Eloina Paulina Sierra Herrera

Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
804/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Eloina Paulina Sierra Herrera
  • Presidente Ejecutor de la Junta Especial número cuatro bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 804/2023 MESA 6 Visto para resolver el juicio de amparo *****, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecisiete de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado el dieciocho de agosto siguiente, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derecho fundamental vulnerado los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintiuno de agosto del año en curso se registró la demanda de amparo con el expediente *****; se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y el acto se reclama a autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del presidente de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: ? La omisión de dar respuesta al escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, dirigido al expediente *****. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s) Común, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro digital 192097, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, aceptó el acto atribuido, ya que manifestó que no ha acordado el escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, debido a la carga de trabajo con la que cuenta la junta responsable. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en los cuales plantea que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado respuesta al escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, en el que la parte quejosa solicitó la ejecución del laudo dictado en el expediente *****, del índice de la responsable. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". El citado precepto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 (registro digital 171257) del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". El mencionado artículo consagra el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, estableciendo a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Por otra parte, los numerales 939, 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 939.- Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de las sentencias dictadas por los Tribunales. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica, y a los convenios celebrados ante los Centros de Conciliación. Cuando se trate de laudos arbitrales y convenios celebrados ante los centros de conciliación, que no hayan sido cumplidos en los términos establecidos en los mismos, los trabajadores y en su caso los patrones, acudirán al tribunal para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, dándoles el mismo tratamiento que una sentencia. Artículo 940.- La ejecución de las sentencias y convenios a que se refiere el artículo 939 de esta Ley corresponde a los Tribunales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley.". De dichos preceptos se colige que la junta tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones en términos de los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, ya que los laudos deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, de donde la responsable tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento inmediato de los mismos; además, las partes podrán acudir ante la junta a solicitar la ejecución forzada del laudo, quien deberá proceder en términos de los artículos en cita. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito de tres de julio del año en curso, dirigido al expediente *****, en el que solicitó la ejecución del laudo en términos del artículo 946 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, de las constancias que obran en el citado expediente y que remitió la autoridad responsable, se advierte que: ? El veintitrés de marzo de dos mil veintidós se dictó el laudo condenatorio contra el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), en el cual se le condenó al pago de la prima de antigüedad, y se le absolvió respecto a otras prestaciones. ? El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se dictó el auto de ejecución de laudo en términos del artículo 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo y se le requirió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O) para que diera cumplimiento al laudo de referencia; apercibido que de no hacerlo se le impondría un multa económica. ? Ante el incumplimiento del laudo, mediante escrito de tres de julio del año en curso, dirigido al expediente *****, la quejosa ***** y otros, solicitaron la ejecución forzada del laudo en términos del artículo 946 de la Ley Federal del Trabajo; sin que a la fecha de la presentación de la demanda y del informe justificado se hubiera emitido una respuesta o algún acto tendiente a la ejecución del laudo. Como se ve, la Junta responsable emitió un acuerdo el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés en el que solicitó la ejecución de laudo en términos del artículo 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, y se requirió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O) para que diera cumplimiento al laudo de referencia; apercibido que de no hacerlo se le impondría un multa económica. Por otra parte, mediante escrito de tres de julio del año en curso, dirigido al expediente *****, la quejosa ***** y otros, solicitaron la ejecución forzada del laudo en términos del artículo 946 de la Ley Federal del Trabajo, sin que la autoridad responsable hubiera emitido una respuesta a la petición de la parte quejosa o, en su caso, hubiera emitido un diverso acuerdo en el que requiriera el cumplimiento del laudo. Por lo que, al haber transcurrido más de cinco meses desde la última actuación de la autoridad responsable; es inconcuso que su omisión provocó una abierta dilación que viola el artículo 17 constitucional, que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, que no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que: El presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: I. Emita un acuerdo al escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, dirigido al expediente *****, por el cual la quejosa ***** solicitó la ejecución forzada del laudo en términos del artículo 946 de la Ley Federal del Trabajo. II. Notifique esa determinación a la parte quejosa. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a *****, contra el acto reclamado al presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, dirigido al expediente *****, en el que solicitó la ejecución forzada del laudo dictado en ese expediente; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el diverso punto séptimo de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles".

  2. Principal

    PRAL 804/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 804/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de once de septiembre del año en curso se agregó el informe justificado que rindió el presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; determinación notificada a las partes el doce de septiembre del año en curso. 2. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, como se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    I 804/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Prueba. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba documental de la autoridad antes señalada, la copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente ******************** (********************) Bis de su estadística, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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