Elsa Iveth Jimenéz Blanquel y Otros.

Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Elsa Iveth Jimenéz Blanquel y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación en el punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda que suscriben ***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 203/2021 I-C. DESECHAMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, los quejosos reclaman el citatorio de doce de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación ***y número de NUC*** para presentarse el seis de abril del año en curso a las diecisiete horas, en las instalaciones de la autoridad señalada como ejecutora, en Avenida José María Morelos y Pavón Oriente, Número 1300, Primero Piso, Mesa Segunda de Trámite, colonia San Sebastián, en esta ciudad, con la finalidad de que se lleve a cabo un mecanismo alterno de solución de conflicto y/o rindan su entrevista dentro de la carpeta de investigación mencionada, con relación a los hechos que se investigan. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I y 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, preceptos que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Los preceptos, anteriores en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Del análisis del referido artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. En el caso, los quejosos se duelen del citatorio de doce de los cursantes, emitido en su contra por la autoridad señalada como responsable. Si bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica de los impetrantes del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que los quejosos hubieran participado en la comisión de ese hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que deben presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial a efecto continuar con la investigación. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que les son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 21, de tal modo que a los impetrantes no se les causa un perjuicio de índole jurídico, la investigación que se realice en relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito, o no. No puede considerarse que el citatorio reclamado está encaminado a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad responsable, sin que ocasionen un perjuicio a la esfera de derechos de la parte quejosa, pues su emisión se trata de un acto futuro de realización incierta ya que la autoridad correspondiente podría determinar que, con motivo de la investigación que en su caso se realizara, los hoy quejosos no tendrían responsabilidad alguna, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a los peticionarios de amparo y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión; y derivado de la petición que formule el órgano técnico de investigación, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica. Y si bien, los promoventes deben comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlos de su libertad; además, se encuentran con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación en base al citatorio que se duele la parte quejosa de la responsable, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por lo antes relatado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I y 107, fracción IV del citado ordenamiento, y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Elsa Iveth Jiménez Blanquel y Abel Hernández Ramírez. .... DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO. Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico *** así como el número telefónico *** JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. En términos del Acuerdo General 1/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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