Eloy Oliver Ramos

Expediente 622/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
622/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Eloy Oliver Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada el veinticuatro siguiente, electrónicamente, quedando comprendido dicho plazo del veinticinco al treinta y uno de julio de la propia anualidad. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible, cumplido el plazo de conservación.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda de amparo presentada vía juicio en línea y firmado electrónicamente por Salvador Alcaraz Manjarrez, apoderado legal del quejoso Eloy Oliver Ramos, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de trece de julio de esta anualidad, por el cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no es su deseo señalar como responsable al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa; ocurso que en atención a su contenido, se ordena agregar a los autos; el secretario encargado del despacho acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Expuesto lo anterior, de la revisión integral de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La negativa por parte de la autoridad responsable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en dar cumplimiento a la cláusula quinta del convenio laboral celebrado el cinco de julio de dos mil veintidós, entre la parte quejosa y dicha autoridad, elevado a la categoría de laudo en el expediente número 42-11/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, en el que la demandada se comprometió a cubrir al trabajador la cantidad de $615,932.42 (seiscientos quince mil novecientos treinta y dos pesos 42/100 moneda nacional). IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, se reitera que en el presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la negativa por parte de la autoridad responsable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en dar cumplimiento a la cláusula quinta del convenio laboral celebrado el cinco de julio de dos mil veintidós, entre la parte quejosa y dicha autoridad, elevado a la categoría de laudo en el expediente número 42-11/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, en el que la demandada se comprometió a cubrir al trabajador la cantidad de $615,932.42 (seiscientos quince mil novecientos treinta y dos pesos 42/100 moneda nacional); asimismo, en escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, manifestó que no era su deseo señalar como responsable al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa. Expuesto el acto reclamado, y atento a que únicamente se señaló con el carácter de autoridad responsable al Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] Ahora bien, en la especie la parte quejosa controvierte la negativa por parte del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, para dar cumplimiento al convenio laboral, elevado a la categoría de laudo en el juicio número 42-11/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, señalando únicamente como autoridad responsable a dicho Ayuntamiento. En efecto, el quejoso no señaló con el carácter de autoridad responsable al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa, no obstante que en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se le previno para que manifestara si era o no su intención designarlo como tal, a lo cual, mediante escrito recibido el diecisiete de los que cursan, bajo protesta de decir verdad, indicó que no es su deseo señalar al Tribunal como autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado deriva del juicio ********************de la estadística interna del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, deriva inconcuso que le reviste el carácter de autoridad responsable, ya que le atañe la ejecución de los asuntos de su conocimiento. Lo anterior es así, atento a los artículos 131, 132 y 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 131.- El Presidente del Tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, debiendo al efecto dictar las medidas necesarias para que sea pronta y expedita. Artículo 132.- Los laudos deberán cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, pudiendo las partes convenir en las modalidades del cumplimiento. Artículo 133.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Presidente dictará auto de ejecución y comisionará al Actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que cumpla la resolución; apercibiéndola de multa en caso de no hacerlo." De los dispositivos legales trascritos, se pone de manifiesto que el Tribunal por conducto de su Presidente tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, debiendo al efecto dictar las medidas necesarias para que sea pronta y expedita, los cuales deberán cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificación, pudiendo las partes convenir en las modalidades del cumplimiento En esa tónica, es claro que no se puede desligar la omisión de la ejecución que reclama el quejoso en su escrito inicial de demanda, al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa, Sinaloa; por tanto, debió ser señalado como autoridad responsable en el sumario en que se actúa, a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, si en la substanciación del presente asunto no se señaló a dicha autoridad como responsable, no obstante que se encuentra directamente vinculada a la debida ejecución reclamada, entonces, es jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída; máxime que, el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, tampoco se puede tener como acto de autoridad el atribuido únicamente al Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, en tanto que, como quedó de manifiesto, en la legislación estatal aplicable al caso particular, se establece un procedimiento para ejecutar el laudo respectivo, en el que se establecen mecanismos para garantizar su plena ejecución. Ello es así, pues al desarrollar los procedimientos respectivos para ejecutar el laudo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. No obsta a lo anterior, el hecho de que en dicha legislación y procedimiento de ejecución, no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales; de ahí que, como se dijo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, del laudo emitido dentro del expediente ********************de la estadística interna del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Escuinapa. DESECHAMIENTO. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar el escrito inicial de demanda, con apoyo en el artículo 113, de la propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que la informa, la jurisprudencia PC.XV. J/36 A (10a.) emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, consultable en la página 1527 del tomo II, libro 59, correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciocho, Décima Época, registro digital 2018239, de título y contenido siguientes: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." No se desatiende la jurisprudencia 54/2012, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la que se estableció que el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente el establecer si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, atento a la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto, procede el desechamiento de la demanda de amparo indirecto en el auto inicial de trámite, puesto que, como quedó de manifiesto, dichos actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio, por derivar de una relación de coordinación, la cual no puede ni debe considerarse como de supra a subordinación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a sus notas distintivas la controversia de dicha omisión de ejecutar la cosa juzgada, debe ventilarse ante la potestad común competente, como cuestión de fondo propia de su jurisdicción y no ante la justicia constitucional inmediatamente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo en los términos indicados, sin que con ello se desatienda la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) antes referida. Se cita como apoyo la tesis 2a./J. 34/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478 del tomo I, libro 53, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2016588, Décima Época, de título y contenido siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." También es ilustrativa, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.". Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para el cuaderno incidental derivado de este juicio. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS A LA PARTE QUEJOSA.

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