Elmer Ribelino Alegría Moreno
Expediente 808/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/08/2019
Partes del expediente
- Elmer Ribelino Alegría Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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VISTO QUE NINGUNA DE LAS PARTES SE INCONFORMÓ CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ESTABLECIDO SE ORDENA SU DESTRUCCIÓN...
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POR LAS RAZONES EXPUESTAS, LO PROCEDENTE ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SE DEJA SIN EFECTOS...
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NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA: POR LAS RAZONES EXPUESTAS, LO PROCEDENTE ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SE DEJA SIN EFECTOS...
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Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Presidente y al Secretario Auxiliar de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, rindiendo informe con justificación; al efecto, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda. Con apoyo en el citado numeral, póngase a la vista de las partes el informe de referencia, para que manifiesten lo que a su derecho estimen pertinente. Relaciónese en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa a su informe de ley la responsable, consistente en copias certificadas relativas al expediente laboral J/O/891/2013 de su índice. En mérito al contenido del informe justificado rendido por la responsable, quien señala que cinco de julio del año en curso, se pronunció respecto a la petición formulada por el promovente del amparo, en nueve de abril de dos mil diecinueve, en el expediente laboral J/O/891/2013, para estar en posibilidad de resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computadas a partir que quede legalmente notificado de la presente determinación, remita copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes que integran el juicio laboral J/O/891/2013 de su estadística. Apercibido que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto, con fundamento en los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos, con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) diarios, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional). Es aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o
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