Elmer R Inzunza Oliveros

Expediente 370/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
370/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Elmer R Inzunza Oliveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, es susceptible de destrucción, acorde con la hipótesis que establece el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto deberá ser destruido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diez de diciembre del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por Karla Karina Pulgarin Ángel, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del documento que refiere; en consecuencia, hágase la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada que se deje en autos, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia, autorizando para recibirlas a quienes menciona. Ahora bien, tomando en consideración que, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el acceso a las instalaciones que ocupa este Juzgado se encuentra limitado a cierto número de personas justiciables, se informa a la parte promovente que para la devolución y recepción de los referidos documentos deberá programar la cita correspondiente en el micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home) en términos del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/Jaime

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con veinte minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 370/2020-VI, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda en el que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y las presuncionales legal y humana, así como las documentales que anexó a dicho ocurso; b) escrito aclaratorio de demanda; c) constancia de emplazamiento realizado a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables en los que ofrecieron como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y las presuncionales legal y humana; y, e) documentales exhibidas por la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Tijuana, por conducto de la Subadministradora de dicha dependencia. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas antes relacionadas, en virtud de su propia y especial naturaleza y sin pruebas pendientes por proveer o desahogar se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se hace constar que no fueron formulados por las partes, por lo que se declara igualmente cerrado este periodo. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediendo el Titular a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 370/2020-VI, promovido por Elmer R. Inzunza Oliveros, por su propio derecho, contra actos del Administrador de la Aduana de Tijuana y de otra autoridad. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y recibido el veinticuatro de julio de dos mil veinte en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Elmer R. Inzunza Oliveros, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Administrador y Verificador ambos de la Aduana de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "El inconstitucional EMBARGO PRECAUTORIO del vehículo MARCA: TOYOTA, SUBMARCA: YARIS, TIPO: SEDÁN, COLOR: GRIS, MODELO: 2017, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 8A05876, CON NÚMERO DE SERIE: 3MYDLBYV6HY190653, embargo, llevado a cabo por personal adscrito a la Aduana de Tijuana, ilegales actos elaborados fuera de todo procedimiento establecido para dichos efectos, en clara violación (sic) de los artículo 14 y 16 de la Constitución General de la República, por falta de perfeccionamiento en su aplicación, con insuficiente e inexacta fundamentación y motivación, violentando LAS GARANTÍAS DE PROPIEDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD, violaciones que se acreditan con el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de referencia, derivado de la supuesta puesta en práctica de la facultad de comprobación prevista como reconocimiento aduanero sin que las responsables hayan sido autorizadas para ello, por las razones que se expresan en los agravios respectivos. De todas y cada una de las autoridades se reclama la violación a la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con los artículos 43, 46 y 150 de la Ley Aduanera vigente por insuficiente e inexacta fundamentación y motivación, por las razones que se expresan en los agravios respectivos." Mediante escrito recibido en este Juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa aclaró su demanda en los términos siguientes: "Que no es mi deseo señalar como acto reclamado, el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera con expediente AUA400191079 de 27 de noviembre de 2019." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a actuar en ese sentido. Tercero. El veinticuatro de julio de dos mil veinte, en términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se radicó la demanda relativa bajo el expediente 370/2020-VI y, al haberse calificado el presente asunto como no urgente, se reservó su trámite hasta en tanto se modificaran las circunstancias generadas con motivo de las medidas de contingencia decretadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Cuarto. El catorce de agosto del año en curso, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la reserva de trámite y se requirió a la parte quejosa para que aclarara su demanda. El veintiséis de agosto del año en curso, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda relativa; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y su aclaración, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: -Del Administrador de la Aduana de Tijuana -El embargo precautorio decretado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo en materia aduanera AUA400191079, respecto del vehículo con número de serie 3MYDLBYV6HY190653. -Del Verificador adscrito a la Aduana de la Aduana de Tijuana Su participación en las actuaciones previas al embargo precautorio decretado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo en materia aduanera AUA400191079, respecto del vehículo con número de serie 3MYDLBYV6HY190653. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Tijuana, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que quedó corroborado con las documentales que exhibió, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el procedimiento administrativo en materia aduanera AUA400191079, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Verificador adscrito a la Aduana de Tijuana, consistente en haber participado en las actuaciones previas al embargo precautorio decretado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo en materia aduanera AUA400191079, respecto del vehículo con número de serie 3MYDLBYV6HY190653, toda vez que del contenido de su informe justificado se desprende que reconoce haber llevado a cabo el "parte informativo" 444/2019 que dio origen al embargo reclamado; circunstancia que quedó comprobada con las documentales previamente valoradas. Cuarto. No obstante la certeza de los actos reclamados, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica, por lo siguiente. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama -en esencia- el embargo precautorio decretado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo en materia aduanera AUA40019079, respecto del vehículo con número de serie 3MYDLBYV6HY190653. Sin embargo, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el cinco de marzo de dos mil veinte, se ordenó la liberación del vehículo de referencia para ser devuelto a Estados Unidos de América, por haber quedado demostrado que se trataba de un bien "materia de disposición ilícita", pues así lo había informado el Vice-Cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica, en apego a lo dispuesto en el "Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, para la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robados o materia de disposición ilícita." Asimismo, se obtiene que el trece de marzo de dos mil veinte la autoridad aduanera emitió resolución definitiva en el procedimiento aludido, en la que determinó la situación fiscal en materia de comercio exterior respecto del tenedor del citado vehículo, a saber, Roberto Carlos Rodríguez Aguilar y en dicho pronunciamiento, reiteró la decisión de liberación del vehículo aludido y, ante ello, destacó la imposibilidad para que dicho bien pasara a propiedad del Fisco Federal. Para mayor claridad, se reproduce la parte conducente de la resolución respectiva, que es del tenor siguiente: "MERCANCÍA PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL Ahora bien, por lo que respecta a las mercancías de origen y procedencia extranjera AFECTA al procedimiento administrativo en materia aduanera, con número de expediente AUA400191079, consistente en VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, SUBMARCA: YARIS, TIPO: SEDÁN, COLOR: GRIS, MODELO: GRIS, MODELO: 2017, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: 8A0S876, CON NÚMERO DE SERIE: 3MYDLBYV6HY190653, SE ENCUENTRAN EN IMPOSIBILIDAD PARA PASAR A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL, toda vez que dicha (sic) vehículo será entregada al Consulado de los Estados Unidos de América, por considerarse materia de disposición ilícita." Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que el embargo precautorio reclamado en este juicio ha quedado superado por las resoluciones antes descritas, ya que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de dicho embargo sin afectar la nueva situación jurídica derivada de la determinación de liberación de dicho automóvil para ser retornado al extranjero (Estados Unidos de América), al haberse considerado como un bien materia de disposición ilícita. Esto es así, pues tal situación ha dejado irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, debido a que el bien de referencia ya no se encuentra a disposición de la autoridad administrativa, precisamente, al haberse ordenado su devolución al país de origen. Por tanto, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elmer R. Inzunza Oliveros, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/Acma

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