Eloy Arrillaga Tenorio

Expediente 465/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
465/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Eloy Arrillaga Tenorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó el juicio y, de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Junta remite constancias. Agréguese el oficio que signa el Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al que adjunta copia certificada de la notificación a la parte actora del auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 600/2018 de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: ... En ese contexto, se precisa que en relación con los actos reclamados consistentes en: La omisión de proveer el escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, por el que se solicitó se ordene la ejecución del requerimiento de pago y embargo a la parte demandada, dentro de los autos del juicio 600/2018 del índice de la junta responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante auto del doce de abril pasado y en esta fecha, remitió copias certificadas de: El proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, por el que dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, y emitió auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada. La notificación a la parte actora del auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, realizada el catorce de abril del año en curso -esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo-. Lo anterior, dentro de los autos del juicio laboral ********************, de su índice. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Autoridad informa insuficiencia presupuestal. Se hace efectivo apercibimiento de multa. A la espera de que Ayuntamiento informe datos fiscales. Se requiere nuevamente. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, quien, en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en auto de catorce de abril del presente año, hace del conocimiento que mediante oficio ********************, informó a la Sindicatura Municipal del citado municipio, que en relación con el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023, no se cuentan con previsiones presupuestales para cubrir el pago a la parte quejosa, con motivo del incidente innominado dictado en el presente asunto. Se hace efectivo apercibimiento de multa. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remitiendo la ejecutoria del recurso de queja ******************** en el que declaró infundados los recursos interpuestos por las autoridades responsables, en contra de la resolución incidental de dos de mayo de dos mil veintidós; y, en ese sentido, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables respecto del pago del monto que por concepto de indemnización deben pagar a favor de los quejosos, esto es $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), quienes en diversas fechas informaron las gestiones para pagar dicha cantidad. No obstante, no es sino hasta el oficio de cuenta que la autoridad vinculada al cumplimiento, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, informa que en el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023, no se cuentan con previsiones presupuestales para cubrir el pago a la parte quejosa; situación que no fue informada anteriormente por las autoridades responsables, sino por la autoridad vinculada. Por lo tanto, se observa una actitud contumaz por parte de las autoridades responsables, lo que ocasiona un retraso injustificado en el procedimiento de la ejecución de la sentencia dictada en el presente juicio. Se impone multa. En esas condiciones, toda vez que no obstante los múltiples requerimientos que constan en autos, dado que a la fecha no se ha informado el cumplimiento total del pago de lo resuelto en el incidente innominado de indemnización de dos de mayo de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del catorce de abril de dos mil veintitrés y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone a ********************, en su carácter de Síndica Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos cero centavos en moneda nacional); cálculo que se realiza conforme al valor de la unidad de medida y actualización de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.) que fuera establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación en diez de enero del dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Se determina lo anterior en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad, sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, como queda evidenciado con el hecho de que, no obstante múltiples requerimientos, no ha realizado el pago a que fueron condenadas con motivo del incidente innominado antes referido; sino que es hasta la presente fecha -cuatro meses después del primer requerimiento- que se tiene noticia de que no cuentan con previsiones presupuestales para cubrir el pago a la parte quejosa. Esto es, ha transcurrido un plazo prolongado sin que se advierta que dicha autoridad haya realizado las gestiones pertinentes a fin de lograr el total cumplimiento de la sentencia, no obstante que, como se precisará más adelante, en caso de no contar con suficiencia presupuestal, también se encuentra la posibilidad de realizar diversas gestiones, sin que la demora en el cumplimiento se justifique con los argumentos de la autoridad oficiante. De esta manera, lo anterior únicamente deja en evidencia que la responsable no ha realizado las acciones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, desatendiendo totalmente el carácter de urgente que le reviste al presente procedimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Asimismo, tiene aplicación al presente asunto, la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." En ese orden, a fin de que se haga efectivo el cobro de la multa impuesta, esta autoridad queda a la espera de que el Ayuntamiento