Eloiza Mejía Méndez
Expediente 738/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eloiza Mejía Méndez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 75 a 81), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Eloiza Mejía Méndez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por el quejoso, no se ubica en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.
- Principal
Agréguese el oficio y anexos de cuenta signados por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual determinó la separación de juicios dentro del juicio de amparo 753/2018 del su índice, por lo que este Juzgado conocerá únicamente respecto al acto reclamado consistente en la determinación de once de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 008/2018, por el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, vista la demanda de amparo que promueve Eloiza Mejía Méndez, contra actos del Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 738/2018-I. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en la determinación de once de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 008/2018, por el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la cual se le negó la petición de solicitar vía informe la documentación que aportará como prueba dentro del referido procedimiento; el cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la lectura integral a los citados dispositivos permite identificar la clase de actos reclamables en amparo indirecto, pues se refiere a aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden, se toma en cuenta que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados con una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene o es sujeto de un procedimiento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. De esta forma, los actos en un juicio tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución Federal por medio de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses en el juicio o procedimiento administrativo. Entonces, si los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por los derechos fundamentales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una resolución definitiva. Por lo tanto, al establecer la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva o actos en el procedimiento que son de imposible reparación, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". Así, el quejoso aduce que el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho fue notificado de la existencia del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria radicado con el número 8/2018; sin embargo, se advierte que éste aún no se ha resuelto, pues el once de julio de dos mil dieciocho el titular del área de Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, determinó negarle la petición de solicitar documentación, -la cual pretende ofrecer como prueba dentro del mismo-. Por lo tanto, toda vez que el acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo 8/2018 no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación, ya que forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio que aún no se ha resuelto en definitiva, es evidente que no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el aludido artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser de carácter intraprocesal. En efecto, uno de los supuestos bajo el cual procede el juicio de amparo indirecto, es cuando se trata de actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, de un acto que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del promovente, ya sea de carácter real, personal o que ponen fin al procedimiento que está en trámite, impidiendo que se emita la resolución definitiva; en esas condiciones, el acuerdo de once de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 8/2018, no le causa un daño de imposible reparación al quejoso; lo anterior, ya que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal. Máxime que, se reitera, es un acto meramente intraprocesal, que en todo caso, si la parte quejosa considera que le causa un perjuicio, deberá combatirlo en conjunto con la resolución definitiva que, en su momento, se emita en dicho procedimiento, en el que se podrán reclamar, además, las violaciones cometidas durante su curso. De esta forma, en el presente juicio no se está en presencia de un acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente alguno de sus derechos sustantivos; en consecuencia, los actos reclamados no son impugnables mediante el juicio de amparo conforme al artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, sin que pase inadvertido que señala un domicilio particular, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo,teniéndose como autorizados con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nohemí García Carrillo, por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para tales efectos (oír y recibir notificaciones) a Daniel Barranco Rodríguez, por no contar con el registro en mención.
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