Elsa Elena Higuera Guerrero

Expediente 762/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
762/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Elsa Elena Higuera Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada por lista de estrados el diecinueve de los propios mes y año, quedando comprendido dicho plazo del veintiuno al veintisiete de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el proveído con firma electrónica dictado de ocho de septiembre del año en curso, en el cuadernillo de varios, por este órgano jurisdiccional, al que se anexa escrito aclaratorio a la demanda de amparo firmado autógrafamente por José Ángel Posadas Pérez, a través del cual, desahoga el requerimiento formulado en auto de cuatro de septiembre del año en curso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados: i) El ilegal emplazamiento al incidente de liquidación de intereses ordinarios, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. ii) La resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, derivada del incidente de liquidación de intereses ordinarios, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. iii) La resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Precisado lo anterior, en concepto del suscrito, por lo que atiende a los actos reclamados que la parte quejosa hizo consistir en: El ilegal emplazamiento al incidente de liquidación de intereses ordinarios, así como la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, derivada de dicho incidente, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que indica que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo debe presentarse dentro del plazo de quince días, planteando las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Al reclamar una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) En caso de actos que tengan por efecto la privación de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años. 4) Por último, cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Por tanto, es necesario analizar, si el referido acto reclamado, debe regirse por el término de quince días para promover la demanda de amparo o bien, se encuentra dentro de los casos de excepción marcados en el numeral 17 fracción IV de la Ley de Amparo, para poder establecer si el juicio de amparo fue presentado o no, en tiempo, o se localiza dentro de los casos de excepción marcados en el mencionado numeral; y si en su caso, se actualiza alguna causa de improcedencia; puesto que, de acontecer así, se procederá a desechar la demanda por extemporánea. Por consiguiente, al no encontrarse el acto reclamado en ninguno de los casos de excepción antes señalados, el término que tiene la parte quejosa para promover la demanda de derechos fundamentales es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que indica: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De conformidad con lo establecido en el numeral de mérito, el juicio de derechos debe promoverse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. A su vez, el artículo 22 de la Ley de Amparo, establece que el cómputo de los términos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, incluyendo el de su vencimiento; precisándose que sólo se contarán los días hábiles. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, específicamente en el apartado de fecha de conocimiento del acto, el promovente manifestó expresamente y bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de septiembre de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo 632/2023, del índice administrativo de este órgano jurisdiccional, que fue promovido por la propia parte quejosa, donde reclamó la falta de emplazamiento y la resolución del incidente de liquidación de intereses ordinarios deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento de los actos que reclamó el trece de julio de dos mil veintitrés, como se advierte a continuación: Antecedentes juicio de amparo 632/2023 Antecedentes juicio de amparo 762/2023 H E C H O S : 1.- Que, en fecha 13 de julio del presente año, aproximadamente a las 13:00 horas, me presente en las instalaciones que ocupa el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo civil, de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa., con la finalidad de checar el del expediente número ********************, mismo que se encuentra ante la autoridad judicial que se señala, percatándome que la actora SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANK INVERLAT., por medio de su representante legal el C. Licenciado CUAUHTÉMOC SALOMÓN PÉREZ, en fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, se le tuvo por promovido en ejecución de sentencia, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ORDINARIOS, admitiéndosele a trámite, ordenándose dar vista a la demandada, es decir a mi representada ELSA LORENA HIGUERA GUERRERO, de lo cual en ningún momento ha sido notificada mi representada, por lo cual se generó un estado de indefensión al no ser oída y vencida, violando, con ello sus garantías procesales. (.) H E C H O S : 1.- Que, en fecha 01 de septiembre del presente año, aproximadamente las 10:00 horas, me presente en las instalaciones que ocupa el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo civil, de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa., con la finalidad de checar el contenido del expediente número ********************, mismo que se encuentra radicado ante la autoridad judicial que se señala, percatándome que la parte actora SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT., por medio de su representante legal el C. Licenciado CUAUHTÉMOC SALOMÓN PÉREZ, en fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, se le tuvo por promovido en ejecución de sentencia, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ORDINARIOS, admitiéndosele a trámite, ordenándose dar vista a la parte demandada, es decir a mi representada ELSA LORENA HIGUERA GUERRERO, de lo cual en ningún momento ha sido notificada mi representada, por lo cual se generó un estado de indefensión al no ser oída y vencida, violando con ello sus garantías procesales. (.) Lo anterior, revela que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama en el presente juicio, mismos que reclamó en el juicio de amparo 632/2023, al menos desde el trece de julio de dos mil veintitrés, por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo inició el catorce de julio de dos mil veintitrés, y concluyó el tres de agosto de la propia anualidad, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio del año en curso, por ser sábados y domingos y por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si el escrito petitorio de protección constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el uno de septiembre de esta anualidad, es innegable que la promoción del mismo, resulta extemporánea, circunstancia con la que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción 61 fracción XIV de la Ley de Amparo; causal que comprende los actos identificados como la falta de emplazamiento del incidente de liquidación de intereses, así como la interlocutoria dictada en él. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto de los actos reclamados precisados en los incisos i) y ii). SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en la resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional, toda vez que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo. Lo anterior es así, ya que el diverso acto reclamado que hizo consistir en la resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el incidente de liquidación de intereses ordinarios, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del fallo definitivo. En efecto, de los dispositivos antes mencionados se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y gocen de autonomía a la cosa juzgada o vulneren derechos sustantivos de las partes, en las siguientes hipótesis: a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y b) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la inteligencia de que, en ambos supuestos, se harán valer las violaciones cometidas durante dichos procedimientos. Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ahora bien, la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo que promueve, se analice la resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, dictada en el juicio sumario civil ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, ello con la finalidad de que ésta no se practique; acto que no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia aduciendo que no fue emplazada al incidente de ejecución de sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violación en la resolución de adjudicación, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia. Si bien, en principio, pudiera considerarse que el acto reclamado se ubica en el párrafo identificado con el inciso b) anterior, la realidad es que en el caso concreto, la última resolución en el procedimiento de remate consistirá en la que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, no propiamente la resolución de adjudicación. Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto, los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Bajo esas premisas es dable concluir que la resolución de adjudicación que reclama la parte quejosa no es la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Ahora, es importante destacar que la impetrante no es ajena al juicio natural, dado que en el diverso juicio de amparo 194/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí quejosa, mismo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, reclamó la diligencia de emplazamiento practicada en los autos del juicio sumario civil hipotecario número ******************** y, como consecuencia de ello, la sentencia y actos realizados con la finalidad de adjudicar en favor de la actora el bien inmueble ubicado en la calle de ********************, de esta Ciudad, en el cual mediante resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, le negó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, al determinar que el emplazamiento de la impetrante se encontraba ajustado a derecho, por ende, no vulneraba su derecho humano de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha negativa se hizo extensiva a todas las actuaciones derivadas del referido juicio de origen ********************, hasta el dictado de la sentencia definitiva y los actos llevados en ejecución a la misma; determinación que fue confirmada por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con asiento en Culiacán, en sesión plenaria de diez marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión ********************. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, y con el ordinal 107, fracción III, constitucional, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal, por lo que hace al acto reclamado precisado con el arábigo iii). Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual en síntesis se acordó: RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el proveído con firma electrónica dictado de ocho de septiembre del año en curso, en el cuadernillo de varios, por este órgano jurisdiccional, al que se anexa escrito aclaratorio a la demanda de amparo firmado autógrafamente por José Ángel Posadas Pérez, a través del cual, desahoga el requerimiento formulado en auto de cuatro de septiembre del año en curso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados: i) El ilegal emplazamiento al incidente de liquidación de intereses ordinarios, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. ii) La resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, derivada del incidente de liquidación de intereses ordinarios, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. iii) La resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Precisado lo anterior, en concepto del suscrito, por lo que atiende a los actos reclamados que la parte quejosa hizo consistir en: El ilegal emplazamiento al incidente de liquidación de intereses ordinarios, así como la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, derivada de dicho incidente, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que indica que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo debe presentarse dentro del plazo de quince días, planteando las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Al reclamar una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) En caso de actos que tengan por efecto la privación de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años. 4) Por último, cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Por tanto, es necesario analizar, si el referido acto reclamado, debe regirse por el término de quince días para promover la demanda de amparo o bien, se encuentra dentro de los casos de excepción marcados en el numeral 17 fracción IV de la Ley de Amparo, para poder establecer si el juicio de amparo fue presentado o no, en tiempo, o se localiza dentro de los casos de excepción marcados en el mencionado numeral; y si en su caso, se actualiza alguna causa de improcedencia; puesto que, de acontecer así, se procederá a desechar la demanda por extemporánea. Por consiguiente, al no encontrarse el acto reclamado en ninguno de los casos de excepción antes señalados, el término que tiene la parte quejosa para promover la demanda de derechos fundamentales es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que indica: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De conformidad con lo establecido en el numeral de mérito, el juicio de derechos debe promoverse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. A su vez, el artículo 22 de la Ley de Amparo, establece que el cómputo de los términos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, incluyendo el de su vencimiento; precisándose que sólo se contarán los días hábiles. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, específicamente en el apartado de fecha de conocimiento del acto, el promovente manifestó expresamente y bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de septiembre de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo 632/2023, del índice administrativo de este órgano jurisdiccional, que fue promovido por la propia parte quejosa, donde reclamó la falta de emplazamiento y la resolución del incidente de liquidación de intereses ordinarios deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento de los actos que reclamó el trece de julio de dos mil veintitrés, como se advierte a continuación: Antecedentes juicio de amparo 632/2023 Antecedentes juicio de amparo 762/2023 H E C H O S : 1.