Elsa Amezquita Escamilla
Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Elsa Amezquita Escamilla
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, al haberse tenido por no presentada la demanda relativa, el presente asunto es susceptible de destrucción, en términos del considerando vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y, por su contenido, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales del Estado de Baja California, asistido de Claudia Lizette González González, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. AMC/CLGG/sngl*
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual acusa recibo de los oficios 12825 y 17808/2019 con los que se le hizo del conocimiento de los proveídos de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y cinco de abril del año en curso, respectivamente, así como del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito inicial de demanda promovida por Elsa Amezquita Escamilla, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 393/2019-II. Ahora bien, analizado el escrito inicial de demanda, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal procede desecharla de plano, en atención a las siguientes consideraciones. Ciertamente, el citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cabe destacar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a tal consideración, la siguiente tesis jurisprudencial, que se cita en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En este sentido, como se anticipó, analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador advierte de oficio que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, de la Ley de Amparo; precepto que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" El citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, esto en los términos de la fracción X del propio numeral, que prevé que el diverso juicio deberá estar promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, el motivo de improcedencia invocado se surte al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 106/2017-II del índice de este órgano jurisdiccional. En efecto, de las constancias que integran el juicio de amparo 106/2017-II que se invoca como hecho notorio al corresponder al índice de este órgano jurisdiccional se advierte lo siguiente: Así, del análisis comparativo entre ambos juicios de amparo, resulta evidente que ambos fueron promovidos por la misma quejosa Elsa Amezquita Escamilla, y por el propio acto reclamado -suspensión de servicios médicos municipales otorgados como ex empleada del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California-, atribuidos al Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, Oficialía Mayor del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, Servicios Médicos Municipales, y Dirección Municipal de Salud, todos con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, tomando en consideración que en el juicio de amparo 106/2017-II en comento, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa de referencia, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Dirección Municipal de Salud del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la cual fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en sesión ordinaria de uno de febrero de dos mil dieciocho, debe concluirse que el acto que hoy se combate ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, con lo cual queda evidenciado el motivo de improcedencia en comento, previsto en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que las violaciones constitucionales que la parte quejosa destaca en el presente juicio se sustentan en la necesidad de la continuación de la prestación del servicio médico, en el hecho de que aún no se ha recuperado del padecimiento que sufrió el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de estimar que se trata de un acto distinto al reclamado en el juicio de amparo 106/2017-II, puesto que tanto en dicho juicio como en éste, la actuación que se atribuye a las autoridades responsables es la conclusión de la prestación del servicio médico que le fue otorgado como ex trabajadora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que deriva de la relación laboral. Situación que ya fue analizada en la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil diecisiete, en la que se concluyó que la prestación del servicio médico, debía prorrogarse por cincuenta y dos semanas, en términos de lo dispuesto en el artículo 23, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Por tanto, el hecho de que actualmente persistan las secuelas del padecimiento sufrido el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, no incide en el contenido de la actuación que se reclama, sino que -en su caso- debe considerarse como una diferencia en las violaciones que se aducen, mas no en el acto reclamado per se. Estimar lo contrario, implicaría aceptar que este órgano jurisdiccional puede volver a revisar la actuación de la autoridad responsable, y en su caso, prorrogar los efectos de la protección constitucional otorgada en un juicio de amparo diverso, pues si su pretensión era que la prestación del servicio médico que reclama se le brindara hasta en tanto se encontrara recuperada en su totalidad, y ello no fue materia de la concesión del fallo protector dictado en el juicio 106/2017, se encontraba expedito su derecho a fin de impugnarlo a través del recurso de revisión correspondiente dentro del término de ley, una vez que fue notificada de dicha sentencia, lo cual no aconteció, pues, como se vio, éste únicamente fue interpuesto por las autoridades responsables Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y por el Director Municipal de Salud.
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