efecto de evitar que se generara algún tipo de estrés en la misma, por lo que debía citarse a los antes mencionados, así como hacer la llamada pertinente a la Dirección de Peritos de ese tribunal; en tanto que, al estar la menor al cuidado de su progenitor, éste debería presentarla a la referida diligencia; - De igual manera, dispuso que las partes en caso de que así lo estimaran conveniente, desde la fecha en que les fuera notificado ese proveído y hasta la fecha en que tuviera verificativo la escucha de la menor, podrían argumentar lo que estimaran viable y podrían ofrecer las pruebas que estimaran conducentes y que incidieran en la guarda y custodia de su menor hija, para que en esa diligencia, una vez que se conociera la opinión de la menor involucrada y que fueran valorados los medios de prueba que en ese momento obraran en autos, el juez de origen contara con los elementos suficientes para determinar qué sería lo más benéfico para la menor involucrada, y salvaguardando su interés superior, decidiera quién debía hacerse cargo de manera provisional de su guarda y custodia; y, - Finalmente, la responsable precisó que aun cuando el parecer de la menor sería de suma relevancia, no constituiría el factor determinante para resolver sobre el tema en cuestión, pues tal decisión ante todo debía emitirse en función de lo que resultara más benéfico para la infante, y esto último podía o no coincidir con el parecer de la menor. Determinación que fue hecha del conocimiento de las partes el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, como se aprecia de la razón de notificación respectiva. Posteriormente, se recibieron diversos comunicados del juez responsable, de los que se aprecia que señaló en múltiples ocasiones día y hora para que tuviera verificativo la audiencia a fin de escuchar a la menor, siendo éstas, el tres y diez de noviembre, y seis de diciembre de dos mil dieciséis; así como, el doce y veintiséis de enero, veintiuno de febrero; nueve, veintiuno y treinta y uno de marzo; cinco y veintitrés de mayo; y, siete de julio de dos mil diecisiete; sin embargo, no fue posible su desahogo, debido a que su progenitora no la presentó ante el juez de origen, a pesar de habérsele apercibido con diversas medidas de apremio e, incluso, hecho efectivas algunas de ellas. Luego, por comunicado 3260 presentado el trece de julio del presente año ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y el día siguiente en este juzgado, el juez responsable exhibió en dos legajos copia certificada derivadas del expediente 782/2012 de su índice, entre ellas, de los acuerdos de once y trece de julio de dos mil diecisiete, de los que se advierte: Proveído de once de julio de dos mil diecisiete. - En principio, el juez de origen hizo referencia a las actuaciones que había llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, entre ellas, ordenar la escucha de la menor involucrada, así como el otorgar a las partes la oportunidad para argumentar lo que estimaran conveniente y ofrecer los medios de prueba que consideraran pertinentes, que incidieran en la guarda y custodia de su menor hija; sin que éstas hicieran uso de esos derechos; - Sin embargo, la responsable al tomar en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, ante el impedimento de localizar a la referida menor y a su progenitora y, por ende, ante la imposibilidad fáctica para que fuera escuchada la menor, y sobre todo, ante la necesidad de resolver a la brevedad posible sobre la guarda y custodia de ésta, a fin de crear certidumbre a la menor sobre quién debe hacerse cargo de sus cuidados y de ese modo salvaguardar el interés menor que le asiste, determinó que a la brevedad debía resolverse sobre su guarda y custodia, únicamente tomando en consideración los antecedentes y el material probatorio que obrara en autos; y, - Precisó, que lo anterior se determinaba sin perjuicio de que para el caso de que con posterioridad se conociera el paradero de la menor y su progenitora, y fuera posible llevar a cabo la escucha de la misma, en uso de las facultades que a ese órgano jurisdiccional le concedían los artículos 1, 4 y 133 constitucionales, pudiera revisar la guarda y custodia provisional que fuera decretada y, en su caso, confirmara o modificara la misma. Acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete. - La responsable hizo una relatoría de las actuaciones que había llevado a cabo tendentes a lograr el cumplimiento del fallo protector, entre otras, las relativas a la imposibilidad para hacer que la progenitora de la menor Mosoul Nazareth Rosas Tamez la presentara ante él, a efecto de que fuera escuchada, por lo que, en cumplimiento a la sentencia amparadora, procedió a determinar lo conducente a la guarda y custodia provisional