Elsa Maria Quiroz Solis

Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Elsa Maria Quiroz Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de losexpedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se dejaron sin efectos la medidas suspensionales decretadas; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte impetrante reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que el menor quejoso H.B.Q., fuera inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogueo revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que lefue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa se duele, en esencia, de la omisión de las autoridades responsables, de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que el menor quejoso H.B.Q., sea inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Debiéndose precisar que el menor quejoso H.B.Q., cuenta con la edad de doce años, de conformidad con el acta de nacimiento cuyo original fueadjuntado a la demanda de amparo que nos atañe. Ahora bien, en ese sentido, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, que el veintiocho de abril anterior, se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para los adolescentes de doce a catorce años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo adolescente, así como seleccionar la entidad y municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre doce a catorce años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del cinco de mayo de dos mil veintidós, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a jóvenes de doce a catorce años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciséis horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno del Estado. Ello, como es dable advertir del link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticias, el cual deriva de la página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual aparece el comunicado de prensa de la Secretaría de Salud de Yucatán, mismo en el que se señala que, como se asentó supralíneas, a partir del cinco de mayo pasado, inició en el Estado de Yucatán la vacunación de adolescentes de entre doce y catorce años de edad. E incluso, en el propio link https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticias, se advierte que la Secretaría de Salud de Yucatán informa el calendario en que los citados adolescentes habrían de ser vacunados en la entidad, iniciando el cinco de mayo de dos mil veintidós en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en lo que respecta a los nacidos en los meses de enero a abril, el seis correspondía a los nacidos en los meses de mayo a agosto, y el siete a los nacidos entre los meses de septiembre a diciembre; siendo que, de igual forma, en el interior del Estado la vacunación inició en esa propia data. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, portratarse de un dato u opinión común indiscutible, no porel número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso a estudio, han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, cuenta habida que, como quedó evidenciado, las autoridades federales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad de entre doce a catorce años (rango de edad en el que se encuentra el menor quejoso), con la vacuna Pfizer/BioNTech, e incluso, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de la primera dosis de la vacuna, inició el cinco de mayo pasado. De lo que se sigue que la omisión de las responsables de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad denominada COVID-19, a fin de autorizar que el citado menor quejoso, fuera inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, ha cesado, precisamente porque se ha autorizado la inoculación de los menores en cuyo rango de edad se encuentra el directo impetrante, aunado a que la ejecución de dicha autorización ya ha tenido verificativo, en su primera dosis, cuenta habida que en esta entidad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y que es donde radica el menor quejoso, inició el cinco de mayo pasado. Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haber sido autorizada a nivel federal la vacunación de los menores de entre doce a catorce años (rango de edad en que se ubica el menor quejoso), y estarse materializando ya la aplicación de la vacuna en el Estado de Yucatán a partir del cinco de mayo pasado, han cesado los efectos de la aludida omisión. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos. Finalmente, déjense sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva, la cual está señalada para llevarse a cabo a las nueve horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de mayo del año en curso. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende, como hecho notorio, que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente principal, por interlocutoria de veintiocho de febrero del año en curso, se otorgó la suspensión definitiva al menor quejoso H.B.Q., a efecto de que las responsables, previa valoración médica, señalaran hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna PfizerBioNTech a dicho menor, con sus dos dosis. En esa virtud, dado el tiempo transcurrido desde que dicha medida suspensional de carácter definitivo fue otorgada, y tomando en cuenta que la parte quejosa, mediante escrito presentado en este expediente, informó que el menor quejoso H.B.Q., ya recibió la primera dosis de la vacuna en comento; requiérase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, bajo formal protesta de decir verdad, indique si el menor impetrante H.B.Q., ya ha sido inoculado con la segunda dosis de la vacuna de marras. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades responsables foráneas, residentes en la Ciudad de México, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se les requirió, en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las autoridades responsables que están pendientes de rendir sus informes previos, tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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