Eloisa Monroy Leon

Expediente 584/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
584/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Eloisa Monroy Leon

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Así, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del mismo, transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Eloísa Monroy León, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1412/2016. Ahora bien, dado que la competencia legal es de orden público, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Se cita en apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que enseguida se transcribe: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." En efecto, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, no le asiste legal competencia para conocer del asunto, como se verá a continuación: Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa hace consistir el acto reclamado en: "ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha diecinueve de abril del (sic) dos mil dieciocho, dictada por los Magistrados (sic) de la Segunda Sala Penal del H. (sic), Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en cumplimiento a la Ejecutoria (sic) de Amparo (sic), número 370/2017, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, que me vuelve a dictar auto de vinculación a proceso por el ilícito de despojo cometido supuestamente en perjuicio de los CC. ELOÍSA MONROY LEÓN y ALBERTO RODRÍGUEZ BORGES, en la causa penal 73/2015 del Juzgado de Garantías de lo Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca." El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo transcrito, se observa que el juez competente para conocer de un amparo será, entre otros supuestos, el del lugar en que se esté ejecutando el acto reclamado. Como se dijo, el acto reclamado por Eloísa Monroy León, es la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal JOTP/19/2015, donde revoca la resolución del juez de Garantía de Puerto Escondido, Oaxaca, dictada en el expediente penal 73/2015, y se le dicta auto de vinculación a proceso, por considerarla probable partícipe en la comisión del hecho que la ley califica como delito de despojo. Precisado lo anterior, debe considerarse que los efectos del auto de vinculación a proceso, conforme al numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son que a los imputados se les sujete por los hechos denunciados, así como precisar los hechos y el delito por el que se ha de seguir el proceso. Ello implica que, conforme al artículo 211 del citado Código Nacional, una vez vinculado a proceso, inicie la investigación complementaria -que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se agota con el cierre de investigación-, etapa en la cual los imputados quedan sujetos a la potestad del juez de control, sea en libertad o en prisión preventiva. De ahí que, al permanecer los imputados a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material del fallo será en el lugar de residencia de éste y, en consecuencia, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia dicta auto de vinculación a proceso se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal, en este caso, Puerto Escondido, Oaxaca Por lo tanto, le asiste legal competencia para conocer del asunto al juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser quien ejerce competencia en Puerto Escondido, Oaxaca, lugar de residencia del juez que conoce del proceso de primera instancia. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Se invoca, por el tema que trata, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS, publicada en la página ciento setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, enero de 2006, novena época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Sin que obste que la jurisprudencia invocada interprete el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues contiene el mismo supuesto que el numeral 37 de la ley vigente y en nada contraviene a la legislación actual. De ahí que, al ser inconcuso que la competencia por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, este Tribunal de la Federación declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías promovida por Eloísa Monroy León. No es contrario a lo determinado, la circunstancia de que este juzgado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis dictara sentencia en este expediente, pues, como se dijo, recurrida que fue esa resolución, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en sesión de doce de enero de dos mil diecisiete, determinó revocar la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento. En consecuencia de lo anterior, remítase el original de la demanda de amparo, así como cuatro juegos de copias que exhibe a su demanda, solicitando al Juez a favor de quien se declina la competencia, el acuse respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial ya ejecutados, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joaquín Martínez Gallardo, José Mateo Antonio Chagoya y Andrés Martínez Chávez, ya que conforme a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que sus cédulas se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco; no así a las demás personas que indica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

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