- Que, en fecha 13 de julio del presente año, aproximadamente a las 13:00 horas, me presente en las instalaciones que ocupa el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo civil, de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa., con la finalidad de checar el del expediente número ********************, mismo que se encuentra ante la autoridad judicial que se señala, percatándome que la actora SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANK INVERLAT., por medio de su representante legal el C. Licenciado CUAUHTÉMOC SALOMÓN PÉREZ, en fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, se le tuvo por promovido en ejecución de sentencia, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ORDINARIOS, admitiéndosele a trámite, ordenándose dar vista a la demandada, es decir a mi representada ELSA LORENA HIGUERA GUERRERO, de lo cual en ningún momento ha sido notificada mi representada, por lo cual se generó un estado de indefensión al no ser oída y vencida, violando, con ello sus garantías procesales. (.) H E C H O S : 1.- Que, en fecha 01 de septiembre del presente año, aproximadamente las 10:00 horas, me presente en las instalaciones que ocupa el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo civil, de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa., con la finalidad de checar el contenido del expediente número ********************, mismo que se encuentra radicado ante la autoridad judicial que se señala, percatándome que la parte actora SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT., por medio de su representante legal el C. Licenciado CUAUHTÉMOC SALOMÓN PÉREZ, en fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, se le tuvo por promovido en ejecución de sentencia, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ORDINARIOS, admitiéndosele a trámite, ordenándose dar vista a la parte demandada, es decir a mi representada ELSA LORENA HIGUERA GUERRERO, de lo cual en ningún momento ha sido notificada mi representada, por lo cual se generó un estado de indefensión al no ser oída y vencida, violando con ello sus garantías procesales. (.) Lo anterior, revela que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama en el presente juicio, mismos que reclamó en el juicio de amparo 632/2023, al menos desde el trece de julio de dos mil veintitrés, por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo inició el catorce de julio de dos mil veintitrés, y concluyó el tres de agosto de la propia anualidad, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio del año en curso, por ser sábados y domingos y por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si el escrito petitorio de protección constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el uno de septiembre de esta anualidad, es innegable que la promoción del mismo, resulta extemporánea, circunstancia con la que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción 61 fracción XIV de la Ley de Amparo; causal que comprende los actos identificados como la falta de emplazamiento del incidente de liquidación de intereses, así como la interlocutoria dictada en él. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto de los actos reclamados precisados en los incisos i) y ii). SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en la resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional, toda vez que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo. Lo anterior es así, ya que el diverso acto reclamado que hizo consistir en la resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el incidente de liquidación de intereses ordinarios, deducido del juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del fallo definitivo. En efecto, de los dispositivos antes mencionados se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y gocen de autonomía a la cosa juzgada o vulneren derechos sustantivos de las partes, en las siguientes hipótesis: a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y b) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la inteligencia de que, en ambos supuestos, se harán valer las violaciones cometidas durante dichos procedimientos. Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ahora bien, la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo que promueve, se analice la resolución de adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Colina número 594, fraccionamiento El Cid, sección La Alambra, en esta ciudad, dictada en el juicio sumario civil ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, ello con la finalidad de que ésta no se practique; acto que no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia aduciendo que no fue emplazada al incidente de ejecución de sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violación en la resolución de adjudicación, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia. Si bien, en principio, pudiera considerarse que el acto reclamado se ubica en el párrafo identificado con el inciso b) anterior, la realidad es que en el caso concreto, la última resolución en el procedimiento de remate consistirá en la que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, no propiamente la resolución de adjudicación. Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto, los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Bajo esas premisas es dable concluir que la resolución de adjudicación que reclama la parte quejosa no es la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el juicio sumario civil ********************, promovido por ********************, de la estadística interna del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Ahora, es importante destacar que la impetrante no es ajena al juicio natural, dado que en el diverso juicio de amparo 194/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí quejosa, mismo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, reclamó la diligencia de emplazamiento practicada en los autos del juicio sumario civil hipotecario número ******************** y, como consecuencia de ello, la sentencia y actos realizados con la finalidad de adjudicar en favor de la actora el bien inmueble ubicado en la calle de ********************, de esta Ciudad, en el cual mediante resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, le negó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, al determinar que el emplazamiento de la impetrante se encontraba ajustado a derecho, por ende, no vulneraba su derecho humano de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha negativa se hizo extensiva a todas las actuaciones derivadas del referido juicio de origen ********************, hasta el dictado de la sentencia definitiva y los actos llevados en ejecución a la misma; determinación que fue confirmada por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con asiento en Culiacán, en sesión plenaria de diez marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión ********************. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, y con el ordinal 107, fracción III, constitucional, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal, por lo que hace al acto reclamado precisado con el arábigo iii). Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

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