de la menor, tomando únicamente los antecedentes y el material probatorio que obraba en autos del juicio, estimando que ello en modo alguno vulneraba el derecho de la menor a ser escuchada, pues en auto de once de julio de dos mil diecisiete se había precisado que para el caso de que con posterioridad se conociera el paradero de la menor y su progenitora, y fuera posible llevar a cabo la escucha de la misma, quedaba reservado su derecho a ser escuchada. - Corolario de lo anterior, la responsable consideró que no era factible otorgar la guarda y custodia provisional de la menor involucrada en favor de ninguno de su progenitores, por lo que, conforme al cúmulo probatorio que obraba en autos, estimaba que lo más benéfico para la menor era que su guarda y custodia provisional quedara conferida a favor de su abuelos paternos; en la inteligencia de que, si con posterioridad se conociera el paradero de la menor y su progenitora, y fuera posible llevar a cabo la escucha de la misma, en uso de las facultades conferidas al juez de origen, y salvaguardando el derecho de la menor a ser escuchada, podría revisarse la guarda y custodia provisional decretada. Asimismo, mediante oficio 3338 presentado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete ante este juzgado de Distrito, el Juez responsable adjuntó copia certificada del acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, así como de la constancia de notificación a las partes, por medio de lista y boletín judicial, en la que se asentó que la misma surtía efectos de notificación personal. Por su parte, el Notificador adscrito al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, mediante oficio 3335 presentado ante este juzgado el siete de agosto del año en curso, manifestó que daba cumplimiento a la sentencia amparadora, para lo cual hacía suyas las constancias que en copia certificada adjuntó la autoridad ordenadora. Del examen de las documentales que anexó la responsable ordenadora, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la resolución reclamada; enseguida dictó otra en la cual proveyó lo conducente a efecto de escuchar a la menor Mosoul Nazareth Rosas Tamez; considerando viable observar las disposiciones del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, se dispuso que las partes en caso de que así lo estimaran conveniente, desde la fecha en que les fuera notificado ese proveído y hasta la fecha en que tuviera verificativo la escucha de la menor, podrían argumentar lo que estimaran viable y podrían ofrecer las pruebas que estimaran conducentes y que incidieran en la guarda y custodia de su menor hija. Sin embargo y a pesar de que se emitieron múltiples medidas tendentes a llevar a cabo la escucha de la menor, pues se aplicaron diversas medidas de apremio a su progenitora, a fin de que la presentara ante el órgano jurisdiccional de origen; incluso, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la su adscripción, sin que fuera posible escuchar a la menor, y sin que alguna de las partes hubiese mostrado interés en alegar u ofrecer medios de prueba tendentes a determinar sobre la guarda y custodia de su menor hija, por auto de once de julio de dos mil diecisiete se tuvo por precluido el derecho que las partes dejaron de ejercer. Hecho lo anterior, tomando en consideración los antecedentes y el material probatorio que obraba en autos del juicio 782/2012, relativo a las controversias del orden familiar, el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, resolvió lo que conforme a derecho procedía respecto a la guarda y custodia provisional de la menor Mosoul Nazareth Rosas Tamez. Determinación que fue hecha del conocimiento de las partes, por medio de lista y boletín judicial, como se aprecia de la constancia de notificación, surtiendo efectos de notificación personal. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 17 DE AGOSTO DE 2017 SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE EN ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 458-V, signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 600/2017 de su índice, formado con motivo de la demanda presentada por ***, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad, por estimar que carece de competencia legal para conocer de ese juicio. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, regístrese bajo el número 1257/2017-II-B. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad respecto de las siguientes constancias: Oficio 458-V; Juicio de Amparo Directo 600/2017; Expediente 278/2017; y, Un sobre que contiene: copia certificada de un convenio de doce de junio de dos mil dieciséis, constancia de vecindad de siete de julio del año pasado, copia simple de credencial para votar y quince placas fotográficas. