Eloy Hermenegildo Sebastian

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Eloy Hermenegildo Sebastian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VII "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 374/2022 promovido por ELOY HERMENEGILDO SEBASTIAN, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado en la misma fecha, el citado quejoso, en su calidad de actor, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad referida de quien reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO. - El auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, emitido por los Magistrados de la Segunda Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual declararon por cumplida la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad 2606/18-15-01-6. - La omisión al analizar oficiosamente si se acató o no en su totalidad la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, que constituye cosa juzgada, relativo al Juicio de Nulidad 2606/18-15-01-6. Actos que el quejo|so señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Desechamiento y queja. En auto de cinco de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso Eloy Hermenegildo Sebastian, inconforme con esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quien mediante resolución de veintiséis de agosto del año en curso, en el recurso de queja 206/2022, determinó revocar el desechamiento de este juzgado y ordenó la admisión a trámite de este juicio de amparo. TERCERO. Trámite del juicio. En cumplimiento a la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; no se designó parte tercero interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa, seguido ante un órgano del orden federal con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: -El acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se declara cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del expediente 2606/18-15-01-6. Sin que se tenga como acto reclamado el segundo que señala como la omisión de la autoridad de analizar oficiosamente si se acató en su totalidad la sentencia, dado que es un razonamiento tendente a impugnar el acuerdo reclamado. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Es CIERTO el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, por así haberlo aceptado en su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones relativas al juicio de origen que fueron remitidas en apoyo al informe con justificación; documentales que en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en materia de amparo, resultan suficientes para tener certeza sobre la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. El quejoso Eloy Hermenegildo Sebastian, demandó la nulidad absoluta de la resolución negativa ficta que se generó al no dar contestación a su solicitud presentada con fecha 19 de abril de 2018 ante la Delegación en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, registrándose bajo el número 2606/18-15-01-6. 2. Seguido el trámite correspondiente el diez de diciembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva declarando la nulidad de la resolución impugnada. 3. Inconforme la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión fiscal mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito formándose el expediente 33/2019; el uno de marzo de dos mil diecinueve declaró improcedente dicho recurso. 4. El nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio SP/DPSHT/JN/1896/2021, dando cumplimiento a la sentencia. 5. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Sala responsable dictó un acuerdo en el que declaró cumplida la sentencia. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: - Que el acuerdo reclamado le causa perjuicio, en virtud de que la Sala responsable tuvo por cumplida la sentencia sin analizar de oficio que la autoridad demandada cumpliera con lo establecido en la sentencia, a saber: Si la autoridad demandada Incrementó la cuota diaria pensionaria de la actora en el juicio en los términos resueltos en el resolutivo VI del oficio de cumplimiento de sentencia. - Si las diferencias de retroactividad fueron actualizadas conforme a derecho. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto el quejoso alega que la responsable debió analizar oficiosamente el cumplimiento de la sentencia del juicio de origen, y al no hacerlo trasgredió el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al acceso a la justicia en lo relativo a solución de las controversias y a contar con medios eficaces para obtener la plena ejecución de las sentencias, por lo cual conviene analizar su contenido: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.) El numeral transcrito establece una prerrogativa a favor de los gobernados de contar con un acceso pronto, expedito y completo a la solución de sus controversias, que incluye medios eficaces para obtener la plena ejecución de las sentencias. En ese sentido, tal norma constitucional garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción y tutela jurídica, determinando la obligación del Estado para establecer los mecanismos necesarios para que las decisiones judiciales con fuerza legal, de ninguna forma queden incumplidas o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos, sino sean efectivas e integrales, desde un punto de vista material, no únicamente formal y, por tanto, las leyes aseguren la plena ejecución de las sentencias. La interpretación literal del párrafo segundo del artículo reproducido permite obtener las conclusiones siguientes: a) Se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. b) Entre los derechos fundamentales tutelados en ese artículo se encuentra el relativo a tener acceso efectivo a la administración de justicia desarrollada por los tribunales, el cual para su debido acatamiento, no se agota en permitir a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo, en