Elsa María Amador Murillo y Otros.
Expediente 223/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- María de Jesús Sánchez Martínez y Otros.
- Elsa María Amador Murillo y Otros.
- Elsa María Amador Murillo
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente recurriera el proveído emitido el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que hace a F..., en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el ...Notifiquese
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente;
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente;
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio dejado el tres de mayo de dos mil veintiuno, en el domicilio de la parte promovente Francisca Regalado Flores, Elsa María Amador Murillo, María de Jesús Sánchez Martínez, Rafael Mendoza García, Karina Alejandra Ruelas Muñoz y Amire Cruz Macías, y se le notifica el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda que promueven Francisca Regalado Flores, Elsa María Amador Murillo, María de Jesús Sánchez Martínez, Rafael Mendoza García, Karina Alejandra Ruelas Muñoz y Amire Cruz Macías, contra actos del Gobernador del estado de Baja California, con residencia en Mexicali y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 223/2021-III. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado .". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo por lo que respecta a los quejosos Rafael Mendoza García y Amire Cruz Macías, en atención a que carece de firma. En principio, es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: "Artículo 61: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 6º. "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. Sin que en el caso, el acto que se señala como reclamado, se ubique dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, tampoco encuadra en alguno de los supuestos que prevé el artículo 154 de la ley de la materia, de conformidad con la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, Junio de 2018, Página 2932, de rubro: "AGUA POTABLE. EL CORTE TOTAL DE SU SUMINISTRO NO REPRESENTA UN RIESGO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA, POR LO QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO OPERA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". Aunado a que tampoco se advierte de la demanda de amparo, se promueve en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, es decir, por conducto de su apoderado o representante legal. En ese contexto, toda vez que la demanda fue presentada físicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Ensenada, resulta indispensable para la tramitación del juicio que se intenta promover a nombre de Rafael Mendoza García y Amire Cruz Macías, que el escrito de demanda cuente con la formalidad consistente en que sea presentado con firma autógrafa de quien la presenta, pues la misma, denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene las firmas autógrafas de los quejosos Rafael Mendoza García y Amire Cruz Macías, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata por lo que hace a Rafael Mendoza García y Amire Cruz Macías. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". Así también, tiene aplicación al caso concreto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si su escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quién ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada". Ahora bien, los promoventes Francisca Regalado Flores, Elsa María Amador Murillo, María de Jesús Sánchez Martínez y Karina Alejandra Ruelas Muñoz del juicio de derechos fundamentales, reclaman de las autoridades responsables la omisión de garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua potable, lo que a su consideración pone en riesgo su vida; por lo cual solicitan les sea concedida la suspensión de plano del acto reclamado en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, no se actualizan las hipótesis previstas en el numeral 126 de la Ley de Amparo para la concesión de la de la suspensión de plano, ya que analizada en su integridad la demanda de amparo, se desprende que los quejosos reclaman, en esencia, la omisión de suministrar, proveer o abastecerles agua potable, por lo que no es dable considerar que tal omisión encuadre en los supuestos previstos por dicho precepto normativo o que ésta sea equiparable a aquéllos, ya que ese acto no representa, necesaria y directamente, un peligro de privación de la vida de los quejosos, aún cuando éstos manifiesten que sí la afecta, por el hecho que requieren tener ciertas medidas de higiene como lavarse las manos para evitar un posible contagio del virus COVID-19, pues para que ello ocurra debe existir un nexo causal que revele que esa omisión ponga en riesgo de manera directa dicho derecho fundamental, como en el caso de que la parte quejosa no pudiera allegarse del líquido vital por otros medios, o que se encuentre en tal grado de vulnerabilidad, que su vida dependa únicamente de que las responsables le suministren agua potable. Apoya lo anterior la tesis aislada número 201720436, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, Junio de 2018, Página 2932, del tenor siguiente: "AGUA POTABLE. EL CORTE TOTAL DE SU SUMINISTRO NO REPRESENTA UN RIESGO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA, POR LO QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO OPERA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La norma aludida prevé una excepción al plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra, entre otros, los actos que impliquen peligro de privación de la vida; los que precisan el uso de la fuerza física y la violencia (ataques, marcas, azotes, palos o tormentos), así como los administrativos que con acometividad se aplican a los particulares (deportación, destierro o confiscación de bienes); casos en los cuales podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, si se toman en consideración las especies de actos señaladas y sus características particularmente lesivas, no es dable estimar que el corte total del suministro de agua potable encuadre en dichos supuestos o sea equiparable a aquéllos, ya que ese acto no representa, necesaria y directamente, un peligro de privación de la vida del quejoso, aun cuando éste manifieste que vulnera su derecho a la vida, pues para que ello ocurra debe existir un nexo causal que revele que ese corte ponga en riesgo dicho valor fundamental, como en el caso de que el sujeto no pudiera allegarse del líquido vital por otros medios. Por tanto, al no actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el juicio constitucional promovido contra el corte mencionado, por regla general, la demanda debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días." Asimismo, la tesis jurisprudencial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte, Enero Junio de 1989, Página 951, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis VI.1o.A.19 K, con número de registro 179731, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1458, noven época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." En ese tenor, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción V, en relación con el 114 fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de la demanda, para que por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio para el completo traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, aclare su escrito de demanda en el sentido siguiente: Único. En vía de ampliación de los antecedentes de los actos reclamados, deberán precisar la ubicación y datos de identificación del lugar sobre el cual refieren la omisión que combaten, por parte de las autoridades señaladas como responsables. Ello a fin de evitar alguna posible irregularidad en el procedimiento, tener una clara perspectiva del acto reclamado a efecto de fijar la Litis y atender a la procedibilidad de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa, atendiendo la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, conforme a la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 3709. Tomo 5, Libro III, diciembre de 2011, de la Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo". Asimismo, dígase al promovente, que el referido requerimiento deberá ser desahogado por el y no por conducto de algún autorizado, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, dígase a la parte promovente, que el referido requerimiento deberá ser desahogado en lo particular por cada uno de ellos y no por conducto de algún autorizado, ya que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, visible a página 348, materia común, con número de registro 174745, cuyo rubro y contenido a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo y forma propuesta, este juzgado de distrito, tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César García Ortiz, toda vez que tiene registrada su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así a Yalitza Esther Cárdenas Lucero, toda vez que del contenido de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no cuenta con cédula profesional registrada en el referido sistema, así como a Minerva García Ortiz y Jenny Patricia de la Cruz Velazco , por así haberlo solicitado. Asimismo, con fundamento en el citado numeral se nombra como representante común de la parte quejosa a Francisca Regalado Flores. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las parte promovente, para que continúe el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se le solicita para que proporcione un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario.
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