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama esencialmente la falta de emplazamiento al expediente 278/2017 relativo al procedimiento especial sobre divorcio incausado y como consecuencia de ello, la sentencia dictada el once de mayo de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, este juzgador considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La cual establece lo siguiente: "X. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de acto reclamado, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto; voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria; es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Ahora bien, en el caso, conviene recordar que la parte quejosa promovió demanda de amparo, contra los actos reclamados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La sentencia once de mayo del año dos mil diecisiete, dictada en el expediente 278/2017 relativo al procedimiento especial sobre Divorcio Incausado, promovido por JOSÉ CONSEPCIÓN INÉS SANCHEZ, como solicitante, señalando a ELSA VILCHIS MUNGUÍA, como citada, emplazamiento y sentencia que no me fueron notificados. Diligencia de emplazamiento de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, en (razón de citatorio y razón de vista y citación), no cumplió las formalidades de ley establecidas en los artículos 1.174 a 1.178 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dejándome en estado de indefensión, contraviniendo a los principios de legalidad, debido proceso y violando mi derecho audiencia." Asimismo, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1204/2017-III-A, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: La quejosa es Elsa Vilchis Mungía. 2) Los actos reclamados, son: "VII. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA.- a) De la autoridad que señalo como responsable ordenadora C. Juez del Juzgado Sexto de lo Familiar de la Ciudad de Toluca Estado de México, reclamo todo lo actuado dentro de los autos del expediente 278/2017 del Juzgado Sexto de lo Familiar de Toluca, Estado de México. Lo anterior, toda vez que la hoy Quejoso no fui emplazado a Juicio alguno, conforme a derecho, aunado a que el compareciente no habito en el domicilio que señalaran en el expediente 278/2017 del Juzgado Sexto de lo Familiar de Toluca Estado de México, donde supuestamente fui notificado, violando los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y relativos de nuestra Carta Magna, en relación con los artículos 1.96,1,134,1.138,1.165 fracción 1,1.166,1.168, 1.173 fracción 1,1.175,1.178 y relativos del Código Procesal Civil en vigor en el Estado de México." Además, también se observa que en dicho sumario constitucional, por auto de esta fecha se admitió a trámite la demanda de amparo; por tanto, a la fecha no se ha dictado la resolución que concluya el citado juicio 1204/2017-III-B. En el relatado contexto, resulta claro que en el citado juicio del índice de este órgano jurisdiccional existe identidad en cuanto a la parte quejosa (Elsa Vilchis Mungía), autoridad responsable (Juez y Notificadora, ambos del Juzgado Sexto de lo Familiar de la Ciudad de Toluca, Estado de México) y acto reclamado. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Elsa Vilchis Mungía, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el entendido que la quejosa sigue teniendo vigente su derecho de defensa, esto es, a tener acceso a un recurso judicial efectivo respecto de los actos aquí reclamados, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario 1204/2017-III-A del propio índice, el cual sigue vigente, es evidente que al dictarse la resolución correspondiente, el suscrito analizará la constitucionalidad de los actos que dice le causa perjuicio a sus prerrogativas. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." COPIA CERTIFICADA DEL JUICIO 1204/2017-III-A. A fin de dar certeza a lo anterior, glósese copia certificada de la demanda del referido juicio. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Por economía procesal, con copia certificada del que se dicta, remítase al juicio 1204/2017-III-A, el informe justificado del Juez responsable (previa reproducción certificada que se deje en sustitución), así como las constancias que adjuntó al mismo consistentes en: el expediente 278/2017; y, un sobre que contiene: copia certificada de un convenio de doce de junio de dos mil dieciséis, constancia de vecindad de siete de julio del año pasado, copia simple de credencial para votar y quince placas fotográficas, para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda y por autorizada a la persona que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que ello se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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