Elsa Castrejón del Corral
Expediente 14/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/05/2019
Partes del expediente
- Elsa Castrejón del Corral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, además de que sólo la parte quejosa, por conducto de su autorizada Wendy Cysivianca Pringle, realizó manifestaciones al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el doce de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio (fojas 68 a 83), en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **; .. Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de diez de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a ello, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, mediante oficio 03495, registrado con folio 3807, presentada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, informó que mediante proveído dictado el veinticuatro de abril del año en curso, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, se dejó insubsistente la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil **. Por su parte, la citada Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, mediante diverso comunicado 03873, registrado con folio 4213, presentada el diez de mayo de dos mil diecinueve, informó y acredito con las copias certificadas respectivas, que la referida sala responsable el ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictó resolución, en la cual, en cumplimiento al fallo protector, de manera fundada y motivada, atendió los agravios que hizo valer la parte demandada incidentista, aquí impetrante, en relación a la valoración de la prueba pericial de valuación y que los estudió conforme a la libre valoración de la prueba pericial que otorga el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California; y con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho consideró procedente. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, a la ejecutoria de amparo. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que la sala responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que, acreditó con las constancias respectivas, que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil **, de su índice; así como también, que el ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictó nueva resolución en la cual, al atender los agravios (primeros) que esgrimió la parte demandada incidentista, aquí impetrante, en relación a la valoración de la prueba pericial de valuación, lo hizo conforme a la libre valoración de la prueba pericial que otorga el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California; y con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho consideró procedente. No obsta a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, por conducto de su autorizada Wendy Cysivianca Pringle, en el escrito registrado con folio 4633, recibido el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; en el sentido de que la sala responsable no da cabal cumplimiento al fallo protector, porque, aduce el impetrante, al atender el primero de los agravios en la nueva resolución no fundó ni motivó cabalmente lo determinado, en tanto que, contrario a lo que se dijo en ésta, el perito que nombró sí expuso una lista de factores que tomó en consideración para estimar el valor de capitalización de rentas, y el valor de mercado del inmueble, comparándolo con otros inmuebles de condiciones topográficas similares. Que además, añade la parte quejosa, la responsable confundió el primer agravio, ya que si bien es cierto, todos los peritos reconocieron que el inmueble a valuar tenía tres lados, sin acceso a la vía pública, sin construcciones y sin servicios, que el punto medular era que esos factores son los que deprecian el inmueble y por los cuales los peritos de la parte actora y el tercero debieron castigar el valor y no calificarlos como "buenos o regulares", ya que sin duda éstas características deben calificarse como "malas", lo cual tiene un coeficiente menor en la fórmula para obtener su valor; que resulta ilógico que se califique como "regular" los "servicios del inmueble" si el mismo carece de ellos; y que es esa contradicción la que debe demeritar valor de esos dictámenes y que debió se advertido por la sala. Añade la parte impetrante, que la responsable se limitó a decir que dichos peritos dijeron que sí lo tomaron en cuenta los factores de depreciación del inmueble, pero que lo cierto era que dichas características no se vieron reflejadas correctamente en las fórmulas empleadas por los mismos para la obtención del resultado, lo que hace que no merezca credibilidad, lo cual carece de lógica, que va contra la experiencia y se aleja de la sana crítica propias del razonamiento del juzgador, que el hecho de que la responsable, no haya abordado a fondo al análisis acucioso del agravio en cita, ni verificado los hechos, fundamentos y motivos que se consideró en el mimo. Que incluso, refiere la parte quejosa, la responsable omitió advertir que dentro del avalúo, el perito tercero en discordia no señaló que el predio tiene algunas características particulares que son un factor trascendente al momento de comparar su valor con otros predios similares; y que por ello, era necesarios dar más valor probatorio al dictamen del Ingeniero Guillermo Baeza y restarle valor probatorio a los dictámenes del tercero en discordia y de la actora incidentista; y que contrario a los estimado por la responsable, el método que requiere la existencia de construcción es físico o neto de reposición que fue empleado por el perito tercero y de las actoras quienes expresamente manifestaron que el inmueble carece de construcciones, ya que el citado método requiere efectuar la depreciación por antigüedad de las edificaciones. Al respecto, resultan infundados los argumentos precisados, toda vez que si bien es cierto, la protección constitucional en el presente juicio se concedió para el efecto de que la sala responsable de manera fundada y motivada, atendiera los agravios que hizo valer la parte demandada incidentista, aquí impetrante, en relación a la valoración de la prueba pericial de valuación, debiendo estudiarlos conforme a la libre valoración de la prueba pericial que otorga el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California; no menos verdadero resulta que en tal concesión se otorgó a la autoridad responsable plenitud de jurisdicción en su decisión. Luego, si los argumentos expresados por la parte quejosa, y sintetizados en los párrafos que anteceden, van dirigidos a atacar los motivos que sustentan la nueva determinación dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en todo caso, los mismos son materia de un diverso juicio de amparo que se promueve en su contra, pues como se dijo tales consideraciones se emitieron con plenitud de jurisdicción. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Ahora, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, las copias certificadas que obran agregadas por cuerda separada en dos tomos de pruebas, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Finalmente, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
- Incidental
Vista la certificación secretarial de cuenta y ya que el día de la fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, ordenando el archivo de aquél expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que en virtud de que en el presente expediente por acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional y por resoluciones de veintiuno de enero y seis de febrero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva solicitada; asimismo, en autos de treinta y uno de enero y veinte de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente se dejaron expeditas las facultades a las autoridades responsables para ejecutar los actos reclamados en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado.
- Principal
Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Wendy Cysivianca Pringle, autorizada de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; por tanto, se tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en el mismo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL QUINCE DE MAYO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "..Ensenada, Baja California, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali y anexo que acompaña, mediante el cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector en el presente juicio de amparo y al efecto remite copia certificada de las constancias respectivas a fin de acreditarlo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias relativas y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable." Asimismo, se hace de su conocimiento que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia del oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que anexó copia de la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 0682/2018
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