Eloina Peña Hernandez
Expediente 1190/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/08/2022
Partes del expediente
- Eloina Peña Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veinte de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. . Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Se requiere cumplimiento de sentencia a la Secretaría de Salud del Estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierten los siguientes datos: 1. Los menores quejosos ... a la presente fecha tiene la edad de catorce y doce años, respectivamente. 2. Mediante sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo por lo que respecta a los menores antes precisados, a fin de que la autoridad responsable gestionara y ordenara que le fuera aplicado a los menores quejosos, el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec. Lo anterior, previo consentimiento informado sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna, los cuales deben ser informados por la autoridad sanitaria que corresponda; todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor de los menores la demanda de amparo. 3. Dicha sentencia se declaró ejecutoriada mediante proveído del veintisiete de junio de dos mil veintidós, por lo que se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento con el fallo protector emitido. Ahora, en virtud de que en el presente asunto se abordan temas relacionados con una menor de edad, y tomando en consideración que el interés superior del menor debe regir como consideración primordial para atenderse en cualquier asunto que los involucre, lo que en el presente caso implica que este órgano jurisdiccional debe tomar las medidas que considere necesarias para hacer cumplir la sentencia dictada a su favor. En consecuencia, requiérase al Secretario de Salud del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Señale día, hora y lugar para que se le aplique a los menores quejosos de iniciales ....., el esquema completo de vacunación contra la COVID19 de la marca Pfizer-BioNtec, en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, siempre y cuando cuente en ese momento con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para su aplicación al grupo etario al que pertenece la solicitante del amparo; en el entendido que el sitio designado deberá contar con todas las medidas sanitarias que sean necesarias para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2. 2. Solicitándole señale una fecha prudente que dé oportunidad de notificar a la parte quejosa y así se constituya a ser vacunados los menores quejosos. 3. Lo anterior, previo consentimiento informado sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna, los cuales deberán ser informados por la autoridad sanitaria que corresponda; todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor de los menores la demanda de amparo. 4. En el entendido que para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento a la parte quejosa. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el Gobierno de Puebla, informó que del once al trece de mayo de este año, se programó la aplicación del esquema de vacunación contra COVID-19 para menores de doce años cumplidos, hasta catorce años de edad, como se aprecia del boletín siguiente: ............ Asimismo, se advierte que en la página oficial de https://mivacuna.salud.gob.mx , se encuentra habilitado el pre-registro para las personas de este sector de la población. Ahora, como se observa de lo anterior, para llevar a cabo el pre-registro, a fin de facilitar el proceso se requiere la siguiente información: 1. Clave Única de Registro de Población (CURP) de la menor. 2. Estado y Municipio de residencia. 3. Código Postal. 4. Teléfonos y correos electrónicos de contacto. En ese contexto, toda vez que del acta de nacimiento que anexó la parte quejosa a su demanda, se obtiene que a la fecha tienen catorce y doce años de edad, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a Sofía Ivette Cervantes Vázquez, en representación de sus menores hijos ... para que en el plazo improrrogable de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe lo siguiente: Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si ya se inscribió a los menores en el pre-registro del Gobierno Federal, para la aplicación de la vacuna del virus denominado SARS-CoV-2 para las personas de doce a catorce años; En caso de ser afirmativa su manifestación respecto al punto anterior, exhiba la documentación que lo acredite, incluso, informe si, con motivo de su registro, ya cuentan la aplicación de la vacuna en comento. En el supuesto de que no se hayan registrado, manifieste las razones de dicha omisión o la imposibilidad para hacerlo. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Quejosa ofrece pruebas e invoca causal de improcedencia. La autorizada de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, hace del conocimiento la actualización de una causa de improcedencia, dado que el quince de julio de dos mil veintidós celebró un convenio con la parte demandada, por lo que el juicio laboral se archivó como asunto total y completamente concluido. Asimismo, ofrece pruebas para acreditar dicha situación. Se toma conocimiento de lo informado por la parte quejosa. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, en atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en el proveído de quince de junio de dos mil veintidós mediante el cual se señaló el cuatro de octubre de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepción en el juicio laboral D-2/577/2021, del índice de la responsable, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto, a partir de que se dicta, es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En ese sentido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia objeto de análisis, ya que en esta acción constitucional se controvierte el proveído de quince de junio de dos mil veintidós mediante el cual se señaló el cuatro de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepción en el juicio laboral D-2/577/2021, del índice de la responsable; sin embargo, esa determinación judicial fue sustituida procesalmente por la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, mediante la cual las partes celebraron un convenio para dar por terminada la relación laboral, el cual se aprobó en los términos planteados, ordenando el archivo definitivo de dicho expediente por carecer de materia para su prosecución. Como se ve, en el caso se suscitó una sustitución procesal que provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas con la emisión de auto quince de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se señaló una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepción en el juicio laboral de origen, pues, de analizar tal acto, se soslayaría la nueva situación consistente en la celebración y aprobación del convenio que dio por terminada la relación de trabajo entre las partes y, por ende, declaró sin materia el juicio laboral intentado, pues la parte actora recibió de conformidad la cantidad ofrecida por la demandada correspondiente al saldo total de finiquito por la prestación de sus servicios. Asimismo, en el referido convenio, la actora se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en contra de la parte demandada, solicitando el archivo del asunto por carecer de materia jurídica para su prosecución. En este orden de ideas, este juzgado federal considera que si bien la parte quejosa reclamó en un inicio el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se señaló el cuatro de octubre de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepción en el juicio laboral D-2/577/2021; lo cierto es que el quince de julio de dos mil veintidós, las partes comparecieron ante la Junta responsable para la celebración y aprobación de un convenio que dio por terminada su relación de trabajo, por lo que es claro que la situación jurídica que ahora rige el juicio antes precisado es esta última determinación, no así el auto reclamado en este juicio. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo; y, en particular, al requerimiento realizado el quince de junio pasado. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: a) Remita las constancias de notificación a las partes y a los atestes ***********, del acuerdo del seis de junio de dos mil veintidós; b) Informe la respuesta de los oficios girados a las autoridades a las que se le solicitó que proporcionaran el domicilio de la ateste **************; c) Remita constancia del desahogo de la prueba testimonial programada para el diecisiete de junio de la presente anualidad. En el juicio laboral **************. En la inteligencia de que deberá remitir en copia certificada, las constancias con las que acredite lo informado. Apercibimientos. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados en el auto en que se declaró firme la sentencia y se inició la etapa de ejecución. Notifíquese.
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