Eloy Zarazua Hernández

Expediente 456/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
456/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Eloy Zarazua Hernández
  • Eloy Zarazua Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el sobre devuelto por la oficina de mensajería "ESTAFETA" de esta ciudad, que contienen el oficio 17753 derivado del auto de veintiocho de septiembre de este año, sin que se advierta el motivo de la devolución. Por tanto, reenvíese el oficio de que se trata y diverso 15111/2023, al Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con residencia en Ciudad de México, por correo electrónico y al domicilio ubicado en la calle Liverpool 136, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, en Ciudad de México; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponde, los sobres devueltos por la oficina de mensajería "ESTAFETA" de esta ciudad, que contienen el oficio 15880 derivado del auto de cuatro de septiembre de este año, advirtiéndose que el motivo de la devolución fue por haber cambiado de domicilio el destinatario. Por tanto, reenvíese el oficio de que se trata al Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con residencia en Ciudad de México, por correo electrónico y al domicilio ubicado en Avenida Constituyentes No. 947, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio firmado por el Director de Amparos contra Leyes "B" de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con residencia en Ciudad de México; a través del cual devuelve el oficio 14648 por el que se pretende notificar a la autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la sentencia dictada en este asunto, por el motivo que expone. Atento a lo anterior, reenvíese el oficio de que se trata al Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con residencia en Ciudad de México, por haber sido quien rindió informe justificado en el juicio que nos ocupa, al domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, sito en calzada México- Xochimilco número 4985, colonia Guadalupe, Alcaldía Tlalpan, código postal 14344, en Ciudad de México; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto ********************/2022, promovido por ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ******************** contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México, y de otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, turnado al Juzgado Octavo de Distrito, ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: III.- Autoridades responsables: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL. COMISARIO GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL. TITULAR DE LA UNIDAD DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS POR COMPETENCIA. MAESTRO CRUZ ISAAC MUÑOZ NAVARRO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL. ÁREA DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL. ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL. COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN MICHOACÁN. COORDINADOR DE BATALLÓN DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES MICHOACÁN y/o TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SECCIONES DE SEGURIDAD A VÍAS DE COMUICACIÓN MICHOACÁN. TITULAR DE LA ESTACIÓN URUAPAN EN LA COORDINACIÓN DE BATALLÓN DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN MICHOACÁN y/o TITULAR DE LA ESTACIÓN URUAPAN DE LA COORDINACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN MICHOACÁN DE LA GUARDIA NACIONAL. UNIDAD OPERATIVA DE SEGURIDAD PREVENTIVA ESTACIÓN MICHOACÁN. DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACION DE LA GUARDIA NACIONAL. COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTROS (CONASE) DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. Actos reclamados 1. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, reclamo: a) La orden para nueva asignación de mis funciones por cambio de adscripción como Suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad de Carreteras e Instalaciones. b) La orden para la militarización de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. 2. Del COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo: a) La orden para nueva asignación de mis funciones por cambio de adscripción como Suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. b) La orden para la militarización de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. 3. Del COMISARIO GENERAL, reclamo: La emisión y contenido del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, por medio del cual se me intenta comunicar mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE). 4. Del TITULAR DE LA UNIDAD DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS POR COMPETENCIA, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE). La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 5.- Del MAESTRO CRUZ ISAAC MUÑOZ NAVARRO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo: La emisión y contenido del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 6.- Del ÁREA DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA). La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 7.- Del ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA). La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SE GURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 8.- Del COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN MICHOACÁN, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DESEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SE GURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 9.- Del COORDINADOR DE BATALLON DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES MICHOACÁN DE LA GUARDIA NACIONAL y/o TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN MICHOACÁN, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 10.- Del TITULAR DE LA ESTACIÓN URUAPAN EN LA COORDINACIÓN DE BATALLON DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN MICHOACAN y/o TITULAR DE LA ESTACIÓN URUAPAN DE LA COORDINACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN MICHOACÁN DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 11.- De la UNIDAD OPERATIVA DE SEGURIDAD PREVENTIVA ESTACIÓN MICHOACAN, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 12.- Del DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 13.- De la COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, reclamo: La ejecución del oficio número ********************, de fecha 27 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. La ejecución del oficio número ********************, de fecha 29 de junio del año 2022, para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE) PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. Los peticionarios de amparo expusieron que se violan sus derechos reconocidos en los artículos 1°, 5, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos reclamados; y, expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el número ********************/2022; previo cumplimiento a la prevención, por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo como inexistentes las autoridades que la parte quejosa señaló como Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Michoacán de la Guardia Nacional y/o Titular de la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación Michoacán, Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Michoacán. En esas condiciones, se hace innecesario pronunciarse en la sentencia respecto de dichas autoridades. