Elsa Cruz Escamilla Baena

Expediente 757/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
757/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Elsa Cruz Escamilla Baena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio de derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Meztitlán, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 757/2022-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ". la falta de notificación personal de la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente 263/2019". De la lectura del escrito de demanda, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" De dicho precepto legal, se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado, por el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el gobernado agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de derechos, la parte quejosa no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Por lo que contra la falta de notificación personal de la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 263/2019, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 39 y 73 a 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que disponen: "Artículo 39. Los incidentes de nulidad de actuaciones por falta o defecto de citación o notificación, se sustanciarán con una sola audiencia, en la que se contestarán, se recibirán las pruebas, alegarán y se dictará sentencia". "Artículo 73. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 74. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 75. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 76. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 77. Si al tramitarse la nulidad de actuaciones, la parte contraria estuviere conforme, se decretará desde luego la nulidad. Si la contraria no estuviere conforme, se suspenderán los procedimientos, se citará a las partes para una audiencia que se verificará dentro de cinco días, en la que se contestará la demanda, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá." Efectivamente, del contenido de los preceptos legales invocados anteriormente, los cuales han quedado transcritos en líneas que preceden, se desprende que cuando alguna de las partes en un juicio estime que una actuación no ha sido realizada observando las formalidades establecidas en la ley, podrá pedirse su nulidad en la actuación subsecuente a través del incidente correspondiente; caso en concreto que es aplicable ya que la aquí quejosa es parte en el juicio de origen, lo anterior porque aun cuando no lo dice en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión refiere que en el expediente 263/2019, promovida por Maura Sánchez Tejamanil, en su contra, aunado que a su escrito de demanda anexó copia de la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el mencionado expediente, en la que se confirma lo antes expuesto. Efectivamente, en contra de la falta u omisión de la notificación de la sentencia que refiere la quejosa, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo agotar el incidente de nulidad que establecen los artículos antes trascritos. Por tanto, la solicitante del amparo, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar en contra del acto reclamado consistente en la falta de notificación personal de la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 263/2019, el incidente de nulidad previsto con anterioridad, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías; lo anterior en virtud de que es parte en el juicio de origen, como ya se expuso. Sirve de apoyo, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 3a./J. 18/92, registro 206783, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 58, Octubre de 1992, página 16, que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." De ahí que, al ser parte demandada en el juicio de origen, está obligada a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de la misma, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el incidente de nulidad de actuaciones, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el incidente de nulidad de actuaciones -medio de defensa para los efectos del juicio de amparo- se considera como parte integrante del concepto recursos o medios de defensa ordinarios. Con sustento en lo anterior, enseguida se analiza si el incidente de nulidad es o no un medio de defensa idóneo para modificar los actos impugnados. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2002-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio del 2002, página 259, con el sumario siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, en la parte que aquí interesa, se consideró lo que enseguida se transcribe: "(...) Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, b) debe estar establecido en la ley correspondiente, y c) debe tener un procedimiento para su resolución. --- En esta tesitura, el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. --- Resultan aplicables, por analogía, las tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: 'NULIDAD DE ACTUACIONES. SI ESTÁ PENDIENTE EL INCIDENTE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si contra el acto que se reclama el quejoso promovió ante los tribunales ordinarios incidente de nulidad de actuaciones y éste se encuentra pendiente de resolución, el juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues debe entenderse que dicho incidente es un medio de defensa que puede tener por efecto la nulificación de la actuación impugnada.' --- (...) --- Por tanto, el planteamiento del mencionado incidente sí es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la Junta se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes que han comparecido a juicio no agotan ese medio de defensa ni la Junta lo decide en una interlocutoria, el concepto de violación que se haga valer en la demanda de amparo directo será inoperante. --- (...) --- En esa virtud, dado que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por efecto, precisamente, analizar cuestiones propias de la legalidad de las mismas, y establecer por parte de la propia autoridad su validez o su nulidad con la consecuente reposición del procedimiento en la parte que se haya declarado nula, debe determinarse que una vez dictado el laudo respectivo la Junta del conocimiento ya no puede abocarse a la resolución de un incidente de nulidad propuesto sobre cuestiones correspondientes a la etapa del procedimiento, en tanto las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo..." Las anteriores consideraciones, aunque no se vinculan directamente con la materia civil, resultan útiles porque proporcionan elementos jurídicos importantes para determinar que de acuerdo con lo ahí expuesto, el incidente de nulidad de actuaciones constituye un medio de defensa idóneo, en tanto que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso. En efecto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis mencionada, consideró que para los efectos del juicio de amparo, la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley, y que de acuerdo a los artículos que ahí se interpretaron, llegó a la conclusión de que el incidente de nulidad de notificaciones satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso al no practicarse de acuerdo con las formalidades que marca la ley, cuyo incidente debe estar establecido en la ley y tener determinado un procedimiento para su resolución. Dichos criterios, aplicables al caso que se examina, permiten concluir que el incidente de nulidad constituye un medio de defensa idóneo y eficaz, en tanto que en dicho incidente se analiza el cumplimiento de las formalidades que marca la ley en la práctica de la notificación que realizan los actuarios; las partes tienen oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y la pretensión incidental deducida, de ser fundada, conllevaría la consecuencia de dejar insubsistentes los actos impugnados y las actuaciones posteriores, que tengan como base las actuaciones nulas (esta finalidad no podría alcanzarse si se impugnara mediante un recurso no idóneo para esos actos). Por lo que es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, por ser a criterio de la parte afectada contrarios a derecho. Lo anterior es así, porque cuando en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados existe un medio ordinario de defensa, que tiene por objeto anular los actos que lesionan los intereses del quejoso, es indudable que previamente a intentar la acción constitucional debe hacerse valer, con el propósito de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y sólo en el caso de que no se obtuviere una resolución favorable, una vez que se agote el recurso correspondiente, si lo hubiere, entonces debe intentarse el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que establece: "RECURSO, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del fuero común." En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Erik Fernando Mendoza Galindo, en virtud de haberse encontrado registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente en términos restringidos del citado numeral a la diversa persona que hace alusión. Asimismo, se le tiene proporcionando su correo electrónico mendoza_abogados@live.com y el número telefónico 5529383181, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano