Eloy Ortíz Estrada

Expediente 1047/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1047/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2017

Partes del expediente

  • Eloy Ortíz Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    C.R. PRAL.1047/2017 M1-A#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Se remite oficio. Vista el oficio CJGEO/DGTSPJ/JDJA/047-09/2017, del gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través del consejero Jurídico, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, aparece registrado que el juicio de amparo 1047/2017, promovido por Elena Felicitas Hernández Hernández, al que está dirigido esta última constancia, se encuentra tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca; en esas condiciones, previa copia certificada que se deje en autos, remítase el oficio de cuenta, al referido órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.1047/2017-1A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil diecisiete. Causa estado resolución. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra de la resolución de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Ramsés Páramo Romero, quien firmó ese escrito, a ruego y encargo por ausencia del quejoso Eloy Ortiz Estrada, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. ...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA pral.1047/2017-1a*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo, presentada vía electrónica, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el diecinueve de septiembre del año en curso y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, promovida por Ramsés Páramo Romero, quien firma ese escrito, a ruego y encargo por ausencia del quejoso Eloy Ortiz Estrada, contra actos del presidente Municipal de Santa María Teopoxco, distrito de Teotitlán, región Cañada, Oaxaca de Juárez (sic) y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro respectivo con el número 1047/2017. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional y se advierte la existencia de una causal que la hace notoriamente improcedente. Ello es así, porque de lo expuesto en la demanda de amparo, el promovente Ramsés Páramo Romero, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Antecedentes del asunto. 1. En el proemio de la demanda de amparo aparece como quejoso Eloy Ortiz Estrada promoviendo por propio derecho. 2. Se reclama en dicha demanda, esencialmente, la apertura de un camino hacia una institución educativa de nivel preescolar, con maquinaria pesada, camiones, trabajadores y equipo, que se dice abarcará parte del predio rústico que es de régimen comunal, y con el que se le priva a Eloy Ortiz Estrada, de sus derechos como legítimo poseedor de ese inmueble, así como la imposición de multa, auxilio de fuerza pública o arresto, para el caso de que se impida el ingreso a ese lote. 3. No obstante, también dice que dentro del bien comunal de referencia ya se encuentran trabajadores, maquinaria pesada y equipo llevando a cabo labores de apertura del camino. 4. La demanda de amparo fue firmada, de forma electrónica, por Ramsés Páramo Romero, a ruego y encargo por ausencia del quejoso. Desechamiento de demanda de amparo. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo; preceptos que refieren: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Por su parte, los artículos 6, 8, 10, 11, 12, 14 y 15 de la ley de la materia, señalan: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Esto es, solo la parte agraviada con el acto de autoridad tiene legitimación para acudir en demanda de amparo, quien puede hacerlo por sí, a través de su representante, de su defensor si se trata de una demanda de amparo en materia penal, por medio de cualquier persona, incluso menor de edad, en los casos que la ley lo disponga. Y para promover en el juicio de amparo en materia penal, la representación deberá sujetarse a las reglas establecidas en los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley de Amparo, por lo que: a) La representación se acreditará en juicio en los términos previstos en la Ley de Amparo y en los casos no previstos, la personalidad se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles; b) Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, y se trate de la materia penal, bastará la afirmación en ese sentido; c) Si se trata del defensor, así lo señalará éste bajo protesta de decir verdad, en este caso, el juez o tribunal que conozca del asunto remitirá la certificación correspondiente; y, d) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, no queda actualizada alguna de esas hipótesis para que Ramsés Páramo Romero hubiere firmado, de forma electrónica, la demanda de amparo, a ruego y por encargo por ausencia del quejoso; en consecuencia, carece de legitimación para instar la acción de amparo. En efecto, de los hechos narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir, por el promovente Ramsés Páramo Romero, no se aprecia que el quejoso esté imposibilitado por sí mismo para promover la instancia constitucional y que, por ello, se hubiere promovido a su ruego y encargo. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 196956 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 75/97 Página: 351 LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". Entonces, es de establecerse que el directo quejoso no está imposibilitado para promover por sí mismo, tampoco existe razón jurídica alguna para que encargara y rogara a otra persona que lo hiciera en su nombre. Aunado a que, el hecho de haber sido enviada en línea dicha demanda de amparo, no le impedía al quejoso estampar su firmar, porque, además, no se encuentra en el caso de excepción a que se refiere el artículo 3º, último párrafo, de la ley de la materia. Por lo que, al actualizarse la falta de legitimación de Ramsés Páramo Romero para ello, con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que se dice fue promovida por Eloy Ortiz Estrada. Es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 202692 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o.9 K Página: 412 LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO". No se autoriza la consulta electrónica. No es procedente autorizar el acceso al expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, como lo solicita el promovente en el escrito de demanda (foja 2), toda vez que no expresó si ya obtuvo previamente la firma electrónica para ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se tiene como representante común a Eloy Ortiz Estrada. Asimismo, no se tiene como representante común de la parte quejosa al promovente Eloy Ortiz Estrada, ya que, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, esa figura procesal únicamente procede cuando la demanda de amparo se promueva por dos o más quejosos, con un interés común, lo que en el caso no acontece, pues se trata solamente de un quejoso. No se tiene como autorizados de la parte quejosa a las personas que se menciona. En el caso, no es procedente tener por autorizado con las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Ramses Páramo Romero, por lo siguiente: 1. Dicha persona promovió la demanda de amparo, vía electrónica, a ruego y encargo por ausencia del quejoso Eloy Ortiz Estrada. 2. No es posible jurídicamente que con tal carácter se autorice a sí mismo para tener las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual forma, no se tienen por autorizados en términos amplios del referido numeral, a las personas que el promovente Ramses Páramo Romero menciona en la demanda de amparo (foja 2), en virtud que de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 24 de la ley de la materia, dicha facultad recae sólo en el quejoso y tercero interesado y, en el caso, como se expuso, este último carece de legitimación para instar la acción de amparo. Notificación por lista de acuerdos Por otra parte, debido a que el promovente señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL" Notificación por correo electrónico. No es procedente tener el correo electrónico RAMSESPARAMO40@gmail.com para que reciba notificaciones, pues la Ley de Amparo contempla diversos medios para ello, sin que esté contemplado aquél. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Como lo solicita el promovente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias, con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de dicho promovente que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al actuario que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la parte quejosa, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, por haber señalado ese medio para recibir notificaciones. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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