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 111/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. En audiencia constitucional de siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo como autoridad inexistente al Director de la Dirección General de Investigación, Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México. Por otra parte, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días, con la inexistencia de la autoridad que denominó Comisario General, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, tomando en consideración que transcurrió en demasía dicho término, sin que haya desahogado la vista, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene como inexistente dicha autoridad, para los efectos legales procedentes. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución material en Uruapan, Michoacán, dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante de la Guardia Nacional. La orden para nueva asignación de funciones por cambio de adscripción como suboficial de la Guardia Nacional a la Dirección General de Seguridad de Carreteras e Instalaciones, así como la orden para la militarización de la Guardia Nacional. Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. El oficio ********************. Del Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia; Área de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; Enlace Administrativo de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; Titular de la Estación Uruapan en la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Michoacán y/o Titular de la Estación Uruapan de la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación Michoacán de la Guardia Nacional; y, Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase). La ejecución del oficio ********************, a través del diverso ********************, mediante el cual se le comunica su cambio de adscripción y la nueva asignación de funciones. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS. En principio, se precisa que el estudio del presente considerando se dividirá en apartados, tomando en cuenta que el referido sobreseimiento se actualiza respecto de distintas autoridades y actos reclamados. I. Sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la orden para nueva asignación de funciones por cambio de adscripción como suboficial de la Guardia Nacional a la Dirección General de Seguridad de Carreteras e Instalaciones, y la orden para la militarización de la Guardia Nacional. Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, en virtud de que no se encuentra acreditada la existencia de los actos materia de este apartado. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo. Y, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado. En consecuencia, al resultar inexistentes los actos impugnados materia de este apartado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. En audiencia constitucional de siete de noviembre de dos mil veintidós, y durante el dictado de la presente resolución, se tuvo como inexistente al Director de la Dirección General de Investigación, Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México y Comisario General; en esa virtud, es evidente que los actos que se le atribuyen no existen. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de los actos atribuidos a dichas autoridades. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia; Área de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; y, Enlace Administrativo de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, consistente en la ejecución del oficio ********************, a través del diverso ********************. De igual manera, es cierto el acto reclamado del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, consistente en el oficio ********************. Lo anterior, por así haberlo manifestado dichas autoridades al rendir su informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, se presumen ciertos los actos reclamados del Comandante de la Guardia Nacional, consistentes en la orden para nueva asignación de funciones por cambio de adscripción como suboficial de la Guardia Nacional a la Dirección General de Seguridad de Carreteras e Instalaciones, contenida en el oficio ********************, así como la orden para la militarización de la Guardia Nacional. De igual manera se presumen ciertos los actos reclamados del Titular de la Estación Uruapan en la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Michoacán y/o Titular de la Estación Uruapan de la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación Michoacán de la Guardia Nacional, consistentes en la ejecución de los oficios ******************** y ********************, toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado. También son ciertos los actos reclamados de la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), consistente en la ejecución de los oficios ******************** y ********************, no obstante que al rendir su informe justificado los haya negado, pues en su calidad de ejecutora le corresponde dar cumplimiento a lo mandado por las ordenadoras. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del oficio ********************. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado, de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, de la Ley de Amparo, dado que, el citado oficio, por una parte, no causa perjuicio al quejoso ********************. En efecto, en términos de la fracción XII del artículo 61 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, siendo inconcuso que, para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que ese perjuicio o agravio ya exista de manera actual, al momento de promoverse la demanda de amparo correspondiente, pues, es esa situación presente, la que le está causando un perjuicio al interés jurídico del peticionario de amparo. Ahora, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 38/2005, de rubro y texto siguiente: SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento. De igual manera, dicho criterio fue reiterado por la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 331/2010, de donde derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, de rubro y texto: POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.- Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional. Esto es, si no existe prueba en autos de que el quejoso sea titular de un derecho que se traduzca en la inamovilidad de las funciones que desempeña como miembro de tal policía, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción o de funciones que venía desempeñando no afecta su interés jurídico, más aún cuando de ninguna manera se lesionen sus derechos de antigüedad, estabilidad en el empleo o aquellos de naturaleza económica que resulten de su relación laboral. Resulta aplicable, la tesis aislada I.7o.A.420ª, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto que dicen: SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción. Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: POLICÍAS, CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS. FALTA DE INTERES JURÍDICO. Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículo 32, inciso a), 33, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal y que esta última está constituida por personal de carrera, que comprende el de línea y el de servicio, el que a su vez queda integrado por los elementos que laboran en las oficinas y demás dependencias administrativas de la policía, si no existe prueba en autos de que el quejoso sea titular de un derecho que se traduzca en la inamovilidad de las funciones que desempeña como miembro de tal policía, debe concluirse que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción o de funciones que venía desempeñando no afecta su interés jurídico, más aún cuando de ninguna manera se lesionen sus derechos de antigüedad, estabilidad en el empleo o aquellos de naturaleza económica que resulten de su relación laboral con las autoridades del Departamento del Distrito Federal y en todo caso el acto administrativo correspondiente se dicte con un evidente propósito de mejorar el servicio público. Ahora, del oficio ********************, emitido en cumplimiento al reclamado ********************, se desprende lo siguiente: SUBOFICIAL GN. ******************** RFC: ZAHE760324-IA0 EXP: 11380 Antecedente: ******************** . Por disposición del Comandante de la Guardia Nacional, de conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,3, 40 fracción I, 47 y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 2,3, 40 fracciones I, XVII, XVIII y XXVIII y 41 fracciones VI, VII y XI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 30 Bis fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 6, 8, 15 Fracciones I y II, 26 Fracción I, 18, 19 Fracción XLI, 155 y 156 Fracción I del Reglamento de la Ley de la Guardia nacional; se comunica que con fecha 1 de julio de 2022 cambia de adscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, PARA SER ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE), por lo cual deberá presentarse el día 1 de julio de 2022 en su nueva adscripción, sito en: Periférico Oriente 815, Col. Chinampac de México., debidamente uniformado para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta, y donde recibirá las instrucciones correspondientes. . El Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Mtro. ******************** Gral. Div. D.E.M. Ret. Ahora, como se expuso, el cambio de adscripción del quejoso ******************** a un lugar diverso no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, con mismo nombramiento y no se advierta una disminución de las prestaciones que percibe. En ese sentido, tampoco se desprende que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el quejoso como Suboficial, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho puesto. Por tanto, tomando en consideración los criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional considera que no se encuentra acreditado que el cambio de adscripción reclamado, afecte el interés jurídico del quejoso, dado que no se tienen medios de prueba en esta instancia constitucional, con los cuales, se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. Habida cuenta de que no existe medio de prueba con el que se demuestre que con el cambio de adscripción que se reclama, se asignen funciones diversas a las venía desarrollando el peticionario o bien, una reducción en el salario que percibía. Además, el quejoso no aportó elemento probatorio que justifique que su nombramiento de Suboficial, estableciera que el lugar en donde venía prestando sus servicios, se le haya otorgado con el carácter de vitalicio o inamovible, para que en todo caso, pudiera ser considerado como titular de ese derecho para combatir el acto reclamado, de modo tal que siendo el quejoso un elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien como un correctivo para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando las garantías individuales de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. En efecto, el quejoso no acreditó que dicho cambio de adscripción tuviera como consecuencia una modificación en sus funciones y condiciones, que lo legitimara para instar este medio de control constitucional. En síntesis, no se encuentra demostrado que, el cambio de adscripción afecte el interés jurídico del promovente ni éste acreditó que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.6 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías". De igual manera, por lo que respecta a los menores quejosos de iniciales ********************, se actualiza la referida causal de improcedencia en estudio. Ello, toda vez que, como quedó de manifiesto en líneas precedentes, el oficio ********************, que cumplimenta lo ordenado en el diverso ********************, se encuentra dirigido al quejoso ********************, y no a los menores quejosos, por lo que, es evidente que el mismo no causa un agravio personal y directo a éstos, requisitos necesarios para la procedencia del juicio de amparo, ya que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Y si bien existe suplencia de la queja para los menores, en términos del artículo 79 fracción II, de la Ley de Amparo, también lo es que tal supuesto no implica la posibilidad de hacer procedente lo improcedente, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XVII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Enero de 2007, página 486, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, ya que el oficio reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Sobreseimiento que se hace extensivo a los de ejecución de las autoridades responsables Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia; Área de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; Enlace Administrativo de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional; Titular de la Estación Uruapan en la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Michoacán y/o Titular de la Estación Uruapan de la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación Michoacán de la Guardia Nacional; y, Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase); toda vez que no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del acto de ordenamiento, ello en términos del contenido de la siguiente tesis: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". (Tesis visible a foja 480, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Quinta Época, Apéndice al Seminario Judicial de la Federación). Por otra parte, el quejoso en su escrito de demanda tildó de inconstitucionales los artículos 15, fracciones I y II, 26 fracción VIII, de la Guardia Nacional. Sin embargo, de los párrafos que antecede se desprende que el juicio de amparo resultó improcedente, en virtud del sobreseimiento decretado, por lo que, idéntica determinación debe tomarse respecto de la norma impugnada, en virtud de que no puede desvincularse su estudio, como lo indica la jurisprudencia 2ª./J. 71/2020 que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por el quejoso, porque el sobreseimiento que se decreta releva a quien ahora resuelve de su estudio. El criterio adoptado por éste órgano constitucional es de similar contenido al determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la ejecutoria de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del amparo en revisión ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de los menores de iniciales ********************, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y las razones expuestas en los considerandos tercero, cuarto y sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las capturas correspondientes en el libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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