la medida en que de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, el interesado pueda obtener una resolución en la cual, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado, o bien se determine si es improcedente su petición o instancia. c) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos fijados en las leyes. d) Los plazos y términos establecidos en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo cual los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido, deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo cual sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Lo anterior tiene apoyo, en la jurisprudencia Tesis: P./J. 113/2001, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 5, Registro digital: 188804, Novena Época, Materias(s): Constitucional del rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos fijados en las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso donde se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 1a./J. 42/2007, publicada en la página ciento veinticuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV correspondiente a abril de 2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Así, los citados deberes constitucionales se verán reflejados en la ley respectiva; en el caso, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en lo que interesa sobre los medios disponibles para la ejecución de la sentencia anulatoria prevé: "ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. (REFORMADA, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. (.) III. IV. (.) Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." En lo relevante, se desprende que en términos del artículo 57, las autoridades demandadas y relacionadas con el juicio contencioso administrativo están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a las reglas que ahí se indican; mientras que el artículo 58 señala las medidas dirigidas a asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, para lo cual el Tribunal podrá actuar de oficio (fracción I) o a petición de parte (fracción II). Respecto a la fracción I, cabe destacar que el legislador dispuso la actuación de oficio del Tribunal administrativo para aquéllos casos en que la autoridad demandada incurra en una omisión total en el cumplimiento de la sentencia anulatoria. Por su parte, la hipótesis prevista en la fracción II, dispone que cuando sea el afectado quien considere que la sentencia no ha sido cumplida, se ha incurrido en exceso o defecto en su observancia o se ha repetido el acto impugnado, la ley lo faculta a exigir su pleno cumplimiento ante el Tribunal, mediante la interposición del recurso de queja, esto es, dicha inconformidad y su respectivo análisis deberá necesariamente ser a instancia de parte. En ese sentido, los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen la obligación de las autoridades demandadas y de cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe de oficio o a petición de parte; y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo (únicamente ante la omisión total), a fin de determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo (artículo 58, fracción I); así como a través del medio ordinario de defensa, recurso de queja, con que cuenta la parte interesada para inconformarse con el actuar o la omisión de la demandada en la observancia de la sentencia de nulidad (artículo 58, fracción II). Por tanto, cuando se alega exceso o defecto, como en el presente asunto, el análisis oficioso del cumplimiento de la sentencia no está previsto en la ley citada, es decir, la Sala no está obligada a verificar oficiosamente tales defectos en el cumplimiento y si la autoridad demandada desatendió los alcances establecidos en la sentencia, pues en el particular cuenta con el recurso de queja. En otras palabras, cuando sea el afectado quien considere que la sentencia no ha sido cumplida, dicha disposición lo faculta a exigir su pleno cumplimiento a través de la queja, la cual procederá entre otros supuestos, cuando a juicio del actor la autoridad hubiera repetido indebidamente la resolución anulada o incurra en exceso o defecto pretendiendo acatarla. La procedencia de la queja como medio para lograr el cumplimiento, se robustece a pesar de que el artículo 58 fracción II de la Ley en cita, contemple que: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia." Ello, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio de amparo indirecto en revisión 461/2019, determinó que dicha limitación legal de promover por una sola ocasión el recurso de queja, es contraria al principio de acceso a la tutela judicial efectiva en las vertientes de plena ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que reconocen los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25.2, inciso c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al restringir a que el interesado exija una sola vez el cumplimiento de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin razón jurídica válida. Indicó igualmente la Primera Sala del Alto Tribunal que la limitación impuesta por el legislador para interponer la queja por incumplimiento por una sola ocasión, carece de sustento jurídico, incluso con la interpretación realizada por la Segunda Sala de que ello es por cada supuesto previsto en los subincisos del 1 al 4 del inciso a) de la fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en la Tesis 2a. LXXVIII/2013 con el rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; porque tanto la Constitución General como la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a que las leyes correspondientes establezcan mecanismos efectivos para la ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, mientras que el legislador no justifica, siquiera someramente, la razonabilidad para limitar estas garantías. Por ende, sostuvo que no se advierte razón