Eloisa del Carmen Espinoza Aguilar
Expediente 1804/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1804/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Eloisa del Carmen Espinoza Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta signado por la representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, mediante el cual en atención al auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la convocatoria a sesión de cabildo extraordinaria que programó para las diecisiete horas del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, a fin de tratar la autorización de las transferencias o adecuaciones necesarias a fin de dotar recursos suficientes a la partida de "liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios" por el monto de $204,652.74, y para efectos de ser considerado en el ejercicio fiscal 2024. Ahora bien, es evidente que el señalamiento de la fecha para la sesión extraordinaria fijada para el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, resulta excesivamente lejana, pues entra la convocatoria de quince de noviembre actual y la data para la sesión, acontecerían tres meses y medio calendario. Además, el monto que refieren se considerará para incluir en las transferencias de partidas es menor que el del total de la condena del laudo, en tanto que el Juzgado responsable informó que la condena económica es de $606,306.15 (seiscientos seis mil trescientos seis pesos 15/100 moneda nacional); $3,966.61 (tres mil novecientos sesenta y seis pesos 61/100 moneda nacional), y $27,532.94 (veintisiete mil quinientos treinta y dos pesos 94/100 moneda nacional), por conceptos de diversas prestaciones. De ahí que la fecha lejana en demasía y la disparidad en el monto considerado a transferir para pagar la condena, denota la falta de interés y diligencia para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Lo anterior, al margen que el artículo 192 de la Ley de Amparo es puntual en establecer que el plazo para que se cumplan las sentencias, es de tres días. Por tanto, es inconcuso que la sesión de cabildo programada por el Ayuntamiento responsable para el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, excede el plazo legal indicado. Conviene destacar al respecto, que desde el dieciocho de junio de dos mil dieciocho se dictó la sentencia constitucional, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa Edwin Morales Fernández, a fin de que el Juzgado responsable realizara las gestiones a fin de que la demandada Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, diera cumplimiento al laudo dictado en el juicio burocrático 325/A/2011. Posteriormente, en determinación de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, éste órgano determinar vincular al cumplimiento del amparo, al Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, a través de su Presidente, Síndico y Tesorero, para que realizaran las gestiones a fin dar cumplimiento a las condenas impuestas en el laudo dictado el treinta de septiembre de dos mil catorce, en el expediente 325/A/2011, cuya inobservancia es la materia de la protección constitucional otorgada. Sin que a la presente fecha se haya logrado cumplir con la sentencia de amparo, dado que la propia demandada aquí vinculada Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, no ha realizado las gestionas propias a fin de cumplir con la condena económica decretada en el laudo. Habiendo transcurrido desde su vinculación al procedimiento de ejecución de la resolución constitucional, a esta data, cuatro años y nueve meses. Luego, si la Ley de Amparo establece un plazo de tres días para cumplir con la sentencia de amparo, es evidente que la autoridad ha excedido ese plazo. Lo anterior, además de que ha informado en diversas ocasiones presuntas gestiones a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, sin embargo esas acciones no se han concretado, de ahí que devienen ilusorias. Lo que genera que se trate de meras evasivas y dilaciones injustificadas en la ejecución de la sentencia constitucional. No se desatiende que en proveídos de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ocho de marzo y quince de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Juzgado responsable informando que el Ayuntamiento exhibió cheque 0000253 por la cantidad de $6,123.59 (Seis mil ciento veintitrés pesos 59/100 moneda nacional), y los pagos diversos por los montos de $5,119.00 (cinco mil ciento diecinueve pesos 00/100 moneda nacional), $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como pago parcial de la condena del laudo. Sin embargo, la condena económica que debía pagar el Ayuntamiento demandado resulta ser los montos de $606,306.15 (seiscientos seis mil trescientos seis pesos 15/100 moneda nacional); $3,966.61 (tres mil novecientos sesenta y seis pesos 61/100 moneda nacional), y $27,532.94 (veintisiete mil quinientos treinta y dos pesos 94/100 moneda nacional), por conceptos de diversas prestaciones. Lo que denota de forma clara que las sumas exhibidas como pago parcial, son mucho menores que el total adeudado. En ese sentido, se hace efectivo a la PERSONA FÍSICA MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, quien funge como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas (autoridad vinculada), el apercibimiento con el cual se le conminó en proveído quince de noviembre de dos mil veintitrés, consistente multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para estar en condiciones de comunicar a la autoridad exactora el domicilio de MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que dentro del lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe, el Registro Federal de Contribuyentes, fecha de nacimiento y domicilio de MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART quien ejerce función de Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Villaflores, Chiapas, con sede en esa ciudad. Se apercibe al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de incumplimiento. No obstante lo anterior, a fin que no se siga retrasando el cumplimiento de la sentencia de amparo, requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, a través de su Presidente Municipal, para que gestione la convocatoria a sesión de cabildo extraordinaria a fin de tratar la autorización de las transferencias o adecuaciones entre sus partidas y lograr el pago total de la condena, LA CUAL DEBERÁ LLEVARSE A CABO SIN EXCUSAS EN ESTE MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se le informa que de no cumplir con ello, e informar lo relativo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir del verificativo de la diligencia en comento, se hará efectivo el apercibimiento de dar vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de ilícitos previstos por la Ley de Amparo, en términos del proveído de quince de noviembre del año en curso. Lo anterior de conformidad con el artículo 267, fracción I y último párrafo de la Ley de Amparo, que destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." NOTIFÍQUESE.
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