Elsa María Romero Romero
Expediente 679/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elsa María Romero Romero
Actuaciones
- Principal
Demanda y radicación. Vista la demanda que promueve Elsa María Romero Romero, contra actos que atribuye al Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia de Cheran K'eri, Michoacán. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 679/2019. Luego entonces los actos reclamados se hacen consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ORDENADORAS el haber girado instrucciones a las EJECUTORAS, según su dicho, para que estas procedan a mi detención, ello fuera de todo procedimiento judicial." Con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto que implica privación de la libertad personal fuera de procedimiento, se decreta la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y su ejecución, que se haya girado en su contra por las autoridades responsables, para el efecto de no se prive de la libertad a la quejosa con motivo de dichos actos. En tal orden de ideas conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo y en atención a la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, se toma en cuenta que existe un alto grado de posibilidad de que se demuestre por la quejosa, que la pretendida orden de detención, que se haya girado en su contra, por el Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia de Cheran K'eri, Michoacán; sea inconstitucional; en virtud de que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no autoriza a las autoridades comunitarias ni al Director y/o Encargado de la Ronda Comunitaria a realizar detenciones arbitrarias so pretexto de ejecutar ordenes libradas por aquéllos, argumentando que se siguen usos y costumbres, ya que su autonomía en la administración de justicia debe ser acorde con el orden jurídico vigente, con los principios generales de derecho, y con el respeto a los derechos humanos. Tal y como se precisó en la tesis que por mayoría de razón aplica al presente caso, la cual es del siguiente contenido: "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. NO FACULTA A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS A DICTAR ÓRDENES DE APREHENSIÓN O DE CATEO, POR LO QUE DE HACERLO, LA DETENCIÓN DEL SUPUESTO INCULPADO ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). ***." Y peligro en la demora, porque de ejecutarse el acto, éste se consumaría de forma irreparable. Condiciones de la suspensión concedida Esta medida cautelar no surte efectos si se trata de flagrancia o urgencia. Se apercibe a las autoridades responsables que de no acatar la presente resolución, pueden incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. ADMISIÓN Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de que se trata. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por haberse concedido la suspensión de oficio y de plano y no existen diversos actos sobre los cuales resulte procedente su concesión. Intervención del Ministerio Público. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, con copias de la demanda de garantías quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. Solicitud de informe justificado. Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación correspondiente. Asimismo, con fundamento en el invocado artículo 117, párrafo cuarto, solicítese remitan, copias CERTIFICADAS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE COTEJADAS DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE BASARON PARA EMITIR EL ACTO RECLAMADO. Con respaldo en lo dispuesto por el artículo 3, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables, para que rindan su informe justificado, vía fax, al teléfono 452 52 3 54 83, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal o telegráfica, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Audiencia constitucional. Se cita a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Oficios a las autoridades. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. *** NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ****. Copias. Se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Autorizados. Como lo solicita la parte quejosa se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ma Emma Bartolo Rosas, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente se tiene para imponerse a Iván Alejandro Barjas Rosas y Job García González, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones. De igual forma, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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