por la cual se impida ocurrir en queja en más de una ocasión ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, porque esa restricción injustificada impide a la persona que ha obtenido sentencia favorable, gozar de un derecho a la tutela judicial efectiva completo, en el entendido de que este es perfecto cuando se garantiza la ejecución, cumplimiento y efectiva reparación por parte de quien fue obligado a ello. Incluso señaló, admitir lo contrario validaría que las autoridades demandadas pudieran actuar arbitrariamente respecto del cumplimiento a las decisiones del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que podrán, a capricho, repetir el acto anulado o acatar la resolución de forma defectuosa o excesiva, con lo cual no puede afirmarse que se proteja una justicia efectiva. Refirió igualmente que inclusive, tampoco es posible validar la constitucionalidad de la norma con base en que es posible impugnar la nueva determinación derivada de la queja fundada con la presentación de una nueva demanda de nulidad, porque esta disposición se traduce en una carga desmedida para el justiciable, quien exclusivamente busca el cumplimiento de la resolución emitida a su favor y no volver a someterse a un juicio, con todas sus implicaciones; por lo cual esta previsión sólo redunda en una evidente demora en el cumplimiento de un derecho ya declarado en beneficio del particular y violando la garantía de expeditez con que debe impartirse justicia. Igual consideración, dijo, debe tenerse en cuanto a que en contra de lo resuelto en el recurso de queja, la parte agraviada puede accionar el juicio de amparo indirecto, pues ello ocurre como única alternativa para hacer valer violaciones a derechos fundamentales en relación con la aplicación de normas que pudieran resultar inconstitucionales, pero no sustituye la falta de razonabilidad para que el legislador limitara la interposición del recurso de queja en el juicio contencioso administrativo para el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a una sola ocasión y obligando al justiciable a instar, en su caso, de nuevo el juicio contencioso administrativo cuando únicamente se pretenda insistir en el pleno acatamiento de la sentencia en los términos propuestos. De lo expuesto, se concluye que el legislador federal previó un sistema eficaz para lograr el cumplimiento de las sentencias anulatorias, mediante dos vías: de oficio, cuando la inobservancia de la demandada es absoluta; y a petición de parte, ante la omisión de cumplir la sentencia, acatarla con exceso o defecto, o inclusive, repetir el acto impugnado. Establecido el marco normativo, resulta ahora oportuno contextualizar el asunto, por lo cual se relatan los antecedentes derivados de las actuaciones del juicio de nulidad de origen: 1. El diez de diciembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva en el juicio 2606/18-15-01-6, promovido por Eloy Hermenegildo Sebastian contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual se resolvió lo siguiente: "se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que el o la Titular de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de los CUATRO MESES a que se refiere el segundo párrafo, de ese numeral, contado a partir de que la presente sentencia quede firme, emita una resolución expresa, en la que tocante a los porcentajes de 4.99%, 5.48% (1.19%+4.29%), 36.74, 4.26% y 3.50%, que rigieron en los años 2004, 2005, 2011, 2013 y 2017, los aplique, en la parte proporcional que corresponda, pues con la prueba que se analizó, constancia de evolución salarial de 13 de febrero del 2018, expedida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, quedó probada la existencia del mismo; siempre y cuando los sueldos básicos de los trabajadores en activo de la plaza, categoría, puesto o clave: "MAESTRO BILINGUE DE EDUCACION PRIMARIA INDÍGENA CON CARRERA MAGISTERIAL", "CLAVE: E1485", en que se jubiló la hoy actora, haya tenido ese incremento; para lo cual dicha autoridad se encuentra en libertad de pedir a esa entidad en donde laboró la actora, la información de ese aumento general, se reitera, en la misma plaza, categoría, puesto, o clave que desempeñó; hecho lo cual, en caso de que asista la razón a esa demandante, A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DEL 2013, proceda a liquidar las diferencias que pudieran resultar, en las que también deberá tomar en cuenta las diferencias de cada año de aguinaldo, diferencias todas que deberán encontrarse debidamente actualizadas". 2. Inconforme con esa sentencia la parte demandada interpuso la revisión fiscal la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde determinó confirmar la sentencia recurrida y declarar la nulidad del acto administrativo impugnado". 3. Para acatar la sentencia, la demandada emitió el oficio SP/DPSHT/JN/1896/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se concedió la pensión solicitada. 4. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Sala responsable determinó que al no haberse inconformado con dicho oficio declarar cumplida la sentencia definitiva de fecha diez de diciembre de dos mil ocho, otorgándole un plazo de diez días para que recogiera sus documentos que exhibió y pasado ese término mandaría el expediente al archivo, como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Establecido lo anterior, son infundados los conceptos de violación propuestos por el quejoso, pues de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala responsable no está vinculada a valorar de oficio el debido cumplimiento a la sentencia de nulidad, en particular, a analizar el contenido del oficio de la autoridad emitido para tal efecto; pues dicho estudio únicamente es procedente cuando así se proponga vía recurso de queja, por la parte actora. En efecto, en el acuerdo combatido, la Sala responsable no analizó de oficio sobre el acatamiento de la sentencia del juicio de nulidad por parte de la demandada, lo cual no trasgrede disposición legal ni el derecho de pleno cumplimiento de las sentencias contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el actuar oficioso del Tribunal administrativo únicamente procede ante la omisión absoluta de cumplir la sentencia anulatoria, extremo que no se actualizó en el caso, pues la demandada sí emitió un oficio para tal efecto, el cual pudo combatir la actora, sin que lo hubiera realizado oportunamente. En otras palabras, el quejoso tuvo a su alcance el recurso de queja para inconformarse contra la determinación emitida por la autoridad demandada en el juicio de origen para acatar el fallo; pero omitió controvertir tal aspecto de manera oportuna y, por ende, precluyó su derecho para hacerlo. Consecuentemente, el hecho que en la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se contemple la acción oficiosa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no es razón suficiente para considerar que cuando se alegue defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia, dicho tribunal igualmente deber de actuar oficiosamente para valorar el acatamiento del fallo, porque en este supuesto el particular que se considere agraviado, tiene a disposición el recurso de queja previsto en la fracción II, inciso a), numeral 1, del artículo 58 de la Ley en cita. Apoya el criterio anterior la tesis: (IV Región) 1o.9 A (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2444, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, Registro digital: 2023381, con el rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la obligación de las autoridades demandadas y de cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe de oficio o a petición de parte y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo, a fin de determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo, así como el medio ordinario de defensa (recurso de queja) con que cuenta la parte interesada para inconformarse con éste. Sin embargo, el análisis del cumplimiento de dichas sentencias no está previsto en la ley citada, pues ésta sólo obliga a requerir un informe sobre su cumplimiento, pero no a que de manera oficiosa la Sala verifique si en la resolución de cumplimiento la autoridad demandada atendió los efectos establecidos en la sentencia, pues el particular cuenta con el recurso de queja si considera que no fue así, el cual procede contra la repetición de la resolución anulada, por exceso o defecto en su cumplimiento o por haberse emitido después de concluido el plazo de cuatro meses establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la señalada ley". Aunado a lo anterior, se insiste, si bien el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece el deber de actuación oficiosa en los casos expresamente previstos ahí, lo cierto es que no existe disposición concreta que traslade esa obligación a los supuestos de la fracción II de dicho numeral, para los cuales está contemplada la queja, sin limitación de ocasiones para interponerla, según la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual este juzgador asume en esta resolución, por estimar dicho medio de defensa, suficiente para lograr el acatamiento de la ejecutoria del juicio de nulidad. Por lo expuesto, deviene infundado el concepto de violación referente a la violación al artículo 17 de la Carta Magna, porque al prever el legislador el recurso de queja para inconformarse, entre otras determinaciones, contra el cumplimiento excesivo o defectuoso, con ello se garantiza el derecho de la persona que ha obtenido sentencia favorable, a la tutela judicial efectiva y completa, para lograr la ejecución, cumplimiento y efectiva reparación por parte de quien fue obligado a ello, conforme a la prerrogativa de los gobernados, prevista en dicha norma constitucional. Esto al disponer del indicado medio de defensa le dota de un mecanismo eficaz para que el Tribunal de origen examine el actuar irregular de la autoridad demandada que no se oriente a cumplir a cabalidad el cumplimiento de la sentencia, porque la norma constitucional no establece que en todos los casos que los tribunales actúen de manera oficiosa, sino solo que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Por tanto, con la libertad legislativa se previó un mecanismo con distintos deberes tanto para el Tribunal responsable a través de la actuación oficiosa y otros, para las partes, a través del principio de instancia de parte, dotándoles del recurso de queja como herramienta del interesado para obligar al Tribunal de Justicia Administrativa a examinar el completo acatamiento de sus sentencias y, por tanto, esa norma es acorde con lo contemplado en el artículo 17 de la Carta Magna. Sin admitir que la procedencia de la queja para lograr el cumplimiento de las sentencias inutilice la protección obtenida a través de la administración de justicia, porque se trata de un medio eficaz para que la Sala analice su correcto y completo cumplimiento de sus fallos. En ese sentido, si el quejoso refiere que la Sala responsable no debió tener cumplida la sentencia alegando que no analizó de oficio si se incrementó la cuota diaria pensionaria y si las diferencias de retroactividad fueron debidamente actualizadas conforme a derecho, el acuerdo reclamado no resulta inconstitucional Ello, bajo el entendido que atento al contenido del artículo 58, fracción II, inciso a), numeral uno, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se alegue exceso o defecto en el acto emitido pretendiendo acatar la sentencia, es a través de instancia de parte a través de la queja y no de manera oficiosa como lo refiere el quejoso. Observando que al prever la Ley el recurso de queja y no agotarse por el interesado, ello redunda en la pérdida de derechos procesales, atento a que