Eloy Tzontecomani Zamora

Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
505/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Eloy Tzontecomani Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, primero de junio de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo indirecto número 505/2020-I, promovido por Eloy Tzontecomani Zamora, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala: "En ese orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación vertido por el solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Eloy Tzontecomani Zamora, para que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, dentro de los términos y con las formalidades que marca la ley (artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo) evite la demora o paralización del procedimiento laboral de origen 869/2018, es decir, EMITA EL LAUDO RESPECTIVO DE FORMA INMEDIATA, tomando en consideración que ya transcurrió en exceso el plazo establecido en los artículos 884, en su fracción V, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordenando la inmediata notificación del mismo." Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Mediante oficio MA. 081/2021 de veintidós de febrero del año en curso, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, remitió copias certificadas del laudo de quince de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 869/2018 de su índice, en la cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio. Por lo que mediante proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Así con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida sentencia de amparo. Ahora el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del laudo de quince de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 869/2018, de su índice; documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Del análisis de dicha documental se aprecia que, la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, dictó el laudo en el expediente laboral 869/2018 de su índice, el quince de enero de dos mil veintiuno y, ordenó la notificación del mismo, por lo que es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sergio Alberto Avendaño Martínez, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.LGVR

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada del laudo de quince de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente laboral 869/2018, de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por la autoridad responsable, debiendo correrles traslado con el oficio y anexo por el que ésta manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Sentencia causa ejecutoria Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eloy Tzontecomani Zamora, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Efectos de ejecutoria de amparo Ahora bien, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En ese orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación vertido por el solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Eloy Tzontecomani Zamora, para que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, dentro de los términos y con las formalidades que marca la ley (artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo) evite la demora o paralización del procedimiento laboral de origen 869/2018, es decir, EMITA EL LAUDO RESPECTIVO DE FORMA INMEDIATA, tomando en consideración que ya transcurrió en exceso el plazo establecido en los artículos 884, en su fracción V, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordenando la inmediata notificación del mismo." Se requiere cumplimiento. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en las disposiciones relativas, contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, conviene transcribir el contenido de su artículo 192, que prevé: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral transcrito requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, acredite ante este Juzgado de Distrito el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Apercibimiento Lo anterior, bajo el apercibimiento, para el caso de incumplimiento sin causa justificada, con que se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que mediante oficio 20451/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, le fue remitida la sentencia de mérito. No se requiere superior jerárquico Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la Junta responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional; y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo ha de resolver o cumplir, por lo que tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En relación con lo anterior, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del referido término de -tres días- informe el nombre y apellido del titular que estará encargado de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Copias certificadas constancias En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Anotaciones SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Apizaco, Estado de Tlaxcala, a las trece horas con dieciocho minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 505/2020-I, promovido por Eloy Tzontecomani Zamora; enseguida, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta ante el Secretario Jorge Vallejo Rivera, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: Demanda de amparo promovida por Eloy Tzontecomani Zamora (fojas 2 a 10). Determinación de cinco de octubre del año en curso, a través de la cual se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 14 a 19). Notificación al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado (fojas 25 a 27). Emplazamiento del tercero interesado Instututo Mexicano del Seguro Social (foja 23). Informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 28 a 38). Todo lo anterior consta en autos; por otro lado, el Secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común, como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy Fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Con lo anterior se cierra esta etapa y se declara abierto el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este período, el Secretario da cuenta con la documental ofrecida por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 35 a 38). El Juez Acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia. Con lo anterior se cierra esta etapa y se declara abierto el período de alegatos. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Con lo que se concluye dicho período. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 505/2020-I, promovido por Eloy Tzontecomani Zamora; y, R E S U L T A N D O. I PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Eloy Tzontecomani Zamora, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "(.) / (.)" SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 505/2020-I, la admitió a trámite, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que la omisión reclamada emana de una junta laboral ubicada en esta entidad federativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: La omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, de dictar laudo dentro del expediente laboral 869/2018, de su índice. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Es cierto el acto reclamado atribuido al Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de dictar laudo en autos del expediente laboral 869/2018, de su índice; pues así lo reconocieron al rendir su informe con justificación (fojas *****). Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora, con las documentales que anexó la responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atento a lo anterior, al no existir causa de improcedencia formulada por las partes u otra que advierta este órgano jurisdiccional que amerite estudio o actualización, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. No se trascriben los motivos de inconformidad, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio. Previo a examinar los conceptos de violación que se formulan en la demanda de garantías, se estima que en el presente caso, existe queja deficiente que suplir; por lo tanto, a continuación se procede a estudiar los actos reclamados supliendo la deficiencia de la queja que pudiera llegar a existir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 158/2015(10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 359 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, cuyo título y contenido es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." Ahora, la parte quejosa substancialmente aduce en sus conceptos de violación, que la responsable trastoca en su perjuicio el derecho humano previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, pues omite dictar el laudo en el juicio laboral de origen, en los términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, pues ha transcurrido en exceso lo estipulado en los artículos 885, 886 y 887. Al respecto, se califica de fundado el concepto de violación en el que se hace referencia a una violación a los artículos y 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el expediente laboral 869/2018, al no administrarse justicia a la parte quejosa de manera pronta, completa e imparcial, atento a las siguientes consideraciones. Para atender lo anterior, debe tomarse en cuenta lo que disponen a la literalidad los artículos 1° y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.].". "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Como se advierte, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por su parte, en el artículo 17 constitucional se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J.192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Asimismo, relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 constitucional, pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. De ahí que basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, los artículos 884, fracción IV, 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: (.) IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, el que deberá contener (.)." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De las disposiciones legales transcritas se desprende que en el procedimiento laboral, una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes y expresados los alegatos, el secretario certificará que no existen pruebas pendientes por desahogar, por lo que el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y formulará el proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes, mismo que deberá ser examinado por los miembros de la junta, quienes podrán solicitar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, se practiquen las diligencias pendientes. Para lo cual la Junta señalará día y hora dentro del plazo de ocho días y una vez fenecido el término concedido o desahogadas las diligencias respectivas, el presidente de la junta deberá convocar a los miembros que la integran para la discusión y votación del proyecto, lo que harán dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o desahogadas las diligencias. Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo, firmado de inmediato por los miembros de la Junta, si hubieren modificaciones o adiciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo; engrosado el laudo, el secretario recabará las firmas de los miembros de la Junta que votaron y hecho lo anterior turnará el expediente al actuario para la notificación personal a las partes en el juicio laboral. Es oportuno recordar que en el presente juicio se reclama la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, de dictar laudo en autos del expediente laboral 869/2018, de su índice; por lo que al ser ciertos los actos reclamados que se le imputan, es precisamente la responsable quien tiene la carga de acreditar que no ha incurrido en la omisión que se les reclama. En ese sentido, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 8, consultable en la página 8, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Por tanto, de un análisis a las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, consistentes en copia certificada de algunas constancias que derivan del expediente laboral 869/2018, se destaca que existe un retardo injustificado en el procedimiento laboral que resulta imputable a la autoridad responsable. En efecto, de las constancias de referencia se advierten como última actuación el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veinte, por el cual se tuvo por perdido el derecho del demandado en el juicio de origen de formular alegatos de su intención, declarando cerrada la instrucción y ordenando turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo (foja 37 vuelta). En tal virtud, debe decirse que existe una inactividad procesal para el dictado del laudo de cuatro meses aproximadamente (al momento de presentación de la demanda de amparo), pues la responsable no remitió constancia alguna de la cual se advirtiera que dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen; es decir, se retardó la resolución del procedimiento laboral de origen al contravenir el contenido de los artículos 885 al 889 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior se considera, pues no es dable que en este juicio constitucional se estimen restituidos los derechos y garantías cuya protección pretende obtener la parte quejosa únicamente por que se haya declarado cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen y ordenara turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, el veintiséis de junio de dos mil veinte. En efecto, dicha circunstancia relatada, impidió que el juicio laboral 869/2018, se desarrollara dentro de los plazos que marca la Ley Federal del Trabajo, pues ésta indica que al concluir el desahogo de las pruebas, la junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito; que hecho lo anterior y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación; que de no existir inconformidad, el auxiliar declarará cerrada la instrucción de oficio, y que procederá a formular por escrito el proyecto de laudo dentro de los diez días que siguen, el que se pondrá a discusión y votación dentro de los siguientes diez días, esto es, la responsable excedió el plazo que la ley le confiere para emitir el laudo en el juicio natural. Entonces, al retardarse injustificadamente el trámite del procedimiento de origen y dicha demora ser imputable únicamente a la autoridad laboral, es de concluirse que éste vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, relativo a que la impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En ese orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación vertido por el solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Eloy Tzontecomani Zamora, para que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, dentro de los términos y con las formalidades que marca la ley (artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo) evite la demora o paralización del procedimiento laboral de origen 869/2018, es decir, EMITA EL LAUDO RESPECTIVO DE FORMA INMEDIATA, tomando en consideración que ya transcurrió en exceso el plazo establecido en los artículos 884, en su fracción V, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordenando la inmediata notificación del mismo. Apoya a lo anterior por las razones que le informa, la tesis 2a.CV/2013, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes:2. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 77 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Eloy Tzontecomani Zamora, contra los actos reclamados a la autoridad responsable; por los motivos expuestos y para los efectos indicados en los considerandos sexto y séptimo de este fallo.

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