del Municipio de san Andrés Cholula, Puebla, proporcione los datos que le fueron requeridos en proveído de diecinueve de abril pasado, o que, en su caso, transcurra el plazo con el que cuenta para ello. Se requiere de nuevo el cumplimiento. Por su parte, en este apartado conviene tener presentes las consideraciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución ********************. En la ejecutoria referida, el Tribunal Constitucional consideró que, de existir una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, en cumplimiento a una sentencia de amparo, debe tomarse en cuenta que si alguna de ellas tiene atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitieran efectuar el pago respectivo, a pesar de que esos recursos no estuvieran destinados específicamente para tal fin, se debe realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que ello implicara una violación al artículo 126 de la Constitución de la República. Esto, porque tal precepto de la Carta Magna no puede ser considerado en el sentido de oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, porque es la misma Constitución la que determina la exigibilidad de las sentencias, además de que establece la sanción que corresponda a quien las incumpla. Estas consideraciones se sustentaron en la siguiente tesis aislada, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: 'CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN.'; 'SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS.'; 'SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS.' e 'INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.', publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXI, página 2277 y tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la Norma Constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." En ese sentido, el cumplimiento de una sentencia de amparo que implique el pago de recursos monetarios a los quejosos, no se encuentra limitada con lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, 116, fracción II, párrafo cuarto, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios que fue aprobado, respectivamente, ni por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas Locales de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos. Lo anterior, porque no se puede sostener válidamente el argumento de que no pueden realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, en función de que, como ya se observó, es imperativo que las autoridades administrativas realicen todas las acciones que resulten pertinentes dentro de su ámbito de atribuciones en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo con esta naturaleza, en principio, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios y, así, acatar con las obligaciones que la misma Constitución establece en relación con las sentencia de amparo, tal y como se desprende de sus artículos 17, párrafos segundo y sexto, 117, fracción XVI. Además, refirió algunos mecanismos que deben utilizar las autoridades responsables a fin de cumplir con la ejecutoria, como a continuación se observa: ".Por ende, si bien las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por la autoridad de amparo, deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo, en la inteligencia de que la excusabilidad de su incumplimiento en el plazo respectivo, en ese supuesto, únicamente podría basarse en el fehaciente acreditamiento ante este Alto Tribunal de la inexistencia de recursos presupuestales disponibles." Es decir, las autoridades responsables pueden acudir a los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, incluso solicitar la ampliación del presupuesto al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal, al Ayuntamiento, para obtener los recursos necesarios para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. De dicha inejecución derivaron las tesis siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA PAGOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL CONSTITUIR PRESUPUESTO DEVENGADO, SU MONTO DEBE INCLUIRSE CON PRECISIÓN EN EL ANTEPROYECTO, PROGRAMARSE EN EL PROYECTO Y APROBARSE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expedido por el Congreso de la Unión, constituye una atribución exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa que contenga el proyecto anual del presupuesto de egresos, de donde le resulta la obligación correlativa de solicitar una partida especial -separada de los demás adeudos derivados de laudos o sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales locales- para hacer frente a los pasivos generados por el cumplimiento de las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo, cuando vinculen a la administración pública del Distrito Federal al pago de cantidades ciertas y determinadas, solicitud en la cual deberá explicar en forma detallada la fecha en la que causaron estado los fallos, el monto aproximado de las devoluciones y, en su caso, los accesorios que podrían generarse por su falta de liquidación oportuna dentro del ejercicio fiscal respectivo. Lo anterior encuentra explicación lógica en que la restitución de dichas cantidades se considera presupuesto devengado, en términos del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, cuyo pago por tanto es ineludible y carece de sentido no programarlo, presupuestarlo y aprobarlo desde que inicia el año, con el propósito de que las autoridades que conforman la administración pública del Distrito Federal, a cargo del Jefe de Gobierno por disposición del párrafo cuarto del artículo 122 de la Constitución Federal, no resten en forma generalizada y continua la eficacia de dichas sentencias, pues el artículo 66, fracción II, del propio Estatuto, atribuye a dicha conducta incluso consecuencias políticas, al señalar que son causas graves para la remoción de este servidor público "Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y sistemática, o incurrir en contravención de actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que dicten los Poderes de la Unión;"; lo cual significa que existe un mandato específico de colaboración para que, en materia presupuestal, el órgano ejecutivo de carácter local programe el pago de las cantidades destinadas al cumplimiento de las sentencias protectoras de garantías, y el órgano legislativo de esta entidad federativa apruebe la partida específica que abastezca de fondos bastantes para sufragarlas, más aún cuando el párrafo tercero del artículo 1o. de esta ley señala que los sujetos obligados a cumplirla observarán que la administración de los recursos públicos se realice con un enfoque de respeto a los derechos humanos, entre otros principios." "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD. El citado precepto legal establece que para cada ejercicio fiscal se debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal que permita cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, según se deduce de la respectiva exposición de motivos, la intención del legislador fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica. Por ende, la interpretación de ese mandato legal conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, permite concluir que la previsión legal en comento vincula al referido órgano legislativo en el sentido de que la partida presupuestal de mérito, salvo casos debidamente justificados por el mismo, debe autorizarse cuando menos por la suma de las condenas impuestas y de las devoluciones ordenadas en las sentencias dictadas contra el gobierno del Distrito Federal, monto que deberá acreditarse por las autoridades encargadas de formular el anteproyecto y proyecto anual de presupuesto de egresos respectivo. Consecuentemente, no basta con la existencia de la partida presupuestal mencionada, pues acorde con las disposiciones constitucionales citadas, es imprescindible que permita cumplir con las obligaciones pendientes de pago derivadas de las sentencias dictadas contra la citada entidad política, más aún cuando resulten de sentencias de amparo, cuyo acatamiento constituye parte esencial de la preservación del Estado de Derecho, que fue precisamente lo que motivó el contenido de la norma secundaria que ahora este Alto Tribunal interpreta conforme a la Constitución Federal y los propósitos que animaron a su establecimiento." "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal." "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." En ese sentido, a fin de proseguir con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, se observa que efectivamente se trata sobre el pago de recursos monetarios a los quejosos, cuya insuficiencia presupuestal ya ha sido alegada por las autoridades responsables; sin embargo, como quedó establecido, tal supuesto no es impedimento para cumplir con la sentencia de amparo. En ese orden, las autoridades deben acreditar la realización de todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios a fin de acatar la sentencia de amparo, dentro del plazo que se ha fijado al respecto, es decir, utilizar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado; y, únicamente ante la acreditación de la realización de tales supuestos, y que hayan resultado infructuosos, se podría postergar la ejecución de la sentencia con la solicitud de ampliación del presupuesto respectivo. En el asunto que se analiza, se advierte que, entre las facultades de disponibilidad presupuestal con que cuentan las autoridades responsables, son, por mencionar algunas las contenidas en el artículo 78, fracciones VIII y IX, así como 100, fracción I, y 143 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, que establecen: "CAPÍTULO VI DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS ARTÍCULO 78 Son atribuciones de los Ayuntamientos: [.] VIII. Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día quince de noviembre la iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y aprovechamientos. Asimismo, presentarán las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria; IX. Aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, que deberá enviar al Ejecutivo del Estado, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado; [.] CAPÍTULO X DE LA SINDICATURA MUNICIPAL ARTÍCULO 100 Son deberes y atribuciones del Síndico: I. Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial; [.] ARTÍCULO 143 Los Ayuntamientos, de conformidad con la ley, administrarán libremente la Hacienda Pública Municipal y deberán, dentro de los límites legales correspondientes y de acuerdo con el presupuesto de egresos y el Plan de Desarrollo Municipal vigentes, atender eficazmente los diferentes ramos de la Administración Pública Municipal. [.]" Por su parte, en cuanto a las facultades concebidas para la autoridad responsable vinculada, Tesorería Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, la propia ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en sus artículos 163 y 167, disponen: "CAPÍTULO XV DE LA TESORERÍA MUNICIPAL ARTÍCULO 163 Cada Municipio contará con una Tesorería Municipal, que será la dependencia encargada de administrar el Patrimonio Municipal. La Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, quien deberá cumplir los mismos requisitos señalados para el Secretario del Ayuntamiento, será nombrado y removido por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, y será remunerado de acuerdo con el presupuesto respectivo. [.] ARTÍCULO 167 Los tesoreros municipales serán responsables de las erogaciones que efectúen fuera de los presupuestos y planes aprobados, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran otros servidores públicos." Con base en lo anterior, es válido sostener que el Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en lo que interesa, cuenta con la facultad de aprobar el presupuesto de egresos del año siguiente, cuestión que resultará de utilidad en el caso de acreditarse la insuficiencia presupuestal de ese Ayuntamiento, pues deberá entonces, contemplar, con motivo de la ejecutoria de que se trata, el pago de la indemnización correspondiente en ese presupuesto que al efecto emita. Por su parte, el Ayuntamiento responsable, con relación al pago de la indemnización de que trata el cumplimiento de la ejecutoria en este asunto, conforme al artículo 143 del ordenamiento legal en cita, cuenta con las facultades de aprobar el presupuesto de egresos correspondiente, así como de ejercer de manera libre la Hacienda Pública Municipal. De esta manera, las autoridades responsables cuentan con las facultades de disponer de recursos a fin de cumplir con la ejecutoria dictada en este asunto, a pesar de que no estén contemplados para este fin, de tal manera que los Ayuntamientos no pueden argumentar la imposibilidad de realizar pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos; porque, como se ha establecido, ninguna norma inferior puede limitar las obligaciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto, así como 107, fracción XVI, prevé que las sentencias de amparo deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo. De tal suerte que, tanto el Ayuntamiento en ejercicio de sus facultades presupuestales, el Síndico como su representación, y la Tesorera Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, deben acreditar necesariamente que han realizado todas las acciones que resulten pertinentes dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios a fin de acatar la sentencia de amparo, esto es, deberán acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. En caso de que dichas acciones resulten infructuosas, previa demostración fehaciente de ello, deben acreditar la solicitud de ampliación del presupuesto respectivo. Requerimiento. En ese sentido, se requiere nuevamente a las autoridades responsables, Ayuntamiento y Síndico del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y en los mismos términos a la autoridad vinculada, Tesorería Municipal de ese mismo Ayuntamiento, para que, en el plazo de tres días legalmente computado, realicen lo siguiente: Acrediten las acciones que hayan realizado al utilizar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, con las que hayan dotado a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios a fin de acatar la sentencia de amparo. Remitan constancias con las que se acredite fehacientemente lo anterior. Apercibimiento. Se conmina a ********************, en su carácter de Síndica Municipal y representante legal del Ayuntamiento y Cabildo del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; y a la autoridad vinculada, ******************** en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, que, de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá, a cada una, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cantidad total que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos cero centavos en moneda nacional); cálculo que se realiza conforme al valor de la unidad de medida y actualización de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.) que fuera establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación en diez de enero del dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Aunado a lo anterior, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Levantar reserva. Ahora bien, se levanta la reserva de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés y se tiene por recibida la copia certificada de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, por la cual, entre otra cosas, el dos de febrero de dos mil veintitrés, se realizó pronunciamiento sobre la guarda y custodia definitiva del menor de iniciales F.R.R., a favor de su progenitor José Ángel Rivera Jiménez; por tanto, resulta innecesario requerir el cumplimiento de la sentencia constitucional en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "...VII. DECISIÓN Toda vez que la omisión de decretar la guarda y custodia provisional dentro del juicio oral sumarísimo ***, vulnera los derechos fundamentales de la menor F.R.R, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Jueza de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en un plazo que no podrá exceder de tres días a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, determine lo conducente en torno a la medida provisional de guarda y custodia, respecto de la menor dentro del juicio oral sumarísimo ***. Es importante puntualizar que la concesión de la protección constitucional no implica que necesariamente deba otorgarse la guarda y custodia provisional de la niña a favor del progenitor solicitante, sino únicamente que la jueza responsable, con base en las pruebas desahogadas en el sumario de origen, emita un pronunciamiento en torno a la solicitud de guarda y custodia provisional. En el entendido de que, al ser una medida provisional, la jueza natural debe tener en cuenta que puede ser modificada o revocada si las causas que la motivaron cambian o desaparecen en términos del artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla." Vista con cumplimiento. En ese sentido, téngase a la Jueza de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, manifestando haber dado cumplimiento al fallo protector y, al efecto, remite copia certificada de la sentencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, por la cual, entre otra cosas, se realizó pronunciamiento sobre la guarda y custodia definitiva del menor de iniciales F.R.R., a favor de su progenitor *** dentro de la carpeta ***, de su índice. *** En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibido que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo, remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio a *** asesora jurídica y *** representante coadyuvante.

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