Elpidio Perez Trejo

Expediente 630/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
630/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Elpidio Perez Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Elpidio Pérez Trejo por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, atento a su contenido, téngase al tercero interesado Juan de Dios Campos Escobar, mediante el cual se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución aludida; por lo que con copia simple del escrito de interposición de revisión y expresión de agravios, córrase traslado a las partes. Por otra parte, y tomando en consideración que al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo le asiste el carácter de tercero interesado, de conformidad con lo establecido en el inciso e) de la fracción III, del artículo 5º de la Ley de Amparo; remítasele mediante oficio copia simple de la sentencia, así como del escrito revisión que se provee, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Oportunamente, una vez que el presente expediente se encuentre integrado y sean agregadas las constancias con las cuales se acredite la notificación a las partes de la interposición del recurso que se hace valer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Es aplicable al particular, la tesis 2ª./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XX, septiembre de 2004, página 306, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Notifíquese

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE TREINITA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Pachuca, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por Elpidio Pérez Trejo por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo y otras, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 630/2017-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de garantías, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. De lo anterior se procede a realizar un análisis de la demanda de garantías en donde se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "El ilegal emplazamiento en el carácter de tercero extraño equiparado dentro del juicio ordinario civil número 576/2011 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapan, Hidalgo, realizado supuestamente por la actuario adscrita al Juzgado responsable en fecha ocho de mayo de dos mil doce por medio de lista" Así, contra dicho acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" De dicho precepto legal, se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado, por el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el gobernado agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de garantías, la parte quejosa no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Por lo que contra el ilegal emplazamiento que dice se le realizó dentro del expediente 576/2011 con motivo de la demanda reconvencional de acción plenaria de posesión interpuesta por la demandada principal María de la Paz Daniel Salazar, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 39 y 73 a 77del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que disponen: "Artículo 39.- Los incidentes de nulidad de actuaciones por falta o defecto de citación o notificación, se sustanciarán con una sola audiencia, en la que se contestarán, se recibirán las pruebas, alegarán y se dictará sentencia". "Artículo 73.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 74.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 75.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación. hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 76.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 77.- Si al tramitarse la nulidad de actuaciones, la parte contraria estuviere conforme, se decretará desde luego la nulidad. Si la contraria no estuviere conforme, se suspenderán los procedimientos, se citará a las partes para una audiencia que se verificará dentro de cinco días, en la que se contestará la demanda, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá." Efectivamente, del contenido de los preceptos legales invocados anteriormente, los cuales han quedado transcritos en líneas que preceden, se desprende que cuando alguna de las partes en un juicio estime que una actuación no ha sido realizada observando las formalidades establecidas en la ley, podrá pedirse su nulidad en la actuación subsecuente a través del incidente correspondiente; caso en concreto que es aplicable ya que el quejoso es parte en el juicio de origen, lo anterior por así referirlo en su escrito inicial de demanda. Efectivamente, en contra del ilegal emplazamiento que refiere el quejoso se le realizo por el Juzgado responsable, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo agotar el incidente de nulidad que establecen los artículos antes trascritos. Por tanto, el solicitante del amparo, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar en contra del acto reclamado consistente en el ilegal emplazamiento del cual refiere fue objeto el quejoso el día ocho de mayo de dos mil doce, por medio de lista dentro del expediente 576/2011, el incidente de nulidad previsto con anterioridad, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías; lo anterior en virtud de que refiere en la demandada de amparo que es parte en el juicio de origen. Sirve de apoyo, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 3a./J. 18/92, registro 206783, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 58, Octubre de 1992, página 16, que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." De ahí que, al ser la parte demandada en el juicio de origen, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de la misma, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el incidente de nulidad de actuaciones, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el incidente de nulidad de actuaciones ?medio de defensa para los efectos del juicio de amparo? se considera como parte integrante del concepto recursos o medios de defensa ordinarios. Con sustento en lo anterior, enseguida se analiza si el incidente de nulidad es o no un medio de defensa idóneo para modificar los actos impugnados. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2002-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio del 2002, página 259, con el sumario siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, en la parte que aquí interesa, se consideró lo que enseguida se transcribe: "(...) Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, b) debe estar establecido en la ley correspondiente, y c) debe tener un procedimiento para su resolución. --- En esta tesitura, el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. --- Resultan aplicables, por analogía, las tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: 'NULIDAD DE ACTUACIONES. SI ESTÁ PENDIENTE EL INCIDENTE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si contra el acto que se reclama el quejoso promovió ante los tribunales ordinarios incidente de nulidad de actuaciones y éste se encuentra pendiente de resolución, el juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues debe entenderse que dicho incidente es un medio de defensa que puede tener por efecto la nulificación de la actuación impugnada.' --- (...) --- Por tanto, el planteamiento del mencionado incidente sí es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la Junta se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes que han comparecido a juicio no agotan ese medio de defensa ni la Junta lo decide en una interlocutoria, el concepto de violación que se haga valer en la demanda de amparo directo será inoperante. --- (...) --- En esa virtud, dado que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por efecto, precisamente, analizar cuestiones propias de la legalidad de las mismas, y establecer por parte de la propia autoridad su validez o su nulidad con la consecuente reposición del procedimiento en la parte que se haya declarado nula, debe determinarse que una vez dictado el laudo respectivo la Junta del conocimiento ya no puede abocarse a la resolución de un incidente de nulidad propuesto sobre cuestiones correspondientes a la etapa del procedimiento, en tanto las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo..." Las anteriores consideraciones, aunque no se vinculan directamente con la materia civil, resultan útiles porque proporcionan elementos jurídicos importantes para determinar que de acuerdo con lo ahí expuesto, el incidente de nulidad de actuaciones constituye un medio de defensa idóneo, en tanto que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso. En efecto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis mencionada, consideró que para los efectos del juicio de amparo, la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley, y que de acuerdo a los artículos que ahí se interpretaron, llegó a la conclusión de que el incidente de nulidad de notificaciones satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso al no practicarse de acuerdo con las formalidades que marca la ley, cuyo incidente debe estar establecido en la ley y tener determinado un procedimiento para su resolución. Dichos criterios, aplicables al caso que se examina, permiten concluir que el incidente de nulidad constituye un medio de defensa idóneo y eficaz, en tanto que en dicho incidente se analiza el cumplimiento de las formalidades que marca la ley en la práctica de la notificación que realizan los actuarios; las partes tienen oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y la pretensión incidental deducida, de ser fundada, conllevaría la consecuencia de dejar insubsistentes los actos impugnados y las actuaciones posteriores, que tengan como base las actuaciones nulas (esta finalidad no podría alcanzarse si se impugnara mediante un recurso no idóneo para esos actos). Máxime que la parte quejosa no se encuentra en los casos de excepción para no agotar el principio de definitividad, esto es que el acto reclamado no es de los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución, pues precisamente en estos casos es cuando no es necesario agotar previamente el recurso ordinario, circunstancia que en el caso no acontece pues el acto aquí reclamado se hace consistir en la ilegal notificación de la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tula de Allende, Hidalgo, dictada dentro del expediente 243/2013; por tanto, es necesario agotar el medio de impugnación ordinario antes citado, previo a la instauración del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV-mayo-2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Lo anterior es así, porque cuando en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados existe un medio ordinario de defensa, que tiene por objeto anular los actos que lesionan los intereses del quejoso, es indudable que previamente a intentar la acción constitucional debe hacerse valer, con el propósito de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y sólo en el caso de que no se obtuviere una resolución favorable, una vez que se agote el recurso correspondiente, si lo hubiere, entonces debe intentarse el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es indudable que, en el caso, se actualizan los motivos de improcedencia previstos en la FRACCIÓN XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos promovida por Elpidio Pérez Trejo, por sus manifiestas e indudables causales de improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley a Yessica Salitres Escamilla, Mayte Celeste Cruz Trejo, José Efraín Cruz Trejo, Lehi Josué Cruz Trejo Dulce Elisa Cano Cano y Rubí Esmeralda Guillermo Lara, en virtud de que no se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. Notifíquese Personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano