Elsa Reyna Hidalgo Pasos

Expediente 1180/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1180/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Elsa Reyna Hidalgo Pasos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    MESA V.Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el diecisiete de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en autos obran documentos originales que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto del Acuerdo referido, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger dichos documentos, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, ya que de no hacerlo, tal documental correrá la misma suerte que el juicio en lo principal. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la lectura de las constancias que integran los mismos se advierte, que los informes justificados rendidos por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial, por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno, por la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial, por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y por el Director General de la Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad; asimismo, como el oficio signado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad mediante cual dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, mismos que obran agregados en autos. Ahora bien, de dichos informes y las constancias remitidas, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 202 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en cuanto a la existencia del juicio ejecutivo mercantil 2355/2009, en el cual se embargaron entre otros predios el número trescientos tres interior, de la calle sesenta y cinco del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, la Juez responsable manifestó que si era cierto; sin embargo, actualmente ese expediente se convirtió en el número 1821/2009; asimismo, manifestó que en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se proveyó la prescripción del juicio de origen y se levantó los embargo trabados a dichos bienes inmuebles, motivo por el cual dicho asunto se encuentra concluido. En relación con el diverso acto reclamado al Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán con residencia en esta ciudad, también negó dicha existencia, pues indicó que no existe procedimiento administrativo alguno en el que exista un embargo sobre el predio que la parte quejosa aduce es de su propiedad. Asimismo, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, negó la existencia de los actos sin prueba en contrario Ahora bien, se trae a colación que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional reclamando todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 2355/2009, incluyendo el auto de embargo sobre el bien inmueble; esto es, el predio marcado con el número trescientos tres interior, de la calle sesenta y cinco del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como las consecuencias del mismo; así como el realizado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Como se ha dicho, de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que las autoridades señaladas como responsables, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial, el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y el Director General de la Agencia de Administración Fiscal, todos del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que a ellas se atribuyó, lo que se corroboró con las constancias que adjuntaron a sus informes justificados, pues de ellas se constata que el embargo decretado sobre el inmueble marcando con el número trescientos tres interior, de la calle sesenta y cinco del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, se levantó y se ordenó su cancelación en la institución registral, donde quedó registro de que dicho secuestro ya no era vigente por virtud de la anotación de su cancelación, asimismo, manifestó que en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se proveyó la prescripción del juicio de origen y se levantó los embargo trabados a dichos bienes inmuebles, motivo por el cual dicho asunto se encuentra concluido. Lo anterior revela que el acto que reclama la parte quejosa es inexistente en virtud de que las actuaciones del juicio, incluido el embargo, quedaron sin efectos desde una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito, esto es, el once de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, el acto reclamado se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de los derechos conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto se considera que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por las responsables actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibieron las constancias respectivas con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia del acto reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del once de enero de dos mil diecinueve. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no haya sido emplazado al presente juicio el tercero interesado, ante la actualización de una causal de improcedencia notoria y manifiesta que motiva el sobreseimiento del presente juicio de amparo; esto es así, dado que con tal proceder no se le deja en estado de indefensión, precisamente porque el indicado sobreseimiento no resulta contrario a sus intereses. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio signado por el Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de siete de diciembre año en curso; sin que sea el caso de hacer pronunciamiento alguno acerca de ellos, por los razonamientos expuestos con antelación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    MESA V. ... R E S U E L V E : ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada por ELSA REYNA HIDALGO PASOS por conducto de su apoderado legal Juan Antonio Herrera Aussin, respecto de los actos reclamados a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y de otras autoridades, todos del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el escrito de Juan Antonio Herrera Aussin en su carácter de apoderado legal de la quejosa ELSA REYNA HIDALGO PASOS, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de treinta de noviembre del año en curso, por ende, déjese sin efecto legal el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien y de la lectura del escrito en comento se advierte que el apoderado legal de la parte quejosa manifestó que no tener conocimiento alguno sí existe algún juicio de sucesión intestada o testamentaria a favor del tercero interesado Alfredo Alpuche Avilés; en consecuencia de lo anterior, y con la finalidad de observar lo establecido en el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Registro Civil del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe si en los libros de registro que se llevan en dicha Institución se encuentra registrado el acta de defunción de Alfredo Alpuche Avilés, y de ser así, remita copia certificada de la misma; con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización, en el Distrito Federal en términos de los artículos 237 y 259, en relación con el diverso 238, todos de la Ley de Amparo.

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