la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Así se señala en la jurisprudencia de la Novena Época, 1a./J. 21/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, página 314, Materias(s): Común, Registro digital: 187149, con el rubro: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.". En efecto, la preclusión procesal busca salvaguardar la seguridad jurídica, por ende, las partes están obligadas a agotar los medios defensivos en forma oportuna, porque aun cuando el artículo 17 de la Constitución consagra que las leyes garanticen la plena ejecución de sus resoluciones, igualmente debe ponderarse la garantía de seguridad jurídica que brinda la preclusión de derechos y la cosa juzgada a consecuencia del agotamiento de los recursos o bien de la pérdida del derecho para interponerlos, a fin de que los procedimientos jurisdiccionales no permanezcan sin conclusión indefinidamente. De manera que fue acorde a esa disposición constitucional el proceder de la responsable en el acto reclamado al tener por cumplida la sentencia, bajo la consideración de que el quejoso no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral uno de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra el oficio expedido por la demandada en acatamiento de la sentencia, porque es dicho medio de defensa el procedente cuando aleguen exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, el consentimiento del oficio por el cual la autoridad demandada dio cumplimiento a la sentencia del juicio de nulidad, por no interponer el recurso de queja, fue razón aducida por la responsable para negarse a hacer pronunciamiento sobre si dicho acto acató la ejecutoria, es una razón constitucionalmente correcta, porque encuentra apoyo en la preclusión de derechos procesales y por consiguiente en la seguridad jurídica para las partes contendientes, pues de no hacerse valer los medios de defensa causará estado la resolución respectiva, es decir, se convertirá el asunto en cosa juzgada, concluyendo de forma definitiva y cancelando la posibilidad de que vuelva a existir en el futuro un nuevo pronunciamiento. Es aplicable la jurisprudencia I.14o.T. J/3 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2478, Registro digital: 2019394, Materias(s): Constitucional, Común, con el rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas". Reiterando, que si bien la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la actuación oficiosa de la Sala del Tribunal responsable, para los casos que ahí expresamente se enuncian, no autoriza ni sirve de base para que actúe de oficio cuando se alega exceso o defecto en el acatamiento de la sentencia, porque en ese supuesto la parte interesada tenía la carga procesal conforme a la diversa fracción II de dicho numeral, de interponer recurso de queja, sin embargo, lo hizo valer precluyendo la oportunidad de impugnación, lo cual impidió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisar si la autoridad demandada acató sin defectos ni excesos el fallo del juicio de nulidad. De ahí que no asista razón al quejoso al sostener que bajo el principio de tutela jurisdiccional la Sala debía verificar el debido cumplimiento, no obstante dicha parte pudo interponer el medio de defensa que era el idóneo para que la Sala responsable analizara el cumplimiento dado por la parte demandada. Consecuentemente, ante lo INFUNDADO de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por ELOY HERMENEGILDO SEBASTIAN, contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, donde la autoridad responsable tuvo por cumplida la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 2606/18-15-01-6. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado de la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora, a efecto de facilitar el manejo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmese el cuaderno de pruebas correspondiente, en un tomo, por separado, el cual no formará parte del expediente electrónico, pero estará a disposición de las partes para su consulta, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VII ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que otorga el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, a la autoridad responsable, Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que rinda su informe justificado, en atención que fue notificado de la admisión del presente asunto el catorce de septiembre de esta anualidad. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VII "... ". Visto el oficio de cuenta, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 206/2022; ténganse por recibidos los autos. Acúsese recibo. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir del acuerdo relativo a la interposición del referido medio de impugnación, para evitar la voluminosidad de este asunto y para su mejor manejo. Ahora, de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se advierte lo siguiente: [.] Por lo tanto, si la demanda de amparo se presentó el uno de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca como se advierte del sello respectivo, se presume que resulta oportuna. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que en la hipótesis de notificación por boletín jurisdiccional, ésta surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se haya realizado la publicación relativa. En tanto que el numeral 70 del mismo ordenamiento, dispone que "las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas". Esta antinomia podría deberse a que el precitado artículo 70 fue reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, mientras que el numeral 65 se reformó mediante Decreto publicado en el mismo órgano de difusión oficial el trece de junio de dos mil dieciséis, sin que se hubiese hecho la adecuación legislativa correspondiente en el artículo 70. No obstante ello, la antinomia destacada debe resolverse atendiendo a lo dispuesto en el artículo 65 de la ley contenciosa federal. Ello se considera así, pues al encontrarse involucrado el derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para la parte quejosa y, por ende, establecer que la norma especial (artículo 65, penúltimo párrafo), prevalece sobre la general (artículo 70), lo anterior además en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al cual todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca a los derechos del quejoso, de modo tal que éste cuente con dos días más para presentar su demanda de amparo, en los términos previstos en el artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja, revocar el auto recurrido y ordenar al juez de Distrito que, tomando en cuenta lo expuesto en esta ejecutoria, prescinda de considerar el motivo de improcedencia invocado en aquél, y provea lo que en derecho corresponda sobre la admisión de la demanda de amparo. Cabe precisar que lo anterior, no prejuzga acerca de la actualización de una causa de improcedencia que pudiera configurarse en función a lo que se evidencie de los informes justificados, así como de las constancias que en su momento remitan las autoridades responsables, pues lo único que aquí se resuelve es el hecho de que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que hizo valer de oficio el juez Federal, y tampoco una diversa, en tanto para ello, debe preceder el examen que el juzgador de amparo se encuentra constreñido a realizar, no solo de la demanda de amparo, sino de las constancias y demás pruebas que en su caso, se alleguen al juicio constitucional. Con ello, se busca hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional, así como en el artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que toda persona que vea afectados sus derechos o intereses legales por parte de autoridad, tiene derecho a la existencia y accesibilidad a un medio de impugnación que permita dirimir su planteamiento de queja o inconformidad. R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja, interpuesto por el quejoso ELOY HERMENEGILDO SEBASTIÁN, por conducto de su autorizado Fabián Ortega Navarrete, contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, emitido por el juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en el juicio de amparo 374/2022. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del juicio de amparo 374/2022 y, en su oportunidad, ordénese el archivo del presente asunto como concluido. En ese sentido, en cumplimiento a lo ordenado por el aludido Tribunal Colegiado, provéase lo que en derecho corresponda. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 374/2022. PARTE QUEJOSA Eloy Hermenegildo Sebastián, por propio derecho, en su calidad de demandante en el Juicio de Nulidad 2606/18-15-01-06. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ACTOS RECLAMADOS -El auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, emitido por los Magistrados de la Segunda Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual declararon por cumplida la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad 2606/18-15-01-6. -La omisión al analizar oficiosamente si se acató o no en su totalidad la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, que constituye cosa juzgada, relativo al Juicio de Nulidad 2606/18-15-01-6. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, Constitucional, 1º, fracción I, 3º, 5º, 37, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, el que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el 117 de la Ley de Amparo. A tal efecto, hágase saber a la responsable, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; que en su artículo 77 obliga a los órganos del Estado interconectados -siempre que la autoridad tenga celebrado convenio de intercomunicación o interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que sean señalados como AUTORIDADES RESPONSABLES, A REMITIR LAS CONSTANCIAS DIGITALIZADAS CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES y demás anexos relevantes para la tramitación de la demanda, recurso o asunto correspondiente. Hágasele saber que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, en caso de que omitan rendir su informe justificado, se presumirán ciertos los actos que se les reclaman, salvo prueba en contrario; además, con base en lo establecido en el diverso 260, fracción II del mismo ordenamiento legal, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios, del Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía correo electrónico, podrá hacerlo al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx ; y si lo hacen por tal vía YA NO ES NECESARIO RENDIRLO VÍA POSTAL, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; a su vez, comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto reclamado, debiendo expresar el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de dicho juicio y en su caso, remitan copia certificada de las constancias correspondientes; en la inteligencia que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que se celebrará a las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 16/2022 del mismo Pleno, esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que en copia simple acompaña a su demanda, consistente en el aviso electrónico de notificación por boletín jurisdiccional folio 14775550, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto indica; y conforme a la certificación realizada autorizado con todas las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fabián Ortega Navarrete, dado que su cédula si está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente para imponerse de los autos a las restantes personas que menciona. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 16/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

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